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Cinismo y complicidad de la clase política mexicana ante el gasolinazo

REUTERS/HENRY ROMERO
El senador priísta Carlos Romero Deschamps, quien además es líder sindical de Pemex, en una conferencia el 3 de noviembre de 2016.
Por  Edmar Ariel Lezama

El inicio de 2017 ha significado para México pagar combustibles más caros y observar cómo alguna parte de la población ha salido a manifestarse debido al descontento ocasionado por la medida.

Ante tal escenario, el gobierno federal ha mostrado poca sensibilidad y una mala política de comunicación, ya que del aumento a la gasolina se sabía desde el mes de noviembre de 2016 y nada se hizo para explicar a los consumidores cómo se fijaría el nuevo precio y de qué manera se usarían los recursos generados por el impuesto.

El gobierno federal, a través de sus canales de comunicación, fue incapaz de explicar que el aumento no solo se debe a la reforma energética, sino también a una miscelánea fiscal que aplica a todo México a partir del primer día del nuevo año y que fue aprobada por miembros de todos los partidos políticos, salvo Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

El gobierno federal, a través de sus canales de comunicación, fue incapaz de explicar que el aumento no solo se debe a la reforma energética, sino también a una miscelánea fiscal que aplica a todo México.

Ante tal vacío en comunicación, distintos actores de los partidos políticos han salido a la calle a protestar como si fueran uno más en la multitud, olvidando que ellos, al ser parte del estado, pueden regular y proponer los cambios necesarios a cualquier ley o miscelánea fiscal.

El abuso y absurdo de la clase política viene no solo por legislar sin pensar en escenarios de mediano plazo provocados por su acción, sino en votar a favor una ley y salir a protestar contra ella meses después.

Se dice que poco medita la clase política mexicana sobre lo que puede ocasionar si se mira con detenimiento quién ha votado en un primer momento la reforma energética y después a la miscelánea fiscal del año 2017, que en combinación son las causantes del aumento de los combustibles.

Carlos Romero Deschamps, en su calidad de senador, votó a favor de la reforma energética, causando sorpresa, ya que él no solo es congresista sino también líder del sindicato de trabajadores petroleros de la república mexicana.

En ningún momento Romero Deschamps consultó a los trabajadores petroleros al ser ellos los principales interesados en el tema en el corto plazo, o propuso algún punto de acuerdo para beneficiar a su gremio ante la apertura del sector. Al día de hoy Carlos Romero no aparece en medios, guarda silencio sobre los efectos de la reforma energética y no es auditado por la vida de excesos económicos que lleva.

Un caso extraño es el referente a Humberto Mayans Canabal como senador, ya que al ser tabasqueño, sabía que una apertura del ramo energético sin antes haber consolidado un plan económico para ese estado, resultaría en algo terrible para la región. Hoy ese estado tiene la tasa de desempleo más alta del país, en parte explicada por la desregulación.

En lo que se refiere a la Cámara de Diputados y la aprobación a la miscelánea fiscal de 2017, la cual incluye el cobro de impuestos a la gasolina, la votación concluyó con 411 votos a favor y solo 42 en contra, todos de la bancada de MORENA.

Increíblemente hoy vemos protestas de congresistas y líderes de partidos políticos que han votado a favor de tal medida. Por ejemplo, Ricardo Anaya en su calidad de presidente del Partido Acción Nacional (PAN) ha salido a pedir al gobierno federal que reduzca en dos pesos el impuesto a la gasolina o que busque otras alternativas recaudatorias.

Distintos actores de los partidos políticos han salido a la calle a protestar como si fueran uno más en la multitud, olvidando que ellos, al ser parte del estado, pueden regular y proponer los cambios necesarios a cualquier ley o miscelánea fiscal.

Lo realmente increíble es que él en su calidad de presidente del PAN no planteó esas alternativas a su bancada. Anaya sabe que sus nuevos gobernadores en Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo necesitan de los recursos federales para solventar el boquete fiscal heredado por sus antecesores.

En este punto, Anaya tiene claro que una reducción del precio de las gasolinas significa menos dinero para los estados mencionados, pero que en el horizonte de las elecciones de 2018 es ganar votos en el ámbito local y federal.

Alejandra Barrales como presidenta del Partido de la Revolución Democrática (PRD) llama a marchas de carácter pacífico contra el aumento al precio de los combustibles, pero con el objetivo de generar una atracción mediática hacia ella, lo cual le permita superar a Patricia Mercado en la disputa interna de su partido por la candidatura a la jefatura de gobierno de la ciudad de México. Para después vencer al candidato elegido por MORENA.

Barrales sabe que el PRD ha perdido presencia en la Ciudad de México y que la disputa por la presidencia de la república en 2018 está fuera de su alcance, pero intentar mantener la capital del país es una opción a mano y que ayudaría al partido a mantenerse vigente. Pues de lo contrario podrían encontrarse a las puertas de ser la cuarta o quinta fuerza política de la nación.

Los líderes del PAN y PRD así como sus diputados y senadores saben que no es viable dar marcha atrás al alza de las gasolinas, pues ellos y los gobernadores son los principales beneficiados de los ingresos recaudados. Aun así, la clase política mexicana aprovecha la coyuntura con una visión de corto plazo para mantener beneficios y no generarlos al grueso de la población.

*Este texto representa la opinión del autor y no necesariamente la de The Huffington Post México

Gasolina y mentiras presupuestales del presidente

Por: Leonardo Núñez González (@leonugo)


Después de una oleada de protestas, violencia y de indignación nacional por el inicio del proceso para liberalizar el precio de los combustibles, el presidente Enrique Peña regresó de sus vacaciones golfísticas para explicar esta medida. Haciendo uso de varios datos, su lógica fue contundente: “mantener un precio artificial de la gasolina en 2017, como el que teníamos en diciembre, habría significado un gasto adicional de más de 200 mil millones de pesos”. Para pagar esta cantidad, habríamos tenido que, explicó, “paralizar por cuatro meses todos los servicios del Seguro Social” o “suspender tres años el Seguro Popular”. Ante la certeza de que “los datos duros hablan por sí mismos”, el presidente nos lanzó una pregunta: “¿qué hubieran hecho ustedes?”.

Puestas así las cosas, pareciera que lo más sensato, aunque doloroso, era hacer el ajuste en el precio de los combustibles. Además, el presidente nos dio otro dato: el gobierno ya había comenzado a apretarse el cinturón porque “lo primero que hicimos antes de tomar esta medida fue recortar el gasto del propio gobierno de la República en casi 190 mil millones de pesos”. Cuando escuché esa parte del mensaje, simplemente perdí el control y enfurecí. ¿Por qué? Porque el presidente miente.

Antes de explicar con cifras e investigación académica el porqué de mi afirmación, debo hacer un paréntesis: entiendo que subsidiar a los combustibles con los impuestos de todos es un gasto absolutamente regresivo, es decir, beneficia más a los más ricos; igualmente, sé que lo opuesto al subsidio, y que es la situación que vivimos desde 2014, es que el gobierno no gasta, sino que obtiene ingresos de la venta de combustibles, lo que lo hace un impuesto progresivo en el que los más pobres se ven menos afectados. 

Pero, como ayer escribiera Carlos Elizondo en su columna, incrementar la presión fiscal sobre los mexicanos sin antes haber hecho un ejercicio profundo de recorte del gasto público es políticamente explosivo y, dados los casos de corrupción impune, hasta parece una provocación. Hecha esta anotación, los datos que presento a continuación no pretenden ser un argumento en favor del subsidio a los combustibles, sino en contra del uso inadecuado de los recursos públicos y de los falsos argumentos que sostiene el Ejecutivo cuando se trata de las finanzas públicas.
Comenzaré con la última cifra: el presidente señala que el gobierno ha reducido su gasto en casi 190 mil millones de pesos, por lo que el ajuste se hizo en casa antes de acudir al bolsillo de los ciudadanos. 

Cuando revisamos la Cuenta Pública, que es el documento en el que el gobierno muestra cuánto gastó en realidad a diferencia de lo que planeaba en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), vemos que en 2015 el gobierno federal no ejerció los 4.694 billones de pesos presupuestados, sino que gastó 4.917 billones de pesos. Es decir, gastó 222 mil 570 millones de pesos más de los que originalmente la Cámara de Diputados le había asignado. Hay que recordar que en 2015 el hoy secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, nos dijo que habría un recorte por 124 mil millones de pesos. El recorte no sólo fue inexistente, sino que el gasto fue superior en una cantidad aún mayor a los 200 mil millones que el presidente señaló que costaría mantener el precio subsidiado de la gasolina.

La cifra total del gasto real del gobierno en 2016 no la conoceremos, desafortunadamente, sino hasta el 30 de abril, cuando se presente la siguiente Cuenta Pública. Sin embargo, que el gobierno gaste más de lo presupuestado no es una anomalía, sino una constante. Este es uno de los señalamientos que he repetido casi hasta el cansancio desde hace unos meses, cuando publiqué el trabajo “Presupuesto de Egresos ficticio: el gasto real del gobierno en la Cuenta Pública” (disponible aquí). De hecho, si se suma lo que el gobierno federal ha gastado de manera adicional a lo presupuestado entre 2000 y 2015 en pesos constantes de este año, el resultado es que ha habido 3.37 billones de pesos de gasto adicional. Para ponerlo en perspectiva, esto equivale a más de 18 puntos del PIB. 

Una cifra simplemente monstruosa.
A pesar de no conocer el gasto total en 2016, podemos darnos una idea de cómo será el gasto real de 2016 revisando el último informe trimestral que Hacienda envío a la Cámara de Diputados: hasta septiembre, el gasto neto del gobierno debería haber sido, de acuerdo al PEF, de 3.54 billones de pesos. En la realidad, ya se habían gastado 3.76 billones. Es decir, había una diferencia de 220 mil 262 millones de pesos, una cifra incluso superior a la reportada en la última Cuenta Pública. El cacareado “recorte” anunciado por el presidente es inexistente. En unos meses tendremos los números exactos para recordárselo, pero el hecho es innegable.

Concluido ese punto, regreso a la pregunta del presidente: ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Cuando nos señala que el tamaño del gasto necesario para mantener el subsidio hubiera implicado eliminar el Seguro Popular o quedarnos sin servicios de salud, nos enfrenta a un dilema que parece ser “o se subsidia la gasolina o hubiéramos cerrado los hospitales”, como si el presupuesto de ninguna otra área hubiera sido susceptible de ser reasignado.
Sin embargo, cuando revisamos una vez más la Cuenta Pública, veremos algunos fenómenos interesantes, como que hay rubros de gasto que incrementan de manera drástica sin que por eso tengamos que cancelar Prospera. Por ejemplo, en 2015 el gasto presupuestado en comunicación social y publicidad para todo el gobierno federal era de 2 mil 695 millones de pesos, pero en la realidad se gastaron 7 mil 618 millones, es decir, casi se triplicó el gasto. Otro rubro con una diferencia porcentual similar, aunque más dramático en términos absolutos, es el de transferencias a fideicomisos (una de las áreas más opacas del gasto público), que pasó de 36 mil millones presupuestados a 109 mil millones gastados en la realidad, un incremento de 72 mil millones de pesos. El presupuesto se redirecciona día con día a rubros muy diferentes a los originalmente aprobados por los diputados y, en muchos casos, las explicaciones detrás de estos movimientos son extremadamente opacas.

Por lo tanto, lo que un gobierno sensible y realmente preocupado por las finanzas públicas debería haber hecho sería disminuir su gasto de verdad, modificar los procesos de redireccionamiento del presupuesto que hacen que el erario termine en rubros tan ociosos como la publicidad y no engañar a la población con falsos argumentos de necesidad fiscal. Después de haber hecho todo esto, aún se hubiera requerido eliminar el subsidio a la gasolina, pero se podría haber hecho de una manera menos drástica o, idealmente, no tendríamos motivos para protestar porque sabríamos que el gobierno realmente habría mejorado la calidad de su gasto apretándose el cinturón y, entonces, tendría la legitimidad para pedirnos acompañarlo en su esfuerzo. Pero, como nos recordó el presidente, los datos duros hablan por sí mismos: ante un gobierno que gasta cuanto y como quiere y una clase política que prefiere darse bonos navideños millonarios a preocuparse por las finanzas públicas, el aumento en el precio de la gasolina y los falsos argumentos que presenta el presidente hieren y enfurecen a la ciudadanía.

* Leonardo Núñez González, es politólogo, internacionalista y maestro en Administración y Políticas Públicas por el CIDE.

 

Héctor Astudillo anuncia medidas de austeridad

Los chicos quieren diversión.

El gobernador Héctor Astudillo Flores anunció en una rueda de prensa que tiene programadas algunas medidas de austeridad en su gobierno, aunque fiel a su costumbre de opacidad en su administración no las especificó.

Estas medidas surgen a raiz de las prostestas de los gasolinazos, pero pierden credibilidad si analizamos que en la miscelánea fiscal de este año aprobada por el Congreso local con el apoyo de su bancada se privilegió el gasto corriente burocrático del Ejecutivo, así como exentar de manera ilegal del pago de impuestos a médicos, arrendadores y socios de la empresa de transporte de Acapulco denominada Acabus. 

Además del pago de 47 millones de pesos para la fundación Teletón por concepto de donativo y sufragar el millonario adeudo que enfrentan los exgobernadores Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez con la Secretaria de Hacienda, mediante el recorte de partidas federales.

La postura de Astudillo se siente populista y temerosa después de cinco días de bloqueos carreteros, cierre de gasolineras, toma de casetas de peaje, suspensión de transporte público y saqueos en tiendas de conveniencia como el caso ocurrido ayer en el poblado de San Luis San Pedro, municipio de Tecpan de Galeana en la región de la Costa Grande.

Para este viernes, se anunció una marcha en el puerto de Acapulco, convocada por los líderes locales del PRD, PT y MC.

Inseguridad 

Héctor Astudillo, tampoco quiso ahondar sobre el tema de la violencia, y sólo acotó que la seguridad debe mejorar.

“Hoy no voy a abonar (sic) a todas las cosas que lamentablemente nos han hecho daño en los últimos días”, dijo en rueda de prensa en un restaurante ubicado en la playa de Caleta. “La seguridad debe mejorar y punto”, apuntó.

Ello, tras ser cuestionado sobre la violencia que ha azotado al estado, pese al despliegue de fuerzas federales y estatales para resguardar las zonas turísticas del puerto, en esta temporada vacacional.

Con información de Proceso.

Quinto día de bloqueos en #Acapulco por gasolinazo

CHILPANCINGO (apro).- Taxistas de Acapulco bloquean el lado poniente del principal destino turístico de la entidad y transportistas de la región de la Costa Grande suspendieron el servicio y mantienen cerradas al menos 10 gasolineras en protesta por el incremento al precio de los combustibles.

La protesta simultánea en los municipios de Coyuca de Benítez, Atoyac, San Jerónimo y Tecpan comenzó desde las 08:00 de la mañana de este jueves y los manifestantes anunciaron que se prolongará durante 12 horas.

Reportes oficiales indican que, con sus unidades, los transportistas mantienen cerradas al menos 10 franquicias de Pemex ubicadas sobre la carretera federal Acapulco – Zihuatanejo en la franja costera del Pacífico mexicano.

Mientras que en el puerto de Acapulco, taxistas bloquean la calzada Pie de la Cuesta, ubicada al poniente del principal destino turístico de la entidad y liberan el paso cada 20 minutos.

De esta forma se desarrolla el quinto día de protestas contra el alza al precio de la gasolina en Guerrero, medida que repercute en el incremento de otros combustibles y productos de la canasta básica.

Ayer el gobernador Héctor Astudillo Flores avaló públicamente el gasolinazo impuesto por el gobierno federal y exigió a los inconformes no afectar la actividad turística en la entidad.

En respuesta, usuarios de redes sociales vapulearon al mandatario, quien junto con diputados locales, decidió exentar del pago de impuestos este año a médicos y arrendadores, además de que destinó 47 millones de pesos del presupuesto estatal a la fundación Teletón en diciembre pasado.

Los indignados ciudadanos reprocharon la “opulencia, el derroche y corrupción” de la clase política. Por ejemplo, en el caso del propio Astudillo, quien en su declaración patrimonial afirmó que no posee ningún bien, pero su esposa Mercedes Calvo es propietaria de 12 inmuebles, entre ellos un lujoso penthouse en el puerto de Acapulco, además de que sus hijos han sido acusados públicamente de realizar negocios al amparo del poder.

Fuente: Proceso.

Amenaza Pemex con dejar de surtir combustibles a #Guerrero ante aumento de protestas 

Foto Proceso Internet.

Petróleos Mexicanos (Pemex) suspenderá el reparto de combustibles a las estaciones de servicio en esta entidad, con el objeto de evitar ataques o robos a sus transportes por parte de ciudadanos que protestan y bloquean ante el aumento en el precio de la gasolina.
Mariano Gutiérrez Mejía, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gasolina en esta entidad, reveló que Pemex les envió un comunicado donde informa a sus agremiados en Guerrero que suspenderá el suministro de combustibles a las 180 estaciones de servicio que existen en Guerrero, cada vez que se registre alguna protesta o bloqueo por parte de ciudadanos. Indicó que a pesar de haber recibido el comunicado oficial apenas este martes por la tarde-noche, la paraestatal ya había suspendido en dos ocasiones –el día primero y el martes 3- el suministro de gasolina aquí en Acapulco, donde operan 64 estaciones de servicio. 

Aunque se dijo respetuoso y hasta solidario con el malestar de los ciudadanos por el aumento en el precio de las gasolinas, el dirigente de los expendedores de gasolina en Guerrero pidió a las personas que ya no se manifiesten en las estaciones de servicio, porque los responsables del incremento no son ellos, sino el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y finalmente los propios usuarios se verán más afectados por la falta de combustibles si Pemex deja de surtir.

Fuente: www.agenciairza.com

Nada detiene a los saqueadores en México por el gasolinazo 

Los saqueadores en México están arrasando con todo, mucho cuidado: 

Cartón por @monerohernandez

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