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GIEI: Hubo colusión entre bandas de narcotráfico y Gobierno en Iguala

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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, un pánel internacional de expertos que fueron traídos a México para investigar la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero —hecho que desató una protesta global—, dice que no puede dar una conclusión del caso porque ha sido sometido a una campaña sistemática de acosos, evasivas e intimidación.

Los investigadores, que este domingo 24 de abril presentaron la última parte de su informe, dicen que han sufrido ataques cuidadosamente orquestados por los medios de comunicación mexicanos, el rechazo por parte del gobierno a entregar documentos o conceder entrevistas con figuras esenciales, e incluso uno de los funcionarios que estuvo involucrado en la formación del grupo fue objeto de una investigación criminal.

Para algunos, la conclusión inevitable es que el gobierno simplemente no quiere que los expertos resuelvan el caso.

“No existen las condiciones para desarrollar nuestro trabajo”, dijo Claudia Paz y Paz, integrante de la comisión que se ganó el reconocimiento internacional por el enjuiciamiento de un exdictador de Guatemala por cargos de genocidio. “Y en México, la prueba es que el Estado se opuso a la prórroga de nuestro mandato, ¿no?”

La presión sobre los investigadores —descrita por cuatro de los cinco miembros del pánel en entrevistas con The New York Times— socava las promesas hechas por el gobierno mexicano de cooperar plenamente para descubrir qué pasó con los estudiantes, uno de los peores casos de abuso de los derechos humanos en el país en los últimos años.

Los investigadores dicen que les falta mucho para completar su trabajo. Sin embargo, saldrán de México en los próximos días por lo que muchos ya sospechan: ellos también creen que el gobierno trata de encubrir lo que ocurrió en la noche del 26 de septiembre de 2014 cuando 43 estudiantes universitarios fueron secuestrados por la policía y nunca aparecieron.

Por otro lado, el gobierno mexicano dice que ha cooperado plenamente con los expertos al completar la mayoría de sus solicitudes de información, mientras procesa el resto.

“Esto es algo que probablemente nos perseguirá por mucho tiempo”, dijo Francisco Cox, un abogado chileno especializado en derechos humanos que también conforma el grupo de expertos. “Pero no tiene sentido quedarse aquí porque, de cierta manera, es darle legitimidad a algo que no es correcto”.

Aunque el informe final del grupo se conocio estedomingo por la mañana, el caso está muy lejos de ser resuelto. Solo se han encontrado e identificado los restos de uno solo de los 43 estudiantes.

Otra cuestión es a qué nivel llega la colusion entre las bandas del narcotráfico y el Gobierno.

Aunque la investigación del gobierno se centró en la complicidad de las autoridades locales, estos expertos descubrieron evidencias de que las autoridades estatales y federales, e incluso militares, estuvieron presentes en la noche de la desaparición de los estudiantes.

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Con Información del NY Times.

Los hijos perdidos de la señora Zenaida #Iguala

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En el pueblo de Iguala, en el Estado mexicano de Guerrero, detrás del mercado de abastos, en el barrio de la Insurgente, tras un portón negro, junto a un almendro y dos árboles de papaya, en dos cuartos deslucidos con goteras en el techo, allí, vive el dolor.

Esta tarde el dolor tiene tos, malestar en los pulmones, mide algo más de metro y medio, es mujer, separada y tiene 52 años. Se llama Zenaida Candía Espinobarros y llora cada dos por tres porque le faltan dos hijos y, dice, no puede hacer nada, nadie le hace caso. Se suena la nariz con el cuello de la blusa y exclama: “¡Que le quiten al Gobierno a un hijo, a ver qué siente!”, como si el Gobierno mexicano, comandado por Enrique Peña Nieto, del PRI, fuera una persona, una persona que pierde dos hijos como ella: uno en 2012, cuando salió una tarde de la casa y ya no volvió y otro el mes pasado, cuando un sicario le disparó desde una moto en la puerta de la casa de su novia.

La evidente gravedad de su caso aumenta a tenor de la desidia de quienes deberían protegerla, a ella y a su familia. Desde hace un año, la señora Zenaida y otros vecinos de Iguala salen a buscar a sus familiares desaparecidos en los cerros que rodean la ciudad. Buscan, en realidad, cementerios clandestinos, fosas comunes donde podrían haber enterrado sus cuerpos. La señora Zenaida busca a su hijo mediano. Se llama Juan Carlos y trabajaba de albañil. La tarde del 3 de septiembre de 2012 salió del cuarto que compartía con su esposa, a la vuelta de la casa de su mamá. Marchó con un amigo y ya no volvió.

Todo empezó en octubre del año pasado, semanas después de la desaparición de los 43 estudiantes deAyotzinapa. La noche del 26 de septiembre de 2014, sicarios de una banda de delincuentes que opera en la zona, los Guerreros Unidos, secuestraron a los muchachos en Iguala en connivencia con autoridades locales, policías municipales de Iguala y del vecino pueblo de Cocula. Entonces, los padres de los desaparecidos llegaron de otros pueblos de Guerrero a buscar a los suyos en la sierra que rodea la ciudad. Animados por los familiares de los 43 estudiantes, los otros, los de Iguala, los que habían callado por miedo, empezaron a buscar también. Sin embargo, la atención mediática menguó y se quedaron solos, en la sierra, con lo puesto.

Algunos empezaron a recibir amenazas, lo que provocó la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. El 21 de septiembre de este año, el comité envió una carta al Gobierno mexicano para que protegiera a la señora Zenaida, a otros 12 pescadores de fosas y a sus respectivas familias. No le hicieron caso. El 26 de octubre el hijo menor de Zenaida, Luis, fue acribillado cuando iba a acompañar a su novia al médico. Moriría 10 días más tarde. El 10 de noviembre la Comisión Interamericano de Derechos Humanos denunció que la familia Candía Espinobarros carecía de protección pese a la petición de la ONU, e insistió al Gobierno de Peña Nieto en que asumiera su responsabilidad. El 9 de diciembre, la ONU exhortó de nuevo al Ejecutivo mexicano a que protegiera la vida de Zenaida y de los otros pescadores. Y, de momento, nada.

El 10 de noviembre la Comisión Interamericano de Derechos Humanos denunció que la familia Candía Espinobarros carecía de protección pese a la petición de la ONU

En un país con tantos desaparecidos como muertos en carreteras —unos 25.000 desde 2007—, el Ejecutivo ha puesto en marcha una iniciativa de ley contra la desaparición forzada. La semana pasada, el presidente Peña Nieto aprovechó la ceremonia de entrega del premio nacional de derechos humanos para anunciar la medida, que ahora debe debatir el Congreso. Se dio la casualidad de que las palabras de Peña Nieto llegaron un día después de la segunda carta del comité de la ONU.

Temor a represalias

Desde que desapareció su hijo Juan Carlos, la señora Zenaida no ha recibido una sola llamada, una carta, algo que indique que alguien le hace caso, que alguien se preocupa por su dolor. Desde que murió Luis, el pequeño, tampoco.

Ella sigue saliendo a los cerros. En estos meses, los buscadores, a veces solos, a veces en compañía de las autoridades, han ubicado más de 60 fosas y 100 cadáveres. Parece que se justifica, como si su búsqueda careciera de un motivo entendible: “Uno sé dónde está, ya lo enterré, a veces voy al panteón. Pero el otro… No sé nada”.

Es la incertidumbre, el no saber, la imposibilidad de descansar. A veces, cuenta, se acuerda de que su hijo Luis casi se va a Estados Unidos. Temiendo represalias por buscar al hermano mediano, le convenció para que dejara la fábrica de pan donde trabajaba y probara suerte en el norte. Pero el coyote, dice, le falló. Luis pasó dos días en un túnel esperando su contacto. “Luego me habló y me dijo que estaba muy feo aquello, que en el túnel había mucha calaverita, mucho hueso”.

Después llegó la migra y lo mandaron de vuelta a México. “Se hubiera quedado y…”, cuenta, pensando lo que no fue.

Esta tarde, que ya es casi noche, la mujer, el dolor, describe cómo ella y su grupo van al cerro, cómo buscan fosas clandestinas, cómo las encuentran. Cuando creen que han encontrado una —por el color de la tierra, por la textura que presenta, por la falta de vegetación—, toman una varilla, la hunden, la sacan y la huelen. Si huele mal, “es que hay muertitos”, dice. El éxito depende del mal olor.

Decomisa policía estatal explosivos a normalistas de #Ayotzinapa 

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Elementos de la policía decomisaron una bomba molotov y material para construir explosivos a normalistas de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa que se dirigían a Chilpancingo

 Tiempos de Gro.

Policías de la Fuerza Estatal decomisaron una bomba molotov y material para construir explosivos a normalistas de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa que se dirigían a la ciudad de Chilpancingo a una protesta este sábado.

Según un comunicado, aproximadamente 400 personas, entre estudiantes y padres de los 43 desaparecidos, viajaban en seis autobuses de líneas comerciales y tres camionetas de estaquitas, así como una camioneta Urvan del transporte público de la ruta Tixtla Chilpancingo cuando fueron interceptados por policías estatales.

Fue tras revisar los vehículos que encontraron 194 cartuchos cilíndricos rellenos de pólvora, dos bolas de hilo de seda, y un rollo de mecha de aproximadamente ocho metros. Todo estos, materiales base para construir cohetones.

Además de una bomba molotov y un tubo de metal de aproximadamente 50 centímetros. Después de decomisarles los materiales explosivos, los estatales permitieron que el contingente continuara su viaje

Normalistas llaman a la unidad “para derrotar al gobierno fascista”; cientos rechazan la llegada de Astudillo

  
A 13 meses de la desaparición de los 43 estudiantes y como una de las acciones globales por Ayotzinapa el día de ayer las y los familiares de los desaparecidos, estudiantes normalistas y miles de pobladores guerrerenses realizaron una marcha donde manifestaron el rechazo al nuevo gobernador Héctor Astudillo Flores y un normalista de primer grado llamó a la unidad “para derrotar a este gobierno fascista”.

La marcha empezó en el norte de la ciudad a partir del monumento de Nicolás Bravo, lugar donde llegaron los padres de los normalistas desparecidos y al menos 10 camiones con normalistas de otras regiones, durante la protesta se realizó la pinta de paredes y se gritaron consignas donde expresaron su rechazo al “nuevo gobierno” y exigeron la presentación con vida de los 43.

En el mitin realizado en el zócalo de Chilpancingo se invitó a las familias de personas desaparecidas a unirse al movimiento, ya que aseguraron que el nuevo gobierno debe surgir desde la población y no al revés, porque actualmente cualquier persona que llegue al poder servirá los intereses políticos y económicos neoliberales.

También se aseguró que han seguido los retenes en las carreteras para padres y estudiantes normalistas, acción que justifica una vez más que la información dada por el gobierno federal es falsa al decir que los normalistas detenidos hace más de un año por los policías federales fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula

Según información de El Sur cuando los más de 2 mil manifestantes se retiraron, los policías del estado salieron del Congreso con gases lacrimógenos y empezaron un enfrentamiento de pedradas que duró aproximadamente 10 minutos.


Twitter @TiempoGro

Julieta Venegas: “En México la justicia no es prioridad”

Tiempos de Guerrero.

Su nuevo álbum salió a la venta el mes pasado y de inmediato algo sucedió: Julieta Venegas recibió dos nuevas postulaciones a los Latin Grammy.

La cantautora mexicana lanzó “Algo sucede” el 14 de agosto y la semana pasada fue reconocida con postulaciones a la canción del año y grabación del año por el sencillo “Ese camino”.

“¿Cómo me enteré? ¡Por Whatsapp! Una amiga me dijo”, relató Venegas en una entrevista reciente en Los Ángeles.

¿Y luego qué hiciste? ¿A quién fue la primera persona que le dijiste? “Le escribí Whatsapp a toda la familia. O sea, es ridículo ya, ¿no?”, añadió entre risas.

La cancion nominada “Ese camino” habla de una infancia que se mantiene viva en el recuerdo. Venegas dijo que la canción no es necesariamente autobiográfica, aunque admitió que se inspiró observando a su hija Simona, de cinco años.

Otra de las canciones del álbum aborda los recientes secuestros irresueltos en México. Venegas escribió “Explosión” específicamente pensando en los 43 estudiantes que desaparecieron el 26 de septiembre del 2014 en el estado sureño de Guerrero, en un caso que ha desatado indignación dentro y fuera del país.

“Ellos son 43 que no sabemos después de un año lo que pasó, nadie sabe la verdad porque nos han contado como 10 mil historias”, lamentó la cantautora. “Es una tragedia el acto en sí y lo que sigue después también es una tragedia. ¡No sabemos! Nadie sabe realmente lo que pasó y eso me parece que es algo que nos muestra como otra cara de nuestro país, nos hace ver que no es un país donde la justicia es una prioridad, que es lo que tiene que ser”.

Algo sucede está disponible en formato físico y digital.

Twitter @TiempoGro

Informe CIDH: La “verdad histórica” del caso Ayotzinapa se desmorona. Peña Nieto y Murillo Karam en jaque

Familiares de los 43 normalistas desaparecidos estuvieron presentes en el informe para escuchar la versión independiente (AFP).

Una investigación foránea e independiente sobre los 43 estudiantes desaparecidos en el sur de México desplomó este domingo la versión oficial según la cual los jóvenes fueron incinerados en un basurero.

“No existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada con base en testimonios, de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula”, por lo que debe continuar la búsqueda de los estudiantes, de acuerdo con el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que llegó a México hace seis meses.

En sus más de 500 páginas, la investigación independiente critica la inacción de las fuerzas federales y pone sobre la mesa un “elemento clave” que no ha sido considerado por la fiscalía: un quinto autobús que pudo transportar droga al momento del ataque.

Esto pone en jaque al gobierno de Enrique Peña Nieto, cuya popularidad se ha ido a pique a raíz del trágico crimen.

A través de su cuenta de Twitter, Peña Nieto informó que pidió a las autoridades mexicanas tomar en cuenta los resultados del GIEI para investigar los sucesos del 26 de septiembre en Iguala.

La tarde de este domingo, los familiares de los estudiantes desaparecidos exigieron al presidente una audiencia por el informe de los expertos independientes, poco después de que la PGR, ahora a cargo de Arely Gómez, anunciara un nuevo peritaje en Cocula donde presuntamente se realizó la calcinación.

Según una “verdad histórica”, la Procuraduría General de la República (PGR) concluyó en enero pasado que, la noche del 26 de septiembre del año pasado, decenas de estudiantes de la escuela de maestros rurales de Ayotzinapa (Guerrero, sur) fueron atacados por sicarios y policías corruptos en la cercana Iguala. Los jóvenes estaban tomando a la fuerza cuatro autobuses para sus movilizaciones políticas.

Luego, los policías habrían entregado a los 43 estudiantes a narcotraficantes del cártel local Guerreros Unidos, quienes los asesinaron por sospechar que eran miembros de un cártel rival.

Los cadáveres, según la versión de la PGR, fueron incinerados en un basurero del cercano poblado de Cocula y arrojados a un río.

Una incineración masiva, imposible

En el basurero de Cocula “no hay ninguna evidencia que indique la presencia de un fuego de la magnitud de una pira para la cremación de inclusive un solo cuerpo”, concluyó José Torero, un reconocido perito peruano que participó de la investigación independiente.

El experto añade que no se observan los daños que resultarían de un fuego tan importante y que no existe evidencia de que el combustible necesario estuviera disponible en las cercanías.

Así, el GIEI pide investigar el posible uso de hornos de cremación públicos y privados en los municipios aledaños.

Los desesperados padres de los 43 estudiantes han encabezado multitudinarias marchas en todo el país, gritando a los cuatro vientos que sus hijos aún están vivos.

El laboratorio de Innsbruck, Austria ha analizado restos humanos calcinados encontrados en la zona, pero solo ha podido identificar a uno de los estudiantes.

Por otro lado, el informe deplora que la policía estatal, federal y el ejército no auxiliaron a los estudiantes pese a presenciar los ataques e incluso recibir llamadas de auxilio.

Muchos lesionados permanecieron sin atención médica, lo que “en algún caso probablemente precipitó la muerte”, mientras que dos de los normalistas muertos en los ataques armados quedaron tendidos en el suelo por más de dos horas y bajo la lluvia, señalan los expertos, que no tuvieron autorización para entrevistar a militares.

El evidente vínculo entre el crimen organizado y las autoridades, así como los prontos resultados de la investigación oficial, indignaron a la esfera internacional con pronunciamientos por parte de organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

El misterio del quinto autobús

La fiscalía general solo consideró en su investigación cuatro de los cinco autobuses tomados por los estudiantes y “no se ha proporcionado ninguna información oficial de esta omisión”, lamentó el GIEI.

Los expertos explicaron que ese autobús “fue el único que no fue atacado violentamente esa noche” y que la declaración de su chofer, recabada recién en junio de 2015, “señala una versión de la historia que no coincide en absoluto” con la de los sobrevivientes.

La agreste zona de Iguala es epicentro del tráfico de heroína hacia Estados Unidos y los cárteles suelen transportar la droga escondida en autobuses.

Así, los investigadores independientes sospechan que las inconsistencias y contradicciones que rodean a ese quinto autobús “esconden aspectos importantes a considerar que pueden tener que ver con el modus operandi y la motivación de la agresión”.

La hipótesis sobre la confusión de los estudiantes con un grupo narcotraficante “es inconsistente con el grado de conocimiento de las autoridades de los hechos, con la situación de que los estudiantes iban desarmados” y no explica “la masividad” de los ataques.

El GIEI emitió varias recomendaciones a la fiscalía general para resolver este crimen. Una de ellas es investigar denuncias “por malos tratos o torturas” contra varios de los más de cien detenidos.

Incompetencia gubernamental de México, acusa Amnistía

La organización Amnistía Internacional se sumó a los reproches del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre la investigación de las autoridades mexicanas.

En un comunicado emitido este domingo, Amnistía señaló que el informe de la CIDH dejó al descubierto la absoluta incompetencia y falta de voluntad del gobierno para encontrar y castigar a los responsables.

“La revelación del grupo de expertos sobre la incongruencia de la teoría que los normalistas fueron incinerados en un basurero resalta la necesidad de reencaminar las investigaciones de manera urgente”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“El gobierno Mexicano debe dejar de poner excusas ante su bochornosa falta de acción. Lo que se necesita es real voluntad política para encausar la búsqueda e investigaciones y así responder al urgente clamor de justicia de las familias de los estudiantes desaparecidos”.

Con información de AFP

http://mexico.cnn.com/nacional/2015/09/06/la-verdad-historica-del-caso-ayotzinapa-se-desmorona-con-el-informe-cidh

La ‘verdad histórica’ quedó descartada: ¿Qué se sabe de #Ayotzinapa hasta ahora?

El Grupo Interdiciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes desde hace seis meses se han encargado de investigar el caso de la desaparición de los 43 normalistas, dieron a conocer el día de hoy los avances que existen en la investigación hasta este momento. Toda esta información es pública y oficial  y está soportada en documentos y pruebas reportadas en el expediente judicial.

Basados en pruebas científicas han determinado que la versión oficial de la Procuraduría General República, la “verdad histórica” que habían dado a conocer las autoridades, es falsa y queda descartada.

Las declaraciones que dio el GIEI son muy fuertes porque descalifican la versión oficial que se tenía hasta este momento de los hechos y porque afirman que el tan sonado “FUE EL ESTADO” es una realidad ya que la policía municipal en conjunto con el ejército y otras autoridades, fueron quienes atacaron a varios normalistas mientras regresaban a la Escuela Normal Rural de San Isidro. Además ahora se incluye un elemento clave en la investigación: en uno de los camiones que intervinieron los estudiantes, sin que ellos supieran, pudo haber un cargamento de drogas.

Pero primero lo primero…

¿Cómo sucedieron los hechos?

Es básico aclarar que las tomas de camiones por parte de los estudiantes de las normales en todo México son muy comunes, nunca habían tenido respresalías ni violencia. Era algo que los estudiantes hacían para moverse y realizar actividades académicas o políticas. Incluso a los choferes de estos camiones se les sigue pagando su sueldo y acompañan a los estudiantes en el viaje.

Para las marchas del dos de octubre, los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa se estaban preparando y juntando varios camiones en su escuela, así podrían transportarse luego. El 26 de septiembre de 2014, los normalistas fueron a tomar más camiones a la Central Camionera y cuando iban de regreso a su escuela, los camiones tomaron distintas rutas y  fueron atacados en nueve lugares.

Durante todo su trayecto, fueron monitoreados por las autoridades, el ejército y la policía municial, que sabían exactamente donde estaban y quiénes eran, no hubo ninguna confusión, como se había dicho, de que fueran parte de un cártel.

“Dada la evidencia, en ese momento, la Policía Municipal de Iguala no tenía elementos para suponer, ni siquiera erróneamente, que perseguía a ‘Los Rojos’…Sabían que se trataba de estudiantes”

También revelaron que policías y militares estuvieron presentes en los dos lugares donde desaparecieron los normalistas pero que no les brindaron ninguna ayuda…

¿Qué dijo el gobierno que había sucedido?

Murillo Karam declaró el año pasado que los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa tomaron a la fuerza cuatro autobuses y fueron detenidos por los policías municipales y entregados a un grupo de narcotráfico del cártel Guerreros Unidos, quienes los confundieron con miembros de un cártel rival y los asesinaron y calcinaron en el basurero de Cocula.

Pero las declaraciones de hoy, refutan esta teoría completamente ya que los estudiantes no murieron en el lugar y el momento descrito por las autoridades; quemar tantos cuerpo hubiera llevado por lo menos 60 días y una cantidad enorme de combustible. 

Además, las autoridades afirmaban que hubo ataques en tres lugares durante la noche del 26 de septiembre, protagonizados por policías locales de los municipios de Iguala y Cocula y por sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, pero ahora sabemos que hubo ataques en al menos nueve puntos distintos, donde el nivel de agresión y ataques indiscriminados fue subiendo; primero eran disparos al aire, luego hacia los normalistas particularmente. Todas estas agresiones fueron desproporcionadas y sin sentido ya que los normalistas nisiquiera iban armados.

Es soprendente lo masivo que fue este ataque: hubo 80 víctimas, 43 normalistas desaparecidos y 700 familiares que han sufirdo las consecuencias.

Además, la policía en todo momento supo que eran estudiantes y aún así los atacaron con armas lo cual hace muy sospechoso el interé so las razones de su detención y ahora la posibilidad de que un camión que transportaba droga esté relacionado con el caso, abre toda una nueva línea de investigación.

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¿Qué sigue?

La supuesta “verdad histórica” quedó descalificada y todo lo que expusieron los del GIEI muestra el déficit de las investigaciones, pero aseguran que se sigue buscando justicia para las familias y para todos los mexicanos. Aunque sigue sin saberse el paradero de los normalistas, hay avances significativos y ahora debe darse un replanteamiento de la investigación.

Como quedó descartado por evidencia científica que los cuerpos hubieran sido quemado en el basureros, el GIEI pide investigar el posible uso de hornos de cremación públicos y privados en Iguala y Cocula.

Sostienen que la investigación debe continuar tomando en cuenta el descubriemiento de un camión que transportaba drogas que los estudaintes agarraron sin darse cuenta para llevar a su escuela.

MENTIROSOS

En respuesta a esto el presidente Enrique Peña Nieto declaró en su Twitter:

twitter EPN

También la organización Amnistía Internacional respondió diciendo  que el informe de hoy dejó al descubierto la absoluta incompetencia y falta de voluntad del gobierno para encontrar y castigar a los responsables.

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PGR tergiversó fuentes científicas de Ayotzinapa, revelan peritajes en Cocula

Por @Sebvnhp

La Procuraduría General de la República (PGR) tergiversó investigaciones científicas para afirmar que el incendio en el basurero de Cocula llegó a mil 600 grados centígrados, los cuales fueron suficientes para incinerar los cuerpos de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.

Los peritos de la PGR se respaldaron en el estudio “Valoración Energética de neumáticos fuera de uso”, del académico Olegario Martínez Morán, del Departamento en Química y Física Aplicadas de la Universidad de León, España. La investigación científica determina que tal temperatura sólo se puede alcanzar bajo condiciones industriales o controladas en un laboratorio.

La PGR usó sólo dos párrafos de este estudio para armar su “verdad histórica”, y los sacó de contexto.

El equipo de Aristegui Noticias obtuvo los peritajes que contiene la investigación tras una solicitud de información pública, cuyo cumplimiento se bloqueó durante la administración de Jesús Murillo Karam, actual secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por nombramiento del presidente Enrique Peña Nieto el 27 de febrero de 2015.

El expediente permite revisar cómo se llegó a la “verdad histórica” del caso: que los jóvenes fueron secuestrados, asesinados y quemados en un basurero. Los restos se diseminaron en un río cercano. Y ese, de acuerdo con el gobierno mexicano, fue el fin de la historia.

El peritaje de la procuraduría tenía dos objetivos: responder qué temperatura alcanzó el incendio de llantas y a qué nivel de calor fueron sometidos los restos encontrados en el basurero.

¿Qué temperatura ⁠⁠⁠alcanzó el fuego de Cocula?

Los peritos de la PGR citaron únicamente dos partes del estudio ‘Valoración Energética de neumáticos fuera de uso’, del científico español Martínez Morán.

El primer párrafo dice textual: “Que los neumáticos fuera de uso (NFU´S) poseen un elevado poder calorífico (…) es comparable o superior incluso al carbón de buena calidad” y que en “los procesos industriales donde interviene el poder calórico de los NFUS, la temperatura oscila entre los 700 y mil 500 grados centígrados”.

El artículo se puede encontrar en internet. el párrafo donde los peritos tomaron la temperatura estimada hace referencia a otra técnica que no se exploró en el estudio y que menos se pudo replicar en el basurero de Cocula, a menos que se tuviera un laboratorio.

“Bajo el nombre de gasificación se engloban los procesos de combustión en condiciones de defecto de oxígeno, con producción de monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrógeno y metano, en proporciones diversas según la composición de la materia prima y las condiciones del proceso. La temperatura de operación oscila entre 700 y 1500°C y el oxígeno se limita entre un 10 y un 50% del teóricamente necesario para una combustión completa”, señala el estudio.

El equipo de investigaciones de Aristegui Noticias compartió el peritaje con Olegario Martínez Morán, del Departamento en Química y Física Aplicadas de la Universidad de León, España, autor del estudio fuente de la PGR.

Tras estudiar el expediente y su trabajo de 2004, afirmó en entrevista que los peritos de PGR usaron dos párrafos de su trabajo.

El primero de ellos (que los neumáticos fuera de uso tienen un elevado potencial calórico) “es una cita textual y lo mantengo, pues los neumáticos se pueden usar como combustible en hornos de cementeras”.

“Otra cosa es el segundo párrafo, porque ahí sí que dice no dice toda la verdad (sic)… Es una parte de la verdad porque esa es una temperatura que podría estar asociada a procesos de gasificación”, y que por sus condiciones sólo se pueden alcanzar el condiciones controladas de oxígeno.

Durante sus experimentos, los científicos de la Universidad de León se enfocaron en la termólisis (la separación de gases y sólidos mediante la aplicación de calor) pero no probaron la técnica que puede alcanzar los mil 500 grados centígrados, ni siquiera la combustión de llantas.

El académico prefirió no opinar sobre otras conclusiones de la PGR y aclaró que su estudio únicamente se realizó para conocer el potencial calorífico de los neumáticos.

En ninguna otra parte los funcionarios de PGR anotaron que las temperaturas citadas sólo corresponden a “procesos industriales”.

Otras fuentes

El peritaje de PGR indica otras dos fuentes que hablan de la temperatura en incendios de llantas; el primero es el artículo ‘Llantas Usadas diagnóstico de la situación en el Distrito Federal‘, elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente del DF.

Los funcionarios de PGR seleccionaron una cita textual de este documento: “La combustión incontrolada de llantas a temperaturas relativamente bajas (menos de 1092 grados centígrados) y emisiones nocivas para la atmósfera” además de “su valor calorífico es mayor al del carbón (una llanta equivale a 20 libras de carbón)”.

El documento está disponible en la página de internet del GDF, tiene fecha de 2002 y no se apuntaron los nombres de los autores; en el párrafo que habla de la temperatura no se escribió la fuente del dato o la forma en que se llegó a tal conclusión.

Sin embargo, por ser una cifra tan exacta (1092 grados centígrados), se puede rastrear el origen de este dato en al menos dos estudios realizados en Estados Unidos, pues 1093 grados centígrados corresponden a 2 mil grados Fahrenheit.

Según el Reporte Especial Scrap and Shredded Tire Fires publicado por US Fire Administration, agencia gubernamental especializada en seguridad del fuego, 2 mil grados Fahrenheit es la temperatura máxima que alcanza un incendio de llantas, después de 60 minutos que inició el incendio y hasta que se controle.

El mismo dato se puede encontrar en el Manual de Procedimientos Estandarizados para Incendios de Llantas de la ciudad de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. El documento web señala que “durante la etapa de combustión libre, el fuego se propaga rápidamente y hay un incremento dramático en el humo y el calor (…) mientras que las temperaturas internas llegan a unos 2000 grados Fahrenheit”.

El tercer argumento de PGR sobre la temperatura del incendio es el SPFE Handbook o fire Dynamics, del cual señala: “la temperatura que alcanza un neumático es de 982 grados centígrados, lo que se considera como un fuego lento pero con alta energía calórica, es decir, arde por mucho tiempo y emite una gran cantidad de calor”. Una cifra acorde con los estudios de Estados Unidos.

Estos tres documentos (el estudio de los españoles, el documento del gobierno del Distrito Federal y manual de fuego) fueron las fuentes científicas para establecer la temperatura máxima a la que puede arder un incendio de llantas.

Ninguna de estas fuentes se acerca a los mil 600 grados centígrados que, asegura la PGR, se alcanzaron para calcinar los cuerpos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

¿A qué temperatura se quemaron los restos humanos encontrados en Cocula, según PGR?

En el peritaje, funcionarios de PGR establecieron la escala de daños de un cuerpo humano a cualquier tipo de incendio: el punto máximo de daño se alcanza a mil 600 grados, cuando se derrite la estructura inorgánica del hueso.

Las características de los restos humanos encontrados sí cuadran con la temperatura de mil 600 grados centígrados, pero no se establece cómo se pudo alcanzar tal temperatura en el basurero.

El peritaje continúa con la descripción de lo “niveles de carbonización e incineración dentaria”, para describir los daños que podría tener un diente sometido al calor, pero en la escala sólo se llegan a daños provocados por temperaturas de hasta mil 200 grados centígrados.

En esta parte del peritaje no se aclara si las muestras recogidas en el basurero de Cocula corresponden a las tablas citadas; es decir, no hay una confrontación de evidencias para establecer qué nivel de calor tuvieron cada uno de los huesos.

Además de los restos humanos también se habla de otros materiales encontrados.

En el caso de las piedras calizas se afirma que la temperatura de disociación de calcio se logra a los 986 grados centígrados y que las latas de aluminio la temperatura de fusión se alcanzó a los 700 grados centígrados.

En esta sección el único dato que acompaña la hipótesis oficial es que los restos de fierro adheridos a la roca, presumiblemente restos de las llantas, presentan daños por “la interacción del fuego” por una temperatura cercana a los mil 400 grados centígrados, aunque no se especifica cuál es la fuente de este dato; es decir, no hay una argumentación sobre a qué temperatura es afectado el metal.

En la última parte, el peritaje de fuego y explosivos presenta sus conclusiones, que pueden ser, incluso, contradictorias: la temperatura máxima de un incendio de llantas es de mil 500 grados centígrados, pero los restos humanos encontrados muestran daños por temperaturas de mil 600 grados centígrados.

En sus conclusiones, la PGR tergiversó por completo los argumentos científicos: los peritos establecieron que “el punto de inflamación de los neumáticos es del orden de los mil 500 grados centígrados, se establece que el incendio alcanzó una temperatura mínima de 700 grados centígrados y una máxima cercana a los 1600 grados centígrados”.

En términos científicos, el punto de inflamación es la temperatura más baja a la que empieza a arder un elemento. El estudio citado por PGR establece que mil 500 es la temperatura máxima que puede alcanzar un neumático incendiado, en condiciones industriales, pero los peritos sumaron 100 grados para que empatara con la tabla máxima de los daños que puede registrar un cuerpo humano.

La verdad histórica

Murillo Karam dio a conocer la hipótesis del basurero de Cocula durante la conferencia de prensa del 7 de noviembre de 2014, con adelantos de las declaraciones de los detenidos.

En la conferencia del 27 de enero de 2015 se presentó la verdad histórica que pretendió comprobar que los normalistas fueron quemados en un basurero

Según los peritajes, la primera revisión de los expertos en incendios ocurrió el 3 de noviembre y las conclusiones se entregaron el 5 de enero de 2015.

El bloqueo de Murillo Karam

Pese a las críticas y dudas de la investigación oficial, las autoridades no hicieron públicos los peritajes. El equipo de investigaciones especiales de Aristegui Noticias realizó solicitudes de información pública para conocer los documentos, pero todos los intentos fueron bloqueados durante la administración de Murillo Karam.

La opacidad de PGR se presentó aunque el asunto está relacionado con investigaciones de violaciones graves a los derechos humanos y la ley mexicana establece que deben ser públicos.

Fue hasta el 10 de junio de 2015 que se obtuvieron las copias, luego que los funcionarios de la administración de Arely Gómez González comenzaron a cumplir las obligaciones de transparencia derivadas de solicitudes de diversos periodistas y ciudadanos interesados en el caso.

Se trata de 717 hojas correspondientes a los peritajes realizados en el basurero de Cocula en las especialidades de: Incendios y explosivos, ambiental, arquitectura, fotografía, audio y video, balística, criminalística, química y antropología.

La verdad histórica está al escrutinio público.

conclusiones

Fuente: http://aristeguinoticias.com/2608/mexico/peritajes-de-cocula-pgr-tergiverso-fuentes-cientificas-para-armar-su-verdad-historica/