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Aumenta percepción de inseguridad en Acapulco a 85.9 por ciento en septiembre 

Un gran fracaso ha sido la política de seguridad en Guerrero encabezada por el gobernador Héctor Astudillo Flores.

Los guerrerenses se sienten más inseguros y esa percepción siguió siendo mayor en el caso de las mujeres, de acuerdo con la Encuesta nacional de seguridad pública urbana de septiembre divulgada este martes.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que Chilpancingo es la séptima ciudad en México con la mayor percepción de inseguridad entre sus habitantes, con un 92.4 por ciento, mientras que en junio fue de 94.1 por ciento.

En el último trimestre, Acapulco aumentó su porcentaje de 83.2 por ciento de ciudadanos que se sienten inseguros a 85.9 por ciento, mientras que la percepción de inseguridad de Ixtapa-Zihuatanejo disminuyó de 84.8 por ciento a 79.2 por ciento.

Evodio Velázquez, alcalde de Acapulco, el rostro de la incompetencia.

En el resto del país el 76% de la población mayor de edad consideró en septiembre que vivir en su ciudad es inseguro, lo cual fue 4.1 puntos porcentuales más que lo registrado en el mismo mes de 2016, según cifras de la encuesta elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La percepción de inseguridad es mayor en las mujeres con un 80.3%, frente a un 71.1% de los hombres, detalló el INEGI.

La sensación de inseguridad por temor al delito y las expectativas que tiene la población sobre la seguridad pública se generan por factores como la atestiguación de conductas delictivas o antisociales que ocurren en el entorno donde se desenvuelve la población, explica el instituto.

Si se comparan los datos de septiembre frente a los reportados en junio no hay un cambio significativo pues en el sexto mes del año se reportó un 74.9% en la percepción de inseguridad. El INEGI aclaró que la comparación entre ambos periodos debe ser tomada con reserva, pues el número de ciudades en la muestra se incrementó en el último año.

MAYOR TEMOR 
Por ciudades, las que mayor percepción de inseguridad registraron en septiembre frente a junio fueron: Villahermosa, Tabasco, con 98.4%; Coatzacoalcos, Veracruz, con 97%; Región Norte de la Ciudad de México, con 94.8%; Reynosa, Tamaulipas, con 93.6%; Ecatepec de Morelos, Estado de México, con 93.6%; y la Región Oriente de la Ciudad de México, con 93%.

De lado de las localidades con menor percepción de inseguridad se encuentran: Mérida, Yucatán, con 27.4%; Puerto Vallarta, Jalisco, con 28.9%; Piedras Negras, Coahuila, con 34.3%; Saltillo, Coahuila, con 42.2%; Durango, Durango, con 44.2% y San Francisco de Campeche, con 44.4%.

El lugar en el que los mexicanos se sienten más inseguros es el cajero automático en la vía pública, con 81.8%. Le sigue el transporte público con 74.6%, las calles con 68.1% y en el banco, con 67.7%.

El lugar en el que los mexicanos perciben menos riesgo es la escuela con 25.8% y su casa con 29.7%, según los datos del INEGI.

Twitter @TiempoGro 

Un Pato priista


Por Denise Dresser.

Hoy las clases acomodadas de México están a punto de erigirle una estatua a José Antonio Meade. Están a un paso de vitorealo, cargarlo en hombros, bautizar un parque con su nombre. El hombre decente, el católico comprometido, el padre de familia. Como escribió Bloomberg sobre él: “Meade es un producto raro en los altos eslabones del gobierno mexicano, un hombre con una reputación de honestidad”. Tecnócrata, trabajador, poco pretencioso. Decente. Y ese perfil de priista potable abre la posibilidad para muchos de volver a votar por el PRI sin sentir remordimiento. Lo harán con la conciencia tranquila, persignándose porque no avalaron a un corrupto.

Pensarán que al menos llegaría a Los Pinos alguien con las manos limpias, la casa modesta, el Prius pequeño. Y en la perspectiva de sus adeptos eso bastaría para hacerlo presidenciable. Es uno de nosotros, dirán los oligarcas empresariales. Protegería nuestros intereses, argumentarán los inversionistas internacionales. No es un ladrón, insistirán miembros de las clases medias. Nos salvará de Andrés Manuel López Obrador, clamarán los que temen el venezolamiento de México. Y a todos los que celebran su supuesta idoneidad se les olvidará lo evidente, lo obvio, lo que debería descalificarlo de entrada, o llevar a cuestionamientos indispensables. José Antonio Meade es un priista.

No con credencial, no con militancia, no con cargos de elección popular vía ese partido e incluso fue secretario de Hacienda del panista Felipe Calderón. Es un priista de una forma más esencial, más fundacional. Su priismo es uno de porras, de lealtades, de genuflexión, de ADN, de hacer lo que su Presidente le pida aunque vaya en contra de su entrenamiento como economista y su buen juicio como hombre honorable. Basta con ver su cuenta de Twitter, leer sus declaraciones, examinar sus comparecencias. Ahí no está el hombre honesto, el hombre honorable. Ahí está el funcionario priista que oculta las cifras del endeudamiento, que encubre la fragilidad de las finanzas públicas, que omite hablar de las críticas de Standard & Poor’s, que no habla del despilfarro del gasto corriente, que encubre los desvíos multimillonarios de recursos gubernamentales con motivos políticos y electorales, que se presta a manipular cifras y datos para que la gestión de Enrique Peña Nieto parezca mejor de lo que es.

Por eso afirma sin el menor rubor que “México le debe mucho al PRI (…) y su participación activa para evitar pérdidas importantes”. En esa defensa ahistórica de su partido, Meade borra las heridas infligidas por gobiernos priistas desde al menos 1976. El PRI culpable de crisis, creador de devaluaciones, responsable de sismos financieros sexenales, cómplice de saques sindicales, progenitor del capitalismo de cuates. México le debe al PRI la creación de instituciones y hoy debería reclamarle cómo las pervirtió, hasta llegar a donde estamos hoy. Con una corrupción que se come 9 por ciento del PIB. Con un andamiaje institucional que permite y crea incentivos para el enriquecimiento personal vía el erario público. Con un priismo como forma de vida y extracción del botín que corrompe todo lo que toca, incluso a impolutos como Meade.

Porque pensar que un solo hombre bueno puede limpiar la estructura prevaleciente es ingenuo o intelectualmente deshonesto. Limpiar el gobierno requerirá acabar con lo queda del priismo en las venas, en los partidos, en la función pública, en el comportamiento institucional. Y eso transita por preguntarle a Meade por qué cerró los ojos ante el extravío de recursos por parte de gobernadores priistas. Preguntarle cuál es su opinión sobre la permanencia de Raúl Cervantes, el Fiscal Carnal. Preguntarle sobre los fideicomisos opacos que la Secretaría de Hacienda administra. Preguntarle sobre lo que Animal Político llamó “La Estafa Maestra”; los 192 millones de dólares canalizados a 11 dependencias federales que desaparecieron. Preguntarle qué piensa sobre Odebrecht y cómo investigar a los señalados, incluyendo Emilio Lozoya y el propio Peña Nieto. Si Meade no provee respuestas satisfactorias sobre estos temas definitorios comprobará que lealtad política mata decencia. Y si parece un pato, nada como un pato y grazna como un pato, probablemente es un pato. Un pato priista que no puede desconocer el lodazal donde se mantiene a flote.
Agencias Reforma.

Morir en la montaña de Guerrero


BAJO SOSPECHA: Morir en la montaña de Guerrero.

Por Bibiana Belsasso.

El asesinato de un viejo activista de distintos grupos de izquierda, desde el EPR, quien fuera fundador del PRD y ahora de Morena, Ranferi Hernández Acevedo, en la montaña de Guerrero, vuelve a poner en el debate el grado de violencia que existe en esa zona del país, entre activistas políticos, caciques, grupos armados y narcotraficantes, que han dejado una enorme cantidad de venganzas recurrentes entre sus grupos y familias.

Al exdirigente del PRD en Guerrero lo mataron junto a su esposa, su suegra y su chofer en el interior de su camioneta, en la carretera Chilapa-Ahuacuotzingo.

El coche en el que iban fue encontrado en llamas, luego de que se reportara la desaparición de las cuatro personas por autoridades del municipio de Ahuacuotzingo, de donde salieron rumbo a Chilapa.

La complejidad del caso está asociada con la presunta actuación del crimen organizado. La comunidad de Nejapa, del municipio de Ahuacuotzingo, en la que fue asesinado Hernández Acevedo, es una zona en la que prevalece la violencia, hecho incluso aceptado por la autoridad local.

“Es una zona muy violenta por el pleito entre grupos delictivos que buscan el control para la siembra y cosecha de la amapola”, declaró Roberto Álvarez, vocero de seguridad estatal.

Justo donde fue asesinado Hernández Acevedo es de las zonas del país que llevan décadas de enfrentamientos, desde los años de la guerrilla en los 70, pasando por Aguas Blancas y con relación hasta con el caso de Iguala. Se tienen que analizar como parte del mismo proceso, de lo contrario no se puede llegar a dimensionar lo que sucede.

Esa zona de Guerrero se encuentra desde hace algunos años en disputa de dos grupos criminales: Los Rojos y Los Ardillos que pelean por la venta y la producción de la droga, el cobro de piso, la piratería y el secuestro.

Ranferi siempre estuvo en el ámbito político y con grupos antagónicos. En su momento dirigió el Movimiento Social de Izquierda, el cual durante las protestas magisteriales del 2016, trabajó en coordinación con la CETEG.

En 1996 dirigentes del EPR declararon que Ranferi les había pagado 2 mil pesos por haber participado en la matanza de Aguas Blancas.

Con quien también tuvo problemas a pesar de haber sido su colaborador, fue con el exgobernador Ángel Heladio Aguirre. Incluso meses antes de concluir su periodo, Francia le dio asilo político, ya que dijo era perseguido político del exgobernador.

Hay que recordar que el exgobernador Aguirre fue cercano a José Luis Abarca exalcalde de Iguala y a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa cuando desaparecieron los 43 estudiantes. Por cierto, a la última persona que visitó Pineda antes de su huida que terminó meses después en su captura y encarcelamiento, fue a Aguirre. Una anécdota para recordar y ver cómo todo está entrelazado.

Son muchos los militantes del PRD que han sido asesinados en Guerrero.

Hernández Acevedo es el segundo militante de este partido asesinado en una semana, pues apenas el 13 de octubre, el exalcalde perredista de Zitlala, Francisco Tecuchillo Neri, murió tras sufrir graves heridas y permanecer desaparecido por cuatro días.

Este par de crímenes se suman a los otros hechos trágicos ocurridos en los últimos meses, también en contra de militantes del sol azteca:

El 19 de abril de 2017, el secretario general del PRD en Guerrero, Demetrio Saldívar Gómez, fue asesinado afuera de su casa, recibiendo cinco impactos de bala con diversas trayectorias.

Ambrosio Soto Duarte, exalcalde de Pungarabato, fue asesinado el 24 de julio de 2016, luego de ser emboscado en la carretera federal Ciudad Altamirano-San Lucas. En el ataque murió el chofer de Soto Duarte y uno de los agresores.

Roger Arellano Sotelo, exdiputado local y exalcalde de Acapetlahuaya fue asesinado junto con su tío, Octavio Arellano —líder perredista en la región norte de Guerrero— el 9 de abril, cuando un comando los atacó durante una reunión familiar.

Desde el 13 de abril se desconoce el paradero del exdiputado federal y militante del PRD, Catalino Duarte Ortuño.

Duarte presuntamente fue privado de su libertad por un grupo armado en Ciudad Altamirano, cabecera municipal de Pungarabato, en la región de la Tierra Caliente.

Duarte Ortuño fungió como alcalde del municipio de Zirándaro de 2005 a 2009; posteriormente fue diputado local y después federal.

Sin embargo, los ataques contra los perredistas en la demarcación guerrerense vienen de mucho tiempo atrás.

Basta recordar que el 20 de agosto de 2009 fue asesinado el diputado y líder del Congreso de Guerrero, Armando Chavarría. El crimen se produjo pocos días antes de que anunciara su precandidatura al gobierno estatal, decisión que sería tomada en confrontación abierta con el gobernador Zeferino Torreblanca.

Unos años más tarde, el 1 de marzo de 2015, fue hallado muerto Lucio Gerardo Chavarría Barrera, hermano de Armando.

El cuerpo de Lucio fue localizado cerca del puente El Zapote, sobre la Autopista del Sol.

Luego se supo que había sido levantado por un grupo armado, pero no hubo denuncia ante el MP.

La viuda de Armando Chavarría, Martha Obeso, dijo ante la tumba de Ranferi: “Ante tu tumba juramos que tu lucha continuará”.

Como continuarán las luchas de poder en Guerrero, aunque en ese camino se pierdan muchas vidas en uno de los estados más conflictivos y con mayores índices de violencia de todo el país.

Condenan crimen

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados condenó los asesinatos de militantes de su partido en Guerrero y exigió a las autoridades investigar y sancionar a los responsables.

“Los escenarios de miedo, incertidumbre, impunidad y la violencia hacia la oposición no abonan a la democracia y menos beneficia al partido gobernante”, dijo Jesús Zambrano, vicecoordinador de la fracción perredista.

En tanto que el dirigente del sol azteca en Guerrero, Celestino Cesáreo Guzmán, dijo que el asesinato del luchador social y expresidente del PRD en la entidad, Ranferi Hernández Acevedo debe ser investigado de manera rápida sin que se descarte ninguna línea de investigación como la política.

Autoridades de Guerrero hallaron la madrugada del domingo el cuerpo calcinado de Ranferi Hernández, en las inmediaciones de la comunidad de Nejapa.

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto, condenó el asesinato y dijo: “Necesitamos seguridad para toda la ciudadanía y para eso se debe combatir la impunidad”, por lo que urgió a actuar con eficacia.

Por su parte el gobernador Héctor Astudillo condenó el crimen y se comprometió a que los responsables sean juzgados y castigados como lo marca la ley; consideró el hecho como “lamentable, reprobable y cobarde crimen”.
* Es periodista, columnista, comentarista y entrevistadora. Su carrera periodística inició hace más de 20 años en CBS Telenoticias en Miami, Florida. En su sección “Muy personal” y “Un café con” ha realizado más de 150 entrevistas sobre trayectoria y coyuntura a los personajes más destacados de la política, la cultura y el espectáculo.

Publicado en La Razón.

Guerrero: Territorio minado para periodistas

ACAPULCO, Gro.- Bernardino Hernández lleva en su auto a dos reporteros de “The Washington Post” a quienes les da un tour por Acapulco. En la colonia Zapata, dos camionetas los rebasan. El fotoperiodista se detiene a orilla del camino. Desde ahí ven la escena: hombres bajan de las camionetas, sacan a dos tripulantes de un vehículo compacto al que le cerraron el paso, los amagan con sus rifles y se los llevan. Otro se queda tirado en el pavimento, desangrándose de un golpe en la cabeza.

Los periodistas se quedan turbados, con miedo de que los hombres armados los hayan visto y regresen por ellos. Bernardino les dice que nada pasará y que, al contrario: tuvieron suerte de ver lo que vieron esa tarde de agosto.

En Acapulco sobran historias de violencia, tiene un estatus como una de las ciudades más inseguras del país. Los periodistas que las cubren son cazadores y guías de estas escenas.

Bernardino Hernández es un fotoperiodista que vive en Acapulco y ha trabajado los últimos 10 años en el tema de la violencia. Conoce los rincones conflictivos del puerto: Renacimiento y Coloso, Zapata y Simón Bolívar. Los tours los divide en dos rutas, en los dos bloques en que dividió la zona suburbana de Acapulco: “Yo les pregunto: ¿qué quieres ver?”.

Es colaborador de las agencias Cuartoscuro, Proceso y Associated Press. De unos cuatro años para acá combina el oficio con el de fixer, una especie de facilitador de información a otros periodistas. Es protagonista de varias crónicas en la prensa mexicana y autor de exposiciones en festivales internacionales de fotografía.

En agosto, los estadounidenses se decidieron por la ruta roja: Zapata-Simón Bolívar. Se trazaron llegar hasta la segunda colonia, a la casa de una anciana que quedó muerta en marzo de 2011, acurrucada en el suelo, protegiendo a sus dos nietos pequeños, que tampoco se salvaron, porque las balas de rivales persiguiéndose traspasaron su cuerpo. La fotografía de este hecho es una de las imágenes que más reprodujeron medios extranjeros del fotoperiodista.

El puerto mantiene a los medios interesados en su violencia. “Es lo que más me compran”, dice Bernardino.

A estas alturas, después de una década de inseguridad, los medios aumentaron los criterios para publicarles a los periodistas la violencia. A una fotoperiodista que colabora con una agencia internacional no le compran material si la cifra de asesinados en Acapulco es menor a cinco. De lo contrario, el crimen debe ser de alguien muy conocido o mínimo, ocurrido en la costera Miguel Alemán.

Javier Trujillo, otro reportero del puerto, no cubre un crimen si el saldo es menor a tres. Sus últimas notas son conteos de personas asesinadas durante el día y cada cuántas horas las matan: “Al principio, todo era noticia”.

La rentabilidad de la violencia es un aspecto que también valoraron los medios locales. El periódico “Novedades” de Acapulco movió en 2013 la sección policiaca, que permanecía en las páginas traseras, a la segunda posición de importancia. Las modificaciones, según ex colaboradores, se basaron en unas encuestas que aplicaron los repartidores del periódico a suscriptores, quienes pedían las balaceras y los muertos en las primeras páginas.

A Bernardino le hizo saber esta prioridad el dueño de otro periódico local cuando le cobró sus fotos del mes. “¡Pin… fotos pen…!”, le gritó. Al fotoperiodista no le quitan de la cabeza que lo ofendió porque sus fotografías no eran sangrientas.

La visita de los reporteros estadounidenses a Acapulco mereció la primera plana en “The Washington Post”, acompañada de un par de fotografías en blanco y negro: el mortal descenso de Acapulco.

Violencia, fuente de contenidos

La violencia se convirtió en una fuente de contenidos para los medios de comunicación y de riesgo para los reporteros. Guerrero es de los cuatro estados más peligrosos de México para el periodismo, según Reporteros sin Fronteras. Hasta agosto de 2017 se registraron en el estado mil 643 homicidios dolosos; siete personas asesinadas por día en promedio. La prensa no se salva: en 20 años mataron a 12 periodistas, el último ocurrió este año. Dos están desaparecidos y uno exiliado, según la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG). En 2017 están documentadas 23 agresiones en contra de 32 periodistas, 17 de ellas vienen de servidores públicos: guaruras, policías estatales, federales, jefes de áreas, alcaldes, delegados federales, magistrados y hasta el gobernador.

El periodista en Guerrero hace su labor en medio de 29 grupos de civiles armados, entre bandas de delincuentes y autodefensas, de acuerdo con informes de Seguridad Pública.

Este escenario ha reducido la libertad para ejercer el periodismo: unos dejan de publicar temas de violencia y otros abandonan zonas por el temor de ser atacados.

Brenda Escobar, reportera en Zihuatanejo, en la Costa Grande, desde hace dos años no publica ningún hecho de violencia. Vive amenazada por la familia del presunto asesino de la médica Adela Rivas, quien fue desaparecida y luego asesinada. Ella siguió puntualmente el caso.

Martín Méndez Pineda, un reportero de 26 años, que salió huyendo de la muerte y entró al infierno, estuvo 100 días detenido en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en Estados Unidos. Llegó a ese país después que en Acapulco la Gendarmería lo acosara durante meses tras cubrir un choque donde participaron los agentes.

Pero no sólo cubrir violencia genera riesgos a los periodistas, también exhibir a los que ostentan el poder: José Nava Mosso, director de la Agencia de Noticias Guerrero (ANG), está denunciado por el magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, Emiliano Lozano Cruz, quien le reclama el pago de 16 millones de pesos por presunto daño moral, luego que difundió —como otros medios—, un video donde aparece orinando en la calle.

El reportero en Guerrero siempre está en medio del acoso de los gobernantes y de los criminales, pero hay zonas donde el control es aún más rígido.

Mensajeros del crimen

“¿Ahora sí lo ven?”, decía el letrero acompañado de tres cuerpos que dejó un grupo criminal en la puerta de un periódico de Ciudad Altamirano. Era una tarde de junio de 2009 y en los nueve municipios de la Tierra Caliente se vivían uno de los momentos más álgidos de la disputa entre las bandas: muertos, decapitados, balaceras, secuestros.

Días atrás, los delincuentes habían cambiado su forma de comunicarse. Después de un crimen, sobre un cuerpo o en algún puente dejaban un mensaje y decidieron que los mensajeros serían los reporteros.

Llamaban para avisarles dónde dejarían los muertos y los mensajes. Los reporteros acudían a los lugares. Después vino la molestia del grupo contrario y pidió lo mismo: que se publicaran sus recados.

Los reporteros cayeron en un espiral peligroso: los grupos pidieron exclusividad. Se reunieron y tomaron dos medidas: llegar tarde o no ir a los hechos de violencia y pedirle a los policías que recogieran los letreros.

Las llamadas no pararon, ahora en tono de reclamo: “¿Por qué no se publicó el mensaje?”. Los reporteros pusieron infinidad de excusas. No les creyeron y una tarde dejaron el mensaje y los cuerpos. El mensaje era para todos los reporteros; aun así se mantuvieron firmes, como ahora lo recuerdan.

Hacer periodismo en Tierra Caliente es estar en el filo de la navaja, resume Israel Flores, reportero que se ha mantenido al pie de la información durante el deterioro de la región.

La Tierra Caliente es de las regiones más violentas de Guerrero. La disputan: La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Los Tequileros y los Guerreros Unidos, según informes oficiales.

Ahora la violencia disminuyó, pero entró a la etapa del control: ahí nada se decide sin la intervención de las bandas.

El mayor control está en el comercio. Los criminales imponen proveedores, precios, la distribución y además los extorsionan, como cuentan los locatarios. Nadie se sale de este acuerdo, ni puede alterarlo.

Un reportero, quien no quiso dar su nombre, cuenta un episodio: un día un periódico publicó una nota denunciando el aumento del agua embotellada sin autorización oficial. El incremento lo había impuesto el crimen. El comerciante se quejó y una de las bandas llamó por teléfono al reportero para exigirle que no volviera a publicar una nota que estorbara en sus negocios.

Israel explica que en la región el margen para informar cada vez es más reducido. Los reporteros tienen claro que hay lugares donde no deben entrar, nombres que no deben nombrar y temas que no deben seguir.

Se debe ser meticuloso al escribir, por sobrevivencia. El reportero siempre lleva la de perder. Una nota puede gustar a una banda, pero molestar a las otras tres. El julio pasado, los reporteros de la región fueron al festejo del Día de la Libertad de Expresión que organizó el ayuntamiento de Arcelia. El alcalde llegó, se disculpó y dijo que tenía que irse porque al día siguiente tenía una reunión en Chilpancingo. Explicó que haría un recorrido más largo, no podía pasar por Teloloapan: el grupo de autodefensas que opera ahí lo amenazó. Los reporteros se apresuraron para entrevistarlo. La nota salió al otro día en tres periódicos. Días después, en las redes sociales se difundió parte de la nota, pero alterada. Le agregaron un párrafo que decía que los reporteros participaron con el alcalde en una reunión con líderes de una banda que disputa el control de Arcelia y Teloloapan con las autodefensas.

Ahora esos periodistas están en la misma situación que el alcalde, no salen de la Tierra Caliente por temor. Los riesgos son reales, en 2017 el único reportero asesinado en Guerrero, Cecilio Pineda Birto, murió en esa región.

NUMERALIA

1,643 ASESINATOS DOLOSOS se registraron entre enero y agosto del 2017, en el estado. Siete personas asesinadas por día en promedio.

12 PERIODISTAS han sido ejecutados en 20 años, el último fue Cecilio Pineda, ultimado en marzo pasado, en región de la Tierra Caliente.

An important political and social leader in the state of #Guerrero has been murdered

Ranferi Hernandez Acevedo.

By Kent Paterson 

An important political and social leader in the southern Mexican state of Guerrero has been murdered. Authorities confirmed Sunday the death of Ranferi Hernandez Acevedo, whose body was found in a burning vehicle with those of his wife Lucia Hernandez Dircio, 94-year-old mother-in-law Juana Dircio and chauffeur late Saturday on a rural Guerrero highway, according to Mexican press accounts.

The travelers had been considered missing for several hours before their remains were recovered.

The killings were condemned by Archbishop Leopoldo Gonzalez Gonzalez of Acapulco, Guerrero Governor Hector Astudillo and the Centro Morelos human rights advocacy organization.

Hernandez was a founder and former Guerrero state president of the Party of the Democratic Revolution (PRD) as well as an ex-state legislator. More recently, he was a prominent member of a Guerrero movement of activists historically associated with the PRD that is supporting the 2018 presidential bid of Morena party leader Andres Manuel Lopez Obrador.

Also on Saturday, Enrique Baños Herrera, Morena member and activist with the Fodeg social organization, was taken by men from his workshop and beaten into a coma in Ometepec, Guerrero, the Acapulco-based publication Laplazadiario.com reported. It’s not known if the vicious assault was related to the Hernandez murder. There was no immediate public comment from Lopez Obrador about either the Hernandez slaying or the Baños attack.

A solidly built man with the handshake of a wrestler, Hernandez gained national and international stature back in the 1990s during the political crisis arising from the Aguas Blancas massacre of 17 unarmed small farmers by Guerrero state police on June 28, 1995.

In 1996, he formed part of the leadership of the FAC-MLN, a grouping of leftist social and political organizations that organized a memorial at the site of the massacre attended by about 1,500 people on the first anniversary of the atrocity.

The gathering was riveted by the first public appearance of the Popular Revolutionary Army (EPR) when a uniformed contingent of men and women guerrilla fighters took the stage, read a political manifesto in both Spanish and indigenous Nahuatl, and fired shots from AK-47 rifles into the air in honor of the slain farmers.

In the aftermath of the EPR’s emergence, government repression against leaders of the FAC-MLN intensified. The late Benigno Guzman was arrested and incarcerated in Puente Grande prison, the same facility that held drug lord Chapo Guzman at the time, and Hernandez found refuge in France for four years. Rocio Mesino, who was then emerging as a young social movement leader connected to the FAC-MLN, was later murdered in October 2013 — almost to the day Ranferi Hernandez was found slain four years later.

In a 2014 interview with this reporter, Hernandez commented on the final report then in progress of the Guerrero State Truth Commission, which was established by the state legislature to probe the fates of hundreds people in Guerrero who were forcibly disappeared by state security forces in the 1960s and 1970s during a government counterinsurgency campaign.

The military and police operations were aimed at wiping out guerrillas separately led by teachers Genaro Vasquez Rojas and Lucio Cabanas Barrientos, whose respective groups were forerunners of the EPR.

Hernandez praised the work of the Truth Commission, attributing multiple incidents of intimidation and harassment directed against the civilian commissioners to the “very good work” of the investigative body. He insisted that the final report would “single out the guilty ones” and not be ignored.

“All the (social) organizations are going to demand punishment for the responsible parties,” Hernandez said. “There will be other demands, which we aren’t going to reveal right now.”

Three years after the Truth Commission released its final report, which ironically came at the moment Guerrero and Mexico were plunged into a fresh human rights crisis stemming from the forced disappearance of the 43 Ayotzinapa rural teacher college students in Iguala, Guerrero, the findings of the investigators are collecting dust.

Despite a mountain of evidence collected by the Truth Commission that implicated Mexican presidents and other senior officials, the fates of the missing from decades ago remain unknown to this day and are now joined by the mysteries surrounding Ayotzinapa and many other recent cases.

In yet another irony, Hernandez was murdered on the same day that police arrested scores of rural teacher college students, including Ayotzinapa students, during a protest in the neighboring state of Michoacan. The Centro Morelos and Collective against Torture and Impunity were quoted in the Guerrero daily El Sur as accusing Michoacan police of employing “chemical torture” and threatening students with forced disappearance “like what happened to the 43.”

In the 2014 interview, Hernandez blamed the Obama administration for fueling violence in Mexico via the anti-crime Merida Initiative, which has provided training and security technology assistance to Mexican security forces. He criticized the Peña Nieto administration’s economic and other reforms, contending that the state of human rights in Mexico had worsened in comparison with previous years.

“It’s more difficult now than back then,” Hernandez said. “We’ve been left with no rights from the Constitution, with thousands of murders and a country delivered to foreign capital.”

Hernandez and his companions were reportedly found murdered not far from a military checkpoint in a place bordering the municipalities of Ahuacuotzingo and Chilapa, which are situated in a region known as the Lower Mountain. The area is the battleground of a violent struggle between two competing organized crime groups, Los Jefes and Los Ardillos, over control of the lucrative opium poppy and heroin trade. Ranferi Hernandez was the uncle of Gerzain Hernandez, the current mayor of Ahuacuotzingo.

A former PRD mayor of the nearby town of Zitlala, Guerrero, construction businessman Francisco Tecuchillo Neri, was found gravely wounded on Friday in Chilapa and died in a local hospital hours later. A so-called narco message was reportedly left at the crime scene warning of involvement with one of the underworld groups.

According to Proceso magazine, three other former elected officials from the Guerrero branch of the PRD have been murdered so far this year, while a former PRD federal congressman from the troubled state, Catarino Duarte Ortuño, has been missing since April.

Silvano Blanco, PRD state legislator and onetime Zihuatanejo mayor, recently declared that Duarte had in fact been murdered.

“It’s easier for the system to say that the friend is disappeared,” Blanco was quoted in El Sur as saying. “He’s not disappeared. We know in an extra official way that our friend was really murdered.”

Besides adding to the overall sense of insecurity in Guerrero, Hernandez’s murder casts a shadow over the July 2018 elections, which are beginning to unfold amid a turbulent political environment splashed by party splits and shifts, thinly-disguised media campaigns for public exposure, mounting narco-violence in some regions, and an unprecedented avalanche of “independent” hopefuls angling for candidacies outside the structures of the nation’s political organizations.

A weekend bulletin the official National Electoral Institute, which is tasked with organizing next year’s elections, reported that more than 300 individuals had registered their intentions of obtaining independent presidential, senatorial or congressional candidacies.

– Kent Paterson is an independent journalist who covers issues in the U.S./Mexico border region.

Source: NMPolitics.net

Acapulco y sus vuelos internacionales 


Por Alejandro de la Rosa.

Con innecesaria discreción se ha informado que la aerolínea de ultra bajo costo Volaris iniciará la ruta Los Angeles-Acapulco en un par de meses (y que podría sumar el próximo año otra: Chicago-Acapulco). 
Sin duda, se trata de una buena noticia para el icónico destino, que luego de la violencia que despuntó en el 2010 se vino a menos. Desde entonces, solamente United Airlines apostó por mantener su conexión internacional desde Houston.

El encanto del puerto llegó a cautivar lo mismo a American y Delta que United, quienes volaban sin chistar. Había tal demanda que incluso antes del 2000 llegaban vuelos chárter de España, Alemania, Italia, Canadá, Argentina o Brasil. Entonces, el costo del boleto no era un factor a considerar para tomar un vuelo entre México y Estados Unidos.

Las cifras más antiguas que tiene el archivo digital del Aeropuerto Internacional de Acapulco refieren que durante el primer año del nuevo siglo se movilizaron 467 mil 331 visitantes extranjeros, la cifra más alta a la fecha. Una década después bajó a 189 mil 458, y en 2015 llegó a su nivel más crítico: 52 mil 684 pasajeros.

Durante 2016 ya se registró un incremento del 2.6 por ciento en el tráfico foráneo de pasajeros. ¿Será que inicia una nueva época de gloria para el sitio donde el jet set pasaba sus momentos de ocio? ¿Qué está viendo Volaris?

Pese a todo, Acapulco es una gran marca turística que ha sido abollada en el ámbito internacional, pero no diluida. El viernes 13 de octubre, el presidente de la Unión de Federaciones de Asociaciones de Agencias de Viajes, Sunil Kumar, realizó una visita relámpago a la Ciudad de México. Antes de firmar un convenio de colaboración con la Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina (COTAL), a cargo del mexicano Armando Bojórquez, dijo que hay un enorme apetito de sus connacionales hindúes por hacer turismo en este país que no les resulta ajeno.

“La Ciudad de México, Cancún y Acapulco son los destinos que les gustan y tienen información de ellos. Es momento de incrementar la promoción turística. La conectividad aérea no es un problema porque se trata de que los hindúes que suelen ir a EU por 15 días crucen la frontera y estén unos cinco días aquí”, explicó Kumar.

Adicionalmente, el empresario dijo que tiene conocimiento de que todas las aerolíneas nacionales llegan a Acapulco.

El regreso del puerto a las pantallas de los aeropuertos fuera de México está en marcha aunque el proceso será lento, asegura el secretario de Turismo del municipio, Alejandro González.

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Utiliza hijo de Astudillo acto oficial para promonocionarse ante la mirada “orgullosa de sus padres” 

Astudillo junior ha sido señalado previamente por hacer negocios con recursos gubernamentales para su propio beneficio.

Por Ezequiel Flores.

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El hijo del gobernador priista Héctor Astudillo Flores, Ricardo Astudillo Calvo, utilizó un acto oficial de la Secretaría de la Juventud (Sejuve) para hacer proselitismo electoral.

El evento fue la entrega de premios al mérito juvenil, y se realizó esta mañana en el auditorio “José Joaquín de Herrera” en la sede del Poder Ejecutivo y estuvo encabezado por el mandatario estatal, su esposa Mercedes Calvo Elizundia, en su calidad de presidenta del DIF, y funcionarios del gabinete astudillistas.

Las gorras con las siglas de Ricardo Astudillo Calvo que se repartieron en el acto oficial de la Sejuve en Chilpancingo. Foto: Especial.

Mientras, el hijo del gobernador y la presidenta del DIF estatal acudieron al lugar acompañados de un grupo de jóvenes que portaban gorras con la leyenda RAC, que hace referencia a las siglas de su nombre: Ricardo Astudillo Calvo.

Los seguidores de Astudillo Calvo convirtieron el acto oficial en un evento proselitista, luego de que estuvieron lanzando porras y vivas al hijo del gobernador.

En mayo pasado, Apro público el reportaje titulado “Los hijos del narco en Guerrero”, donde se indica que mientras los hijos del gobernador Héctor Astudillo Flores son acusados de realizar presuntos negocios al amparo del poder, decenas de jóvenes en la región de la Tierra Caliente son reclutados por el crimen organizado para utilizarlos como “carne de cañón” en enfrentamientos donde bandas delictivas disputan el control del poder político y económico en la entidad.

En junio pasado, Proceso dio a conocer que la zona conurbada del puerto de Acapulco fue tapizada con mantas donde acusaron a los hijos del gobernador Astudillo de realizar negocios al amparo del poder junto al diputado federal priista Ricardo Taja Ramírez.

El mandatario calificó las acusaciones contra sus hijos como un chantaje de un empresario, pero nunca identificó al responsable y se desconoce si procedió legalmente.

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Hasta nunca Marco Antonio Leyva, nadie te va a extrañar 

Leyva Mena otro protegido del clan Astudillo y el mejor ejemplo del peor populismo demagogo que reina actualmente en el PRI de Guerrero.

Leyva Mena se va por la puerta de atrás  entre señalamientos de corrupción y desgobierno, que derivaron en un grave problema para la Ciudad de Chilpancingo en temas como la prestación de servicios públicos y la alarmante inseguridad que se vive actualmente en la capital del estado.
Por El Marqués de Puerto Marqués.
Comienzan a surgir los primeros grandes fracasos del priísmo en Guerrero y nuevamente la ciudad de Chilpancingo es el epicentro de este desastre político.

Finalmente tras dos años en donde afloró su incapacidad para gobernar y con graves señalamientos de corrupción en su administración, el alcalde de Chilpancingo Marco Antonio Leyva Mena presentó su solicitud de licencia para separase del cargo por tiempo indefinido, bajo la hoy “extravagante” justificación de motivos personales.

Pero Leyva Mena no se va por motivos personales, se va por incompetente y porque el gobernador ya no puede seguirlo protegiendo ante el desastre que ha creado su gobierno. 

Seria injusto culpar a Leyva Mena de todos los males, pero no hay que olvidar que Chilpancingo siempre ha sido el prototipo perfecto de una ciudad fallida, llena de corrupción y de basura, en donde la calidad de vida de sus habitantes ha sido reconocida a nivel nacional como la peor de todo el país.

Invadida por la inseguridad, la falta de orden urbanístico y la falta dé progreso, Chilpancingo casulmente siempre ha sido gobernada por el PRI, pero no ha sido hasta la época en que Hector Astudillo la gobernó (en dos ocasiones) cuando la crisis comenzó a acrecentarse hasta desembocar en un alcalde inexperto e inepto como Marco Antonio Leyva Mena, quien demostró que el ser empresario exitoso a nivel local, no garantiza ser un buen gobernantes.

De esta manera Leyva Mena se va por la puerta de atrás, dejando una estela y un tufo de corrupción que el Congreso y el Estado estarán obligados a revisar con lupa y que en caso de resultar culpable de peculado, Leyva Mena deberá de ser enjuciando por los ilícitos que se hubieran cometido durante su administración.

Esta será una dura prueba para que Hector Astudillo demuestre que su administración no seguirá siendo complice de corruptos, como si lo fue con el ex gobernador Ángel Aguirre y sus colaboradores. Porqué de no ser así, los rumores que apuntan a que el gobernador le pidió a Leyva Mena que dimitiera a cambio de olvidar sus actos ilícitos, solo demostrarían hasta que grado Astudillo Flores esta siendo el principal culpable de la enorme crisis que actualmente se vive en todos los sectores en Guerrero. 

Así que será está hasta esta tarde cuando en el Congreso del Estado se proceda con dicha solicitud, la cual pasará al Pleno este martes, mientas que la revisión de remoción de su cargo seguirá su curso. 

Hasta nunca Leyva

¡Abur! 

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