Por Manuel Nava.

En medio de una ola de violencia cuyo saldo supera los 40 muertos a nivel del estado, la mayoría de ellos en Acapulco ubicándolo entre las ciudades más violentas y la percepción de inseguridad se incrementa, las autoridades de seguridad se vuelven un foco de inestabilidad al incurrir en abusos de poder y otros escándalos en medio de oleadas de asesinatos.

Abelina López Rodríguez, presidente de dicho municipio, destituyó a municipal de Adrián Olivas Franco como secretario de Seguridad Pública municipal, y nombró como encargado de despacho a Luis Enrique Vázquez Rodríguez.

Olivas Franco, había sido designado en ese cargo el pasado 27 de julio en una sesión extraordinaria de cabildo, reemplazando a Maximiliano Serrano Pérez, quien a su vez, se retiró de esa secretaría envuelto en el escándalo por la desaparición de los marinos Óscar Manuel González Andrade y Victoriano Rodríguez Zurita, los cuales fueron asignados para escoltar a José Narro senador morenista.

El 16 de enero, López Rodríguez señaló que había corrupción en la Secretaría de Seguridad Pública y anunció que su desempeño sería evaluado por los síndicos y regidores en el Cabildo. Seis días antes, Samuel Buenfil, jefe operativo de la Policía Auxiliar, fue asesinado a unos pasos de la SSP, para ello existió el trascendido que Olivas lo había designado en el cargo sin consultarlo con la alcaldesa ni con los regidores.

También se hicieron públicas en redes sociales denuncias de policías municipales porque estaban obligados a pagar una cuota a sus superiores por el uso de patrullas. También los policías viales denunciaron que desde hace dos semanas no tenían camionetas ni motos para salir a las calles y tenían que desplazarse a pie.

Los regidores de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública del Cabildo informaron que tampoco se les ha informado de los cambios de directores que hizo la alcaldesa en las áreas operativas de la SSP ni de la suspensión del uso de los vehículos a los policías.

Luis Enrique Vázquez Rodríguez, actual encargado de despacho, fue nombrado apenas el pasado 5 de enero como titular de la nueva Comisión de Protección Ciudadana. Es licenciado en derecho y tiene una maestría en Seguridad Pública, y fue funcionario en la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, lo mismo que en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco, y en la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Oaxaca.

López Rodríguez subrayó que lograr un municipio con paz y justicia requiere de todos los esfuerzos, y trabajar desde diferentes sectores y actores, no solo desde los cuerpos de seguridad, se tiene que trabajar de la mano con los ciudadanos lo cual exige una policía muy cercana, de proximidad social y que el gobierno tenga claros los ejes del plan municipal, y se tienen que atacar las causas de la violencia y la inseguridad.

“El esfuerzo de todos tiene pocos resultados si no abatimos las causas” de la inseguridad, y apuntó que en éstas se incluye desde la iluminación de las calles, las detenciones de personas infractoras de la Ley, la prevención del crimen “y eso ayuda a que no llegue a cometerse un delito”, siguió diciendo.

El 76.6 por ciento de la población de 18 años y más que vive en Acapulco, considera que vivir en la ciudad es peligroso de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)

Tales cifras representan un aumento en comparación con la última información presentada en septiembre, cuando el 71.8 por ciento de la población acapulqueña consideraba insegura la ciudad, se trata de un 4.8 puntos porcentuales de diferencia entre ambos reportes.

Del listado de 90 ciudades del país en las que el Inegi aplicó la encuesta, Acapulco se posicionó en el lugar 22 nacional. En comparación, entre diciembre de 2021 con el mismo periodo de 2022, Acapulco mantuvo el mismo porcentaje, 76.6 por ciento de percepción de inseguridad en el último mes de cada año.

Pero también el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de la Secretaría de Protección Ciudadana (SSPC) señala que durante 2022, mil 360 personas fueron víctimas de homicidio doloso en el estado de Guerrero, ocupando el octavo lugar nacional. 437 casos se registraron en Acapulco siendo el cuarto municipio más violento del país.

La percepción de inseguridad en las principales ciudades de Guerrero como Chilpancingo, Iguala e Ixtapa Zihuatanejo observa algunas variantes pero prevalece la idea de la falta de garantías en ellas.

El 10 de enero, la embajada de Canadá en México instó a sus ciudadanos que eviten visitar 14 entidades de México o transitar por sus carreteras ante el riesgo que persiste por la violencia generalizada y los operativos de seguridad que han desplegado las autoridades y entre ellas estuvo Guerrero, luego de una falsa amenaza de bomba provocó que se desalojara el Consulado de Canadá que se ubica en la avenida Costera Miguel Alemán.

A lo largo del 2022, la entidad figuró entre los sitios a los cuales el gobierno de los Estados Unidos recomendó no viajar.

No solo se trata del total de asesinados, sino de la saña con la cual se hace esa privación de la vida pues incluye la mutilación, la inmolación y el ser acribillado delante de familiares.

Además, la confrontación entre los cuerpos de civiles en armas se multiplica en las diferentes regiones del estado lo cual constituye una amenaza adicional a la seguridad.

Publicado en Siempre!