A casi un año de la desaparición de 43 estudiantes de la normal en Ayotzinapa, las investigaciones y peritajes realizados confirman que los únicos responsables fueron José Luis Abarca y su esposa, cuyo involucramiento con el crimen organizado está plenamente comprobado, al grado que en 2013 La Familia le secuestró a la suegra para exigirle que “entregara la plaza de Iguala”, informó Eber Betanzos Torres, subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR).

Betanzos Torres precisó que siete de cada 10 desapariciones forzadas efectuadas en esa zona del estado de Guerrero y que están en averiguación, se registraron en Iguala, durante el gobierno de los Abarca.

En el periodo en que Abarca es presidente municipal de Iguala ocurre un aumento verdaderamente drástico y significativo en el número de desapariciones forzadas que están acreditadas por averiguaciones previas que se realizan.

De los poco más de 100 casos que están localizados en esa zona de Guerrero en el periodo en que Abarca es presidente municipal, un 70% de casos corresponden al municipio de Iguala y me refiero a casos en el periodo en que Abarca es presidente municipal de Iguala ocurre un aumento verdaderamente drástico y significativo en el número de desapariciones forzadas que están acreditadas por averiguaciones previas que se realizan

Entrevistado después de realizar una visita en el Senado, el subprocurador reveló incluso que el control criminal en Iguala llegó al grado que Abarca fue presionado para entregar el dominio de esa plaza a La Familia.

Otro elemento es que un año antes de los sucesos de Iguala secuestran a la mamá de la esposa de Abarca y la petición concreta que le plantean, este es el caso del grupo delictivo de La Familia, es que entregue la plaza. Imagínate, no le pidieron recursos, le pidieron que entregue la plaza de Iguala. Su involucramiento está acreditado en los procesos que se le llevan”, resaltó.

Y es que a pesar de que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) difiere de la investigación de la PGR respecto de lo ocurrido los días 26 y 27 de septiembre en el municipio de Cocula, pues asegura que no fue posible incinerar 43 cuerpos en ese basurero, como sostiene el Ministerio Público federal, tiene una coincidencia plena: los únicos culpables son Abarca y su esposa, y no se trató de ningún plan orquestado por la Federación por razones políticas.

Eber Betanzos explicó que “la responsabilidad de autoridades policiales municipales pues se ha acreditado y en otros elementos simplemente son aspectos de carácter complementario, al propio desahogo de la investigación y que vinculan a las situaciones referentes a Guerreros Unidos, sobre todo a estos grupos criminales que llevan a la situación de algún grado de involucramiento con los hechos”,

— Parece que ni los peritos mexicanos ni los internacionales con quienes ustedes trabajaron hicieron las cosas bien, ¿les mintieron?

— Ahí se trata de una cuestión que, precisamente a partir del tercer peritaje, podemos determinar. Se refiere a la forma en la cual los diferentes peritos elaboran el abordaje de un punto concreto que se refiere a la cremación de restos humanos en ese punto, y a partir de ello los peritajes que realiza la PGR ofrecen una conclusión tomando en consideración circunstancias de modo, tiempo y lugar.

Proponen varias comisiones para analizar caso Ayotzinapa

Los partidos políticos de oposición en el Senado plantearon ayer la necesidad de crear comisiones especiales para atender el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, así como la comparecencia pública de los secretarios de la Defensa, Marina y Gobernación, pero el PRI dejó en claro su rechazo a esa línea.

Las propuestas de los perredistas y panistas sumaron siete comisiones, una de ellas internacional, que tenga participación de la OEA y de la ONU; el resto nacionales, algunas legislativas, pero en las que los padres de los estudiantes aprueben a sus integrantes; cinco pidió el PRD y dos el PAN.

Interrogado brevemente sobre las posibilidades jurídicas de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) pueda ordenar la creación de una comisión que lleve la responsabilidad de la investigación sobre los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el año pasado, como lo piden los senadores del PAN, el secretario general de la OEA, Luis Almagro Lemes, respondió que las posibilidades jurídicas dependen de cada país, pero en el caso de México es viable.

Sin embargo, dejó en claro que nadie le ha planteado esa posibilidad.

SOLICITARÁN COMPARECENCIAS

• Los grupos parlamentarios del Senado pactaron un debate en torno al informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
• Todas las propuestas de legisladores del PRI, PAN, PRD y PT fueron enviadas a la Junta de Coordinación Política que preside el coordinador del PRI, Emilio Gamboa, para que el jueves presente un acuerdo al respecto.
• PAN y PRD pidieron la comparecencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de la procuradora general, Arely Gómez.

Familiares esperan la fecha de reunión con el Presidente

Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, afirmó que aún están a la espera de la fecha en la que se reunirán con el presidente Enrique Peña Nieto, luego del reporte  presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que concluye que los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa no fueron incinerados en el basurero de Cocula.

En entrevista con Martín Espinosa, para Grupo Imagen Multimedia, De la Cruz señaló que la propuesta de reunión “no es un acto de buena voluntad del Ejecutivo”, sino una exigencia  de parte de los familiares de las víctimas de Ayotzinapa, para que “de una vez se aclare dónde están los estudiantes desaparecidos, si ya los expertos evidenciaron la ‘mentira histórica’ del exprocurador general Jesús Murillo Karam.

“Las autoridades aún no nos contactan, pero esperamos que uno de estos días lo hagan, para ponernos de acuerdo en la fecha y hora, porque es una exigencia nuestra”, que el presidente Peña Nieto los reciba, dijo, al señalar que “hay una cuenta pendiente con él, desde octubre del año pasado, cuando se comprometió a resolver el caso,  que no se han cumplido.

“Ahora, ya con la verdad demostrada de manera científica, por parte de los expertos, tiene el compromiso de recibirnos”, precisó.

El reporte de los expertos de la CIDH, señaló el vocero, “obliga a las autoridades a reestructurar la investigación” de la trágica noche de Iguala, porque “si no fueron asesinados ni quemados en el basurero de Cocula, como decían en ‘su verdad histórica’, entonces ¿dónde están nuestros muchachos?

“Lo que queremos es que nos responda. Hoy sabemos que fueron militares, federales, estatales, ministeriales, todos los cuerpos policiacos del estado, quienes participaron en este hecho”, dijo De la Cruz.

Afirmó que los padres de los normalistas desaparecidos desconocían la  versión de un quinto autobús involucrado en el caso.

Sugieren el 26 como día del desaparecido

La pretensión de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados de sacar adelante ayer mismo el  establecimiento del 26 de septiembre como día contra la desaparición forzada de personas se topó con el rechazo de la fracción del PRI, que consideró “oportunista” la propuesta.

Los panistas contaron con el respaldo de Morena y del PRD por conducto de Juan Romero Tenorio y Arturo Santana Alfaro, lo que obligó a los priistas a ceder a que el proyecto quede resuelto en la próxima sesión del jueves.

La legisladora Guadalupe González Suástegui subió a la tribuna para presentar la iniciativa para reformar  el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a fin de crear dicha efeméride.

“El PAN está comprometido, no sólo con el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre de 2014, sino está comprometido con la erradicación total de la  desaparición forzada en México.

“La iniciativa que hoy se presenta duele no sólo a los mexicanos, sino a todas y cada una de las instituciones del Estado. Es un reconocimiento a las víctimas del delito de desaparición forzada y un  recordatorio para que estos hechos delictivos no se repitan jamás”, argumentó González Suastégui.

Señaló la panista que, según la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, se entiende por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado.

–Ivonne Melgar.

Fuente: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/09/09/1044740