Archivo de la categoría: Acapulco

Balas en la playa: violencia de alto impacto en México

Crímenes que suceden en destinos turísticos de México tienen gran repercusión internacional, pero son parte de un fenómeno de violencia que afecta a todo el país, afirman expertos a DW.

Hace años, el puerto de Acapulco era conocido por sus maravillas naturales, entre ellas, los  crepúsculos inmortalizados en obras del pintor Diego Rivera. Hoy, en el emblemático destino turístico no se habla tanto de eso como de la violencia. Acapulco, según el think tank brasileño Instituto Igarapé, fue en 2015 la ciudad de América Latina con la segunda mayor tasa de homicidios: 108 por cada 100.000 habitantes.

En México, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal fue más lejos: según un ranking  dado a conocer por el organismo en abril de 2017, Acapulco es la segunda ciudad más violenta del mundo después de Caracas, Venezuela.

El puerto acapulqueño no es el único paraíso mexicano que para muchos se ha convertido en un infierno, a causa de la criminalidad. Uno de los mayores incrementos en los índices de homicidios, sino es que el mayor, se produjo en el estado de Baja California Sur, donde se encuentran santuarios turísticos de México como La Paz y Los Cabos. Cifras oficiales indican que el número de homicidios en ese estado ha pasado de 177 en 2015, a 650 en 2017 (enero a noviembre).

Analistas como Alejandro Hope, uno de los expertos más reconocidos en materia de seguridad en México, atribuyen en parte este incremento a “una disputa a varias bandas entre organizaciones criminales. Hace no tanto, Baja California Sur era escenario de la guerra entre los hijos de Joaquín ‘El Chapo’  Guzmán y Dámaso López ‘El licenciado’ “, escribió Hope en un artículo publicado en El Universal.

Otros ven el fenómeno de los “paraísos perdidos” como parte de un panorama más amplio. “Si nos queremos preguntar por qué  en específico zonas como Acapulco, Cancún (o en general el estado de Quintana Roo) y Los Cabos tienen problemas con el crimen organizado, también tenemos que preguntarnos sobre el problema general de la inseguridad”, dice a DW desde México David Ramírez, coordinador del programa de Seguridad en México Evalúa, centro de pensamiento  dedicado a promover políticas públicas en temas como la impartición de justicia. “En los últimos dos sexenios, a pesar de que se ha hecho un esfuerzo y se ha manejado el tema de la seguridad en los discursos, todavía no podemos decir que haya grandes avances”, señala (escuche la entrevista completa).

A manera de ejemplo, Ramírez menciona a la corrupción y la ingobernabilidad en las cárceles mexicanas como factores que contribuyen a la violencia en todo el país.

Crecimiento “impresionante”

En Baja California Sur, el incremento en los índices de homicidios también es visto como parte de una realidad cada vez más violenta. “Principalmente en los municipios de La Paz y Los Cabos, hemos visto cómo han aumentado los robos a casa habitación, los homicidios, y la violencia de forma muy generalizada”, dice a DW desde La Paz Lizeth Collins Collins, visitadora general en la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur. “Esta situación se ha disparado de una manera impresionante en los últimos dos años”. Una de las víctimas de esta ola de violencia fue el ombudsman sudcaliforniano Silvestre de la Toba, asesinado en calles de La Paz, a quien Collins sustituye como encargada de despacho.

Por su parte, Hope también ve en México, con todo y sus santuarios turísticos, un panorama de violencia en el que las acciones del crimen organizado son solo un componente. Al analizar el ejemplo de Los Cabos en el citado artículo, el analista apunta a donde quizá se encuentra la raíz de todo el problema: “Hay algo más que drogas y delincuentes. Hay una indiferencia extraordinaria de autoridades de todos niveles”. 

Fuente: DW

En Guerrero no hay condiciones para las elecciones federales del 2018

Ante la inseguridad que prevalece en Guerrero, el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), informaron que este estado es considerado como zona de riesgo para las elecciones federales de 2018.

Este es el tercer año consecutivo que Guerrero, aparece en el listado de alerta por la inseguridad que se registra, lo que hace que en esta ocasión se convierta en un “foco rojo” para la organización de las elecciones, por lo que se les recomienda solicitar el respaldo de autoridades de seguridad pública.

Entre las advertencias que la autoridad señala se encuentra la vulnerabilidad para la seguridad de los funcionarios de casilla, así como para la movilidad de autoridades y votantes que participen en le elección federal.

¿Hay condiciones para pensar en unas elecciones pacificas cuando en menos de una semana, fueron ejecutados el alcalde de Petatlán, Arturo Gómez y el aspirante a la candidatura a alcalde de Atoyac, Adolfo Serna?

En el estado más de 30 políticos y funcionarios asesinados en los últimos once años. Fuera máscaras ahora si, porque esta la cosa que arde en Guerrero desde que asumió el poder el PRI de la mano de Hector Astudillo. 

Twitter @TiempoGro

Dos años después: Hector Astudillo todavía sigue esperando buenos resultados del fiscal Javier Olea

Foto El Sur.

El gobernador Héctor Astudillo Flores solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) que aporte resultados en torno a los asesinatos cometidos en contra de aspirantes a diferentes cargos de elección popular, para cerrar el paso a quienes pretenden generar inestabilidad política y social.

En Chilpancingo, el mandatario estatal dijo que ha dialogado con el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Javier Olea Peláez, a quien le señaló de manera puntual que se encuentra a la espera de resultados concretos, porque se trata de temas prioritarios.

Se refirió a los casos de Arturo Gómez Pérez, alcalde perredista de Petatlán asesinado el 28 de diciembre, además del caso de Adolfo Serna Nogueda, militante del PRI asesinado el 31 de diciembre en Atoyac de Álvarez.

El alcalde de Petatlán era considerado un fuerte aspirante a la reelección, pese a su militancia en el PRD, el propio gobernador Astudillo lo consideró como un activo político en el instituto político en que estuviera, por su disposición a trabajar siempre cerca de la gente.

Del empresario Serna Nogueda, el mandatario dijo que se tienen muchos elementos para considerarlo como un fuerte aspirante a la candidatura edilicia por parte del PRI en Atoyac.

Pero antes de estos casos, dijo que el Movimiento Ciudadano (MC) también sufrió el asesinato de uno de sus aspirantes en el municipio de Quechultenango.

Agregó: “Yo sigo insistiendo, en presencia del fiscal que espero que las investigaciones puedan dar pronto resultados”.

Aunque la realidad es que no dan una ni el Gobernador, ni tampoco el Fiscal de Chocolate.

Con información de Milenio.

Jorge Camacho ataca y asegura que “hay dinero de Ángel Aguirre en campaña de Ricardo Anaya”

El exaspirante a la gubernatura de Guerrero por el Partido Acción Nacional, y hoy jefe de la oficina de Margarita Zavala, Jorge Camacho, aseguró que es un hecho que la candidatura de Ángel Aguirre Rivero a una diputación federal sí cuenta con el aval del PAN, Movimiento Ciudadano y del PRD.

Aclaró que, si bien ya no milita en el albiazul, ha tenido conocimiento de que la candidatura del polémico exgobernador de Guerrero, quien renunció a su cargo tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ha sido consultada y avalada por las dirigencias del PAN y de Movimiento Ciudadano por lo que resulta ilógico que el precandidato presidencial del Frente, Ricardo Anaya quiera desmarcarse.

Entrevistado por Manuel Feregrino en el espacio informativo de Ciro Gómez Leyva, dijo que tan es un hecho que Aguirre Rivero es candidato por México al Frente que utiliza los logotipos y colores que emplea Ricardo Anaya en sus carteles, mantas y propaganda.

Jorge Camacho criticó esta candidatura porque, aunque el exmandatario tiene reconocimiento en algunas zonas de Guerrero, es un hecho que durante su gestión aumentó de manera considerable el número de personas pobres, además de que hay denuncias sobre el posible desvío de recursos.

No descartó que en la campaña de Anaya Cortés haya dinero de Ángel Aguirre Rivera y reiteró que su candidatura busca obtener fuero, pues el caso de Ayotzinapa continúa abierto y antes no había condiciones para postularlo.

Por otro lado, dijo que en la recolección de firmas de Margarita Zavala ya casi alcanza las 800 mil, en cinco de por los 17 estados que se requiere para obtener el registro a la candidatura presidencial.

El incendio ya comenzó: Más de 30 políticos y funcionarios asesinados en Guerrero 

Muchas palabras y pocas acciones del gobernador Hector Astudillo.

Por Héctor De Mauleón.

Pasadas las nueve de la noche del 31 de diciembre de 2017, el comandante de la policía municipal de Atoyac de Álvarez, Guerrero, Cesáreo Balbuena Hernández, se comunicó a la Fiscalía General del Estado. En la calle Antonio Paco, en el centro de Atoyac, se encontraba “una persona del sexo masculino privada de la vida, al parecer por proyectil de arma de fuego”.

Era el último muerto del año en un estado que cerró 2017 con cifras de homicidio en sus máximos históricos: 2,273 asesinatos y una tasa de homicidio de 53.3 por cada 100 mil habitantes.

Personal de la fiscalía se trasladó al centro de Atoyac. En el área fueron recogidos ocho casquillos percutidos y una ojiva. La víctima fue identificada por un grupo de vecinos: era el precandidato priísta Adolfo Serna Nogueda, considerado el aspirante con mayores posibilidades de llegar a la alcaldía en el próximo proceso electoral. Lo habían asesinado frente a su domicilio. Tenía 33 años de edad.

La muerte del empresario Serna Nogueda no es solamente un aviso —otro más— de lo que puede sobrevenir en Guerrero de cara a las próximas elecciones del 1 de julio. Es la confirmación de que en aquel estado, en donde 15 grupos del narcotráfico se disputan el control de la amapola, la política se ha convertido en el oficio más letal.

El pasado 30 de diciembre, el perredista Mariano Catalán, director de Servicios Generales del ayuntamiento de Zihuatanejo, fue atacado a tiros en pleno centro de aquel destino turístico. Un grupo armado que fue directamente por él, lo cazó mientras conducía su camioneta. Catalán sobrevivió diez minutos. El funcionario aspiraba a contender por la alcaldía en las próximas elecciones.

Dos días antes habían asesinado, en una pozolería en la que departía con amigos, al alcalde perredista de Petatlán, Arturo Gómez Pérez. De nueva cuenta, los agresores fueron lisa y llanamente por él, y lo ultimaron a tiros.

Tengo una lista de más de 30 políticos y funcionarios asesinados en Guerrero en los últimos once años. La lista comienza el 21 de abril de 2006, la tarde en que el director de Seguridad Pública de Pungarabato, Fidel Arellano Arellano, fue atacado en la carretera que conduce al municipio de Tlalchapa.

Arellano logró desenfundar su arma e hizo algunos disparos. Fue abatido, sin embargo, por ráfagas de armas largas. Su cargo quedó vacante durante más de un mes porque no lo quiso ninguna de las personas propuestas para ocuparlo.

La investigación concluyó que Arellano brindaba protección a integrantes de La Familia Michoacana.

En la lista, la constante es precisamente la colusión de políticos y funcionarios con grupos del narcotráfico. Dos casos de 2009:

El primero, el asesinato del dos veces presidente municipal de Petatlán (una por el PRI, otra por el PRD), Javier Rodríguez Aceves. La investigación sostuvo que el homicidio era consecuencia de la relación que el político había establecido con integrantes de La Familia Michoacana.

El segundo, el homicidio del dirigente del PRD, Juan Sarabia Adame, en la carretera de Chichihualco, Guerrero. Se concluyó que el perredista estaba en tratos con Jesús Nava Romero, El Rojo, lugarteniente de Arturo Beltrán Leyva. El homicidio fue cometido en el contexto de una disputa entre grupos criminales por el control de la región Centro.

En 2015 fue asesinado, junto con su chofer, el director de Recursos Humanos del ayuntamiento de Acapulco, Andrés Lara García. La Fiscalía presumió “acuerdos no cumplidos” con el Cártel Independiente de Acapulco. Lara García fue baleado tras la detención de uno de los líderes del CIDA, Fredy del Valle, alias El Burro.

Al año siguiente, 2016, vino el asesinato del alcalde perredista de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte. Soto era compadre del líder del grupo de Los Tequileros, Raybel Jacobo Almonte. La orden de asesinarlo fue dada por el líder de Los Templarios, Rodolfo Maldonado Bustos, alias Don José.

El año pasado, entre otros casos relevantes, fue ejecutado el ex alcalde y ex diputado perredista Roger Arellano. Un comando irrumpió en su domicilio durante la celebración de un convivio familiar. Lo asesinaron a él y a uno de sus tíos. Declaraciones obtenidas posteriormente relacionaron a Arellano con Santana Ríos Bahena, líder de La Familia Michoacana.

La Fiscalía de Guerrero opera en condiciones extremas de precariedad. En 45 de los 81 municipios del estado no cuenta siquiera con instalaciones. El presupuesto asignado a procuración de justicia en la entidad es infinitamente menor que el asignado a Chiapas, Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco.

Hay una alarma sonando en Guerrero desde hace tiempo. El incendio ya comenzó en Atoyac, Zihuatanejo y Petatlán. Más que nunca, en el contexto de unas elecciones que se avizoran especialmente complicadas, el gobierno federal está obligado a apagarlo.

@hdemauleon demauleon@hotmail.com

Publicado en El Universal 

En Guerrero el Frente por México que encabeza Ricardo Anaya se pinta de amarillo

En los 29 estados donde se concretó la coalición Por México al Frente, el Partido Acción Nacional (PAN) se lleva la mayoría de las posiciones no sólo en aquellas entidades donde gobierna, sino también logró espacios en donde carece de fuerza. Ello aunado a que obtuvo la candidatura presidencial local, lo que lo coloca como el gran ganador de la alianza.

De acuerdo a La Jornada, de los distritos federales con alta votación, Acción Nacional designará 49 candidatos; el Partido de la Revolución Democrática (PRD), 24, y Movimiento Ciudadano (MC) 18. La fuerza de este último partido se ubica principalmente en Jalisco, donde el promedio de votación del frente, conforme a los resultados de 2015, es de 55.03 por ciento. Por tanto, MC elegirá a 70 por ciento de los candidatos a la Cámara de Diputados por ese estado.

En Guerrero, el PRD definirá abanderados a la Cámara de Diputados en seis de los nueve distritos; en dos, Movimiento Ciudadano –uno de Acapulco y el de Tlapa de Comonfort–, mientras que el PAN lo hará en Iguala, para cuya alcaldía el instituto del sol azteca postuló en 2012 a José Luis Abarca, en cuya gestión desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Información irresponsable de la Fiscalía de Guerrero incendia el caso de Douglas Bradley asesinado en Ixtapa

El Gobierno de Guerrero advirtió que el funcionario estadounidense asesinado en Ixtapa-Zihuatanejo “podría” haber sido adicto a sustancias tóxicas.

El pasado jueves 28 de diciembre, Douglas Bradley, director de Servicios Administrativos de la ciudad Imperial Beach, California, fue baleado en la zona hotelera de ese Municipio guerrerense.

“Después de haberse realizado las investigaciones, se desprende que la víctima podría tener alguna adicción a sustancias tóxicas”, expuso el Gobierno estatal en un comunicado.

En la misiva se detalló que Bradley recibió tres disparos de arma de fuego y que el funcionario entraba constantemente a México.

La hermana del surfista viajó el pasado domingo a Guerrero para reclamar el cuerpo.

No consumía drogas

En entrevista telefónica, la ex novia de Bradley, Elizabeth Galindo, aseveró que el funcionario no consumía sustancias ilegales.

“Escuché en medios que dicen que Doug consumía sustancias ilegales, eso no es cierto, él tenía un puesto importante en Imperial Beach y cada cierto tiempo les hacían antidoping”, expresó.

Vivía en Playas de Tijuana

A su vez, el Alcalde de la ciudad Imperial Beach, California, Serge Dedina, publicó algunas fotos en su cuenta de Twitter de Bradley surfeando en playas mexicanas.

“Doug Bradley vivía en Playas de Tijuana, surfeaba por todo México y cruzaba la frontera todos los días para trabajar en el Ayuntamiento de Imperial Beach, era un verdadero residente de la frontera”, expuso.

Exigen justicia en redes

En redes sociales, usuarios estadounidenses exigieron justicia por el asesinato de Bradley.

“Presidente Trump, la semana pasada perdimos a una gran persona por la violencia sin sentido en México. Nuestro amigo, Doug Bradley, fue asesinado en México durante un intento de asalto. Esperamos que se haga justicia”, escribió Chris Seeley en su cuenta de Twitter.

“Al diablo con el muro, que es puramente defensivo, yo invadiría México y terminaría con la toxicidad ahí”, aseveró Garret Lebois.

“No hay autoridad en México, no hay leyes”, añadió.

Otros pidieron boicotear México y no viajar a sus destinos turísticos.

Al PRD, PAN y MC les recordamos que no es normal matar, torturar y desaparecer a estudiantes

Las responsabilidades del ex gobernador Por Vidulfo Rosales Sierra.

Ángel Aguirre inició en su carrera política en las filas del PRI. Ocupó varios cargos dentro de ese partido y fue servidor público. Irónicamente cuando Rubén Figueroa pidió licencia como gobernador por la masacre de Aguas Blancas Aguirre fue nombrado gobernador interino. Como gobernante no persistió en las investigaciones de aquel caso ni en la responsabilidad de su antecesor. Rubén Figueroa, disminuido políticamente, no figuró en la escena política. Deslegitimado como estaba, pasó a una especie de retiro.

Ese impase del cacique de Huitzuco fue aprovechado por Ángel Aguirre para forjar su hegemonía y cacicazgo en la Costa Chica. Creó una red y estructura a través del clientelismo político. Hermanos, compadres y amigos se vieron favorecidos con dinero público vía proyectos productivos diversos. Cientos de concesiones de transporte público se otorgaron a sus allegados.

Así tejió su entramado caciquil y su hegemonía. Cuando quiso ser candidato a gobernador del PRI en realidad fue una disputa de los dos cacicazgos: el de la Costa Chica representado por Ángel Aguirre y el de la región norte liderado por Rubén Figueroa. Este último salió vencedor con la candidatura de Manuel Añorve Baños. Por ello Ángel Aguirre recurrió al PRD que lo arropó y sin más le dio la candidatura con la que llegó a gobernador.

El día 12 de diciembre de 2011, normalistas de Ayotzinapa se manifestaban en la autopista del Sol por mejoras para la escuela. Exigían una audiencia con el gobernador. Pero las autoridades se negaron y optaron por un desalojo violento en un operativo coordinado de policías federales, estatales y ministeriales de Guerrero. El saldo sangriento: dos estudiantes de Ayotzinapa asesinados, cinco heridos y ocho torturados.

Por estos crímenes no hay ningún procesado a la fecha. Ramón Almonte Borja y Alberto López Rosas se pasean tan campantes por Acapulco. El primero pretende ser candidato a presidente municipal del puerto.

Decenas de policías, funcionarios de primer y medio nivel a quienes les resulta responsabilidad en este caso, no fueron procesados. Ángel Aguirre por alguna razón les dio un cheque en blanco de impunidad. Lejos de ello desplegó una campaña de desprestigio contra la Normal de Ayotzinapa azuzando a las hordas conservadoras que llamaban a matar “ayotzinapos”. Así, el caso quedó en la impunidad. El entonces gobernador salía airoso de este conflicto.

Ángel Aguirre sabía perfectamente de los negocios delictivos y crímenes de los Abarca en Iguala; es decir, sabía de los cientos de desaparecidos perpetrados por la policía municipal y Guerreros Unidos. Cuando fue asesinado Arturo Hernández Cardona, lejos de pedir una investigación y procesamiento contra José Luis Abarca, lo respaldó y lo recibió en Casa Guerrero.

El 26 de septiembre, cuando los estudiantes estaban siendo agredidos en Iguala, el gobernador estuvo, momento a momento, al tanto de lo que acontecía por medio del C4. Por razones que tendrá que explicar en la investigación, omitió tomar medidas preventivas y disuasivas que evitaran los crímenes masivos contra los estudiantes.

No emprendió tareas de búsqueda de inmediato, hasta que la federación lo hizo. Su procurador Iñaki Blanco Cabrera realizó maniobras en el expediente para librar de responsabilidad al grupo de policías denominado Los Bélicos, que eran un brazo armado de Guerrero Unidos y para que el matrimonio Abarca saliera de Iguala.

Su secretario de Seguridad Pública, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, aparece con vínculos con Guerreros Unidos. Su nombre figura en una libreta de un líder de este grupo delictivo. Policías ministeriales y estatales participaron en la agresión directa contra estudiantes, incluso un policía estatal tuvo en su poder, por largo tiempo, el teléfono de un estudiante, hoy desaparecido.

El conocimiento previo de las actividades delictivas de los Abarca; su omisión para tomar medidas preventivas y evitar los crímenes contra los estudiantes el día 26 de septiembre; las irregularidades de sus funcionarios de primer nivel para favorecer a los responsables de las agresiones, y la participación directa de cuerpos policiacos estatales en la agresión y la pérdida de los videos del Palacio de Justicia por funcionarios del poder judicial de Guerrero, colocan al ex gobernador en la primera línea de responsabilidades penales. Tiene mucho que responder Ángel Aguirre.

Por lo anterior la PGR hoy en día mantiene una línea de investigación abierta contra el ex gobernador y otras autoridades estatales y municipales de Guerrero.

En este sentido los partidos políticos que lo postulan deben reconsiderar su candidatura. Su postulación ofende a las víctimas y sus familiares, envilece la política y socava los principios democráticos.

Además debe haber moral y prudencia política en los partidos que hoy lo postulan. Un ex gobernador en cuyo mandato su policía mató y desapareció estudiantes debiera estar siendo procesado.

A las dirigencias del PRD, PAN y MC les recordamos que no es normal matar, torturar y desaparecer a estudiantes. Esas son graves violaciones a los derechos humanos proscritas de todas las leyes en el mundo y el deber de toda autoridad es investigar y sancionar a los responsables directos e indirectos. En el presente caso la responsabilidad del ex gobernador debe ser dilucidada al tenor de la tercera línea de investigación que la PGR mantiene abierta.

La ligereza y superficialidad con que el PRD aborda el tema de la candidatura de Aguirre raya en el cinismo. Es el reflejo de un partido cuya dirigencia se guía por el pragmatismo y las componendas bajo la mesa. No le interesan los derechos humanos y las víctimas. Apartado de los principios y la ideología naufraga a contracorriente de los que luchan y claman por verdad y justicia.

El PRI tuvo más prudencia y cautela política. Nunca lanzaron a Rubén Figueroa como candidato a algún puesto de elección popular pudiendo hacerlo porque en aquel caso tampoco había “impedimento legal” y tenían los recursos y consensos en la zona Norte de Guerrero.

Ojalá los partidos que postulan a Ángel Aguirre reconsideren su candidatura y en su lugar nombren una mujer u hombre honesto y probo que lleve la voz de los excluidos de Costa Chica a la alta tribuna del país.

Publicado en El Sur.