Se va Astudillo por la puerta de atrás.

En el tema de seguridad, no se logró la certificación policial anunciada desde 2015 para revertir los efectos negativos de la colusión de autoridades con la delincuencia que exhibió el caso Ayotzinapa. Además, la ola de crímenes colocó a la la entidad en los primeros sitios de mayor violencia.

Por Ezequiel Flores Contreras.

Al asumir como gobernador del estado de Guerrero, el 27 de octubre de 2015, Héctor Astudillo Flores se comprometió a restablecer “el orden y la paz” en ese momento que el estado se vivía una crisis – político social tras la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala.

Después de seis años, la entidad sigue hundida en una espiral de violencia, rezago, impunidad, corrupción y protestas públicas de trabajadores del gobierno estatal que demandan el pago de salarios devengados, bonos y prestaciones.

En el tema financiero, Astudillo admitió públicamente que heredará a su sucesora, Evelyn Salgado Pineda -hija del senador morenista Felix Salgado Macedonio-, una deuda de más de 13 mil millones de pesos con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), generada desde 1995 por “desviar” y “no enterar” al instituto, el monto de las cuotas, aportaciones y descuentos retenidos a los trabajadores del sector estatal.

Los desvíos

El miércoles 29 de septiembre, el mandatario reconoció en un mensaje difundido en redes sociales desde la residencia oficial Casa Guerrero, que este problema afecta directamente a los trabajadores del gobierno estatal porque no se pueden jubilar y tampoco tienen acceso a créditos para vivienda y menos a servicios de salud.

Sobre el desvío de recursos, Astudillo se limitó a decir que se debió a la incorporación de trabajadores del gobierno de Guerrero al ISSSTE y “que por distintas circunstancias” las dependencias estatales dejaron de pagar al organismo federal, señaló sin explicar.

Al respecto, el diputado local de Morena, Antonio Helguera Jiménez aseguró que el gobernador Astudillo pretende que el Congreso local convierta el millonario desvío de recursos en deuda pública a pagar en los próximos 15 años, a través del descuento de participaciones federales, situación que fue calificada por el legislador como “un Fobaproa”, es decir, un rescate financiero para beneficiar a los responsables de este hecho.

Por ello, Helguera Jiménez exigió públicamente que el mandatario saliente explique hacia donde se destinaron los más de 13 mil millones de pesos desviados del ISSSTE, dijo durante una entrevista con medios locales el miércoles 6 en la sede del Poder Legislativo de Chilpancingo.

Además, desde la semana pasada, policías estatales, trabajadores de Organismos Públicos Descentralizados (OPD) y dependencias como Salud, Educación y Protección Civil en la entidad, así como empleados del Poder Judicial local iniciaron un paro de labores, realizan marchas y tomas de edificios públicos para exigir el pago de salarios devengados, viáticos, prestaciones y bonos.

Sobre este caso, el gobierno de Astudillo no ha fijado una postura pública sobre las protestas de trabajadores en su contra por la falta de pago de salarios y prestaciones.

Actualmente, los inconformes mantienen colapsado el sector Salud, así como oficinas centrales del Ejecutivo estatal y tomados los edificios del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en Chilpancingo y Acapulco.

Estrategia fallida

En el tema de seguridad, no se logró la certificación policial anunciada desde 2015 para revertir los efectos negativos de la colusión de autoridades con la delincuencia que exhibió el caso Ayotzinapa.

Además, la ola de crímenes colocó a la la entidad en los primeros sitios de mayor violencia e impunidad en el país, solo superado por Guanajuato y Michoacán.

Datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), indican que durante la administración astudillista se han registrado 12 mil 137 homicidios dolosos de 2015 a agosto de este año, es decir, un promedio de dos mil asesinatos anuales.

En julio pasado, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán informó desde el puerto de Acapulco, que en Guerrero existe un policía por cada mil habitantes en una entidad poblada por tres millones 540 mil 685 de personas, cifra que es inferior al promedio de 2.86 uniformados que recomienda la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En contraste, desde junio de 2018, al menos, 19 “grupos civiles armados” y una organización denominada “policía comunitaria” operan en el 50% del territorio guerrerense -40 de los 81 municipios- donde 18 bandas crimínales controlan y mantienen una disputa por el control de las zonas de producción, trasiego y venta de droga en las siete regiones de la entidad, indica un informe oficial del gobierno de Héctor Astudillo Flores publicado por Proceso hace tres años.

Es en esta franja de la entidad donde persisten las masacres, desapariciones de personas y comunidades completas desplazadas por la violencia imparable.

En Iguala nada cambió

A unos días de concluir la administración astudillista y en el contexto del relevo en las administraciones municipales, el grupo paramilitar denominado Los Tlacos que dirige Onésimo El Necho Marquina Chapa acusó directamente al alcalde postulado por la alianza PRI-PRD en Iguala, David Gama Pérez de pactar una alianza con Jesús Brito El Marranero, señalado como dirigente de Guerreros Unidos, organización criminal vinculada directamente con el caso Ayotzinapa y que sigue operando impunemente en la zona norte, a siete años de este crimen que sigue impune.

Del miércoles 29 de septiembre al miércoles 6 de octubre, el grupo afincado en el poblado de Tlacoetepec, ubicado en la sierra de Guerrero, difundió dos videos en redes sociales, en el primero exhibió un interrogatorio y la posterior ejecución masiva de una veintena de presuntos operadores de la banda denominada La Bandera, facción de Guerreros Unidos y en el segundo advierten que esta organización armada asumirá las funciones de seguridad en Iguala.

Las víctimas del primer video, se definen como integrantes de una red criminal dedicada al sicariato, extorsión y venta de droga en los poblados de Iguala, Tepecoacuilco y Huitzuco, así como al interior del penal de Tuxpan, y admiten ser responsables del trasiego de enervantes a Estados Unidos.

Además, son sentenciados a muerte por formar parte de Guerrero Unidos y estar al servicio de Jesús Brito ‘El Marranero’; Héctor Rodríguez Uriostegui, ‘El Colín’, y Juan Carlos Flores Ascencio ‘La Beba’, todos considerados personajes clave en el caso Ayotzinapa.

Los verdugos afirman que el alcalde electo de Iguala, David Gama, pactó un acuerdo con El Marranero, a quien señalan de tener “la línea” con las autoridades del ayuntamiento igualteco y de beneficiarse a través de la construcción de obra pública en la ciudad, donde hace siete años el mismo grupo armado, en contubernio con autoridades de los tres niveles de gobierno, desaparecieron a los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En respuesta, el miércoles 29 de septiembre, Astudillo recomendó a Gama Pérez, buscar el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN), para hacerle frente al grave problema de inseguridad y violencia que se vive en ese municipio por la disputa que mantienen grupos delictivos por el control de las minas de oro y la ruta de trasiego de drogas a Estados Unidos.

Luego, el domingo 3, se registró una balacera en el atrio de la iglesia de San Francisco de Asís de Iguala, en pleno centro de la ciudad de Iguala que dejó un saldo de un hombre y un niño heridos de bala.

El atentado causó pánico entre la ciudadanía y suspendió un evento cultural que se realizaba en la plaza central “Las tres garantías” donde participaban grupos artísticos extranjeros y nacionales.

Y cuatro días después, el jueves 7, Los Tlacos volvieron a difundir un video donde reiteran su acusación contra Gama Pérez, a quien le advertieron que este grupo armado asumirá las funciones de seguridad en ese lugar de la zona Norte y amenazan con asesinar a funcionarios de la nueva administración municipal, así como a taxistas de la ruta Iguala – Teloloapan.

La situación de violencia que se vive en Iguala y los señalamientos contra el alcalde priista, David Gama por presuntos nexos con el narco, no solo exhibe el reacomodo violento que se vive en Guerrero en el contexto de la sucesión gubernamental y el relevo en los ayuntamientos, también refleja que nada cambió tras el caso Ayotzinapa.

Los desaparecidos

Entre los casos más recientes de desaparición de personas en Guerrero donde están involucradas autoridades estatales, destaca el activista Vicente Suastegui, quien fue detenido por agentes de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del estado de Guerrero (FGE), el pasado jueves 5 de agosto en el punto conocido como Ciudad Renacimiento del puerto de Acapulco y desde esa fecha, se desconoce su paradero.

El primero de septiembre de este año, dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suastegui Muñoz responsabilizó directamente al gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores de la desaparición de su hermano Vicente.

El dirigente social denunció públicamente que este crimen “es una venganza” del gobernador Astudillo en su contra y señaló que el director de la Policía Ministerial y Fiscal para delitos graves de la FGE, Esteban Maldonado Palacios protege a los agentes ministeriales inculpados, quienes están plenamente identificados pero las autoridades ministeriales se niegan a presentarlos para declarar acerca de la detención y posterior desaparición de su hermano.

Además de agentes ministeriales, también habrían participado en la desaparición, policías estatales de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero (SSPG), que dirige David Portillo Menchaca, así como integrantes de la autodefensa de la UPOEG, afirmó Marco Suastegui.

Por ello, dijo que el caso de la desaparición de su hermano es “un crimen de Estado” y en una entrevista con medios locales aseguró que César Flores Maldonado -actual jefe de asesores del mandatario estatal- “es el enlace del narco con Astudillo” en varias regiones de la entidad, específicamente en Acapulco.

En julio pasado, el obispo de la Diócesis de Chilpancingo – Chilapa, Salvador Rangel Mendoza advirtió que los acuerdos entre la clase política y la delincuencia advierte la instalación de un narco Estado.

“Creo que viene el tiempo en que vamos a ser gobernados no por los políticos, sino por los narcos, porque ya se han hecho muchos arreglos”, aseguró durante una misa realizada en la iglesia de Santa María de la Asunción en Chilpancingo.

El prelado insistió en hacer un llamado al gobierno federal para que ponga atención al tema de la violencia en el estado de Guerrero, y sentenció:

“No es justo, tenemos derecho a la paz y la tranquilidad, pero no esperemos que todo lo haga el gobierno, aunque es obligación del gobierno protegernos, pero yo en conciencia les digo: hay mucha corrupción, hay muchas triquiñuelas y se protegen a ciertos grupos y ciertos intereses”, expresó el jerarca católico.

La herencia

A pesar de los conflictos sociales y los niveles de violencia que persisten en la entidad, Astudillo se enfocó en garantizar su continuidad en el pasado proceso electoral de junio donde impuso a su hijo Ricardo Astudillo, como diputado local por un distrito de Acapulco y fue acusado de pactar un acuerdo con Félix Salgado para que llegara Morena a la gubernatura.

Un mes después de los comicios para renovar la gubernatura que ganó la hija de Félix Salgado, el excandidato a gobernador por la alianza PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, afirmó que fue traicionado, y estalló contra el gobernador Astudillo Flores, el senador Manuel Añorve Baños y el diputado federal René Juárez Cisneros, a quienes reprochó por “regalar” cargos de elección popular a sus hijos, “sin haber trabajado”.

También criticó a la dirigencia nacional del PRI por haber colocado a “desconocidos” como diputados plurinominales a nivel federal, pese a que el priismo de Guerrero aportó la mejor votación, después de Coahuila y el Estado de México.

En ese entonces, Moreno Arcos reprobó el hecho de que algunos políticos promuevan a sus esposas, como el caso del senador Manuel Añorve que puso a su esposa Julieta Fernández Márquez como diputada local y se lanzó contra el nepotismo impulsado por el gobernador Astudillo, así como el diputado federal fallecido René Juárez, quienes impusieron a sus hijos en cargos de elección popular.

El hijo del mandatario saliente es diputado local y los hijos de Juárez Cisneros y Manuel Añorve ocupan dos regidurías en el ayuntamiento de Acapulco.

De esta forma, el mandatario y los dos legisladores priistas se enfocaron en heredar a sus hijos cargos de elección popular en el puerto de Acapulco, mientras el candidato a gobernador por la alianza PRI-PRD-PAN, Mario Moreno Arcos y el aspirante a la alcaldía porteña por la misma coalición, Ricardo Taja Ramírez perdieron la elección registrada el pasado domingo 6 de junio que favoreció a Morena.

Este hecho exhibió “un voto cruzado” en Acapulco, lugar donde se concentra la mayor cantidad de votantes en la entidad, para favorecer a las candidatas de Morena a la gubernatura y la alcaldía porteña, Evelyn Salgado Pineda y Abelina López Rodríguez, así como a los hijos de los actuales caciques del PRI en el principal destino turístico de Guerrero, señalaron militantes del tricolor entrevistados en ese entonces.

Los beneficiados

En marzo de 2016, Proceso publicó el reportaje titulado “Inversión millonaria en territorios del narco en Guerrero”, donde se informó que los proyectos de desarrollo de la industria minera y portuaria contemplados por el gobernador Héctor Astudillo Flores estaban enfocados en zonas controladas por el narcotráfico, donde la sociedad padece la extrema inseguridad y violencia, el desplazamiento masivo de personas y el colapso de la economía local.

A principios de abril de 2019, Astudillo y el exalcalde morenista de Iguala, Antonio Jaimes Herrera, firmaron un convenio con empresarios para exentar del pago de impuestos hasta en un 80% a empresas mineras canadienses asentadas en la entidad.

El gobierno estatal difundió públicamente la firma del convenio para el desarrollo económico, incentivos fiscales, fomento a la inversión y de transparencia municipal donde estuvo presente el presidente del Clúster Minero y ex gerente de la minera Media Luna, Alfredo Phillips y Julián Urióstegui Carbajal, dirigente del Consejo de Cámaras Industriales y Empresariales del estado de Guerrero (Concaingro).

La condonación de impuestos a las empresa mineras, benefició directamente a las compañías canadienses Goldcorp y Media Luna, filial de Torex Gold.

La canadiense Goldcorp comenzó en 2007 la explotación de oro y Plata en la mina de Los Filos y El Bermejal en las tierras comunales del poblado de Carrizalillo, ubicado en las inmediaciones de Mezcala, indican reportes oficiales.

Pese a que la trasnacional canadiense cuadruplicó sus ganancias, Goldcorp vendió en 2017, a su homóloga Leagold las minas de Carrizalillo en 438 millones de dólares. A través de un comunicado, Goldcorp anunció que recibió 279 millones de dólares en efectivo y 71 millones en acciones, cifra que representa el 30 por ciento de su capital y señaló que obtendrá un reembolso de los impuestos por un monto de 88 millones de dólares.

Además, la empresa informó que, en 2015, generó 272 mil 900 onzas de oro y 194 mil onzas hasta septiembre de 2016 y en ese entonces el precio de la onza era de 854 dólares. La mina de Carrizalillo tiene reservas estimadas de oro por 1.4 millones de onzas y 7.8 millones de onzas de plata, remata el comunicado de la empresa difundido hace dos años.

Mientras, el complejo minero Los Guajes-El Limón y Media Luna de Torex Gold Resources, ubicado en el municipio de Cocula, reportó que en 2019, generaron y vendieron 449 mil 337 onzas de oro, que dejaron a la empresa canadiense ingresos por un monto de 632.5 millones de dólares.

En 2018, vendieron 347 mil 640 onzas oro para hacer un total de ingresos de 438.3 millones de dólares, indica un informe de la empresa publicado en mayo de 2020.

Este es el contexto de riqueza que genera la industria minera en la entidad que contrasta con la violencia y pobreza que se vive en la zona donde operan empresas extranjeras, principalmente de origen canadiense.

De esta forma, Astudillo termina su administración luego de que hace seis años se comprometió en el discurso a cambiar “las cifras de la vergüenza”, entre ellas el segundo lugar en pobreza extrema y los primeros lugares en violencia, producción de enervantes y corrupción.

Aseguró que habría “absoluto y transparente” manejo de los recursos públicos pero la realidad le estalló en la cara y dejará una entidad convulsionada como la recibió en 2015 a Evelyn Salgado Pineda, hija de Félix Salgado y nuera de Joaquín El Abulón Alonso Piedra, un empresario detenido por el gobierno federal en 2016 y que actualmente se encuentra preso acusado de ser el operador del cartel de los Beltrán Leyva en Acapulco.

Publicado en Proceso.