Personal de la Fiscalía General de Guerrero (FGE) encontró ayer restos óseos en fosas clandestinas en un predio a un lado de la carretera Coacoyula Apipilulco, en el municipio de Iguala de la Independencia.
El vocero de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, dijo que las fosas fueron encontradas gracias a una llamada anónima. Dijo que en la zona conocida como El Mirador se encontraron cráneos, mandíbulas, tibias y dientes, además de ropa y huaraches. “Hasta el momento, no sabemos cuántas piezas se han encontrado, ni a qué grupos de personas corresponden”, dijo el funcionario estatal.
Los restos encontrados fueron etiquetados y trasladados a los servicios periciales de la Fiscalía, en Chilpancingo, para su análisis, sin embargo, Álvarez Heredia dijo que no descartan en avisar a la Procuraduría General de la República sobre el hallazgo. “Por la dimensión y la importancia del hecho no descartamos que se de vista a la PGR”, dijo.
En el caso Iguala se han integrado tres tomos con declaraciones que identifican a Pineda como intermediaria con el grupo “Guerreros unidos”.
México.- La Procuraduría General de la República (PGR) no quita la mira de la familia Abarca Pineda, en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.
Y en este sentido, la dependencia indaga las llamadas durante y en horas posteriores a los ataques que integrantes de la organización criminal “Guerreros unidos”realizaron contra los normalistas, entre María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y “El Chuky”, sujeto que presuntamente encabezó a policías y sicarios durante las agresiones a los estudiantes.
En el caso Iguala se han integrado tres tomos con declaraciones que identifican a Pineda como intermediaria con el grupo “Guerreros unidos”.
Además, que se hallaron varias computadoras y tablets, así como dispositivos portátiles de almacenamiento electrónico permitieron al Ministerio Público dar seguimiento a sus cuentas y con base en ello se le acusa de la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El 18 de octubre de 2014, Sidronio Casarrubias, presunto líder de “Guerreros unidos”, declaró a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), que en los municipios de Iguala, Taxco, Cocula, Buenavista de Cuéllar y Tepecua, “existe arreglo con los presidentes municipales, y principalmente los directores de seguridad pública”.
Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), rechazó que vaya a renunciar al cargo, luego del intercambio de declaraciones que sostuvo con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la diligencia que el funcionario realizó el 28 de octubre de 2014 en el río San Juan, en Cocula, en torno a la investigación de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, el 26 de septiembre de ese mismo año.
“Esto fue una respuesta institucional y yo tengo acuerdos, varias veces al día con la procuradora y ella estaba enterada y se contó con el aval total de poder salir” a dar la conferencia de prensa del miércoles.
Explicó que en ningún momento se violó el debido proceso del testigo, Agustín García Reyes, miembro de un grupo criminal, con quien salió a realizar una actividad policial de urgencia, como lo era, dijo el caso de los 43 normalistas.
Zerón aseguró que García Reyes, alias “El Chereje”, no requirió la presencia de un abogado “por su propia voluntad” y además de que se ofreció de manera voluntaria a llevar a los investigadores al lugar, donde presuntamente tiraron las bolsas con cenizas de restos humanos.
Tiempos de Guerrero le ofrece el informe completo sobre el caso Ayotzinapa elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Más de 600 páginas que explican las claves y suscitan nuevas preguntas sobre la desaparición de los 43 normalistas ocurrida en Iguala, Guerrero el 26 y 27 de septiembre del 2014.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, un pánel internacional de expertos que fueron traídos a México para investigar la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero —hecho que desató una protesta global—, dice que no puede dar una conclusión del caso porque ha sido sometido a una campaña sistemática de acosos, evasivas e intimidación.
Los investigadores, que este domingo 24 de abril presentaron la última parte de su informe, dicen que han sufrido ataques cuidadosamente orquestados por los medios de comunicación mexicanos, el rechazo por parte del gobierno a entregar documentos o conceder entrevistas con figuras esenciales, e incluso uno de los funcionarios que estuvo involucrado en la formación del grupo fue objeto de una investigación criminal.
Para algunos, la conclusión inevitable es que el gobierno simplemente no quiere que los expertos resuelvan el caso.
“No existen las condiciones para desarrollar nuestro trabajo”, dijo Claudia Paz y Paz, integrante de la comisión que se ganó el reconocimiento internacional por el enjuiciamiento de un exdictador de Guatemala por cargos de genocidio. “Y en México, la prueba es que el Estado se opuso a la prórroga de nuestro mandato, ¿no?”
La presión sobre los investigadores —descrita por cuatro de los cinco miembros del pánel en entrevistas con The New York Times— socava las promesas hechas por el gobierno mexicano de cooperar plenamente para descubrir qué pasó con los estudiantes, uno de los peores casos de abuso de los derechos humanos en el país en los últimos años.
Los investigadores dicen que les falta mucho para completar su trabajo. Sin embargo, saldrán de México en los próximos días por lo que muchos ya sospechan: ellos también creen que el gobierno trata de encubrir lo que ocurrió en la noche del 26 de septiembre de 2014 cuando 43 estudiantes universitarios fueron secuestrados por la policía y nunca aparecieron.
Por otro lado, el gobierno mexicano dice que ha cooperado plenamente con los expertos al completar la mayoría de sus solicitudes de información, mientras procesa el resto.
“Esto es algo que probablemente nos perseguirá por mucho tiempo”, dijo Francisco Cox, un abogado chileno especializado en derechos humanos que también conforma el grupo de expertos. “Pero no tiene sentido quedarse aquí porque, de cierta manera, es darle legitimidad a algo que no es correcto”.
Aunque el informe final del grupo se conocio estedomingo por la mañana, el caso está muy lejos de ser resuelto. Solo se han encontrado e identificado los restos de uno solo de los 43 estudiantes.
Otra cuestión es a qué nivel llega la colusion entre las bandas del narcotráfico y el Gobierno.
Aunque la investigación del gobierno se centró en la complicidad de las autoridades locales, estos expertos descubrieron evidencias de que las autoridades estatales y federales, e incluso militares, estuvieron presentes en la noche de la desaparición de los estudiantes.
Al menos siete agentes de la Policía Federal (PF) estuvieron en acción durante la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Tiempos de Guerrero.
Documentos internos de la base de la Policía Federal (PF), en Iguala, Guerrero, obtenidos de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de la propia corporación a través de la Ley Federal de Transparencia, revelaron los nombres de los siete policías que actuaron en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayozinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.
Todo esto consta en una investigación publicada por la cadena estadounidense Univisión, realizada por la periodista Anabel Hernández, con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley.
Los federales que participaron en estos hechos fueron el suboficial jefe de la base de la PF en Iguala, Luis Antonio Dorantes Macías; el subinspector José Carlos Hernández Romero; el oficial Víctor Manuel Colmenares Campos; el suboficial Emmanuel de la Cruz Pérez Arizpe; el oficial Arturo Gómez Gómez; el suboficial Marco Antonio Pérez Guzmán; y el suboficial Alfonso Ugalde Cámara. Colmenares Campos y Pérez Arizpe son dos policías señalados como cómplices directos en la desaparición de 15 o 20 normalistas del autobús Estrella de Oro 1531, a la altura del Palacio de Justicia en Iguala, y según, dice Univisión, dichos elementos fueron reconocidos por un testigo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
La semana pasada la Comisión reveló que un testigo vio directamente el momento en que policías municipales habrían agredido a los estudiantes en la autopista federal 95 y obligado a bajar del camión para luego subirlos a unidades de la policía municipal de Huitzuco para llevárselos. Además, la CNDH afirmó que dos federales estuvieron presentes y dejaron que ocurriera la acción ilegal en el tramo carretero que está bajo jurisdicción de la Federal. La CNDH dijo que el testigo pudo identificar plenamente a los dos federales, pero hasta ahora no se conocían sus nombres.
La CNDH señaló el 15 de abril pasado que los agentes federales “habrían consentido que de manera indiscriminada dos corporaciones policiales municipales operen en dicha zona de jurisdicción federal; además, asienten que los normalistas detenidos por la policía de Iguala sean llevados al territorio de un municipio diferente, contando con el auxilio de una policía que actúa fuera de su demarcación, como es el caso de la de Huitzuco”.
También se descubrió que a las 10.55 de esa noche la PGR ya estaba enterada de los ataques, aunque por meses ha dicho que no y que no podían hacer nada al respecto.
Osorio Chong y sus engaños Por Noé Mondragón Norato › Guerrero Habla.
Las visitas al municipio de Iguala, del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y de José Antonio Meade, de Desarrollo Social, parecen enfocarse hacia un solo destino: darle progresivamente, el clásico carpetazo al asunto de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos. Y era el momento y la coyuntura idónea, luego de la filtración de una conversación telefónica en la que se escucha al padre de familia Mario César González Contreras y a Vidulfo Rosales Sierra -abogado de los padres de familia de los 43-, externar su preocupación por las presumibles amenazas en su contra por parte del grupo delictivo Guerreros Unidos, por no distribuir 200 mil pesos a los demás padres de familia.
De ahí se abre lo demás.
CHONG: ENGAÑO SISTEMÁTICO.– Para el secretario de Gobernación, la prioridad es clara: cerrar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos y venderlo como un triunfo político suyo. Desde luego, con la mira puesta en la sucesión presidencial de 2018. Pero los engaños en las tragedias por parte de la federación se miden de distintas formas. Son sistemáticos. Y se leen así:
1.- A raíz de la devastación propiciada por el huracán Manuel en septiembre de 2013, el presidente Peña Nieto, delineó el Plan Nuevo Guerrero el 7 de noviembre de ese mismo año. ‘La idea era la reconstrucción total de la entidad con proyectos de infraestructura e inversión, orientados a la construcción de carreteras, conectividad logística, energía, turismo y campo’. La inversión fue inicialmente de 30 mil millones de pesos. Hoy la cifra se incrementó hasta alcanzar los 44 mil 800 millones de pesos. El asunto que causa prurito sin embargo, es que la entidad sigue igual en materia de infraestructura carretera. Y los programas sociales no han revertido significativamente la pobreza. De lo cual se infiere que las partidas millonarias más importantes se quedaron en manos de funcionarios, intermediarios y constructoras amigas. Y así, la federación se encargó de engañar a los guerrerenses. Como hoy lo hace en el caso Iguala. También en materia de seguridad pública.
De hecho, en su visita reciente a Alemania, el presidente de ese país, Joachim Gauck, ofreció ayuda a México para combatir al crimen organizado. Es evidente que Peña Nieto, la rechazará. Porque al parecer, un estado de cosas descompuesto es más rentable para él, que uno ordenado.
2.- Osorio Chong está desatado por su preponderante papel en las encuestas internas del PRI, que lo colocan en este momento, a la cabeza de las preferencias en la sucesión presidencial. Su visita a Iguala y la puesta en marcha del programa de Colaboración de Acciones para un Desarrollo Social con Igualdad, debe inscribirse forzosamente, en esa dinámica. Pero Osorio matizó a la vez, sus rencores políticos personales.
De dos formas: anunció que la federación detendrá a todos los involucrados en el caso Iguala –sin especificar si a los políticos también-; y a pesar de que reconoció que el gobernador Héctor Astudillo, ’tiene todo el respaldo de la federación’, al evento no acudieron ni el secretario de Operación Política del CEN del PRI, Manuel Añorve Baños. Ni el senador René Juárez Cisneros.
Y eso significa una sola cosa: que ambos no jugarán en el proyecto político presidencial de Osorio Chong, sino en el de Manlio Fabio Beltrones, el actual dirigente nacional del PRI. Osorio Chong, debe tener claro que una gran parte del camino a la gubernatura, le fue pavimentado a Héctor Astudillo, por la dupla Beltrones-Añorve.
Y en esa lógica, no existe la certeza de que Astudillo juegue la sucesión presidencial con él. Pero el secretario de gobernación se mueve. Hace del engaño sistemático, su más preciada carta política en la prospectiva del poder nacional. Ese es el punto.
Después de escuchar al Presidente sostener que la ciudad de Iguala “no puede quedar marcada” por la tragedia de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se hacen evidentes los escandalosos niveles de aislamiento, miopía y ausencia de autocrítica de los encargados de los discursos en Los Pinos y obviamente de sus jefes, Peña Nieto incluido.
Los “trágicos acontecimientos” del 26 de septiembre de 2014, tal y como los aludió Enrique Peña Nieto en la conmemoración del Día de la Bandera atrincherado en el cuartel militar de Iguala, no solo marcaron a esa localidad, sino a todo México: la huella de los desaparecidos de Ayotzinapa esa madrugada puede llegar a ser —según especialistas y analistas de todos signos— tan relevante en la definición del futuro del país como las matanzas de estudiantes del 2 de octubre de 1968 y del Jueves de Corpus de 1971, el temblor de 1985 en la Ciudad de México o la controvertida elección de 1988.
Aunque el Presidente desee lo contrario, Iguala quedará marcada para siempre por esa tragedia y no será más recordada únicamente como el lugar donde se firmó el plan que hizo nacer al Ejército Trigarante y con ello dar paso al fin de la Guerra de Independencia; resulta que por la desaparición de los 43 normalistas cobran hoy Iguala y su historia reciente una relevancia mayor al abrir paso a un gran debate sobre el estado de cosas que se vive en México.
Ayotzinapa e Iguala son nombres que representan hoy ejemplos de un país donde policías y criminales se coluden y operan en una idea de impunidad tal que son capaces de cometer aberrantes violaciones a los derechos humanos y ante las cuales —por desgracia— la administración federal y los gobiernos estatales asumieron una actitud tan acrítica y refractaria que perdieron la oportunidad de aprender la lección, tal y como acusara recientemente Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH, al referirse a la repetición de este fenómeno criminal en Tierra Blanca, Veracruz, con su saldo de cinco jóvenes desaparecidos.
La noche de Iguala exhibió en forma brutal, una vez más, ante los ojos de los mexicanos y del mundo la corrupción, la complicidad y la impunidad que hacen posibles los niveles de crimen y violencia que se dan en algunas regiones de México, y es por eso (más allá de la agenda interesada de los grupos que usan la desaparición de los 43 como ariete político) una mancha en la vida pública que no se podrá borrar por más que así lo pretenda el fallido discurso presidencial.
Más que intentar convocar al olvido, desde Los Pinos debería comenzar a construirse un discurso propositivo, autocrítico e incluyente que permita ir reduciendo los niveles de polarización y confrontación que hoy marcan el debate público y que azuzan y aprovechan grupos sin convicción democrática que pretenden así encabezar a sectores sociales justamente indignados con tragedias como la de Iguala y los 43 de Ayotzinapa.
