Quince de las 50 urbes más violentas del mundo son mexicanas, según un estudio elaborado con cifras de 2018 y que coloca a Tijuana en el primer lugar e incorpora por primera vez a Irapuato.
Acapulco bajó del primer lugar al segundo lugar, mientras que Chilpancingo salió de la lista (extrañamente).
Estas son las ciudades mexicanas más violentas en 2018:
1. Tijuana (Área Metropolitana) 138.26 homicidios por cada 100 mil
habitantes.
2. Acapulco 110.50 homicidios por cada 100 mil habitantes
4. Victoria 86.01 homicidios por cada 100 habitantes
5. Juárez 85.56 homicidios por cada 100 mil habitantes
6. Irapuato 81.44 homicidios por cada 100 mil habitantes
13. Cancún 74.47 homicidios por cada 100 mil habitantes
16. Culiacán 60.52 homicidios por cada 100 mil habitantes
18. Uruapan 54.52 homicidios por cada 100 mil habitantes
20. Obregón 52.09 homicidios por cada 100 mil habitantes
26. Coatzacoalcos (Área Metropolitana)
48.35 homicidios por cada 100 mil habitantes
32. Celaya 46.99 homicidios por cada 100 mil habitantes
34. Ensenada 46.60 homicidios por cada 100 mil habitantes
36. Tepic (Área Metropolitana)
44.89 homicidios por cada 100 mil habitantes
42. Reynosa 41.48 homicidios por cada 100 mil habitantes
49. Chihuahua 37.50 homicidios por cada 100 mil habitantes
Los primeros seis lugares del listado están ocupados por ciudades mexicanas, excepto el número 3 en el que aparece Caracas (Venezuela) con una tasa de 99.98 homicidios por 100 mil habitantes.
Fuente: Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal (CCSPJP).
Fomentamos en Guerrero el empleo y la autosuficiencia económica: Astudillo.
Las zonas metropolitanas de las ciudades de Acapulco, Guerrero, y Tlaxcala, Tlaxcala son los territorios que presentan la mayor merma laboral en el país.
No obstante, el proceso de descentralización de las dependencias federales que pretende el próximo gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), podría beneficiar a las urbes que registren bajos indicadores de trabajo.
La administración de AMLO contempla llevarse la Secretaría de Salud a Acapulco y la recién creada Secretaría de Cultura a Tlaxcala.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al segundo trimestre del 2018, estas ciudades registraron los mayores niveles de informalidad, condiciones críticas, así como bajos ingresos y escaso acceso a instituciones de salud.
Especialistas coincidieron en que será positivo llevarse las dependencias federales a otros estados, fortaleciendo las economías estatales y mejorando el mercado laboral.
Eufemia Basilio Morales, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que puede ser muy favorable este proceso de descentralización, “habría comunicación con otras instancias y dependencias, existiría una vigilancia más certera y la oferta laboral aumentaría porque ya no solamente se dependerá de una actividad económica”.
El podio con la Tasa de Informalidad Laboral 1 (TIL1) más elevada en el periodo de referencia lo compone Oaxaca (57.2% de sus ocupados en esta situación), Acapulco (62.4%) y Tlaxcala (66.7 por ciento).
LA TIL1 se refiere a la suma, sin duplicar, de los ocupados que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo.
Es decir, en esta tasa se incluye, además del componente que labora en micronegocios no registrados o sector informal, a otras modalidades análogas como los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a trabajadores que laboran sin la protección de la seguridad social y cuyos servicios son utilizados por unidades económicas registradas.
Mientras los coeficientes más elevados de la población ocupada que gana hasta dos salarios mínimos, que incluye a la que no recibe ingresos, se observaron en Tuxtla Gutiérrez (53.1%), Tlaxcala (62.0%) y Acapulco (62.3%); lo anterior es equivalente a que un trabajador percibe como máximo 5,301.6 pesos al mes.
Desglose
Las zonas metropolitanas con la tasa de condiciones críticas de ocupación (TCCO) más alta fueron, al cierre de junio, Tlaxcala (21.3% de los ocupados), Tuxtla Gutiérrez (21.6%) y Acapulco (21.9 por ciento).
La TCCO incluye a las personas que se encuentran trabajando menos de 35 horas a la semana por razones ajenas a sus decisiones, más las que laboran más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y las que se emplean más de 48 horas semanales ganando hasta dos salarios mínimos.
En el indicador de trabajadores sin acceso a las instituciones de salud, los mayores porcentajes fueron en Oaxaca (63.0% del total de este grupo de personas), Acapulco (66.5%) y Tlaxcala (70.1 por ciento).
La investigadora de la UNAM agregó que Acapulco es una ciudad ubicada en un estado con altos índices de pobreza y violencia, que han mermado la industria turística, “hay personas que trabajan muchas horas a cambio de un salario muy bajo y que viven en lugares con alta afluencia delictiva”.
Héctor Magaña Rodríguez, coordinador del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, explicó que “es positivo que llegué la Secretaría de Salud a la ciudad de Acapulco; la seguridad aumentaría y el índice de criminalidad bajaría. También despuntaría el mejoramiento de los caminos y el mercado en el sector transportes estaría en niveles positivos”.
“Tlaxcala es un estado pequeño que carece de infraestructura, no emite deuda, el problema es lo que ocurre con el nivel de ingreso y que se puede notar en su capital. En la ciudad hay pocas actividades económicas, y por ende hay empleos que son mal pagados”, indicó Basilio Morales.
La gente de Tlaxcala tiene que emigrar a otras regiones por las condiciones laborales, “la ventaja de llevar la Secretaría de Cultura es que se frenaría esta salida y se atraería inversión”, añadió.
Kristobal Meléndez Aguilar, analista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), refirió que en Acapulco y Tlaxcala “hay un ciclo de pobreza, en donde si las mismas empresas no obtienen utilidades y beneficios no puede trasladar esto a los empleados. Si le va mal a la empresa le va mal a la entidad federativa”.
“Tiene efectos positivos llevar las dependencias federales a los estados porque habrá más empleos y, por lo tanto, habrá prestaciones, y los sistemas de salud crecerán, será beneficioso para los habitantes”, manifestó.
Los especialistas también concordaron en que la falta de preparación es otro elemento que merma el sector trabajo, por lo que la mayoría opta por la informalidad.
Oaxaca y Tuxtla Gutiérrez
Además de Acapulco y Oaxaca, las ciudades que se colocaron en el top tres de los cuatro indicadores analizados por El Economista, con la mayor merma, fueron Oaxaca y Tuxtla Gutiérrez.
Sin embargo, también son territorios que podrían beneficiarse por el proceso de descentralización que realizará la administración federal de AMLO; Oaxaca albergaría a la Secretaría de Desarrollo Social, y Tuxtla Gutiérrez a la Comisión Federal de Electricidad.
A la primera mitad del 2018, en la capital de Chiapas los resultados fueron los siguientes para su población ocupada: TIL1 de 50.4%, TCCO de 21.6%, hasta dos salarios mínimos de 53.1% y sin acceso a las instituciones de salud de 70.1 por ciento.
Para Oaxaca quedó así: TIL1 de 57.2%, TCCO de 18.7%, hasta dos salarios mínimos de 48.8% y sin acceso a las instituciones de salud de 63.0 por ciento.
Común denominador
“Estas ciudades tienen un común denominador, la población no tiene una preparación educativa, la mayoría no ha terminado los estudios de secundaria y preparatoria. Será difícil que obtengan mejores trabajos. Habrá que ver qué tipo de puestos pueden ocupar y si el beneficio de la descentralización no es para una pequeña parte de la población”, expuso el analista del CIEP.
Detalló que se tiene que comunicar estas entidades con el resto del país mediante inversión en infraestructura, particularmente en construcción de carreteras, aeropuertos y líneas ferroviarias.
“La gran mayoría de las administraciones enaltecieron al norte y dejaron de lado al sur del país, debe haber un cambio, se tienen que modificar presupuestos, debe llamarse a la Inversión Directa Extranjera. También se tiene que educar a la población y dar acceso a los trabajadores a servicios médicos”, reiteró Eufemia Basilio.
Al otro extremo
Al otro extremo, Monterrey, Hermosillo y Chihuahua fueron las zonas metropolitanas que mostraron menores niveles de informalidad, condiciones críticas, así como más ingresos y acceso a instituciones de salud.
La primera de ellas es Monterrey. En relación a sus ocupados, ostenta una TIL1 de 33.6%, una TCCO de 4.0%, sin acceso a las instituciones de salud sólo 37.4% y únicamente 21.3% con ingresos de hasta dos salarios mínimos.
El analista del CIEP expresó que es ideal que llegue la Secretaría de Economía. “Cuenta con recursos financieros, cercanía con Estados Unidos, buenas condiciones económicas, desarrollo industrial”.
La segunda ciudad es Chihuahua. “Pertenece a la franja norte y por lo mismo tiene manufacturas. Sus fuentes laborales han permitido que exporte y florezca la entidad (4.5% de TCCO, 28.6% de TIL1, 30.3% perciben hasta dos salarios mínimos y 34.6% está sin acceso a condiciones de salud)”, agregó el coordinador del CIEN.
La capital de Sonora cuenta con 4.3% de TCCO, 28.5% gana como máximo 5,301.6 pesos al mes, 35.5% se ubica en la informalidad y 41.0% no tiene acceso a instituciones de salud.
“Hermosillo ha recibido inversión en su infraestructura por parte del sector industrial, que ha permitido una mayor afluencia. Las ciudades que se industrializan son las que tienen un mayor incremento económico”, apuntó Magaña Rodríguez.
En un segundo plano, otras zonas metropolitanas con focos rojos en el mercado laboral fueron Pachuca y Cuernavaca, mientras con mejores condiciones de trabajo, Saltillo y Querétaro.
Total
El Inegi considera 33 zonas metropolitanas en su ENOE, que en conjunto suman una población total de 53.2 millones de personas, cifra que representa 42.7% de todo el país.
En población ocupada, las 33 zonas metropolitanas llegan a 24.4 millones de habitantes. De este dato, el nivel de ingresos es el siguiente: 25.7% gana más de uno hasta dos salarios mínimos, 20.4% más de dos hasta tres salarios mínimos, 18.2% no se especifica, 15.5% percibe más de tres hasta cinco salarios mínimos, 11.5% hasta un salario mínimo, 6.0% más de cinco salarios mínimos y 2.7% no recibe ingresos (trabajadores dependientes no remunerados y los trabajadores por cuenta propia dedicados a actividades agrícolas de subsistencia). Mientras 51.9% de los ocupados no tienen acceso a instituciones de salud.
“El gobernador acepta que está fuera de control 80 por ciento del estado, y que solo es segura la Costa Chica y Costa Grande, y que todo lo demás está en riesgo”, señalo Beatriz Mojica.
– Tiempos de Guerrero.
El Gobierno estatal de Guerrero reprochó a los Municipios y sus policías por no actuar en contra de la delincuencia.
Este jueves, el Gobernador Héctor Astudillo se quejó de los agentes municipales. En tanto, el Secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, dijo que la mayoría de los 81 Alcaldes de Guerrero son “irresponsables” e “indolentes” porque no utilizan recursos para capacitar a sus policías municipales.
Salazar Adame confirmo que hay 2 mil elementos municipales, en Guerrero, los que están en la corporación sin haber validado los exámenes de control y confianza, pidió a los Alcaldes que apliquen los recursos que reciben para el mejoramiento de sus policías
La inseguridad y la violencia que se ha vivido en algunos destinos turísticos del país como en Acapulco, debe erradicarse para evitar que el mercado internacional caiga, afirmó Christian Kremes, director general de Best Day.
Por BERENICE LUNA.
En el marco de la edición 42 del Tianguis Turístico 2017 -que se llevó a cabo en el puerto de Acapulco- el directivo hizo un llamado a las autoridades para evitar que la violencia alcance a destinos como Los Cabos o Cancún, como paso en Acapulco, ya que estos dos destinos representan los primeros lugares en preferencia del turismo internacional.
Recordó que desde hace unos años esta problemática alcanzó a Acapulco, por lo que los visitantes internacionales prefirieron buscar nuevas opciones para vacacionar. Con ello, determinó que la plataforma ha percibido que del total del turismo que recibe el destino, el 97% corresponde a turismo nacional.
“La inseguridad sí le ha pegado mucho a Acapulco; sin embargo, Cancún y Los Cabos también tienen que tener cuidado, por ello es importante hacer un llamado a los gobiernos locales para que entiendan que la inseguridad acaba con el turismo, con inversiones, con empleos como sucedió en Acapulco. El interés de todos es que los gobiernos estatales y el gobierno federal nos ayuden a controlar la violencia”, aseveró.
Detalló que Los Cabos recibe más mercado internacional de norteamericanos y canadienses, mientras que Cancún es preferido por visitantes europeos y sudamericanos, dejando así a Acapulco en tercer lugar de importancia. “El 97% de lo que vendemos para Acapulco es unicamente para clientes mexicanos”.
ACAPULCO, Gro., 17 de enero de 2017.- Una pareja fue hallada estrangulada esta madrugada en la playa Papagayo, entre el hotel Krystal y el Asta bandera, ubicados sobre la costera Miguel Alemán del puerto. Aproximadamente a las 2 de la mañana, una llamada al teléfono de emergencia 911 reportó que había dos personas sin vida sobre la franja de arena. Efectivos del Ejército y policías turísticos acudieron al lugar donde encontraron los cuerpos de una mujer y un hombre, quienes, de acuerdo con peritos de la Fiscalía de Guerrero, fueron asesinados por estrangulamiento.
La mujer vestía una blusa blanca y una bermuda de mezclilla azul, con una bolsa trenzada al pecho. A unos dos metros fue hallado el cadáver del hombre, quien tenía las manos atadas. Vestía una playera blanca y un pantalón de mezclilla azul.
La inversión extranjera en la industria del turismo se desaceleró a su menor nivel en los últimos siete años, debido a la falta de nuevos polos de desarrollo en centros de playa y destinos al interior del País.
De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, la Inversión Extranjera Directa en el turismo fue de 413 millones de dólares entre enero y septiembre de este año, se trata del menor flujo productivo desde 2009, para un periodo similar.
Durante el último par de décadas, los inversionistas extranjeros han preferido invertir en departamentos y casas amuebladas con servicios de hotelería en México.
Esta clase de bienes captó 322 mdd entre enero y septiembre, es decir, 78% de la inversión extranjera que llegó hacia la industria.
Los hoteles y moteles se repartieron 20% de los flujos productivos, mientras que los restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida obtuvieron 2%.
El director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, José Luis de la Cruz, opinó que la menor inversión extranjera en el sector se debe a la falta de nuevos polos de desarrollo turístico.
Expuso que la inversión foránea tiene nichos muy consolidados, como son los destinos de Cancún y Playa del Carmen, así como Los Cabos y Acapulco, que generan buenos negocios, pero sin implicar inversiones adicionales significativas.
“Se necesitan polos de desarrollo turístico que impliquen una nueva oleada de flujos productivos en centros de playa, que regularmente captan mayor inversión extranjera, y en destinos al interior del País como zonas arqueológicas o coloniales”, opinó De la Cruz.
Reconoció que la llamada industria sin chimeneas ha sido muy golpeada por los problemas de inseguridad que hay en el país, un elemento que ha jugado contra el sector durante la última década y como como ejemplo la situación por la que pasa el puerto de Acapulco.
En octubre de 2015 el hombre fuerte del Gobierno mexicano, Miguel Ángel Osorio Chong, acudió a la toma de posesión del gobernador del Estado de Guerrero. El PRI volvía al poder en la entidad tras diez años de ausencia. El elegido, Héctor Astudillo, llegaba a poner orden. Político veterano, Astudillo había gestionado la alcaldía de la capital del estado en dos periodos. La experiencia era su gran valor.
Guerrero atravesaba entonces una crisis galopante. 43 estudiantes de una escuela rural habían desaparecido meses antes a manos de policías y criminales. Las autoridades apuntaban además a políticos locales como autores intelectuales de lo ocurrido. El gobernador Ángel Aguirre, del PRD, tuvo que dejar el cargo por la presión. Meses más tarde, la presencia de Osorio en la toma de posesión de Astudillo simbolizaba el respaldo del Gobierno federal a la nueva administración. Ese mismo día, Osorio Chong anunciaba una nueva estrategia de seguridad para el estado. “Se fortalecerá y focalizará la atención de las fuerzas federales en Guerrero, especialmente en aquellas regiones con altos índices de violencia”, dijo.
Desde entonces, el número de asesinatos en la entidad no ha hecho más que aumentar. En noviembre de 2015, después del anuncio de Osorio, 173 personas morían asesinadas, 47 más que en el mismo mes del año anterior. En diciembre fueron 72 más, en enero 28, en febrero, 20, en marzo 33… Entremedias, el Ejecutivo estatal ha anunciado nuevas estrategias, operativos especiales, reuniones mensuales con autoridades federales y demás iniciativas. Este lunes ha ocurrido de nuevo.
Después de un fin de semana especialmente sangriento, el portavoz del Grupo Coordinación Guerrero, que integra al Ejército, la Marina, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal y sus pares estatales, ha anunciado un nuevo plan contra la delincuencia. Roberto Álvarez ha explicado que reforzarán la seguridad en Arcelia, Teloloapan, Ajuchitlán Tixtla y Chilapa. Los tres primeros son pueblos de la región de Tierra Caliente, que colinda con el Estado de México y Michoacán. Una banda de secuestradores, Los Tequileros, mantiene en cautiverio a siete vecinos de Ajuchitlán desde el jueves pasado. Los Tequileros son expertos en secuestros masivos. En enero se llevaron a 27 personas de Arcelia y Ajuchitlán. En ambas ocasiones han pedido rescates. El fiscal de Guerrero, Xavier Olea, explicaba ayer en el noticiero estelar de la cadena Televisa que Los Tequileros están en guerra contra el grupo de El Pescado, La Familia. “El Tequilero trabajaba antes con El Pescado y luego se pelearon”, detalló.
En Teloloapan la situación parece igualmente complicada. Este fin de semana aparecieron los cadáveres de tres herreros, vecinos del municipio, que llevaban dos semanas secuestrados. El grupo local de autodefensas, la Policía Tecampanera, acusa a La Familia del secuestro y el posterior asesinato. La Familia acusa a su vez a los tecampaneros de ser delincuentes disfrazados, de ser una célula de Guerreros Unidos. Este último grupo es el que estuvo detrás de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala en septiembre de 2014. Apenas dos horas de autobús separan Iguala de Teloloapan.
En Tixtla y la zona metropolitana de Chilpancingo, la violencia arrecia como no se veía hace años. A los nueve cuerpos desmembrados que las autoridades encontraron el fin de semana, se suman las cuatro cabezas que aparecieron este lunes en Zitlala, el pueblo de al lado. La policía las encontró en una hielera portátil tras recibir una llamada. Los uniformados ubicaron además 16 fosas clandestinas en la misma zona, una carretera de tierra a las afueras. Roberto Álvarez indica que estas muertes son consecuencia de la pugna entre dos grupos delictivos, Los Rojos y Los Ardillos. Este lunes por la noche, Denise Maerker informaba en Televisa de que dos de los nueve desmembrados de Tixtla eran sobrinos del líder del Cartel del Sur. De ser así, la guerra del conurbado de Chilpancingo sería una cosa de tres.
Falta por ver en qué se traducirá el nuevo refuerzo de la seguridad anunciado ayer por Álvarez. En Tixtla y Chilapa, las autoridades instalarán de momento tres bases mixtas. Cada una contará con 150 efectivos de cuerpos policiales y militares federales y estatales.
Los niveles de violencia en Guerrero no cesan y tienen en jaque al gobierno de Héctor Astudillo. Por ejemplo, la confrontación entre dos grupos de autodefensa ya causó 28 muertes. Sin embargo, el gobernador priista se enfoca en resolver las complicaciones que implica cubrir anomalías presupuestales de los exgobernadores Ángel Aguirre y Rogelio Ortega, y le deja el creciente problema de la inseguridad a una autoridad federal que no se ve por ningún lado. Este reportaje se escribió antes de la matanza de más de 20 personas el fin de semana.
CHILPANCINGO, GRO.- Desde finales de octubre pasado, los grupos de autodefensa Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) sostienen un conflicto armado por el control de los municipios de Chilpancingo y Juan R. Escudero.
Esos grupos proliferaron durante la gubernatura de Ángel Aguirre y ahora tienen presencia en cinco de las siete regiones del estado, donde ya desplazaron a las autoridades de los tres niveles para asumir funciones de seguridad.
Otros grupos de autodefensa y otras bandas criminales operan en cinco municipios de la Zona Norte y la región de Tierra Caliente: Cocula, Apaxtla, Teloloapan, San Miguel Totolapan y Arcelia.
Cerca de este último municipio, con rumbo a Teloloapan, el pasado sábado 12 los integrantes de la autodefensa La Tecampanera liberaron, después de más de 30 horas de bloqueo, la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano tras pactar un acuerdo con el gobierno del priista Héctor Astudillo para que se investigue al alcalde priista de Arcelia, Adolfo Torales Catalán, por presuntos nexos con el narco.
El gobierno estatal, en voz del secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, también se comprometió con la guardia comunitaria a detener a los hermanos Johnny El Mojarro y José La Fresa Hurtado Olascoaga, así como a Ramiro Bahena Urieta, El Güero Pelayo, señalados como los líderes del grupo delictivo La Familia, afincado en Arcelia.
Ellos también son proveedores de la empresa minera canadiense Torex Gold, asentada en Cocula, y socios del empresario de origen argentino Carlos Ahumada Kurtz, dueño de la minera Beneficiadora de Minerales Temixco.
Ese territorio forma parte del llamado “Cinturón de Oro”, donde Astudillo promueve proyectos de inversión minera en zonas controladas por la delincuencia y marcadas por el desplazamiento masivo de personas, ejecuciones, secuestros y extorsiones, que ya causaron el cierre de minas como la de Campo Morado, de inversión belga, en Arcelia.
El martes 15, al comparecer ante diputados locales, Salazar Adame –quien fue embajador en Colombia durante el sexenio de Felipe Calderón– calificó de ilegales a la mayoría de las autodefensas de Guerrero.
Dijo que para resolver este conflicto propuso que las guardias comunitarias se integren a la Policía Rural que administra el Ejército, “pero no quieren”.
En marzo del presente año, este semanario dio a conocer que, en su Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, Astudillo se declaró incompetente para combatir a las bandas criminales que mantienen la entidad en una prolongada crisis de inseguridad. En ese documento también señaló que algunos grupos de autodefensa “tienen reconocimiento legal y apoyo gubernamental pero otros son ilegales”. No especificó cuáles.
Así, en general, el gobernador afirmó que frecuentemente las autodefensas “son cooptadas por el narco” y que sus prácticas “atentan contra los derechos humanos” de presuntos responsables de algún delito porque realizan “detenciones arbitrarias, aplican la justicia por mano propia, incurren en tortura y hasta homicidios”.
Pacto de impunidad
En medio de la difícil situación social y económica que atraviesa el estado, a finales de octubre Astudillo envió al Congreso local el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2017, donde privilegia el gasto corriente burocrático y contempla un donativo de 47 millones de pesos para la Fundación Teletón, de Televisa.
También plantea solventar el presunto desvío de 6 mil millones de pesos atribuido a sus antecesores, Ángel Aguirre y Rogelio Ortega, mediante recortes a las participaciones federales. El quebranto señalado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proviene de la retención irregular del Impuesto Sobre la Renta y un adeudo con el Servicio de Administración Tributaria desde 2013.
El proyecto, cuya copia tiene Proceso, advierte que para enfrentar el problema de los créditos fiscales que exige la federación, Astudillo está “concertando una estrategia” con el presidente Enrique Peña Nieto y funcionarios de Hacienda con el fin de “establecer convenios para liquidar de forma diferida, incluso con quitas (recorte a las participaciones federales), el nivel del saldo deudor”.
Además, Astudillo y los diputados de la LXI legislatura local exentaron del pago del impuesto por el ejercicio de la profesión a los médicos y, de manera irregular, condonaron el impuesto sobre tenencia y emplacamiento de autobuses a la empresa de Coordinadora del Acabus, S.A. de C.V., monto que este año ascendió a 1 millón 345 mil pesos, indica el informe anual de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Para el próximo año, según el mismo documento, el mandatario pretende otorgar la exención de impuestos a los arrendadores de casas.
Todo esto, pese a que el artículo 28 de la Constitución federal estipula que “quedan prohibidas las exenciones de impuestos” para evitar favorecer a un sector, pues de lo contrario se establece “un verdadero privilegio”.
Enfrentamiento entre autodefensas
La mañana del 24 de octubre los grupos de autodefensa UPOEG y FUSDEG se enfrentaron a balazos en las inmediaciones del poblado de Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero, en la región Centro; murieron siete personas y otras dos quedaron heridas.
Este hecho, que no se ha resuelto judicialmente, provocó un bloqueo carretero de más de 12 horas. Líderes del FUSDEG acusaron al gobernador de actuar en contubernio con el narco y los dirigentes de la UPOEG para recuperar el valle de El Ocotito, plaza estratégica en el corredor de producción de heroína y trasiego de drogas que abarca la ruta Acapulco-Cuernavaca.
A su vez el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, quien tiene una escolta de policías estatales, acusó al gobierno federal de pactar con “paramilitares” al servicio del FUSDEG para frenar la expansión de su grupo armado, el cual, dijo, está cercado por el Ejército en la Costa Chica.
Agregó que el conflicto es político y deriva de un acuerdo del FUSDEG con el gobierno federal para no militarizar el corredor de narcotráfico. “Este monstruo creció tanto que las autoridades no pueden poner orden”, aseguró el líder, quien ya había advertido que tomaría la plaza.
En poco más de un año la disputa entre ambos grupos de autodefensa ha dejado 28 personas asesinadas, dos de la UPOEG y 26 del FUSDEG, que surgió al escindirse aquélla. Ningún crimen ha sido esclarecido.
Pueblo fantasma
El pasado lunes 7, al menos 500 miembros del grupo de autodefensa La Tecampanera, apoyados por guardias comunitarios de Apaxtla y Cuetzala, salieron de Teloloapan en una treintena de vehículos rumbo a la cabecera municipal de Arcelia para rescatar a tres herreros secuestrados el viernes 4 en el poblado de Totoltepec.
Los comunitarios responsabilizan de este crimen al grupo delictivo La Familia, afincado en Arcelia, y denunciaron que los secuestradores pidieron 3 millones para liberar a sus víctimas, que realizaban trabajos de reparación en una escuela.
En su trayecto hacia Arcelia, el convoy de comunitarios fue emboscado a la altura de Los Brasiles y se desató un enfrentamiento que dejó una decena de heridos y varios detenidos.
Al día siguiente, martes 8, el secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, acusó al alcalde priista de Arcelia, Adolfo Torales Catalán, de utilizar al sector transportista como grupo de choque, pues según él Torales ordenó a unos 300 choferes bloquear la vía federal con unidades ligeras y pesadas para impedir que los autodefensas llegaran a la Zona Norte.
La Tecampanera emplazó a las autoridades a garantizar la seguridad en esta región y detener a Torales por contubernio con el crimen organizado.
Por su parte, La Familia utilizó las redes sociales para acusar a los líderes de las autodefensas de municipios de la Zona Norte de estar coludidos con la banda Guerreros Unidos y afirmó que las autoridades estatales y federales conocen bien la situación, pero no hacen nada porque existe una red de complicidades.
El jueves 10, en Teloloapan, hombres armados, mujeres y niños participaron en una marcha. Después de realizar un mitin en la plaza central, decidieron bloquear la carretera federal para impedir el paso hacia Iguala y Ciudad Altamirano. El bloqueo concluyó dos días después.
Durante esos días, la cabecera municipal de Teloloapan se convirtió en un pueblo fantasma porque, desde el miércoles 9, permanecieron cerrados al menos 2 mil comercios, así como las oficinas gubernamentales y las escuelas. La gente se quedó en sus casas ante el riesgo de más enfrentamientos armados entre la autodefensa y sicarios de La Familia.
Esos días fue más evidente la ausencia del gobierno estatal en la Zona Norte y la Costa Chica. Entre los habitantes se comenta que mientras algunos grupos de autodefensa son auspiciados por el gobierno estatal, otros cuentan con respaldo del Ejército o de la Marina. Ninguna de esas instituciones parece apoyar a los civiles desarmados, sean pobladores o turistas.
