Ataques en la Costera y en La Isla otra prueba de que Acapulco no es seguro y que la maña sigue mandando

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Acapulco no es seguro y mientras las autoridades lo sigan negando, no van a resolver nada como ha sucedido en la ultima década. En Acapulco no hay zonas seguras y los ataques se pueden producir tanto en la Costera como en la Zona Diamante. La maña manda y gobierna en el Puerto mientras las autoridades se pelean por salir en la foto sonriendo como el gobernador o la alcaldesa de Acapulco mientras las calles de Guerrero estan convertidas en un polvorín.

El fiscal General del Estado de Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, informó que el ataque en un bar ubicado en el puerto de Acapulco fue consecuencia de un ajuste de cuentas entre grupos antagónicos del crimen organizado, por lo que ya se avanza en el proceso de investigación.

En la residencia oficial Casa Guerrero, el titular de la FGE señaló que el hecho delictivo dejó cinco hombres muertos y seis más heridos. ​”Un sujeto que ingresó al bar y disparó de manera directa a un grupo de personas, todas radicas en Acapulco”, explicó en conferencia de prensa. De acuerdo con los peritos de la FGE, en un rincón del bar se localizaron 21 casquillos percutidos calibres 9 y 45 milímetros.

Cae un agresor

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Acapulco logró la detención de Uriel “N”, quien dio positivo la prueba de rodizonato de sodio, en tanto que la prueba de balística forense determinó que los casquillos localizados en el lugar de los hechos, fueron percutidos por el arma de fuego asegurada al probable responsable. – Milenio.

KOKABURRA DE ACAPULCO EN LA MIRA DE LA DELINCUENCIA 

Un grupo armado baleó el restaurante Kookaburra, que pertenece a la titular del DIF estatal, Verónica Escobar, en la Zona Diamante de Acapulco, Guerrero. La agresión, ocurrida el pasado domingo a las 9:30 horas, no dejó muertos ni personas lesionadas, según información oficial.

Aunque extraoficialmente se reportó un intento de secuestro en el lugar ubicado en el Bulevar de las Naciones, la Fiscalía estatal sólo confirmó detonaciones de arma de fuego al aire. “De las primeras investigaciones se desprende que uno de los disparos impactó en uno de los cristales del restaurante Kokaburra logrando romperlo, sin que haya mayores daños materiales ni lesionados”, aseguró.

Verónica Escobar fungió también como Alcaldesa priista, en 2012, en la época mas violenta y corrupta del puerto.

Hector Astudillo conmemora la leyenda negra de Francisco Ruiz Massieu

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Al asistir como invitado a la ceremonia con motivo del 73 Aniversario del Natalicio del destacado y malogrado político guerrerense, Francisco Ruiz Massieu, el gobernador Héctor Astudillo Flores destacó la obra y el gran legado que dejó al estado, con sus ideas, proyectos y grandes obras sociales, educativas en bien de los guerrerenses.

Héctor Astudillo Flores quien vive sus horas mas negras al frente del gobierno de Guerrero mencionó como un grato recuerdo de sus glorias priistas el negro legado que dejó en el estado de Guerrero el ex gobernador, así como su contribución al entendimiento del proceso democrático y el diseño de una nueva política moderna la cual en vida sinceramente no aplico Ruiz Massieu ya que fue un gobernador represor, atrapado en el pasado y sumamente corrupto.

Dijo que Francisco Ruiz Massieu creía en la democracia plural, el debate político y el acuerdo con los contrarios, sin privilegiar el interés el interés superior de la República algo que nuestro gobernador ha olvidado en la practica.

Mencionó el gobernador de Guerrero al referirse a su decadente partido, que la larga convivencia de lo viejo con lo nuevo, sin la intensión transformadora que lo pusiera al día, ha provocado no solo perder el poder, sino peor aún ubicarse como una formación política minoritaria.

Destacó que al recordar a José Francisco, debemos de reflexionar en tres cuestiones: El pasado histórico del partido como raíz y sustento, con sus luces y sombras, que ha propiciado la alternancia del poder en forma pacífica y civilizada.

La corrupción policial en Acapulco está por la nubes, ocupa el primer lugar nacional

Ademas de ser ACAPULCO en líneas generales la ciudad donde la población experimentó más corrupción en todos los sectores, también lo es en materia de seguridad con un 73.8 por ciento.

Las conductas delictivas o “antisociales” que más observan las personas en Acapulco en su entorno de vivienda son consumo de alcohol o drogas en las calles, con 64.5 por ciento, y robos o asaltos.

Esta es la primera vez que la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) hace una estimación del porcentaje de víctimas de actos de corrupción por parte autoridades de seguridad pública y que nos arrojan estos alarmantes datos que deberían de preocuparnos a todos en el Puerto, peor principalmente a la inoperante alcaldesa de Acapulco: Adela Román Ocampo.

Corrupción policial en México:

1.- Acapulco 73.8%
2.- Mochis 71.9%
3.- Naucalpan 71.4%
4.- Tlalnepantla 70.8%
5- Atizapán 69.1%
6.- Tuxtla Gutiérrez 64.8%
7.- Ecatepec 64%
8.- Cuautitlán 63.5%
9.- Puebla 63.3%
10.- Mexicali 62%

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Acapulco es la ciudad más corrupta de México para el INEGI

Según la ENSU, Acapulco, Guerrero, fue la ciudad más corrupta en los primeros seis meses de 2019. El 73.8 por ciento de sus habitantes que requirieron ayuda de la autoridad, se asumieron como víctimas de la corrupción.

En los primeros seis meses del año, la mitad de las personas que tuvieron que pedir ayuda o interactuar con alguna autoridad de seguridad pública fueron víctimas de actos de corrupción, según un nuevo indicador integrado en la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El estudio detalló que en el lapso de referencia 15.5% de la población mayor de 18 años, tuvo la necesidad de interactuar con la seguridad pública. De ellos, 47.3% fueron víctimas de corrupción.

Estas son las cinco ciudades con mayor frecuencia en estos incidentes según el Inegi.

-El primer lugar corresponde a Acapulco, Guerrero, con una frecuencia de 73.8%.

-Segundo sitio: Los Mochis, Sinaloa, donde hubo actos de corrupción en 71.9% de los casos.

-Naucalpan, Estado de México, tiene el tercer lugar con 71.4%.

-Otra localidad mexiquense ocupa el cuarto peldaño: Tlalnepantla, con 70.8%.

-Este top 5 lo cierra Atizapán de Zaragoza, también del Estado de México, con una frecuencia de 69.1%. 

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Preparan subasta de casa de Emilio Lozoya

En la segunda orden de captura contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, la Fiscalía General de la República (FGR) le imputa asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho (soborno) por la compra de una casa en Ixtapa, Guerrero, por 1.9 millones de dólares.

Así lo señala la orden de aprensión, publicada este martes y con número expediente 575/2019, que fue emitida por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Jesús Eduardo Vázquez Rea, el pasado 4 de julio.

Por la propiedad, pagó 1.9 millones de dólares presuntamente derivados de sobornos que Altos Hornos transfirió a través de cuentas en Suiza a Lozoya Austin por operar que Pemex le comprara la planta “chatarra” Agronitrogenados” en 2014, a un sobreprecio cercano a los 500 millones de dólares, cuando su valor no rebasaba los 50 millones según expertos.

La FGR aseguró la casa el pasado 12 de julio y también busca llevar ante la justicia a la esposa, madre y dos hermanas de Lozoya Austin por su presunta complicidad en este caso.

A esta orden de aprehensión, se suma la librada contra el exdirector de Pemex desde el pasado 28 de mayo, por su presunta participación en lavado de dinero a través de la compra y venta de Agronitrogenados.

A Lozoya Austin también le fue asegurada una casa en el lujoso residencial Lomas de Bezares, Ciudad de México, cuyo valor asciende a 30 millones de pesos, y sobre la cual el gobierno federal busca tomar posesión para subastarla.

Contrario a lo dicho por el gobierno federal, el abogado de Lozoya, Javier Coello Trejo aseguró que la suspensión del juez impide que la casa de las Lomas de Bezares sea vendida o traspasada y que el inmueble de Ixtapa fue adquirido con recursos lícitos.

Pero…

El Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado ya se prepara ya para subastar la casa que fue incautada al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.

De acuerdo con el director del instituto, Ricardo Rodríguez, la propiedad de Lomas de Bezares, en la calle Ladera 20, podría tener un costo de 30 millones de pesos.

Estimó que el proceso para recuperar el inmueble será más rápido ahora que se publique en agosto el decreto que da creación al Instituto.

“La Fiscalía está declarando el abandono de la propiedad de Lozoya, de la casa, pero está apenas trabajando; acuérdense que el abandono tarda alrededor de 90 días, que son como tres meses. Está trabajando para que se declare el abandono y se incaute”, explicó el funcionario.

No la podemos vender hasta que no se declare el abandono por parte del Ministerio Público, una vez que se declare ahora sí la podemos vender, ese es el procedimiento que nosotros debemos de seguir, un procedimiento que va a ser muy rápido, ahora que a principios del próximo mes ya se declare la Ley del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, ya pasó en el Senado, va a pasar a la Cámara de Diputados va a haber un decreto”, comentó.

El director del instituto reiteró que la propiedad podría tener un costo de 30 millones de pesos, “hasta donde se ha dado a conocer su valor es de 30 millones de pesos, faltaría un proceso de evaluación por parte de nosotros para darle certeza de que el precio inicial sea correcto”.

Incumplen plazo que les dio AMLO para la entrega de fertilizante

No se cumplió el plazo que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador de este 15 de julio los casi 400 mil campesinos registrados en el patrón recibirían el fertilizante para sus tierras.

El delegado único del gobierno federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, informó que hasta la tarde de ayer ya se había entregado 70% del fertilizante y 90% de vales pero que aún había retrasos con el material restante.

“El 15 de julio no es una fecha fatal; esa fecha se determinó porque ahí comienza la siembra, pero el fertilizante se seguirá entregando hasta que se termine”, afirmó.

Sandoval Ballesteros adjudicó el retraso en la entrega del fertilizante a los constantes bloqueos, tomas de dependencia, saqueo de bodegas y retención de funcionarios por parte de organizaciones sociales y campesinos que exigen desde hace casi dos meses el insumo para el campo.

El funcionario federal explicó que hasta el momento en las regiones norte y Tierra Caliente la entrega del fertilizante está a punto de terminar, mientras que en La Montaña es donde hay más retraso.

Este año fue el primero, desde hace 24, en que el gobierno federal se hace cargo de la compra y distribución del fertilizante.

El gobernador Héctor Astudillo Flores ha señalado que el retraso se debió a la mala planeación del gobierno federal en la logística, pero tampoco se ha observado mucha voluntad del gobierno estatal por ayudar a su distribución al parecer por una pugna personal que existe entre el delegado y el gobernador.

Muchas alianzas pero…Autopista Puebla-Acapulco sube su precio: mil 800 pesos de viaje redondo

A tan sólo ocho meses de inaugurado el nuevo tramo Jantetelco-El Higuerón, que reduce la distancia entre Puebla y Acapulco, las casetas de cobro incrementaron su peaje en más de un cuatro por ciento, costándole a los automovilistas hasta mil 772 pesos por el recorrido de ida y vuelta.

La caseta de este tramo continúa como la más cara del trayecto, por la que se desembolsan 179 pesos, mientras que la caseta más barata es la de Vía Atlixcáyotl, con un costo de 40 pesos.

Fue en noviembre del año pasado cuando el secretario federal de Comunicaciones y Transportes de la pasada administración, Gerardo Ruiz Esparza, inauguró la obra tras cuatro años de trabajos.

Puebla-Acapulco ida y vuelta por mil 772 pesos.

Durante este periodo vacacional, una de las playas preferidas por los poblanos es el Puerto de Acapulco, el cual se encuentra a tan solo cuatro horas de distancia en promedio desde la Angelópolis, gracias a los 65 kilómetros de carretera que conectan la autopistas Siglo XXI con la ‘Del Sol’, reduciendo el trayecto en al menos una hora.

Los 384 kilómetros de distancia entre la capital poblana y la costa del Pacífico a través de las carreteras de cuota tienen un valor de 886 pesos, que se divide en siete casetas.

Las dos primeras se encuentran en Puebla, Vía Atlixcáyotl y el inicio de la Siglo XXI, mismas que cuentan con un valor de 40 y 152 pesos, respectivamente. La primera de ellas bajo el control de Promotora PP y la otra de la Concesionaria ASM.

Como parte de esta misma autopista, se encuentra la ampliación Jantetelco-El Higuerón, por la que se pagan 179 pesos convirtiéndola en la caseta más cara de todo este trayecto, y que está a cargo de la Concesionaria de Autopistas de Morelos.

Mientras que la plaza de cobro de Paso Morelos tiene un valor de 141 pesos; Palo Blanco, en 130 pesos; y La Venta en 114 pesos, estas casetas se encuentran bajo control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

En cuanto al Macrotunel a cargo de Túneles Concesionados de Acapulco, tiene un precio de 130 pesos, dando el total de los 886 pesos en un solo sentido.

Esto representa un incremento del 1.4 por ciento en comparación a hace ocho meses cuando el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto concluyó el tramo carretero, pues en ese entonces el viaje ida y vuelta tenía un valor total de mil 702 pesos, 70 pesos más barato que el precio actual.

A pesar de la alerta por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para evitar algunas playas por su alto nivel de enterococos, este fin de semana cientos de bañistas acudieron a playas como las de Caletilla, Hornos, Suave, Carabalí y Manzanillo, todas ellas en el Puerto de Acapulco.

Publicado en CAMBIO

AMLO en el laberinto neoliberal

Por Rafael Lemus.

ACAPULCO — Una buena mañana de marzo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), decretó abolido, de una vez y para siempre, el neoliberalismo en el país. Lamentablemente, la realidad no se disipa por decreto. A siete meses de un gobierno pretendidamente de izquierda, el neoliberalismo persiste, implacable, en el centro. Peor aún: se extiende y adquiere nuevas e inquietantes formas.

Pocos países han experimentado el neoliberalismo con tanta severidad y violencia como México. Desde principios de la década de los ochenta hasta el 1 de diciembre de 2018 —el día en el que AMLO tomó posesión—, todos los gobiernos coincidieron en la ortodoxa aplicación de una serie de medidas de liberalización económica que transformaron radicalmente la configuración socioeconómica del país. Se conocen esas medidas: apertura comercial, desregulación de los mercados financieros, privatización de empresas estatales, flexibilización de las relaciones laborales, reducción del gasto público. Y sus resultados: escaso crecimiento económico, mayor desigualdad de ingresos, nulo abatimiento de la pobreza.

Hoy en día es imposible volver atrás. No hay manera de revertir las transformaciones de los últimos seis sexenios, “desneoliberalizar” la economía y regresar al México —nada idílico— de los años setenta. Tampoco es posible romper súbitamente con los actores, acuerdos y hábitos económicos vigentes sin derribar, en el mismo movimiento, la economía mexicana.

Para salir del laberinto neoliberal y construir las condiciones de una economía distinta es necesario operar desde el interior de la economía neoliberal misma. Se trata de una tarea compleja que requiere, además de tiempo, montones de imaginación política. En un artículo reciente, Joseph Stiglitz anticipaba ya algunas de las prioridades de esa tarea: restaurar el equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y los mercados; mermar la capacidad de las grandes corporaciones; cortar el vínculo entre el poder político y el poder económico.

Ninguna de las políticas económicas de AMLO, hasta ahora, parece particularmente comprometida con esa agenda. Es cierto que de vez en vez el presidente arremete verbalmente contra la oligarquía mexicana y que toma decisiones —como la de cancelar el aeropuerto en Texcoco— que afectan los intereses de algunos empresarios. También es verdad que desde el primer día de su gobierno se ha ocupado de poner en marcha urgentes programas sociales dirigidos sobre todo a jóvenes, indígenas y adultos mayores. No queda claro, sin embargo, que esos programas rebasen el marco de una política social focalizada y asistencialista, ni que esos altercados ocasionales con la iniciativa privada anuncien una nueva dinámica entre el poder político y el económico.

Más bien lo contrario: en vez de acentuar la división entre ambos poderes y transparentar sus transacciones, el gobierno de AMLO se ha rodeado de los empresarios consentidos del viejo régimen, se ha valido de las empresas de estos para avanzar los nuevos programas sociales y ha asignado más del 70 por ciento de los contratos federales sin licitación alguna.

En estos primeros meses de gobierno tampoco hay indicios de una nueva relación entre el capitalismo y las comunidades locales, o entre el capitalismo y el medioambiente, o entre el capitalismo global y el país. Como bien han observado los zapatistas, el gobierno de AMLO se ha mostrado apenas interesado en detonar proyectos económicos comunitarios y casi se ha obsesionado con abrir más terreno a la acumulación de capital a través de megaproyectos industriales y de infraestructura.

Menos interés aún ha mostrado en construir o vigorizar circuitos comerciales que aminoren la dependencia económica de México con Estados Unidos. Atrincherado entre sus fronteras, AMLO no parece tener, de hecho, más estrategia internacional que la de mantener a toda costa el acuerdo comercial con Estados Unidos, incluso si eso supone permitirle a Donald Trump dictar nuestra política migratoria. Igualmente preocupante es, ha sido, la actitud de su gobierno ante el medioambiente, al impulsar proyectos de desarrollo ambientalmente dudosos y apostar por una refinería que pone en riesgo 119 especies.

Pero no es solo que el modelo neoliberal persista: es que su embate contra el Estado ha cobrado nueva fuerza durante estos últimos meses. Los gobiernos anteriores atentaron contra la burocracia y el aparato de protección social con el pretexto de la “eficiencia administrativa”. Este gobierno —siempre dispuesto a justificar sus políticas con narrativas históricas— ha golpeado ciertos sectores del Estado con una coartada juarista: la austeridad republicana. En un primer momento, esa austeridad se batió —justa, necesariamente— contra los privilegios de los altos funcionarios. Poco tiempo después ya se ensañaba con instancias y programas del mismo gobierno que le había dado vida. Opuesto a aumentar y crear nuevos impuestos, el gobierno ha preferido liberar recursos para sus proyectos estelares recortando aquí y allá gastos y programas, ocasionando en el camino miles de despidos y episodios de desabasto. Particularmente dañadas se han visto áreas que el presidente no considera prioritarias: ciencia, tecnología, cultura.

Lo cierto es que no estamos saliendo, al menos no por lo pronto, del laberinto neoliberal. Parecería más bien que estemos entrando en una tercera etapa del neoliberalismo en México.

La primera duró poco más de diez años, de principios de los ochenta a mediados de los noventa, y fue la etapa de construcción y legitimidad del proyecto neoliberal, cuando el proceso de liberalización económica aún generaba consentimiento y esperanza. La segunda arranca en 1994 —tras la crisis económica que estalla a fines de ese año— y se extiende hasta 2018: aquí las políticas neoliberales son aplicadas ya sin el apoyo de la mayoría de los ciudadanos y sin siquiera un relato que consiga legitimarlas. Ahora, con AMLO, podríamos entrar en una nueva y temible etapa en la que el neoliberalismo persiste y se reproduce aun después de que ha sido decretada su muerte.

Hemos visto ya este desolador escenario en otros regímenes que se aseguran posneoliberales y que, en vez de transformar las condiciones de producción y acumulación, solo corrigen ciertos excesos del neoliberalismo. También se ha observado en esos casos que el discurso antineoliberal de sus dirigentes suele servir ante todo para ocultar la continuidad del dominio neoliberal y para proveer de legitimidad a medidas económicas que ya la habían perdido. Justo eso es lo que parece estar ocurriendo hoy en México. Y es una pena: el país necesita mucho más que una simple transformación retórica.

Aún le queda tiempo al gobierno de AMLO para rectificar. Debe hacerlo y colaborar en la tarea más importante de nuestra generación: pensar y construir un futuro más allá del paradigma neoliberal. Hasta ahora marcha en sentido contrario.

* Rafael Lemus es escritor y profesor asistente en California State University, Fresno. Es coeditor de “El futuro es hoy: ideas radicales para México”.

Publicado en NY TIMES

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