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No dejaré el cargo y no se violó proceso: Tomás “Zembrón”

Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), rechazó que vaya a renunciar al cargo, luego del intercambio de declaraciones que sostuvo con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la diligencia que el funcionario realizó el 28 de octubre de 2014 en el río San Juan, en Cocula, en torno a la investigación de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, el 26 de septiembre de ese mismo año.

“Esto fue una respuesta institucional y yo tengo acuerdos, varias veces al día con la procuradora y ella estaba enterada y se contó con el aval total de poder salir” a dar la conferencia de prensa del miércoles.

Explicó que en ningún momento se violó el debido proceso del testigo, Agustín García Reyes, miembro de un grupo criminal, con quien salió a realizar una actividad policial de urgencia, como lo era, dijo el caso de los 43 normalistas.

Zerón aseguró que García Reyes, alias “El Chereje”, no requirió la presencia de un abogado “por su propia voluntad” y además de que se ofreció de manera voluntaria a llevar a los investigadores al lugar, donde presuntamente tiraron las bolsas con cenizas de restos humanos.

El huracán que viene en el caso Iguala

Por Héctor De Mauleón.

Sus nombres: Mauro Taboada Salgado, Cruz Sotelo y Bernabé Sotelo Salinas. Les dicen El Molero, El Wasako y El Peluco. Su detención fue anunciada hace unos días: al Peluco lo aprehendieron, según el parte oficial, con una maleta y un arma larga, un fusil AR-15 que contenía 20 cartuchos útiles.

Las autoridades no entraron en detalles. Pero los tres aparecen repetidas veces en el expediente público del caso Iguala, donde se les señala como halcones y sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos.

Al igual que otros miembros del grupo, tras la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, los ahora detenidos habrían recibido de uno de sus jefes la orden de entregar sus armas y “entuzarse” en sus casas. No se les volvió a ver. Varios integrantes de la organización, según el expediente, fueron a esconderse a Apetlanca con ayuda del comisario ejidal de la localidad.

Según los documentos del proceso, El Peluco y El Wasako recibieron de manos de agentes de la policía municipal a los alumnos desaparecidos. El otro detenido, El Molero, es acusado de haber participado en el asesinato del estudiante Julio César Mondragón, cuyo cuerpo apareció desollado y sin ojos. La declaración de uno de los 113 detenidos por el caso Iguala, Jonathan Osorio Cortés, alias El Jona, señala al Peluco como uno de los encargados de “hacer la parrilla o plancha” donde iban a quemar, “con llantas, piedras y leña”, los cuerpos de los alumnos. Aquella noche, en el basurero de Cocula, la labor del Peluco, se lee en el expediente, consistió en atizar el fuego mientras el resto de sus compañeros dormía.

El Jona declaró que a varios alumnos los habían golpeado “con un tronco grande y fuerte en la cabeza, con lo que perdieron la vida”. El Jona fue detenido en octubre de 2014. Su declaración sostiene que El Wasako se encargó de revisar las pertenencias de los alumnos, y más tarde “apoyó con las garrafas de diesel y de gasolina que él había conseguido”. El Wasako y otro cómplice, El Duba, habrían echado “diesel con poca gasolina a los cuerpos”. “Entre los dos prendieron el fuego uno en una esquina y otro en otra para que se quemaran los cuerpos parejo”, dijo El Jona. El principal señalamiento contra Mauro Taboada Salgado, El Molero, procede de la declaración de Gildardo López Astudillo, El Gil, a quien decenas de detenidos reconocen como el jefe de plaza en Iguala.

López Astudillo fue detenido en septiembre de 2015, a poco de que se cumpliera un año de los sucesos. Afirmó que se dedicaba a la ganadería y negó las acusaciones. Luego lo pensó mejor. Un tramo de su declaración afirma que El Molero era miembro de la célula de Víctor Hugo Benítez Palacios, El Tilo (cuyos miembros, por cierto, no han sido detenidos). El Gil declaró que Benítez Palacios “fue el que agarró al estudiante que apareció desollado” y aseguró que lo había hecho en compañía de “su compadre, El Molero”. Relató que “el muchacho se había separado del grupo y que lo habían acorralado cerca del domicilio del Tai (otro jefe de célula), justo a una cuadra de Juan N. Álvarez y Periférico”. Dijo que el alumno había sido correteado, pero como no se quería parar, lo empezaron a apedrear hasta matarlo y enseguida lo desollaron. “Lo fueron a tirar a un camino de terracería con la ayuda de David Hernández, alias El Chino, de Protección Civil, a bordo de una camioneta roja”.

El Wasako, El Peluco y El Molero fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR. Sus primeras declaraciones, hasta donde dejaron ver las autoridades al anunciar su captura (“el material de investigación advierte que se camina por la ruta correcta”), van en ruta de colisión con las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI. No tardaremos en saber que los detenidos admitieron su participación en el homicidio y quema de varios alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa. Así que lo que vendrá es un huracán de pronóstico reservado.

@hdemauleon

demauleon@hotmail.com

Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/hector-de-mauleon/nacion/2016/01/28/el-huracan-que-viene-en-el-caso

“La verdad histórica” sólo existió en la cabeza de Murillo Karam

Murillo Karam

“La verdad histórica” del “maestro” Jesús Murillo, como lo denominaba en público y en privado el presidente de la república, es ya una de las frases más impopulares del sexenio del grupo gobernante que dice “Mover a México” y que pasará a formar parte de su historial y no precisamente para lucirlo.

También es la evidencia de que con todo y las muy festejadas reformas estructurales, aquí y allende las fronteras, en el país persisten las viejas prácticas ministeriales de trabajar por consigna, al gusto y satisfacción de los intereses políticos sexenales, de parte de un presunto “abogado de la sociedad” que México nunca tuvo pero sí los gobernantes y los poderes fácticos sobrepuestos a éstos, generalmente para obstruir la administración e impartición de justicia o de plano impedirla.

“Verdad histórica” que fue construida con declaraciones arrancadas a los prisioneros, todo indica que con base a los famosos métodos del tehuacanazo, toques eléctricos en partes muy sensibles del cuerpo y el “pocito”, la tortura pues, denunciada como “generalizada” por Juan E. Méndez, relator especial en la materia de la Organización de las Naciones Unidas, juicio documentado por el abogado argentino y que causó reacciones rotundas de rechazo a cargo de los voceros de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores.

Sólo falta y no lo considere usted remoto, que varios del más de un centenar de prisioneros por los bárbaros acontecimientos de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, con cinco asesinados, decenas de heridos y 43 desaparecidos, obtengan su libertad por violaciones al debido proceso. Pero ninguno de ellos es Florence Marie Louise Cassez Crépin ni cuenta con el apoyo del gobierno francés actual ni del anterior. Pero eso sí, el exgobernador de Guerrero Ángel Heladio Aguirre es amigo del titular del Ejecutivo federal y nadie lo va a tocar, pese a sus estrechos vínculos con María de los Ángeles Pineda Villa, presunta jefa de Guerreros Unidos, y esposa de José Luis Abarca Velázquez, los tres muy distinguidos perredistas.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para trabajar en coadyuvancia con la Procuraduría General de la República, a solicitud de Enrique Peña Nieto, acaba de documentar en forma definitiva que aquella noche llovió y en consecuencia el sustento esencial de “la verdad histórica”, de que los restos de los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula, como juraba Murillo Karam, sólo existió en la cabecita del prohombre del sistema hecho procurador.

Las nuevas evidencias que terminan por echar abajo “la verdad histórica” sobre el caso Iguala, sólo fueron desestimadas por Omar Fayad, un senador que hace méritos desde hace lustros para ser candidato oficialista a gobernador de Hidalgo, y sabe que sin la venia del “maestro” no tiene futuro alguno.

Lo que llama seriamente la atención es que el gobierno que dice “modernizar” a México, persista en la negativa a que el GIEI entreviste directamente a 11 de los 27 integrantes del 27 Batallón de Infantería y que a juicio de aquél son testigos clave en los cruentos sucesos.

La cerrada negativa de las secretarías de la Defensa Nacional (“mis soldados” dice el general secretario cual cacique), Gobernación y Relaciones Exteriores sólo abona a la duda, a la sospecha de qué esconden. Como es sabido, la verdad no es posible ocultarla siempre.

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Fuente: http://www.sdpnoticias.com/nacional/2015/12/09/utopia-giei-derrumba-verdad-historica-del-maestro-murillo

Hector Astudillo: “No debe haber ni olvido, ni perdón”… ¿Esto incluye al ex gobernador Aguirre y otros altos funcionarios?

Esta es mi carta Hector Claus.
El gobernador electo de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, informó que para mejorar la seguridad en la entidad, implementará una Policía de Mando Único en coordinación con el gobierno federal, y reiteró que su Gobierno colaborará en las investigaciones del Caso Ayotzinapa, para el cual no debe haber “ni perdón, ni olvido”.
Indicó que en el proceso de entrega-recepción de la administración pública estatal que inició el sábado, se priorizará la información referente a las obras del Acabús y el Macrotúnel, dos de los más grandes proyectos iniciados por el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, y que no se concluyeron a pesar de haberse comprometido a que estarían listos antes de concluir el periodo constitucional.
“Yo fui el que pedí que se procesara y se le quitara el fuero Constitucional al Presidente municipal de Iguala (José Luis Abarca), en aquel entonces, y he sido muy claro en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa y las personas que fallecieron en ese lamentable hecho; ahí no debe haber ni olvido, ni perdón”, dijo el futuro gobernador.
Agregó que lo debe haber es justicia y cuando sea Gobernador, aportará todo lo que esté de su parte para que se amplíe la verdad que se está buscando.
Astudillo Flores afirmó que ya trabaja con autoridades federales para la implementación de una Policía con Mando Único en la cual van a ser considerados los actuales policías, los que reúnan los requisitos o los que han aprobado los exámenes de confianza y armar una Policía Única, que dependa de un mando único y que se regionalice y pueda servirle mejor a la sociedad de Guerrero.
“Me parece que el punto central y que está preocupando a los guerrerenses, a la familias, es precisamente el tema de la Seguridad, y es ahí donde habrá que concentrarse, en un especial trabajo para encontrar respuesta en ese tema que ha lastimado a Guerrero”, argumentó.
Detalló que el Acuerdo para la Transparencia en el Proceso de Transición 2015, firmado el sábado en Palacio de Gobierno con el gobernador Rogelio Ortega Martínez, concluirá antes del 27 de octubre, día en que tome protesta como Gobernador Constitucional y deberá ser un proceso transparente, legal, de buena fe, que abone a un cambio de Gobierno en un difícil momento por el que atraviesa Guerrero.
“El pasado sábado hicimos un acuerdo donde señalamos claramente cuáles van a ser los puntos centrales de la entrega-recepción, agregamos alguno que me parece muy importante, es el asunto de los grandes proyectos que han estado en Guerrero, hay dos especialmente en Acapulco que es el Acabús y el Macrotúnel que tiene un avance, entiendo, más o menos de un 30 o 40 por ciento”, indicó.
Añadió que como gobernador constitucional aportará la información financiera necesaria y se abordarán asuntos pendientes con el Congreso del Estado, con el Tribunal Superior de Justicia, en cuanto a la relación entre los poderes.

Abarca ensombreció Iguala: PGR

A casi un año de la desaparición de 43 estudiantes de la normal en Ayotzinapa, las investigaciones y peritajes realizados confirman que los únicos responsables fueron José Luis Abarca y su esposa, cuyo involucramiento con el crimen organizado está plenamente comprobado, al grado que en 2013 La Familia le secuestró a la suegra para exigirle que “entregara la plaza de Iguala”, informó Eber Betanzos Torres, subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR).

Betanzos Torres precisó que siete de cada 10 desapariciones forzadas efectuadas en esa zona del estado de Guerrero y que están en averiguación, se registraron en Iguala, durante el gobierno de los Abarca.

En el periodo en que Abarca es presidente municipal de Iguala ocurre un aumento verdaderamente drástico y significativo en el número de desapariciones forzadas que están acreditadas por averiguaciones previas que se realizan.

De los poco más de 100 casos que están localizados en esa zona de Guerrero en el periodo en que Abarca es presidente municipal, un 70% de casos corresponden al municipio de Iguala y me refiero a casos en el periodo en que Abarca es presidente municipal de Iguala ocurre un aumento verdaderamente drástico y significativo en el número de desapariciones forzadas que están acreditadas por averiguaciones previas que se realizan

Entrevistado después de realizar una visita en el Senado, el subprocurador reveló incluso que el control criminal en Iguala llegó al grado que Abarca fue presionado para entregar el dominio de esa plaza a La Familia.

Otro elemento es que un año antes de los sucesos de Iguala secuestran a la mamá de la esposa de Abarca y la petición concreta que le plantean, este es el caso del grupo delictivo de La Familia, es que entregue la plaza. Imagínate, no le pidieron recursos, le pidieron que entregue la plaza de Iguala. Su involucramiento está acreditado en los procesos que se le llevan”, resaltó.

Y es que a pesar de que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) difiere de la investigación de la PGR respecto de lo ocurrido los días 26 y 27 de septiembre en el municipio de Cocula, pues asegura que no fue posible incinerar 43 cuerpos en ese basurero, como sostiene el Ministerio Público federal, tiene una coincidencia plena: los únicos culpables son Abarca y su esposa, y no se trató de ningún plan orquestado por la Federación por razones políticas.

Eber Betanzos explicó que “la responsabilidad de autoridades policiales municipales pues se ha acreditado y en otros elementos simplemente son aspectos de carácter complementario, al propio desahogo de la investigación y que vinculan a las situaciones referentes a Guerreros Unidos, sobre todo a estos grupos criminales que llevan a la situación de algún grado de involucramiento con los hechos”,

Parece que ni los peritos mexicanos ni los internacionales con quienes ustedes trabajaron hicieron las cosas bien, ¿les mintieron?

— Ahí se trata de una cuestión que, precisamente a partir del tercer peritaje, podemos determinar. Se refiere a la forma en la cual los diferentes peritos elaboran el abordaje de un punto concreto que se refiere a la cremación de restos humanos en ese punto, y a partir de ello los peritajes que realiza la PGR ofrecen una conclusión tomando en consideración circunstancias de modo, tiempo y lugar.

Proponen varias comisiones para analizar caso Ayotzinapa

Los partidos políticos de oposición en el Senado plantearon ayer la necesidad de crear comisiones especiales para atender el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, así como la comparecencia pública de los secretarios de la Defensa, Marina y Gobernación, pero el PRI dejó en claro su rechazo a esa línea.

Las propuestas de los perredistas y panistas sumaron siete comisiones, una de ellas internacional, que tenga participación de la OEA y de la ONU; el resto nacionales, algunas legislativas, pero en las que los padres de los estudiantes aprueben a sus integrantes; cinco pidió el PRD y dos el PAN.

Interrogado brevemente sobre las posibilidades jurídicas de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) pueda ordenar la creación de una comisión que lleve la responsabilidad de la investigación sobre los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el año pasado, como lo piden los senadores del PAN, el secretario general de la OEA, Luis Almagro Lemes, respondió que las posibilidades jurídicas dependen de cada país, pero en el caso de México es viable.

Sin embargo, dejó en claro que nadie le ha planteado esa posibilidad.

SOLICITARÁN COMPARECENCIAS

  • Los grupos parlamentarios del Senado pactaron un debate en torno al informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
  • Todas las propuestas de legisladores del PRI, PAN, PRD y PT fueron enviadas a la Junta de Coordinación Política que preside el coordinador del PRI, Emilio Gamboa, para que el jueves presente un acuerdo al respecto.
  • PAN y PRD pidieron la comparecencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de la procuradora general, Arely Gómez.

Familiares esperan la fecha de reunión con el Presidente

Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, afirmó que aún están a la espera de la fecha en la que se reunirán con el presidente Enrique Peña Nieto, luego del reporte  presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que concluye que los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa no fueron incinerados en el basurero de Cocula.

En entrevista con Martín Espinosa, para Grupo Imagen Multimedia, De la Cruz señaló que la propuesta de reunión “no es un acto de buena voluntad del Ejecutivo”, sino una exigencia  de parte de los familiares de las víctimas de Ayotzinapa, para que “de una vez se aclare dónde están los estudiantes desaparecidos, si ya los expertos evidenciaron la ‘mentira histórica’ del exprocurador general Jesús Murillo Karam.

“Las autoridades aún no nos contactan, pero esperamos que uno de estos días lo hagan, para ponernos de acuerdo en la fecha y hora, porque es una exigencia nuestra”, que el presidente Peña Nieto los reciba, dijo, al señalar que “hay una cuenta pendiente con él, desde octubre del año pasado, cuando se comprometió a resolver el caso,  que no se han cumplido.

“Ahora, ya con la verdad demostrada de manera científica, por parte de los expertos, tiene el compromiso de recibirnos”, precisó.

El reporte de los expertos de la CIDH, señaló el vocero, “obliga a las autoridades a reestructurar la investigación” de la trágica noche de Iguala, porque “si no fueron asesinados ni quemados en el basurero de Cocula, como decían en ‘su verdad histórica’, entonces ¿dónde están nuestros muchachos?

“Lo que queremos es que nos responda. Hoy sabemos que fueron militares, federales, estatales, ministeriales, todos los cuerpos policiacos del estado, quienes participaron en este hecho”, dijo De la Cruz.

Afirmó que los padres de los normalistas desaparecidos desconocían la  versión de un quinto autobús involucrado en el caso.

Sugieren el 26 como día del desaparecido

La pretensión de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados de sacar adelante ayer mismo el  establecimiento del 26 de septiembre como día contra la desaparición forzada de personas se topó con el rechazo de la fracción del PRI, que consideró “oportunista” la propuesta.

Los panistas contaron con el respaldo de Morena y del PRD por conducto de Juan Romero Tenorio y Arturo Santana Alfaro, lo que obligó a los priistas a ceder a que el proyecto quede resuelto en la próxima sesión del jueves.

La legisladora Guadalupe González Suástegui subió a la tribuna para presentar la iniciativa para reformar  el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a fin de crear dicha efeméride.

“El PAN está comprometido, no sólo con el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre de 2014, sino está comprometido con la erradicación total de la  desaparición forzada en México.

“La iniciativa que hoy se presenta duele no sólo a los mexicanos, sino a todas y cada una de las instituciones del Estado. Es un reconocimiento a las víctimas del delito de desaparición forzada y un  recordatorio para que estos hechos delictivos no se repitan jamás”, argumentó González Suastégui.

Señaló la panista que, según la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, se entiende por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado.

Ivonne Melgar.

Fuente: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/09/09/1044740

Informe del caso Iguala permitirá investigar a Ángel Aguirre: PRD

Por el hecho de que se cree una Comisión Especial en la Cámara de Diputados por el caso Iguala, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Francisco Martínez Neri afirmó a Quadratín México que dará lugar a que se investigue de manera profunda a otros servidores públicos vinculados a lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Por el hecho de que se cree una Comisión Especial en la Cámara de Diputados por el caso Iguala, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Francisco Martínez Neri afirmó a Quadratín México que dará lugar a que se investigue de manera profunda a otros servidores públicos vinculados a lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014, como al ex gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.

“Nosotros no estaríamos de ninguna manera en defensa de ningún servidor público que tuviera responsabilidad”, aseguró el coordinador de la bancada del sol azteca en San Lázaro.

Con esta premisa, el ex rector de la Universidad Autónoma de Oaxaca anunció que la fracción del PRD presentará una demanda de juicio político contra el entonces procurador de justicia, Jesús Murillo Karam, con base en los artículos 108 y 110 constitucionales de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el Código Penal Federal.

El perredista señaló que que es notorio que la actuación de Murillo Karam fue contraria a la administración de la justicia, así como a los derechos y las garantías a los que estaba obligado, por lo cual es indispensable que se inicie el procedimiento en la Cámara de Diputados para que sea sancionado.

A su juicio, es una vergüenza nacional e internacional que las instituciones mexicanas, y en especial, la PGR, hayan quedado exhibidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe sobre los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. “Lo que está ocurriendo es gravísimo.

Significa que el país está al revés, porque en vez de que la autoridad correspondiente procure justicia, lo que señala la investigación independiente, es que la PGR distorsionó los hechos, destruyó pruebas”, reprobó el legislador oaxaqueño Respaldó la versión que es científicamente imposible sostener que los estudiantes hayan sido calcinados en el basurero de Cocula y dijo que significa que el derecho de acceso a la justicia de las víctimas fue ignorado.

Aunque el Gobierno federal instruyó un nuevo peritaje, para Martínez Neri resulta insuficiente, pues “lo que está en la discusión nacional es que, simple y llanamente, se le mintió a los familiares de las víctimas y a la sociedad, porque los hechos no ocurrieron como lo afirmaron las autoridades.”

De acuerdo con el artículo nueve de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, los funcionarios gozan de un año de gracia en el que se les extiende el fuero, por lo cual es necesario iniciar el procedimiento de desafuero, antes que puedan iniciarse denuncias administrativas o penales.

PVEM pide citar a Aguirre Rivero por caso Iguala

Por su cercanía con el exedil de Iguala, José Luis Abarca, la fracción parlamentaria del PVEM en San Lázaro, demandó la comparecencia de Armando Ríos Piter y de Ángel Aguirre Rivero.

A nombre de la bancada del PVEM en la Cámara de Diputados, el legislador Arturo Álvarez Angli demandó la comparecencia de del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y del senador del PRD, Armando Ríos Piter, para que informen de lo que saben del caso de los estudiantes de Ayotzinapa, por ser personajes que estuvieron cercanos al expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.

“Son muchos los actores, a los cuales aún no se les ha llamado debida y adecuadamente a comparecer”, indicó el legislador por el estado de Guerrero, luego la sesión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados.

“Tenemos al ex gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, no se les olvide que él estaba en funciones cuando se suscitaron los hechos”, señaló.

Álvarez Angli, quien formó parte, como diputado local, de la Comisión Especial que sobre ese caso creó el Congreso de la entidad, precisó que Aguirre Rivero “fue uno de los promotores, junto con Andrés Manuel López Obrador, de la candidatura del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, sin estar exento el senador Armando Ríos Piter”.

Recordó que José Luis Abarca “es el único de los directamente involucrados que se encuentra detenido”, desde noviembre del año pasado, ya que se le acusó de estar vinculado con algunos grupos del crimen organizado.

Informó que su bancada apoyó este lunes en la Jucopo la creación de la comisión especial sobre el caso de los estudiantes normalistas y recordó que ayer domingo se presentó el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Consultado sobre la propuesta de los diputados del PRD para que se realice juicio político contra el ex titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, el diputado del PVEM expresó que todas las posibilidades están abiertas.

“Cualquier funcionario o servidor público está sujeto a responsabilidades por un mal ejercicio dentro de sus funciones” y, de confirmarse, debe de ser llamado a comparecer, comentó.

Fuente: El Financiero

Ayotzinapa y el desaseo de la PGR

Vaya que polarizó la investigación de la CIDH: las especulaciones disfrazadas de certezas se descalifican mutuamente y son profusas en adjetivos (y es que ya lo sabemos: en ese ámbito que llamamos “Opinión Pública” todos, o casi, son expertos).
Pero más allá de las encendidas pasiones y de sus motivaciones políicas, uno de los datos incontrovertibles que se desprenden de todo esto es que el 25 de enero de este año la PGR aseguró que las pruebas dan certeza legal sobre la muerte de los normalistas y su entonces titular eso lo consideró como una “verdad histórica”. Sin embargo, siete meses después, esa consideración cambió: en el marco del informe presentado este domingo por la CIDH, la PGR informó que hará un nuevo dictamen pericial en Cocula. A esto hay que sumarle que Enrique Peña Nieto aseguró hoy que el caso sigue abierto y qué bueno, la procuración de justicia no puede ser al gusto de nadie.
Nosotros creemos que algo sí está suficientemente claro: la investigación sobre los sucesos del 26 y 27 de septiembre pasado en Iguala, Guerrero, muestra un desaseo espeluznante, y es que, ni más ni menos, trata del desastroso sistema de procuración de justicia que hay en nuestro país.  Desde nuestro punto de vista la PGR tiene la obligación de informar sobre todo el desaseo que hubo en su investigación.