Archivo de la categoría: Caso Ayotzinapa

No dejaré el cargo y no se violó proceso: Tomás “Zembrón”

Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), rechazó que vaya a renunciar al cargo, luego del intercambio de declaraciones que sostuvo con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la diligencia que el funcionario realizó el 28 de octubre de 2014 en el río San Juan, en Cocula, en torno a la investigación de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, el 26 de septiembre de ese mismo año.

“Esto fue una respuesta institucional y yo tengo acuerdos, varias veces al día con la procuradora y ella estaba enterada y se contó con el aval total de poder salir” a dar la conferencia de prensa del miércoles.

Explicó que en ningún momento se violó el debido proceso del testigo, Agustín García Reyes, miembro de un grupo criminal, con quien salió a realizar una actividad policial de urgencia, como lo era, dijo el caso de los 43 normalistas.

Zerón aseguró que García Reyes, alias “El Chereje”, no requirió la presencia de un abogado “por su propia voluntad” y además de que se ofreció de manera voluntaria a llevar a los investigadores al lugar, donde presuntamente tiraron las bolsas con cenizas de restos humanos.

Se derrumba “otra vez” la verdad histórica; informe completo del caso Ayotzinapa #InformeGIEI

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Tiempos de Guerrero le ofrece el informe completo sobre el caso Ayotzinapa elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Más de 600 páginas que explican las claves y suscitan nuevas preguntas sobre la desaparición de los 43 normalistas ocurrida en Iguala, Guerrero el 26 y 27 de septiembre del 2014. 

Descargar aquí: https://t.co/uXIh6g2WXr

Twitter @TiempoGro

GIEI: Hubo colusión entre bandas de narcotráfico y Gobierno en Iguala

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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, un pánel internacional de expertos que fueron traídos a México para investigar la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero —hecho que desató una protesta global—, dice que no puede dar una conclusión del caso porque ha sido sometido a una campaña sistemática de acosos, evasivas e intimidación.

Los investigadores, que este domingo 24 de abril presentaron la última parte de su informe, dicen que han sufrido ataques cuidadosamente orquestados por los medios de comunicación mexicanos, el rechazo por parte del gobierno a entregar documentos o conceder entrevistas con figuras esenciales, e incluso uno de los funcionarios que estuvo involucrado en la formación del grupo fue objeto de una investigación criminal.

Para algunos, la conclusión inevitable es que el gobierno simplemente no quiere que los expertos resuelvan el caso.

“No existen las condiciones para desarrollar nuestro trabajo”, dijo Claudia Paz y Paz, integrante de la comisión que se ganó el reconocimiento internacional por el enjuiciamiento de un exdictador de Guatemala por cargos de genocidio. “Y en México, la prueba es que el Estado se opuso a la prórroga de nuestro mandato, ¿no?”

La presión sobre los investigadores —descrita por cuatro de los cinco miembros del pánel en entrevistas con The New York Times— socava las promesas hechas por el gobierno mexicano de cooperar plenamente para descubrir qué pasó con los estudiantes, uno de los peores casos de abuso de los derechos humanos en el país en los últimos años.

Los investigadores dicen que les falta mucho para completar su trabajo. Sin embargo, saldrán de México en los próximos días por lo que muchos ya sospechan: ellos también creen que el gobierno trata de encubrir lo que ocurrió en la noche del 26 de septiembre de 2014 cuando 43 estudiantes universitarios fueron secuestrados por la policía y nunca aparecieron.

Por otro lado, el gobierno mexicano dice que ha cooperado plenamente con los expertos al completar la mayoría de sus solicitudes de información, mientras procesa el resto.

“Esto es algo que probablemente nos perseguirá por mucho tiempo”, dijo Francisco Cox, un abogado chileno especializado en derechos humanos que también conforma el grupo de expertos. “Pero no tiene sentido quedarse aquí porque, de cierta manera, es darle legitimidad a algo que no es correcto”.

Aunque el informe final del grupo se conocio estedomingo por la mañana, el caso está muy lejos de ser resuelto. Solo se han encontrado e identificado los restos de uno solo de los 43 estudiantes.

Otra cuestión es a qué nivel llega la colusion entre las bandas del narcotráfico y el Gobierno.

Aunque la investigación del gobierno se centró en la complicidad de las autoridades locales, estos expertos descubrieron evidencias de que las autoridades estatales y federales, e incluso militares, estuvieron presentes en la noche de la desaparición de los estudiantes.

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Con Información del NY Times.

Siete policías federales participaron la noche de Iguala en desaparición de los 43

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Al menos siete agentes de la Policía Federal (PF) estuvieron en acción durante la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Tiempos de Guerrero.

Documentos internos de la base de la Policía Federal (PF), en Iguala, Guerrero, obtenidos de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de la propia corporación a través de la Ley Federal de Transparencia, revelaron los nombres de los siete policías que actuaron en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayozinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.

Todo esto consta en una investigación publicada por la cadena estadounidense Univisión, realizada por la periodista Anabel Hernández, con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley.

Los federales que participaron en estos hechos fueron el suboficial jefe de la base de la PF en Iguala, Luis Antonio Dorantes Macías; el subinspector José Carlos Hernández Romero; el oficial Víctor Manuel Colmenares Campos; el suboficial Emmanuel de la Cruz Pérez Arizpe; el oficial Arturo Gómez Gómez; el suboficial Marco Antonio Pérez Guzmán; y el suboficial Alfonso Ugalde Cámara. Colmenares Campos y Pérez Arizpe son dos policías señalados como cómplices directos en la desaparición de 15 o 20 normalistas del autobús Estrella de Oro 1531, a la altura del Palacio de Justicia en Iguala, y según, dice Univisión, dichos elementos fueron reconocidos por un testigo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)

La semana pasada la Comisión reveló que un testigo vio directamente el momento en que policías municipales habrían agredido a los estudiantes en la autopista federal 95 y obligado a bajar del camión para luego subirlos a unidades de la policía municipal de Huitzuco para llevárselos. Además, la CNDH afirmó que dos federales estuvieron presentes y dejaron que ocurriera la acción ilegal en el tramo carretero que está bajo jurisdicción de la Federal. La CNDH dijo que el testigo pudo identificar plenamente a los dos federales, pero hasta ahora no se conocían sus nombres.

La CNDH señaló el 15 de abril pasado que los agentes federales “habrían consentido que de manera indiscriminada dos corporaciones policiales municipales operen en dicha zona de jurisdicción federal; además, asienten que los normalistas detenidos por la policía de Iguala sean llevados al territorio de un municipio diferente, contando con el auxilio de una policía que actúa fuera de su demarcación, como es el caso de la de Huitzuco”.

También se descubrió que a las 10.55 de esa noche la PGR ya estaba enterada de los ataques, aunque por meses ha dicho que no y que no podían hacer nada al respecto.

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Hillary Clinton: “Yo no descansaría hasta saber que pasó con los 43”

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¿Me estas oyendo inútil?

Hillary Clinton es directa cuando se le pregunta cuál sería la política que abordaría en caso de ganar los comicios presidenciales de noviembre próximo en Estados Unidos: “Quiero que profundicemos y ampliemos nuestra relación con México.

Visité México cinco veces como secretaria de Estado; sé cuán importante es nuestra relación. Tenemos que manejar nuestra frontera de 2 mil millas, apoyar a los 20 mil alumnos que estudian en el país del otro y respaldar la seguridad de los estadunidenses y mexicanos”.

También destacó que “trabajaré muy duro para ser una buena socia para México y seguir presionando para reformar el gobierno y el respeto de los derechos humanos”.

Muchas personas en la comunidad mexicana en Estados Unidos están molestas por el caso aún no resuelto de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. La gente cree que el gobierno mexicano no ha hecho lo suficiente para esclarecer lo que pasó, y sus familiares esperan su retorno a casa.

No podría estar más de acuerdo; es algo indignante. Si yo estuviese en el gobierno mexicano, no estaría descansando hasta descubrir lo que pasó con esos 43 jóvenes. Su secuestro fue una terrible violación de la ley; es algo por lo que todos en México deberían unirse, para encontrar respuestas. Si hubiese algo que Estados Unidos podría hacer para ayudar, yo sería la primera en ofrecerlo. No puedo ni imaginarme la angustia que los padres y los familiares sienten.

Antes, Clinton evaluó el estado de la contienda y delineó sus planes para ampliar los alivios migratorios e impulsar una reforma migratoria, respaldar el proceso de reformas en México, y reforzar la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina.

Caso Ayotzinapa: Acontecimiento centinela

Por Juan Villoro.

El 6 de septiembre de 2015 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su primer informe sobre el caso Ayotzinapa. Basándose en datos del Gobierno mexicano, ofreció una narrativa más completa de los sucesos y desmontó la hipótesis de la Procuraduría acerca de que los cuerpos habían sido incinerados en el basurero de Cocula. De acuerdo con sus datos, mandos políticos, policiacos y militares, posiblemente coludidos con el crimen organizado, intervinieron en la persecución de los estudiantes.

Este notable avance hizo que los trabajos del GIEI se ampliaran a abril de 2016; la Procuraduría cambió de titular, y se esperó a que, al fin, se esclarecieran los sucesos de la amarga noche del 26 septiembre de 2014.

El GIEI no debe impartir justicia; su función consiste en evaluar informaciones y sugerir líneas de investigación. Quien debe responder es la Procuraduría. Ya sea por el descrédito de esa institución o por la novedad de condenar a otros actores, las exigencias se han desplazado a los asesores internacionales. En días recientes, el GIEI ha conocido la versión moderna de la guerra florida azteca: el linchamiento mediático.

Para continuar su indagación resulta imprescindible acceder a datos a que aún se desconocen. Uno de ellos es la participación del Ejército en los hechos. Si los 43 desaparecidos fueron incinerados, es necesario revisar los hornos crematorios de la zona, algunos de ellos bajo control militar.

“No puedo permitir que interroguen a mis soldados”, ha dicho el general Salvador Cienfuegos, titular de Defensa, como si interrogarlos significara incriminarlos, y ha subrayado que los expertos no son mexicanos. “Mas si osare un extraño enemigo…”, dice la exaltada letra de nuestro himno. El divisionario parece invocarla para no rendirse al extranjero.

Uno de los saldos más trágicos de lo que sucede en el Estado de Guerrero es que la violencia aumentó después de la desaparición de los 43. En uno de los cuentos protagonizados por el padre Brown, Chesterton refiere la historia de un militar que comete un asesinato y luego desata una batalla para ocultar su crimen entre otras muertes. En la violenta confusión de Guerrero, buscar un cadáver significa encontrar cementerios enteros.

El GIEI generó espacios de confianza entre los padres de las víctimas y el Gobierno, y abrió la expectativa de una posible solución institucional. Ese capital se evaporó demasiado pronto en la desgarrada sociedad mexicana. El grupo se queja de no contar con suficiente información y la Procuraduría niega que así sea. La relación entre quienes buscan nuevas pistas y quienes deben impartir justicia se ha desgastado, acaso de manera irreversible. Si el GIEI no puede ofrecer una versión más completa de los hechos, deberá decir claramente qué obstáculos concretos enfrentó, convirtiendo su último informe en un diagnóstico sobre los límites del sistema judicial mexicano.

Carlos Martín Beristain, doctor en psicología y miembro del GIEI, usa la expresión “acontecimiento centinela” para describir un suceso que representa un síntoma de otro mayor. Ayotzinapa ha sido eso, el brote de una enfermedad que ataca al país entero.

Hace décadas el periodismo mexicano tenía tres temas tabú: el presidente, el Ejército y la Virgen de Guadalupe. Los dislates presidenciales hicieron que sólo dos quedaran en pie.

Durante su visita a México, el papa Francisco recibió numerosas peticiones, entre otras la de hablar de Ayotzinapa. En el país del secreto, donde el Ejército actúa sin declarar, se espera que el Pontífice actúe como fiscal y vocero divino.

¿Podemos acceder al milagro de la verdad? Quizá, mientras estuvo a solas en el camarín de la Virgen, el Papa rezó para que, al modo mexicano, esa grave encomienda fuera resuelta por una invisible instancia superior.

Fuente: El País

PAN pide modificar verdad histórica y el PRD juicio contra Murillo Karam

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La presidenta de la Comisión Especial de Ayotzinapa de la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía, del Partido Acción Nacional (PAN) pidió a la Procuraduría General de la República (PGR), que si las investigaciones del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) modifican la “verdad histórica” sobre los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada, rectifique su hipótesis inicial.

En entrevista después de una reunión con el ex director de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Jaime Solís Robledo, Guadalupe Murguía dijo que si hay nuevas evidencias o conclusiones con soporte y estudios, deben ser tomados en cuenta.

“Lo que corresponde en este caso, es que si la averiguación previa, la PGR, con nuevos elementos y estudios, como fueron las conclusiones del (GIEI), tiene condiciones que permitan para rectificar la hipótesis inicial, que lo haga y que asuma el posicionamiento, que corresponde a la verdad de los hechos como sucedieron y simple y sencillamente nuevas evidencias pueden llevarlo a rectificar que, en su momento fue la hipótesis inicial”, comentó la panista.

Dijo que le preocupa que a más de un año y medio de los hechos no se haya podido conocer las conclusiones definitivas y claras sobre el paradero de los 43 normalistas desaparecidos. Incluso, dijo que mientras más transcurra el tiempo, será más difícil llegar a una conclusión precisa.

“Preocupa que a un año y medio de los hechos no haya podido haber conclusiones definitivas, ciertas y claras respecto de cómo sucedieron los hechos y creo que los peritajes que se puedan llevar en determinados sitios o lugares a esta distancia, generan también condiciones de incertidumbre, creo que es responsabilidad de la propia procuraduría esta convicción y determinar los elementos de prueba que se tenga”, comentó.

Este miércoles, EL UNIVERSAL publicó que en el basurero de Cocula no hay evidencias científicas de un incendio de la magnitud y la duración necesaria para poder calcinar los cuerpos de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, por lo que no se sostiene la hipótesis oficial de que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en ese lugar entre los días 26 y 27 de septiembre de 2014, advirtió un nuevo peritaje elaborado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Contrario a lo que sostiene la PGR de que existió un incendio de gran magnitud que habría alcanzado una temperatura de hasta mil 600 grados centígrados, que se generó para desaparecer los cuerpos de los estudiantes, el dictamen de los peritos argentinos concluye que el basurero de Cocula fue escenario de múltiples incendios y con distintos focos o epicentros desde el año 2010, que alcanzaron diferentes intensidades y duraciones.

PRD

Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la Cámara de Diputados, afirmó que Jesús Murillo Karam debería enfrentar no sólo la demanda de juicio político que está puesta contra él sino también “responsabilidades administrativas por lo menos”.

En conferencia, Zambrano dijo lo anterior cuando se le preguntó su opinión sobre el desmentido que acaban de hacer los peritos argentinos en el Caso Ayotzinapa, respecto de que ha sido una falsedad eso que dio en llamar Murillo Karam cuando era procurador general de la República, de que era la “verdad histórica la calcinación de los 43 normalistas en el basurero de Cocula.
“Simplemente viene a corroborar la crisis de credibilidad cuando el procurador Murillo Karam afirmaba lo que supuestamente había sucedido con los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa”.

PRI, la corrupción de Manlio

El presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, respaldó la actuación del exprocurador Jesús Murillo Karam en las investigaciones sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, comunidad de Guerrero.

Además, consideró que mientras las diligencias no concluyan es necesario insistir en encontrarlos con vida.

Este martes, el Equipo Argentino de Antropología Forense concluyó que los estudiantes no pudieron ser quemados en Cocula, una conclusión que puso sobre la mesa Murillo Karam.

“El cumplió y bien con su trabajo y lo hizo informando puntualmente cuáles eran sus conclusiones previas de la investigación que llevó a cabo. Además, fue durante su responsabilidad cuando también se aprehendieron a policías y a otros más delincuentes que ya han declarado haber participado en ese evento en el que dolorosamente desaparecieron los 43”, indicó en entrevista realizada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

A las 22:30 del 26 de septiembre me enteré de los hechos en Iguala: Aguirre

El gobernador de Guerrero durante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Ángel Aguirre Rivero supo de los hechos de Iguala a las 22:30 de la noche del 26 de septiembre y ordenó acciones de contención.

Lo anterior está asentado en la declaración de Aguirre ante la PGR, del 27 de agosto del 2015, a casi un año de la desaparición de los estudiantes.

En el espacio de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, se dio a conocer la declaración donde el exgobernador agregó que ante las acciones tomadas frente a las actividades de los alumnos de la normal de Ayotzinapa, fuera de la escuela, fueron acciones en todo momento de contención para prevenir conductas delictivas.

Los estudiantes realizaban actividades de boteo previo a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México.

Normalistas se conducen con absoluta independencia

“Que diga el compareciente si le fue informado el recorrido de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos el 26 de septiembre del 2014, si fue así ¿Quién le informó? En caso negativo, refiera quien era el encargado de hacerlo”.

A la cuestión, Ángel Aguirre responde: “Los jóvenes de Ayotzinapa siempre se han conducido con completa independencia, ninguna autoridad es informada cuando realizan cualquier tipo de movimiento o actividades por tanto conocí de su traslado por conducto del entonces secretario de Seguridad Pública del gobierno del estado de Guerrero, Leonardo Vázquez Pérez en el transcurso de la noche, sin que pueda precisar la hora del 26 de septiembre de 2014.

“Además, cabe señalar que como ya se refirió en líneas anteriores las acciones tomadas en torno a las actividades desempeñadas por los alumnos de la escuela normal lo fueron en todo momento como labores de contención para la prevenciónde la comisión de otras conductas delictivas derivadas de esta actividad, más no de seguimiento a los estudiantes ya que como lo referí, las actividades de estos, desde hace más de 20 años, han versado en manifestaciones y bloqueos carreteros, entre otras consecuencias, las acciones preventivas se instruyeron en consecuencia, lo que fue la planeación de rutas alternas para el tránsito de vehículos, cancelación de eventos públicos que pudieran correr riesgo ante la inminente manifestación de los estudiantes.

“Cabe destacar que las acciones preventivas y de vigilancia para salvaguardar el orden y la seguridad pública se implementan en todo el estado de manera constante pero principalmente en estas fechas que estaba la cercanía con la rendición de cuentas de informes por parte de autoridades municipales”, señala el documento.

Instruí dar el apoyo necesario

Posteriormente, se le pide a Aguirre que diga si recibió informes de la Secretaría de Gobierno, Seguridad Pública o la Procuraduría de Justicia del estado sobre lo que sucedía en Iguala el 26 de septiembre.

Y responde: “Fui enterado aproximadamente a las 22:30 horas por el secretario de Seguridad Pública y por el secretario de Gobierno de los hechos ocurridos por lo que de inmediato instruí al secretario de Gobierno, al procurador de Justicia, así como al secretario de Seguridad Pública y al de Salud para que se trasladaran al lugar de los hechos, brindarán el apoyo necesario a los afectados y preservar la seguridad del municipio.

“Asimismo solicité la colaboración del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, licenciado Ramón Navarrete para que vigilara y coadyuvara en la presentación y garantía de los derechos humanos en estos lamentables acontecimientos, siempre en estrecha coordinación con autoridades federales y particularmente con el Ejército mexicano, así como con la Policía Federal destacamentada en el estado de Guerrero.

“De las primeras acciones emprendidas me informó el procurador del estado, se procedió al desarme de la Policía Preventiva Municipal de Iguala, lo que derivó en la consignación de varios de los elementos previa identificación de algunos jóvenes que los señalaron como posibles agresores de estos hechos. Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Ministerial del estado emprendieron la búsqueda y auxilio de los estudiantes afectados y con el apoyo del Ejército mexicano y de la Secretaría de Marina localizando y rescatando a 68 jóvenes, de los cuales 30 declararon ante la autoridad ministerial, el resto, 38 se negó a hacerlo.

“Continuando con el informe de la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública se ofreció el apoyo y auxilio para el traslado de los jóvenes a las instalaciones de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, mismo que fue brindado de acuerdo al reporte que me fuera proporcionado por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública.

Se revisaron las instalaciones policiacas

En cuanto a lo ocurrido el 27 de septiembre del 2014, Aguirre abundó: “Por otra parte, se procedió a realizar una revisión minuciosa a las instalaciones de la Policía Estatal, Policía Federal en donde con base en el informe de la Procuraduría estatal no se encontraron personas detenidas en las áreas de encarcelamiento”.

En las ocho páginas de la declaración rendida por el exgobernador el pasado 27 de agosto del 2015, comentó que “en este mismo tenor se hizo un reconocimiento a las instalaciones de la Policía Preventiva municipal de Iguala no encontrando a ninguno de los jóvenes desaparecidos, según los reportes que me fueron expuestos, así como de acuerdo con el reporte de las diligencias practicadas dentro de la indagatoria iniciada por la Procuraduría estatal con motivo de los hechos.

“Se realizaron labores de búsqueda de los estudiantes desaparecidos con el acompañamiento de los propios estudiantes normalistas, incluso se acudió a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería ubicado en la ciudad de Iguala donde personal militar se entrevistó con el entonces vicefiscal de Derechos Humanos, doctorRicardo Martínez Chávez, acompañado de personal ministerial y estudiantes, tal y como consta, según me reportó el titular de la entonces Procuraduría de Justicia del estado y en actuaciones practicadas por el agente del Ministerio Público.

“Por otra parte, el entonces secretario de Salud, en doctor Lázaro Mazón se dio a la tarea de brindar el auxilio médico a los agraviados designándolo el gobierno del estado de Guerrero para tales recursos materiales, económicos y humanos que fuesen necesarios”, declaró.

A Aguirre también se pidió que dijera si fue informado del traslado de los estudiantes en dos camiones a la ciudad de Iguala y que refiera las instrucciones que dio al respecto, pero el hoy exgobernador repite exactamente lo que ya había declarado.

En cuanto a cuáles fueron las acciones para proveer la tranquilidad y seguridad de los habitantes de Guerrero, en concreto de los habitantes del municipio de Iguala y de sus visitantes los días 26 y 27 de septiembre, respondió: “Como lo referí anteriormente instruí a los funcionarios competentes se trasladaran a la ciudad de Iguala para brindar el apoyo necesario y garantizar la seguridad de la ciudadanía”.

Puntualiza: “las instrucciones giradas a las instituciones a mi cargo fueron las de actuar en consecuencia y con estricto apego a disposiciones claras”.