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Taxco, el otro infierno

Un cuerpo hallado en una fosa clandestina en Taxco, Guerrero. Foto: Óscar Alvarado

Por EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

CHILPANCINGO, Gro. (Proceso).- El gobierno federal se ha resistido a informar públicamente la ubicación exacta y el nombre del propietario del domicilio donde la Policía Federal (PF) detuvo el 16 de septiembre a Gildardo López Astudillo, El Gil o Cabo Gil, uno de los lugartenientes de la banda Guerreros Unidos y pieza clave, según la investigación oficial, del caso Ayotzinapa.

Las autoridades federales declararon inexistente la información solicitada por este semanario el 23 de septiembre sobre este hecho ocurrido en un lujoso fraccionamiento de Taxco.

Desde julio de 2010 se han hallado fosas clandestinas en acantilados del municipio de Pilcaya y en respiraderos de minas en Taxco. Además, El Gil estuvo refugiado en dicha ciudad bajo la protección de políticos y autoridades de los tres niveles que han sido señalados con insistencia por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Sin embargo, tras el anuncio que el 20 de octubre pasado hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el acuerdo con el gobierno de Peña Nieto para reiniciar la investigación y la búsqueda de los normalistas desaparecidos, la Procuraduría General de la República (PGR) no incluyó entre sus primeras líneas de investigación las fosas mencionadas.

En la nota La sanguinaria guerra por el sur, publicado el 18 de julio de 2010, este semanario dio a conocer que las averiguaciones sobre la desaparición de un militar desembocaron en la captura de una célula de sicarios e informantes integrada por 15 hombres, dos de ellos menores, y evidenció que las minas de Taxco se utilizan para ocultar cadáveres (Proceso 1759).

De acuerdo con el expediente PGR/GRO/CHI/M-II/142/2010, los detenidos fueron interrogados sobre el paradero del cabo de materiales de guerra Cuauhtémoc Muñoz Martínez, desaparecido en Iguala entre el 21 y el 22 de mayo de ese año, cuando se encontraba franco.

Un parte militar anexo al expediente dice que Víctor Manuel Sánchez Conde, de 20 años, condujo a los soldados a la bocamina de San Antonio La Concha, en Taxco, adonde –según la procuraduría local– 55 hombres fueron arrojados a un agujero de 150 metros, algunos todavía con vida.

Sánchez Conde, chofer de los sicarios, reveló que abandonaron en la bocamina el cuerpo del cabo del 27 Batallón de Infantería, así como los del director y el sicólogo del penal de Iguala, Daniel Bravo Mota e Ignacio Suástegui Pérez, respectivamente. Éstos últimos fueron reportados por la Secretaría de Seguridad Pública estatal como desaparecidos el 24 de mayo.

En la entidad ya se habían encontrado otras fosas clandestinas, pero ninguna con tantos cadáveres como la bocamina de San Francisco, que contenía al menos un centenar de cuerpos.

En la ciudad colonial existen más de 30 respiraderos de minas abandonados desde 2007, cuando estalló la huelga de trabajadores contra la empresa Grupo México.

Al enterarse del hallazgo de la narcofosa llegaron a Taxco decenas de personas, en su mayoría mujeres, provenientes de otros municipios guerrerenses, de Morelos y del Distrito Federal. Buscaban en la morgue a sus familiares desaparecidos en circunstancias sospechosas.

Integrantes del Comité de Familiares y Amigos de Asesinados, Secuestrados y Desaparecidos en Guerrero informaron que han documentado 242 casos de desaparición forzada entre 2005 y 2010.

En ese entonces el comité planteaba que el gobierno debía reconocer, atender y resolver el problema de las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales en la entidad, pues sostenía que la fosa de Taxco era sólo una muestra de los mecanismos de la delincuencia para “tratar de esconder a sus víctimas y mantenerse en la impunidad”.

Desde entonces dicha organización demanda que las autoridades elaboren un plan de búsqueda de desaparecidos e integren una base de datos con información genética, a fin de cotejar responsablemente las muestras de los cuerpos hallados con los de familiares de desaparecidos.

Si bien las autoridades ignoraron la demanda del comité, la repercusión internacional del caso Ayotzinapa las obligó a retomar estos planteamientos.

Información desaparecida

Una semana después de que el gobierno federal informó sobre la captura del Gil, Proceso pidió a la Secretaría de Gobernación, la PF y la PGR, a través del sistema Infomex, información sobre el lugar de la detención y el propietario de la casa, ya que en la entidad se especuló que se trata de un conocido político local.

La PF declaró “inexistente” esa información mediante el oficio 6016, fechado el 8 de octubre y firmado por la inspectora general de la corporación, Elia Lugo Delgado.

Por su parte, Gobernación declaró que esos datos no son de su competencia, mientras que la PGR solicitó una prórroga hasta principios de este mes para emitir una postura al respecto.

En septiembre, el semanario publicó el reportaje La captura del Cabo Gil provoca aún más dudas, en el cual se indica que a casi un año del ataque a los normalistas de Ayotzinapa, las autoridades finalmente detuvieron en Taxco a Gildardo López durante un operativo, sin gran despliegue de fuerza ni violencia, lo que algunas fuentes consideran un indicio de entrega pactada; sobre todo porque el propio sospechoso ya había ofrecido entregarse cuando se hubiera detenido a la mayor parte de su banda.

Se informó también de las insistentes versiones sobre los presuntos vínculos con la delincuencia organizada que mantienen autoridades locales y federales, igual que empresarios como Federico Figueroa.

El 17 de septiembre, el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, anunció que la PF y agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional atraparon al Gil en un inmueble de Lomas de Taxco.

El exclusivo fraccionamiento está en el cerro donde se halla el emblemático hotel Montetaxco, y que también habitan, en villas de estilo colonial, políticos locales como el delegado federal de Economía y exalcalde taxqueño Álvaro Burgos.