Por Mariana Magaldi de Sousa – Material original de Foreign Affairs Latinoamérica Volumen 16 Número 2.

A escasos meses del inicio de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, y en medio de todas las expectativas que suelen acompañar a los grandes acontecimientos mundiales, vale la pena hacer una pausa para formular dos preguntas. En primer lugar, ¿cómo llega el país anfitrión —Brasil— al mayor encuentro deportivo multidisciplinario internacional? En segundo, ¿qué dejarán las olimpiadas? Más que el simple ejercicio de reflexión, las respuestas nos ayudarán a entender los costos, beneficios, riesgos y oportunidades de sucesos de tal magnitud. Asimismo, conviene investigar qué ventajas materiales y sociales tangibles deja para las generaciones futuras.

Cuando Río de Janeiro compitió, en 2009, con Chicago, Madrid y Tokio para organizar los Juegos Olímpicos de 2016, el contexto económico, político y social del país era favorable. Comparado con otros países desarrollados y emergentes, Brasil no había sido tan afectado por la crisis financiera internacional de 2008; el desempleo y la inflación tenían niveles históricamente bajos. Los dirigentes del país, encabezados por Luiz Inácio Lula da Silva, eran reconocidos en todo el mundo por sus políticas sociales de combate a la pobreza y la desigualdad. El optimismo era generalizado y la prensa nacional e internacional afirmaba que el gigante de América Latina había despertado. La portada de la revista inglesa The Economist (en su edición de noviembre de 2009), por ejemplo, mostraba el símbolo emblemático de los cariocas —el Cristo Redentor— despegando, como si fuera un cohete, del cerro del Corcovado con un título muy sugestivo: “Brazil takes off”.

En agosto de 2016, los Juegos Olímpicos se realizarán en un ambiente completamente opuesto. La inflación y el desempleo han alcanzado sus niveles máximos en más de una década. Miles de personas han salido a las calles de varias ciudades para protestar por los precios y la mala calidad de los servicios públicos, así como por los escándalos de corrupción en que se han mezclado miembros del gobierno federal y grandes empresarios. El índice de aprobación del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, es el más bajo en toda la historia del país: 7.7%, según los datos de la última encuesta efectuada por la Confederación Nacional del Transporte. Inmersos en una situación en la que los problemas económicos, la crisis política y la ebullición social prevalecen, muchos brasileños se sienten desesperanzados y sostienen el argumento de que los costos y riesgos de organizar los Juegos Olímpicos superan sus beneficios y oportunidades. Para ellos, solo unos resultados muy positivos de las olimpiadas podrían contrapesar la balanza.

En el dosier de la candidatura de Río de Janeiro 2016, publicado en 2009, se estimó que la inversión total para la realización de los juegos sería de aproximadamente 2800 millones de dólares, destinados principalmente al desarrollo de infraestructura y transporte en cuatro zonas de la ciudad (Barra da Tijuca, Copacabana, Deodoro y Maracanã) y a la construcción de instalaciones para las competencias deportivas. Se generarían 120 000 empleos, además de oportunidades de negocio para más de 7000 pequeñas empresas de diversos sectores. El efecto multiplicador de la inversión generaría una ganancia de 1800 millones de dólares, mientras que en los proyectos de construcción se tendría mucho cuidado de no causar daños ambientales ni trastornos a la población, como los generados por la expropiación de viviendas y los traslados de familias. A largo plazo, la mejor imagen del país proyectada por las olimpiadas atraería un mayor volumen de turistas, inversiones y actividades comerciales. En diciembre de 2014, el Alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, corroboró los pronósticos en audiencia pública: “tengo la convicción de que la historia de las olimpiadas será muy diferente de la historia confusa del Mundial de futbol […]. Los Juegos Olímpicos son una oportunidad para mostrar un Brasil diferente del país que atrasa licitaciones y sobrefactura precios […] es una enorme oportunidad de transformación”.

Las expectativas de los ciudadanos brasileños sobre los resultados de los Juegos Olímpicos también eran muy positivas. En una encuesta realizada en 2011 por la organización no gubernamental Río Cómo Vamos se preguntó cuáles serían los principales beneficios para la ciudad. La gran mayoría de los entrevistados (84%) contestó que las olimpiadas representarían mayores oportunidades de empleo. El 50% mencionó el aumento en la seguridad pública como una posible ganancia, mientras que el 37% citó la mejora en el sistema de transporte.

No obstante lo anterior, con el pasar de los años y el avance de los preparativos se ha constatado que, en gran medida, las proyecciones de ganancias económicas y sociales estaban infladas y los presupuestos de gastos se habían subestimado. No se ha cumplido la promesa de un efecto positivo y multiplicador, lo que ha llevado a muchos a tener una opinión menos optimista y más escéptica de los costos y beneficios de los Juegos Olímpicos. 

INSTALACIONES A MEDIAS

Entre los retrasos de los preparativos, cuatro obras deportivas cruciales han generado preocupaciones por caras y lentas. La construcción del velódromo y del centro de hipismo está atrasada, debido a una pugna judicial entre la alcaldía (que reclama el incumplimiento de las cláusulas contractuales) y las constructoras encargadas del proyecto (que exigen el pago de sus servicios). El centro de tenis está prácticamente concluido, pero su costo real (211.4 millones de reales) ya ha superado el estimado (175.4 millones de reales) en más del 20%. Los trabajos de la pista de remo se paralizaron por la falta de pago por parte de la Secretaría de Estado de Obras, que argumentaba que no había recibido los recursos del gobierno federal a través del Banco do Brasil.

Otras cuatro obras de infraestructura y conservación natural no se entregarán en el tiempo prometido. La línea 4 del metro, que debería conectar la zona sur de la ciudad con el sector principal de las competencias olímpicas (zona oeste) no estará lista para los Juegos Olímpicos. Solo se ha plantado la mitad de los 24 millones de árboles necesarios para compensar la emisión de gases de efecto invernadero, y la limpieza de las lagunas de Barra y Jacarepaguá, vecinas al Parque Olímpico, quedó postergada. El mayor proyecto que no será terminado y que tiene repercusiones deportivas es la descontaminación de la bahía de Guanabara. Ahí se realizarán las competencias de vela y windsurf, pero muchos deportistas prefieren que se transfiera la sede de las pruebas a otro lugar, por la mala calidad del agua.

Además de las obras de infraestructura y de transporte no finalizadas, los desalojos forzados han traicionado otra promesa de las autoridades gubernamentales. Habitantes de la Villa Autódromo, comunidad vecina al Parque Olímpico, fueron sorprendidos por un decreto de remoción forzosa e inmediata de 58 inmuebles, firmado por el Alcalde de Río de Janeiro. A pesar de que el propio Alcalde había asegurado que nadie sería obligado a salir de su casa, en los últimos meses han sido desalojadas 600 familias. De estas, 344 aceptaron mudarse al Parque Carioca, construido especialmente para recibirlas, y otras 108 negociaron indemnizaciones del gobierno.

Según la última actualización de la Matriz de Responsabilidad (una especie de hoja de balance de los Juegos Olímpicos), divulgada por el gobierno en agosto de 2015, el costo total de organizar las olimpiadas ha llegado a 9700 millones de dólares, una cifra tres veces mayor que la estimación original. A pesar de que el gobierno afirme que el 60% de estos gastos fueron cubiertos por la iniciativa privada, lo más seguro es que las cifras todavía aumenten de forma significativa. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia calcula que serán necesarios 9700 efectivos de vigilancia para garantizar el orden dentro de las instalaciones olímpicas. El gasto del traslado, hospedaje y alimentación de estos elementos de la Fuerza Nacional de Seguridad aún no ha sido contabilizado.

En la Matriz de Responsabilidad tampoco se consideran los costos macroeconómicos relacionados con los paros laborales que se esperan, pues la alcaldía presentó un paquete de medidas para los Juegos Olímpicos que incluye feriados y disminución de las jornadas de los servidores públicos y de las empresas que prestan servicios al gobierno. En el Mundial de futbol se tomaron medidas similares que provocaron una caída del 0.6% del PIB del país en el segundo semestre de 2014.

EN MEDIO DE LAS CRISIS

Hasta el posible beneficio a largo plazo de las olimpiadas ya no parece tan evidente. La imagen del país está muy deteriorada. Las agencias de calificación de riesgo crediticio, como Moody’s y Fitch Ratings, han rebajado la nota de Brasil a la categoría especulativa o de “bono basura”. Científicos de todo el mundo reclaman que el país no comparte muestras del virus del Zika para investigar la cura de la enfermedad que lleva su nombre y que ha alcanzado niveles pandémicos. La prensa internacional está pendiente de los escándalos de la trama de corrupción de la petrolera estatal brasileña Petrobras. Lo que convence a un turista o a un inversionista de venir al país no son unos Juegos Olímpicos bien organizados, sino un ambiente político, institucional, económico y social favorable y seguro. Eso es justamente lo que Brasil hoy no tiene y no va a cambiar con 2 semanas de competencias deportivas.

Es cierto que las estimaciones infladas de ganancias y los presupuestos reducidos no son una peculiaridad de los Juegos Olímpicos de Río. Según un estudio de Bent Flyvbjerg y Allison Stewart, profesores de la Universidad de Oxford, en todas las olimpiadas (de verano y de inverno) desde la década de 1960, los costos finales de organización han rebasado —y por mucho— las proyecciones originales, como se muestra en la tabla 4. Para Wolfgang Maennig, experto en economía del deporte de la Universidad de Hamburgo, estos grandes acontecimientos son un “juego de suma cero”, es decir, no hay ningún efecto neto positivo significativo en la generación de empleos, renta o recaudación de impuestos. En muchas ocasiones, el flujo total de turistas disminuye, ya que muchos viajeros tradicionales evitan las ciudades sedes de las competencias. Para el investigador, las olimpiadas son como una gran fiesta: las personas se sienten más felices, pero eso es todo.

Con independencia de lo anterior, lo que distingue a Brasil de los otros casos es la coyuntura delicada, más débil, en la cual ocurrirán los juegos, lo que hace que el país tenga una mayor exposición a los riesgos y una menor capacidad de resistencia de los efectos negativos de posibles incidentes. Una eventualidad podría ser un acto de violencia en contra de los atletas, los turistas, los Jefes de Estado o el público en general, que se calcula que sumará más de 500 000 personas durante los 17 días que duran las olimpiadas. Otra posibilidad podría ser un brote epidémico causado por el virus del Zika, que se relaciona con un repunte del nacimiento de bebés con microcefalia. En cualquiera de los dos casos, el rechazo de la opinión pública y de la comunidad internacional dañaría la imagen del país de forma profunda y por mucho tiempo.

Crisis de seguridad

La crisis económica ha disminuido la capacidad de la mayor economía de Sudamérica para prevenir y remediar los efectos de tales eventualidades. Por ejemplo, la contracción del 3.5% del PIB en 2015, aunada a una aceleración inflacionaria y a una caída del real, han provocado un fuerte reajuste del presupuesto olímpico y han dificultado la preparación de planes de seguridad. Originalmente, se había pensado en recurrir a agentes privados para vigilar y garantizar la seguridad de las 33 instalaciones donde ocurrirán las competencias, la Villa Olímpica y la Villa de los Árbitros. Ahora, todo estará a cargo del gobierno federal. La pacificación del Complejo de Maré —un conjunto de dieciséis favelas situado entre el aeropuerto internacional de Río de Janeiro y el centro de la ciudad—, por donde pasarán los turistas y las delegaciones, ha sido pospuesta por tiempo indefinido. Para el Mundial de futbol de 2014, el gobernador del estado solicitó a la presidenta Rousseff que enviara fuerzas armadas para ocupar la zona. Las tropas del ejército desocuparon el complejo después de un año y medio, pero hasta el momento, no hay planes para que regresen antes de las olimpiadas. A pesar de que habrá un fuerte contingente policiaco en los alrededores de aeropuertos, hoteles, estaciones del metro y locales comunes de circulación de turistas, los lugares fuera del circuito oficial contarán solamente con los recursos cotidianos de vigilancia. Se repartirá material informativo recomendando a los visitantes que se desplacen en grupos y que no salgan del perímetro definido de seguridad, para evitar incidentes indeseables.

Los planes y medidas para evitar un posible ataque terrorista también han tenido problemas por la crisis económica. A pesar de que Brasil no es blanco de grupos extremistas internacionales, el terrorismo es una gran preocupación de los organizadores de los Juegos Olímpicos. Según Saulo Moura da Cunha, Director del Departamento de Integración del Sistema Brasileño de Inteligencia, el esquema de vigilancia en contra el terrorismo será coordinado por el Centro de Inteligencia Nacional en Brasilia, por el Centro de Inteligencia de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro y por otros diez centros regionales de inteligencia. De estos, solo el centro de Brasilia está en pleno funcionamiento. Para los otros, no hay una “fecha fija” de inicio de las operaciones.

Crisis política

De forma similar, la crisis política ha comprometido la capacidad del país para responder a los grandes desafíos que se avecinan al terminar los Juegos Olímpicos. Durante 2016, la mandataria deberá recabar apoyo para no tener que enfrentar un juicio político que la destituya de la presidencia. Rousseff es acusada de violar las leyes fiscales del país y manipular las finanzas públicas para lograr su reelección en 2014. El trámite del juicio fue autorizado por el Presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien también enfrenta una investigación de la Comisión de Ética de la Cámara por ocultación de bienes y por omitir información en las investigaciones de corrupción en Petrobras. Como muchos otros miembros de los partidos oficialistas y de oposición, Cunha se ha proclamado en contra del gobierno, lo que ha obstaculizado las negociaciones necesarias para la aprobación de proyectos y medidas importantes para el país y para los Juegos Olímpicos. En particular, se destaca la dificultad de alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto fiscal del gobierno para 2016. La propuesta original contenía una exención de 3000 millones de reales, el equivalente al 10% del déficit estimado; sin embargo, ha sido cuestionada y no está claro si se aplicará o no.

La poca capacidad de negociación política de la Presidenta también ha afectado los esfuerzos de combate al mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus del Zika. Las fuerzas armadas han estado entre los grandes protagonistas de la lucha contra el mosquito, con un contingente de alrededor de 220 000 efectivos dedicados a impulsar una campaña de información y limpieza de focos contaminantes en varias ciudades; sin embargo, estos refuerzos no han llegado a las zonas más infectadas de Río de Janeiro, que son justamente las comunidades con altos índices de violencia y poca sanidad básica. La entrada de los militares en zonas donde actúan grupos de narcotraficantes requiere que la Presidenta autorice una operación de Garantía de la Ley y el Orden, lo cual es poco probable, dada la falta de apoyo político dentro y fuera de su gobierno.

EL DESENLACE OLÍMPICO

Con tantas promesas malogradas, beneficios materiales frustrados y riesgos latentes, pareciera que solo grandes resultados sociales compensarían las dificultades de haber organizado los Juegos Olímpicos e inculcarían de nuevo un sentimiento de optimismo y euforia. Más allá de la difusión de los valores olímpicos de excelencia, solidaridad, respeto y juego limpio, lo que las olimpiadas representan son una oportunidad de inclusión social y ejercicio de la ciudadanía para miles de jóvenes vulnerables. Brasil es un país joven con 65 millones de personas de 18 años o menos y 34 millones con edades de entre 15 y 24 años. Gran parte de este grupo no va a la escuela, no tiene empleo y carece de una formación profesional. El acceso al deporte, a la cultura y a un entrenamiento profesional puede darles un medio de generar ingresos y prosperar en un ambiente más sano.

Para eso, los tres niveles de gobierno deben empeñarse en implantar políticas públicas que atiendan las necesidades de los jóvenes después de los juegos. Ya se han propuesto algunas iniciativas con la esperanza de que tengan un gran efecto positivo. Un ejemplo es el acuerdo de cooperación firmado por el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y el Banco Interamericano de Desarrollo para impulsar proyectos de inclusión social por medio del deporte. Por tanto, las olimpiadas pueden abrir una oportunidad para emprender proyectos, discutir prioridades y canalizar recursos que beneficien a las poblaciones menos favorecidas. Solo así serán algo más que una gran fiesta: un parteaguas, un detonador de un futuro mejor para las próximas generaciones.

MARIANA MAGALDI DE SOUSA es profesora investigadora de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Es licenciada en Relaciones Internacionales por el Claremont McKenna College, así como maestra en Economía y doctora en Ciencia Política por la University of Notre Dame. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Sígala en Twitter en @mmagaldis.