La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la disposición oficial para crear la empresa de participación estatal mayoritaria que se encargará de la administración del puerto de Acapulco, Guerrero.

La nueva entidad dependerá de la Secretaría de Marina y se llamará Administración del Sistema Portuario Nacional Acapulco, S.A. de C.V.

El 51 por ciento de las acciones de la nueva empresa quedará en manos del gobierno federal y el resto podrá ser adquirido por la banca de desarrollo o cualquier persona física o moral, pero no por ciudadanos extranjeros.

Según sus bases legales, la empresa ejercerá los derechos y obligaciones derivados de la concesión que le otorgue el gobierno federal.

También intervendrá en la construcción de obras e instalaciones portuarias y la prestación de los servicios asociados, así como la administración y explotación comercial, señala el artículo tercero de la resolución.

El desempeño de la empresa “permitirá contribuir al crecimiento y estabilidad económica de la región con la generación de empleos, el impulso al turismo y comercio exterior, así como con la atención a las demás demandas económicas y sociales que han surgido al respecto”, indicó el documento legal.

En agosto pasado la SHCP autorizó a la Secretaría de Marina un presupuesto de 499 mil 900 pesos como capital social para la constitución de esta empresa, a la cual el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos aportará otros cien pesos y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos una cifra similar.

Además, por instrucciones presidenciales, también tiene bajo su mando la entidad paraestatal denominada «Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec”, S.A. de C.V., para la operación del corredor interoceánico.

El 7 de julio de 2021 se emitió la declaratoria para revertir a favor del Gobierno federal las obras, terminales, marinas e instalaciones que integran el Recinto Portuario de Acapulco, en el estado de Guerrero.

La decisión puso fin a una concesión privada otorgada desde 1994, en el último tramo del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari.