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Sin justicia, sin dinero y sin gobierno en Guerrero

Por Ezequiel Flores.

Los niveles de violencia en Guerrero no cesan y tienen en jaque al gobierno de Héctor Astudillo. Por ejemplo, la confrontación entre dos grupos de autodefensa ya causó 28 muertes. Sin embargo, el gobernador priista se enfoca en resolver las complicaciones que implica cubrir anomalías presupuestales de los exgobernadores Ángel Aguirre y Rogelio Ortega, y le deja el creciente problema de la inseguridad a una autoridad federal que no se ve por ningún lado. Este reportaje se escribió antes de la matanza de más de 20 personas el fin de semana.

CHILPANCINGO, GRO.- Desde finales de octubre pasado, los grupos de autodefensa Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) sostienen un conflicto armado por el control de los municipios de Chilpancingo y Juan R. Escudero.

Esos grupos proliferaron durante la gubernatura de Ángel Aguirre y ahora tienen presencia en cinco de las siete regiones del estado, donde ya desplazaron a las autoridades de los tres niveles para asumir funciones de seguridad.

Otros grupos de autodefensa y otras bandas criminales operan en cinco municipios de la Zona Norte y la región de Tierra Caliente: Cocula, Apaxtla, Teloloapan, San Miguel Totolapan y Arcelia.

Cerca de este último municipio, con rumbo a Teloloapan, el pasado sábado 12 los integrantes de la autodefensa La Tecampanera liberaron, después de más de 30 horas de bloqueo, la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano tras pactar un acuerdo con el gobierno del priista Héctor Astudillo para que se investigue al alcalde priista de Arcelia, Adolfo Torales Catalán, por presuntos nexos con el narco.

El gobierno estatal, en voz del secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, también se comprometió con la guardia comunitaria a detener a los hermanos Johnny El Mojarro y José La Fresa Hurtado Olascoaga, así como a Ramiro Bahena Urieta, El Güero Pelayo, señalados como los líderes del grupo delictivo La Familia, afincado en Arcelia.

Ellos también son proveedores de la empresa minera canadiense Torex Gold, asentada en Cocula, y socios del empresario de origen argentino Carlos Ahumada Kurtz, dueño de la minera Beneficiadora de Minerales Temixco.

Ese territorio forma parte del llamado “Cinturón de Oro”, donde Astudillo promueve proyectos de inversión minera en zonas controladas por la delincuencia y marcadas por el desplazamiento masivo de personas, ejecuciones, secuestros y extorsiones, que ya causaron el cierre de minas como la de Campo Morado, de inversión belga, en Arcelia.

El martes 15, al comparecer ante diputados locales, Salazar Adame –quien fue embajador en Colombia durante el sexenio de Felipe Calderón– calificó de ilegales a la mayoría de las autodefensas de Guerrero.

Dijo que para resolver este conflicto propuso que las guardias comunitarias se integren a la Policía Rural que administra el Ejército, “pero no quieren”.

En marzo del presente año, este semanario dio a conocer que, en su Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, Astudillo se declaró incompetente para combatir a las bandas criminales que mantienen la entidad en una prolongada crisis de inseguridad. En ese documento también señaló que algunos grupos de autodefensa “tienen reconocimiento legal y apoyo gubernamental pero otros son ilegales”. No especificó cuáles.

Así, en general, el gobernador afirmó que frecuentemente las autodefensas “son cooptadas por el narco” y que sus prácticas “atentan contra los derechos humanos” de presuntos responsables de algún delito porque realizan “detenciones arbitrarias, aplican la justicia por mano propia, incurren en tortura y hasta homicidios”.

Pacto de impunidad

En medio de la difícil situación social y económica que atraviesa el estado, a finales de octubre Astudillo envió al Congreso local el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2017, donde privilegia el gasto corriente burocrático y contempla un donativo de 47 millones de pesos para la Fundación Teletón, de Televisa.

También plantea solventar el presunto desvío de 6 mil millones de pesos atribuido a sus antecesores, Ángel Aguirre y Rogelio Ortega, mediante recortes a las participaciones federales. El quebranto señalado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proviene de la retención irregular del Impuesto Sobre la Renta y un adeudo con el Servicio de Administración Tributaria desde 2013.

El proyecto, cuya copia tiene Proceso, advierte que para enfrentar el problema de los créditos fiscales que exige la federación, Astudillo está “concertando una estrategia” con el presidente Enrique Peña Nieto y funcionarios de Hacienda con el fin de “establecer convenios para liquidar de forma diferida, incluso con quitas (recorte a las participaciones federales), el nivel del saldo deudor”.

Además, Astudillo y los diputados de la LXI legislatura local exentaron del pago del impuesto por el ejercicio de la profesión a los médicos y, de manera irregular, condonaron el impuesto sobre tenencia y emplacamiento de autobuses a la empresa de Coordinadora del Acabus, S.A. de C.V., monto que este año ascendió a 1 millón 345 mil pesos, indica el informe anual de la Secretaría de Finanzas y Administración.

Para el próximo año, según el mismo documento, el mandatario pretende otorgar la exención de impuestos a los arrendadores de casas.

Todo esto, pese a que el artículo 28 de la Constitución federal estipula que “quedan prohibidas las exenciones de impuestos” para evitar favorecer a un sector, pues de lo contrario se establece “un verdadero privilegio”.

Enfrentamiento entre autodefensas

La mañana del 24 de octubre los grupos de autodefensa UPOEG y FUSDEG se enfrentaron a balazos en las inmediaciones del poblado de Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero, en la región Centro; murieron siete personas y otras dos quedaron heridas.

Este hecho, que no se ha resuelto judicialmente, provocó un bloqueo carretero de más de 12 horas. Líderes del FUSDEG acusaron al gobernador de actuar en contubernio con el narco y los dirigentes de la UPOEG para recuperar el valle de El Ocotito, plaza estratégica en el corredor de producción de heroína y trasiego de drogas que abarca la ruta Acapulco-Cuernavaca.

A su vez el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, quien tiene una escolta de policías estatales, acusó al gobierno federal de pactar con “paramilitares” al servicio del FUSDEG para frenar la expansión de su grupo armado, el cual, dijo, está cercado por el Ejército en la Costa Chica.

Agregó que el conflicto es político y deriva de un acuerdo del FUSDEG con el gobierno federal para no militarizar el corredor de narcotráfico. “Este monstruo creció tanto que las autoridades no pueden poner orden”, aseguró el líder, quien ya había advertido que tomaría la plaza.

En poco más de un año la disputa entre ambos grupos de autodefensa ha dejado 28 personas asesinadas, dos de la UPOEG y 26 del FUSDEG, que surgió al escindirse aquélla. Ningún crimen ha sido esclarecido.

Pueblo fantasma

El pasado lunes 7, al menos 500 miembros del grupo de autodefensa La Tecampanera, apoyados por guardias comunitarios de Apaxtla y Cuetzala, salieron de Teloloapan en una treintena de vehículos rumbo a la cabecera municipal de Arcelia para rescatar a tres herreros secuestrados el viernes 4 en el poblado de Totoltepec.

Los comunitarios responsabilizan de este crimen al grupo delictivo La Familia, afincado en Arcelia, y denunciaron que los secuestradores pidieron 3 millones para liberar a sus víctimas, que realizaban trabajos de reparación en una escuela.

En su trayecto hacia Arcelia, el convoy de comunitarios fue emboscado a la altura de Los Brasiles y se desató un enfrentamiento que dejó una decena de heridos y varios detenidos.

Al día siguiente, martes 8, el secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, acusó al alcalde priista de Arcelia, Adolfo Torales Catalán, de utilizar al sector transportista como grupo de choque, pues según él Torales ordenó a unos 300 choferes bloquear la vía federal con unidades ligeras y pesadas para impedir que los autodefensas llegaran a la Zona Norte.

La Tecampanera emplazó a las autoridades a garantizar la seguridad en esta región y detener a Torales por contubernio con el crimen organizado.

Por su parte, La Familia utilizó las redes sociales para acusar a los líderes de las autodefensas de municipios de la Zona Norte de estar coludidos con la banda Guerreros Unidos y afirmó que las autoridades estatales y federales conocen bien la situación, pero no hacen nada porque existe una red de complicidades.

El jueves 10, en Teloloapan, hombres armados, mujeres y niños participaron en una marcha. Después de realizar un mitin en la plaza central, decidieron bloquear la carretera federal para impedir el paso hacia Iguala y Ciudad Altamirano. El bloqueo concluyó dos días después.

Durante esos días, la cabecera municipal de Teloloapan se convirtió en un pueblo fantasma porque, desde el miércoles 9, permanecieron cerrados al menos 2 mil comercios, así como las oficinas gubernamentales y las escuelas. La gente se quedó en sus casas ante el riesgo de más enfrentamientos armados entre la autodefensa y sicarios de La Familia.

Esos días fue más evidente la ausencia del gobierno estatal en la Zona Norte y la Costa Chica. Entre los habitantes se comenta que mientras algunos grupos de autodefensa son auspiciados por el gobierno estatal, otros cuentan con respaldo del Ejército o de la Marina. Ninguna de esas instituciones parece apoyar a los civiles desarmados, sean pobladores o turistas.

El largo camino de Brasil hacia los Juegos Olímpicos de Río 2016

Por Mariana Magaldi de Sousa – Material original de Foreign Affairs Latinoamérica Volumen 16 Número 2.

A escasos meses del inicio de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, y en medio de todas las expectativas que suelen acompañar a los grandes acontecimientos mundiales, vale la pena hacer una pausa para formular dos preguntas. En primer lugar, ¿cómo llega el país anfitrión —Brasil— al mayor encuentro deportivo multidisciplinario internacional? En segundo, ¿qué dejarán las olimpiadas? Más que el simple ejercicio de reflexión, las respuestas nos ayudarán a entender los costos, beneficios, riesgos y oportunidades de sucesos de tal magnitud. Asimismo, conviene investigar qué ventajas materiales y sociales tangibles deja para las generaciones futuras.

Cuando Río de Janeiro compitió, en 2009, con Chicago, Madrid y Tokio para organizar los Juegos Olímpicos de 2016, el contexto económico, político y social del país era favorable. Comparado con otros países desarrollados y emergentes, Brasil no había sido tan afectado por la crisis financiera internacional de 2008; el desempleo y la inflación tenían niveles históricamente bajos. Los dirigentes del país, encabezados por Luiz Inácio Lula da Silva, eran reconocidos en todo el mundo por sus políticas sociales de combate a la pobreza y la desigualdad. El optimismo era generalizado y la prensa nacional e internacional afirmaba que el gigante de América Latina había despertado. La portada de la revista inglesa The Economist (en su edición de noviembre de 2009), por ejemplo, mostraba el símbolo emblemático de los cariocas —el Cristo Redentor— despegando, como si fuera un cohete, del cerro del Corcovado con un título muy sugestivo: “Brazil takes off”.

En agosto de 2016, los Juegos Olímpicos se realizarán en un ambiente completamente opuesto. La inflación y el desempleo han alcanzado sus niveles máximos en más de una década. Miles de personas han salido a las calles de varias ciudades para protestar por los precios y la mala calidad de los servicios públicos, así como por los escándalos de corrupción en que se han mezclado miembros del gobierno federal y grandes empresarios. El índice de aprobación del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, es el más bajo en toda la historia del país: 7.7%, según los datos de la última encuesta efectuada por la Confederación Nacional del Transporte. Inmersos en una situación en la que los problemas económicos, la crisis política y la ebullición social prevalecen, muchos brasileños se sienten desesperanzados y sostienen el argumento de que los costos y riesgos de organizar los Juegos Olímpicos superan sus beneficios y oportunidades. Para ellos, solo unos resultados muy positivos de las olimpiadas podrían contrapesar la balanza.

En el dosier de la candidatura de Río de Janeiro 2016, publicado en 2009, se estimó que la inversión total para la realización de los juegos sería de aproximadamente 2800 millones de dólares, destinados principalmente al desarrollo de infraestructura y transporte en cuatro zonas de la ciudad (Barra da Tijuca, Copacabana, Deodoro y Maracanã) y a la construcción de instalaciones para las competencias deportivas. Se generarían 120 000 empleos, además de oportunidades de negocio para más de 7000 pequeñas empresas de diversos sectores. El efecto multiplicador de la inversión generaría una ganancia de 1800 millones de dólares, mientras que en los proyectos de construcción se tendría mucho cuidado de no causar daños ambientales ni trastornos a la población, como los generados por la expropiación de viviendas y los traslados de familias. A largo plazo, la mejor imagen del país proyectada por las olimpiadas atraería un mayor volumen de turistas, inversiones y actividades comerciales. En diciembre de 2014, el Alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, corroboró los pronósticos en audiencia pública: “tengo la convicción de que la historia de las olimpiadas será muy diferente de la historia confusa del Mundial de futbol […]. Los Juegos Olímpicos son una oportunidad para mostrar un Brasil diferente del país que atrasa licitaciones y sobrefactura precios […] es una enorme oportunidad de transformación”.

Las expectativas de los ciudadanos brasileños sobre los resultados de los Juegos Olímpicos también eran muy positivas. En una encuesta realizada en 2011 por la organización no gubernamental Río Cómo Vamos se preguntó cuáles serían los principales beneficios para la ciudad. La gran mayoría de los entrevistados (84%) contestó que las olimpiadas representarían mayores oportunidades de empleo. El 50% mencionó el aumento en la seguridad pública como una posible ganancia, mientras que el 37% citó la mejora en el sistema de transporte.

No obstante lo anterior, con el pasar de los años y el avance de los preparativos se ha constatado que, en gran medida, las proyecciones de ganancias económicas y sociales estaban infladas y los presupuestos de gastos se habían subestimado. No se ha cumplido la promesa de un efecto positivo y multiplicador, lo que ha llevado a muchos a tener una opinión menos optimista y más escéptica de los costos y beneficios de los Juegos Olímpicos. 

INSTALACIONES A MEDIAS

Entre los retrasos de los preparativos, cuatro obras deportivas cruciales han generado preocupaciones por caras y lentas. La construcción del velódromo y del centro de hipismo está atrasada, debido a una pugna judicial entre la alcaldía (que reclama el incumplimiento de las cláusulas contractuales) y las constructoras encargadas del proyecto (que exigen el pago de sus servicios). El centro de tenis está prácticamente concluido, pero su costo real (211.4 millones de reales) ya ha superado el estimado (175.4 millones de reales) en más del 20%. Los trabajos de la pista de remo se paralizaron por la falta de pago por parte de la Secretaría de Estado de Obras, que argumentaba que no había recibido los recursos del gobierno federal a través del Banco do Brasil.

Otras cuatro obras de infraestructura y conservación natural no se entregarán en el tiempo prometido. La línea 4 del metro, que debería conectar la zona sur de la ciudad con el sector principal de las competencias olímpicas (zona oeste) no estará lista para los Juegos Olímpicos. Solo se ha plantado la mitad de los 24 millones de árboles necesarios para compensar la emisión de gases de efecto invernadero, y la limpieza de las lagunas de Barra y Jacarepaguá, vecinas al Parque Olímpico, quedó postergada. El mayor proyecto que no será terminado y que tiene repercusiones deportivas es la descontaminación de la bahía de Guanabara. Ahí se realizarán las competencias de vela y windsurf, pero muchos deportistas prefieren que se transfiera la sede de las pruebas a otro lugar, por la mala calidad del agua.

Además de las obras de infraestructura y de transporte no finalizadas, los desalojos forzados han traicionado otra promesa de las autoridades gubernamentales. Habitantes de la Villa Autódromo, comunidad vecina al Parque Olímpico, fueron sorprendidos por un decreto de remoción forzosa e inmediata de 58 inmuebles, firmado por el Alcalde de Río de Janeiro. A pesar de que el propio Alcalde había asegurado que nadie sería obligado a salir de su casa, en los últimos meses han sido desalojadas 600 familias. De estas, 344 aceptaron mudarse al Parque Carioca, construido especialmente para recibirlas, y otras 108 negociaron indemnizaciones del gobierno.

Según la última actualización de la Matriz de Responsabilidad (una especie de hoja de balance de los Juegos Olímpicos), divulgada por el gobierno en agosto de 2015, el costo total de organizar las olimpiadas ha llegado a 9700 millones de dólares, una cifra tres veces mayor que la estimación original. A pesar de que el gobierno afirme que el 60% de estos gastos fueron cubiertos por la iniciativa privada, lo más seguro es que las cifras todavía aumenten de forma significativa. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia calcula que serán necesarios 9700 efectivos de vigilancia para garantizar el orden dentro de las instalaciones olímpicas. El gasto del traslado, hospedaje y alimentación de estos elementos de la Fuerza Nacional de Seguridad aún no ha sido contabilizado.

En la Matriz de Responsabilidad tampoco se consideran los costos macroeconómicos relacionados con los paros laborales que se esperan, pues la alcaldía presentó un paquete de medidas para los Juegos Olímpicos que incluye feriados y disminución de las jornadas de los servidores públicos y de las empresas que prestan servicios al gobierno. En el Mundial de futbol se tomaron medidas similares que provocaron una caída del 0.6% del PIB del país en el segundo semestre de 2014.

EN MEDIO DE LAS CRISIS

Hasta el posible beneficio a largo plazo de las olimpiadas ya no parece tan evidente. La imagen del país está muy deteriorada. Las agencias de calificación de riesgo crediticio, como Moody’s y Fitch Ratings, han rebajado la nota de Brasil a la categoría especulativa o de “bono basura”. Científicos de todo el mundo reclaman que el país no comparte muestras del virus del Zika para investigar la cura de la enfermedad que lleva su nombre y que ha alcanzado niveles pandémicos. La prensa internacional está pendiente de los escándalos de la trama de corrupción de la petrolera estatal brasileña Petrobras. Lo que convence a un turista o a un inversionista de venir al país no son unos Juegos Olímpicos bien organizados, sino un ambiente político, institucional, económico y social favorable y seguro. Eso es justamente lo que Brasil hoy no tiene y no va a cambiar con 2 semanas de competencias deportivas.

Es cierto que las estimaciones infladas de ganancias y los presupuestos reducidos no son una peculiaridad de los Juegos Olímpicos de Río. Según un estudio de Bent Flyvbjerg y Allison Stewart, profesores de la Universidad de Oxford, en todas las olimpiadas (de verano y de inverno) desde la década de 1960, los costos finales de organización han rebasado —y por mucho— las proyecciones originales, como se muestra en la tabla 4. Para Wolfgang Maennig, experto en economía del deporte de la Universidad de Hamburgo, estos grandes acontecimientos son un “juego de suma cero”, es decir, no hay ningún efecto neto positivo significativo en la generación de empleos, renta o recaudación de impuestos. En muchas ocasiones, el flujo total de turistas disminuye, ya que muchos viajeros tradicionales evitan las ciudades sedes de las competencias. Para el investigador, las olimpiadas son como una gran fiesta: las personas se sienten más felices, pero eso es todo.

Con independencia de lo anterior, lo que distingue a Brasil de los otros casos es la coyuntura delicada, más débil, en la cual ocurrirán los juegos, lo que hace que el país tenga una mayor exposición a los riesgos y una menor capacidad de resistencia de los efectos negativos de posibles incidentes. Una eventualidad podría ser un acto de violencia en contra de los atletas, los turistas, los Jefes de Estado o el público en general, que se calcula que sumará más de 500 000 personas durante los 17 días que duran las olimpiadas. Otra posibilidad podría ser un brote epidémico causado por el virus del Zika, que se relaciona con un repunte del nacimiento de bebés con microcefalia. En cualquiera de los dos casos, el rechazo de la opinión pública y de la comunidad internacional dañaría la imagen del país de forma profunda y por mucho tiempo.

Crisis de seguridad

La crisis económica ha disminuido la capacidad de la mayor economía de Sudamérica para prevenir y remediar los efectos de tales eventualidades. Por ejemplo, la contracción del 3.5% del PIB en 2015, aunada a una aceleración inflacionaria y a una caída del real, han provocado un fuerte reajuste del presupuesto olímpico y han dificultado la preparación de planes de seguridad. Originalmente, se había pensado en recurrir a agentes privados para vigilar y garantizar la seguridad de las 33 instalaciones donde ocurrirán las competencias, la Villa Olímpica y la Villa de los Árbitros. Ahora, todo estará a cargo del gobierno federal. La pacificación del Complejo de Maré —un conjunto de dieciséis favelas situado entre el aeropuerto internacional de Río de Janeiro y el centro de la ciudad—, por donde pasarán los turistas y las delegaciones, ha sido pospuesta por tiempo indefinido. Para el Mundial de futbol de 2014, el gobernador del estado solicitó a la presidenta Rousseff que enviara fuerzas armadas para ocupar la zona. Las tropas del ejército desocuparon el complejo después de un año y medio, pero hasta el momento, no hay planes para que regresen antes de las olimpiadas. A pesar de que habrá un fuerte contingente policiaco en los alrededores de aeropuertos, hoteles, estaciones del metro y locales comunes de circulación de turistas, los lugares fuera del circuito oficial contarán solamente con los recursos cotidianos de vigilancia. Se repartirá material informativo recomendando a los visitantes que se desplacen en grupos y que no salgan del perímetro definido de seguridad, para evitar incidentes indeseables.

Los planes y medidas para evitar un posible ataque terrorista también han tenido problemas por la crisis económica. A pesar de que Brasil no es blanco de grupos extremistas internacionales, el terrorismo es una gran preocupación de los organizadores de los Juegos Olímpicos. Según Saulo Moura da Cunha, Director del Departamento de Integración del Sistema Brasileño de Inteligencia, el esquema de vigilancia en contra el terrorismo será coordinado por el Centro de Inteligencia Nacional en Brasilia, por el Centro de Inteligencia de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro y por otros diez centros regionales de inteligencia. De estos, solo el centro de Brasilia está en pleno funcionamiento. Para los otros, no hay una “fecha fija” de inicio de las operaciones.

Crisis política

De forma similar, la crisis política ha comprometido la capacidad del país para responder a los grandes desafíos que se avecinan al terminar los Juegos Olímpicos. Durante 2016, la mandataria deberá recabar apoyo para no tener que enfrentar un juicio político que la destituya de la presidencia. Rousseff es acusada de violar las leyes fiscales del país y manipular las finanzas públicas para lograr su reelección en 2014. El trámite del juicio fue autorizado por el Presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien también enfrenta una investigación de la Comisión de Ética de la Cámara por ocultación de bienes y por omitir información en las investigaciones de corrupción en Petrobras. Como muchos otros miembros de los partidos oficialistas y de oposición, Cunha se ha proclamado en contra del gobierno, lo que ha obstaculizado las negociaciones necesarias para la aprobación de proyectos y medidas importantes para el país y para los Juegos Olímpicos. En particular, se destaca la dificultad de alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto fiscal del gobierno para 2016. La propuesta original contenía una exención de 3000 millones de reales, el equivalente al 10% del déficit estimado; sin embargo, ha sido cuestionada y no está claro si se aplicará o no.

La poca capacidad de negociación política de la Presidenta también ha afectado los esfuerzos de combate al mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus del Zika. Las fuerzas armadas han estado entre los grandes protagonistas de la lucha contra el mosquito, con un contingente de alrededor de 220 000 efectivos dedicados a impulsar una campaña de información y limpieza de focos contaminantes en varias ciudades; sin embargo, estos refuerzos no han llegado a las zonas más infectadas de Río de Janeiro, que son justamente las comunidades con altos índices de violencia y poca sanidad básica. La entrada de los militares en zonas donde actúan grupos de narcotraficantes requiere que la Presidenta autorice una operación de Garantía de la Ley y el Orden, lo cual es poco probable, dada la falta de apoyo político dentro y fuera de su gobierno.

EL DESENLACE OLÍMPICO

Con tantas promesas malogradas, beneficios materiales frustrados y riesgos latentes, pareciera que solo grandes resultados sociales compensarían las dificultades de haber organizado los Juegos Olímpicos e inculcarían de nuevo un sentimiento de optimismo y euforia. Más allá de la difusión de los valores olímpicos de excelencia, solidaridad, respeto y juego limpio, lo que las olimpiadas representan son una oportunidad de inclusión social y ejercicio de la ciudadanía para miles de jóvenes vulnerables. Brasil es un país joven con 65 millones de personas de 18 años o menos y 34 millones con edades de entre 15 y 24 años. Gran parte de este grupo no va a la escuela, no tiene empleo y carece de una formación profesional. El acceso al deporte, a la cultura y a un entrenamiento profesional puede darles un medio de generar ingresos y prosperar en un ambiente más sano.

Para eso, los tres niveles de gobierno deben empeñarse en implantar políticas públicas que atiendan las necesidades de los jóvenes después de los juegos. Ya se han propuesto algunas iniciativas con la esperanza de que tengan un gran efecto positivo. Un ejemplo es el acuerdo de cooperación firmado por el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y el Banco Interamericano de Desarrollo para impulsar proyectos de inclusión social por medio del deporte. Por tanto, las olimpiadas pueden abrir una oportunidad para emprender proyectos, discutir prioridades y canalizar recursos que beneficien a las poblaciones menos favorecidas. Solo así serán algo más que una gran fiesta: un parteaguas, un detonador de un futuro mejor para las próximas generaciones.

MARIANA MAGALDI DE SOUSA es profesora investigadora de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Es licenciada en Relaciones Internacionales por el Claremont McKenna College, así como maestra en Economía y doctora en Ciencia Política por la University of Notre Dame. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Sígala en Twitter en @mmagaldis.

Crisis en #Acapulco: Evodio culpa a las redes sociales e intereses “políticos y económicos”

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Por El Marqués de Puerto Marqués.

El alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre insiste en que la “desestabilización” que generó la “crisis” en la población tras los ataques del domingo a la Policía Federal, proviene de las redes sociales e “intereses políticos y económicos oscuros”, por lo que pidió a los 8 mil trabajadores municipales no seguir cuentas de “perfiles falsos” en redes sociales.

Hay que recordar que desde un par de días antes de los lamentables hechos, empezaron a circular por Whatsapp una serie de mensajes en los que se señalaba que un grupo del crimen organizado haría una “limpia” en la ciudad de Acapulco.

Además, vía Twitter y Facebook se advirtió sobre las balaceras que tendrían lugar el fin de semana. Y si bien este tipo de mensajes son comunes en las redes sociales, éste sí fue real.

Enronces ¿Por qué las autoridades no pudieron saberlo? ¿No hubo trabajos de inteligencia por parte de los tres órdenes de Gobierno que dicen trabajar en coordinación en Acapulco?

El propio gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, aceptó en su momentos que hubo balaceras en tres puntos del puerto, cuyo objetivo era la Policía Federal, lo que desató una persecución y, por consiguiente, los enfrentamientos, que desataron el terror entre la población civil de Acapulco.

Así que el verdadero culpable de estos lamentables sucesos es el  gobierno, simplemente porque minimizó los hechos e insistió en que el suceso se sobredimensionó debido a las redes sociales. La aclaración por cierto llegó extrañamente casi un día después. Antes hubo silencio.

En teoría, las autoridades deberían hacer trabajos de inteligencia, aunado a trabajos de investigación, que podrían determinar si quienes emiten las alertas son miembros del crimen organizado o pertenecen a la sociedad civil y no andar acusando y señalando como gallinas ciegas al primero que se mueva.

Esto les permitiría poner ciertos niveles de alerta que pudieran advertir a la población sobre la veracidad de las amenazas y tomar las acciones para evitarlas o prevenir daños. Sin embargo, la ausencia de protocolos ante estos hechos en Guerrero son los que generan un clima de confusión, que gente como el aprendiz de alcalde de Acapulco aprovecha para no asumir su responsabilidad en la crisis de seguridad y corrupción que vive el puerto, culpando a las redes sociales, pero eso si, sin dejar de golpear al grupo del ex alcalde Luis Walton a quienes acusa constantemente de la desestabilización que vive su administración.

La paradoja de todo esto es que ahora resulta que el enemigo está en las redes sociales y no infiltrado en las mismas autoridades, ni en las bandas de criminales que tienen a la ciudad de rodillas.

Ante estas declaraciones del aprendiz de alcalde, permítame ahora si perder la compostura y decirle al alcalde: ¡Que poco valor señor!

Porque en lugar de ir por los verdaderos delincuentes de frente y con la misma saña con la que ataca a las redes sociales, ahora intenta minimizar la problemática buscando culpables dentro de la sociedad civil, pero no en su propia casa. Lugar donde por cierto, se ha cultivado desde hace muchos años la actual corrupción que generó el crecimiento de la violencia en el puerto de Acapulco.

Hoy mas que nunca me queda claro que Evodio no tiene remedio y esta como los avestruces, esconde la cabeza pero deja el cuerpo como evidencia de sus desaciertos.

Pero en verdad, que se podía esperar de un personaje que llegó al poder por la puerta de atrás con una elección sucia y manipulada por la compra de votos que le daría un polémico triunfo, por cierto por una muy leve mayoría. No hay que olvidar que más de la mitad de los acapulqueños no votamos por Evodio. Pero desgraciadamente lo tenemos que sufrir.

Yo ya me cansé de tanta demagogia ¿Y usted?

Abur.

Twitter @ TiempoGro

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Peña Nieto ha visitado 26 veces #Guerrero ¿Y que ha cambiado?

La realidad es que todo sigue igual. Solo cambio el gobierno estatal

Acapulco, Guerrero .- En Acapulco, Guerrero, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al encabezar los avances del ‘Plan Nuevo Guerrero y la firma del Acuerdo Guerrero, incluyente y próspero’, instruyó al gabinete de seguridad del Gobierno Federal para reunirse con autoridades locales para revertir las condiciones de seguridad en la entidad.

Al hacer un balance, recuento y entrega de beneficios de los programas sociales, Peña Nieto comentó que se ha logrado disminuir los niveles de pobreza pero dijo que se mantiene como uno de los de mayor marginación del país.

A su vez, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza dijo que los compromisos del gobierno por los efectos de Ingrid y Manuel en el 2013, han sido cumplidos. Indicó que la dependencia a su cargo encabezó y entregó las obras para reconectar al estado  y se realizaron en tiempo y forma.

Informó que todos los recursos aplicados por la administración federal para los guerrerenses suman 18 mil millones de pesos.

Por su parte, el gobernador Héctor Astudillo Flores, indicó que este es un corte informativo del Plan Nuevo Guerrero y es histórico que el primer mandatario haya visitado el estado en 26 ocasiones.

Dijo que se ha vivido un deterioro institucional y un gobierno casi inexistente, un quebranto en las finanzas públicas y un alto índice de violencia. Ese es el Guerrero que hace 77 días recibí y agregó que su interés es que el gobierno exista y se coordine. Indicó que ha convocado a todos los alcaldes para trabajar juntos, ya que los destinos turísticos tuvieron la mejor temporada de los últimos años.

El presidente Enrique Peña Nieto aceptó que actualmente el estado de Guerrero representa, entre las entidades del País, uno de los mayores retos en materia de seguridad.

Al realizar un balance, el mandatario dijo que ha instruido al gabinete federal de Seguridad Pública para“mantener una relación constante, periódica, de acuerdo, de revisión de estrategias y de ejecución de acciones” que permitan lograr un Guerrero de paz y tranquilidad.

Enfatizó que Guerrero, particularmente Acapulco, fue uno de los primeros destinos del país que proyectaron a México en el mundo.

“Hoy queremos que no sólo el turismo, sino que otras actividades económicas realmente marquen y signifiquen al estado de Guerrero, no queremos que sea señalado por los niveles de inseguridad, de violencia, que lamentablemente han asolado a Guerrero en los últimos meses, en los últimos años”,asentó.

Aceptó que el gobernador Astudillo Flores, al asumir su encargo, recibió una entidad con muchos retos, entre ellos, revertir el escenario de inseguridad que se vive en distintas regiones del estado.

Apuntó que cuando Astudillo asumió la gubernatura, ese mismo día, tuvo en Guerrero la presencia de los integrantes del gabinete federal de seguridad para significar el compromiso que hay para atender este desafío.

Destacó la voluntad del nuevo Gobierno de Guerrero para trabajar de manera coordinada con el Gobierno de la República para enfrentar los retos y desafíos sociales y económicos de la entidad.

“El Presidente de la República, su gobierno, serán invariables aliados del estado de Guerrero para superar las adversidades, los retos que tenemos por delante y lograr realmente el Guerrero prospero e incluyente que queremos como mexicanos”, puntualizó.

Twitter @TiempoGro

 

#Zihuatanejo Cerraría la Cruz Roja por crisis económica del Ayuntamiento

Foto: Víctor M. Alvarado. Cruz Roja delegación Zihuatanejo, la próxima semana podría cerrar sus puertas.

Debido a la crisis económica que actualmente resiente la administración municipal, y el nulo apoyo que recibe del sector empresarial, la delegación de la Cruz Roja Mexicana en Zihuatanejo, está a punto de cerrar operaciones, puesto que el recurso económico con el que se sostiene es insuficiente; informó Sanín Serna Nájera, presidente de esta asociación civil.

Destacó que el problema financiero que se vive en Cruz Roja local, realmente es delicado, e incluso solamente tienen dinero para mantener en operación la corporación esta semana, y la próxima pudiera cerrar.

Cabe señalar que en el municipio son aproximadamente 120 mil habitantes, más los la población flotante a los que se suman los turistas, todos ellos, de alguna manera estarán desprotegidos.

En cuanto a los recursos para poder subsistir provienen principalmente de los trabajos que realizan como son los cursos de capacitación, traslados programados, más el dinero de la colecta, pero esto es insuficiente para el gasto de más de 1.5 millones de pesos que se requieren al año.

Guerrero en Crisis: Bloquean accesos a #Acapulco

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La Secretaría de la Seguridad Publica de Guerrero informó que se registro un bloqueo de dos horas en la carretera federal México-Acapulco, a la altura del Parador del Márquez.

A través de su cuenta de Twitter publicó: ‘#Chilpancingo Tome precaución bloqueo intermitente en la carretera federal México-Acapulco, a la altura del Parador del Márquez’.

Desbloqueo

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014 en Iguala y maestros disidentes retiraron el bloqueo que realizaron durante dos horas en la Autopista del Sol y la carretera libre hacia Acapulco, a la altura del Parador de Marqués.

Los manifestantes caminan por la lateral de la carretera del Sol, rumbo al Palacio de Gobierno, donde realizarán un mitin.

A través de redes sociales, Caminos y Puentes Federales (Capufe) indicó que las vialidades se encuentran libres con dirección a Acapulco. Sin embargo, hay rezagos a la circulación vehicular por las horas de bloqueo.

Durante este fin de semana largo, el puerto de Acapulco es uno de los destinos, que se prevé, sea de los más frecuentados por los paseantes.

La salida de la Ciudad de México rumbo a Cuernavaca y Acapulco se encuentra saturada, debido a los turistas que buscan salir a dichos destinos.

EL COLMO: Gobernador de Guerrero ofrece camiones y gasolina a normalistas secuestradores

Yo opino como dijo el Chino CHONG

CIUDAD DE MÉXICO, México, nov. 12, 2015.- El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, pidió a los estudiante de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa evitar actos como el ocurrido el miércoles en la carretera Chilpancingo-Tixtla, donde resultaron heridas 22 personas.

Astudillo dijo que está en la mejor disposición al diálogo y que si necesitan camiones y gasolina, él se los va a conseguir, siempre y cuando la manifestación sea correcta.

El mandatario estatal dijo, en un comunicado, que Guerrero debe de caminar en la ruta del respeto para mejorar las condiciones actuales y devolver la tranquilidad y paz social que requieren los guerrerenses.

Continuaremos trabajando con todas las instancias correspondientes para garantizar y hacer valer el Estado de Derecho, en bien de la población guerrerense, puntualizó en el informe.

Taxco, el otro infierno

Un cuerpo hallado en una fosa clandestina en Taxco, Guerrero. Foto: Óscar Alvarado

Por EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

CHILPANCINGO, Gro. (Proceso).- El gobierno federal se ha resistido a informar públicamente la ubicación exacta y el nombre del propietario del domicilio donde la Policía Federal (PF) detuvo el 16 de septiembre a Gildardo López Astudillo, El Gil o Cabo Gil, uno de los lugartenientes de la banda Guerreros Unidos y pieza clave, según la investigación oficial, del caso Ayotzinapa.

Las autoridades federales declararon inexistente la información solicitada por este semanario el 23 de septiembre sobre este hecho ocurrido en un lujoso fraccionamiento de Taxco.

Desde julio de 2010 se han hallado fosas clandestinas en acantilados del municipio de Pilcaya y en respiraderos de minas en Taxco. Además, El Gil estuvo refugiado en dicha ciudad bajo la protección de políticos y autoridades de los tres niveles que han sido señalados con insistencia por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Sin embargo, tras el anuncio que el 20 de octubre pasado hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el acuerdo con el gobierno de Peña Nieto para reiniciar la investigación y la búsqueda de los normalistas desaparecidos, la Procuraduría General de la República (PGR) no incluyó entre sus primeras líneas de investigación las fosas mencionadas.

En la nota La sanguinaria guerra por el sur, publicado el 18 de julio de 2010, este semanario dio a conocer que las averiguaciones sobre la desaparición de un militar desembocaron en la captura de una célula de sicarios e informantes integrada por 15 hombres, dos de ellos menores, y evidenció que las minas de Taxco se utilizan para ocultar cadáveres (Proceso 1759).

De acuerdo con el expediente PGR/GRO/CHI/M-II/142/2010, los detenidos fueron interrogados sobre el paradero del cabo de materiales de guerra Cuauhtémoc Muñoz Martínez, desaparecido en Iguala entre el 21 y el 22 de mayo de ese año, cuando se encontraba franco.

Un parte militar anexo al expediente dice que Víctor Manuel Sánchez Conde, de 20 años, condujo a los soldados a la bocamina de San Antonio La Concha, en Taxco, adonde –según la procuraduría local– 55 hombres fueron arrojados a un agujero de 150 metros, algunos todavía con vida.

Sánchez Conde, chofer de los sicarios, reveló que abandonaron en la bocamina el cuerpo del cabo del 27 Batallón de Infantería, así como los del director y el sicólogo del penal de Iguala, Daniel Bravo Mota e Ignacio Suástegui Pérez, respectivamente. Éstos últimos fueron reportados por la Secretaría de Seguridad Pública estatal como desaparecidos el 24 de mayo.

En la entidad ya se habían encontrado otras fosas clandestinas, pero ninguna con tantos cadáveres como la bocamina de San Francisco, que contenía al menos un centenar de cuerpos.

En la ciudad colonial existen más de 30 respiraderos de minas abandonados desde 2007, cuando estalló la huelga de trabajadores contra la empresa Grupo México.

Al enterarse del hallazgo de la narcofosa llegaron a Taxco decenas de personas, en su mayoría mujeres, provenientes de otros municipios guerrerenses, de Morelos y del Distrito Federal. Buscaban en la morgue a sus familiares desaparecidos en circunstancias sospechosas.

Integrantes del Comité de Familiares y Amigos de Asesinados, Secuestrados y Desaparecidos en Guerrero informaron que han documentado 242 casos de desaparición forzada entre 2005 y 2010.

En ese entonces el comité planteaba que el gobierno debía reconocer, atender y resolver el problema de las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales en la entidad, pues sostenía que la fosa de Taxco era sólo una muestra de los mecanismos de la delincuencia para “tratar de esconder a sus víctimas y mantenerse en la impunidad”.

Desde entonces dicha organización demanda que las autoridades elaboren un plan de búsqueda de desaparecidos e integren una base de datos con información genética, a fin de cotejar responsablemente las muestras de los cuerpos hallados con los de familiares de desaparecidos.

Si bien las autoridades ignoraron la demanda del comité, la repercusión internacional del caso Ayotzinapa las obligó a retomar estos planteamientos.

Información desaparecida

Una semana después de que el gobierno federal informó sobre la captura del Gil, Proceso pidió a la Secretaría de Gobernación, la PF y la PGR, a través del sistema Infomex, información sobre el lugar de la detención y el propietario de la casa, ya que en la entidad se especuló que se trata de un conocido político local.

La PF declaró “inexistente” esa información mediante el oficio 6016, fechado el 8 de octubre y firmado por la inspectora general de la corporación, Elia Lugo Delgado.

Por su parte, Gobernación declaró que esos datos no son de su competencia, mientras que la PGR solicitó una prórroga hasta principios de este mes para emitir una postura al respecto.

En septiembre, el semanario publicó el reportaje La captura del Cabo Gil provoca aún más dudas, en el cual se indica que a casi un año del ataque a los normalistas de Ayotzinapa, las autoridades finalmente detuvieron en Taxco a Gildardo López durante un operativo, sin gran despliegue de fuerza ni violencia, lo que algunas fuentes consideran un indicio de entrega pactada; sobre todo porque el propio sospechoso ya había ofrecido entregarse cuando se hubiera detenido a la mayor parte de su banda.

Se informó también de las insistentes versiones sobre los presuntos vínculos con la delincuencia organizada que mantienen autoridades locales y federales, igual que empresarios como Federico Figueroa.

El 17 de septiembre, el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, anunció que la PF y agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional atraparon al Gil en un inmueble de Lomas de Taxco.

El exclusivo fraccionamiento está en el cerro donde se halla el emblemático hotel Montetaxco, y que también habitan, en villas de estilo colonial, políticos locales como el delegado federal de Economía y exalcalde taxqueño Álvaro Burgos.