El pasado miércoles 17 asesinaron a Pedro Pablo Urióstegui, un polémico dirigente y cacique político de la región de Tierra Caliente en Guerrero.

“Una gran disculpa a la ciudadanía, lo que menos queremos es que tengan miedo pero estamos cansados de injusticias, no importándole la tranquilidad o la vida de los demás por eso le pasó esto a esta persona”, decía el cartel puesto a un lado de su cuerpo con 11 casquillos de AK-47 dispersos en el camino que lleva a la comunidad de Tecociapa, del municipio de Taxco de Alarcón.

En Guerrero han muerto muchos así, figuras públicas o personas anónimas, y no pasa nada. Ésa es la ley en la entidad.

Pedro Urióstegui fue candidato a alcalde de Teloloapan por el PRD en 1989. Alegó fraude y tomó la alcaldía con un grupo armado con metralletas AK-47. Signo inequívoco de que no eran armas caseras sino de socios criminales.

Tras esa presión, Urióstegui se hizo de la presidencia municipal y gobernó entre escándalos. Después desapareció de la escena política y regresó como militante del PRI. Las versiones policiacas indicaban que recientemente trabajaba para el cártel de Los Tlacos, un grupo criminal rival de Guerreros Unidos en la región de Tierra Caliente.

Urióstegui era compadre del morenista Félix Salgado. Su trayectoria ilustra lo que ha sido la disputa del poder público en Guerrero. Un personaje oscuro, hecho de compromisos con grupos delincuenciales y combinado con una recurrente presión como líder social. Así arrancaba presupuesto y prebendas.

El PRD (con los que ahora son de Morena) arrebató en dos ocasiones la gubernatura al PRI en los últimos 30 años. Esos partidos, y sus dirigentes, son plenamente responsables del enquistamiento del poder criminal en la vida pública de los municipios y del estado. La desaparición de los 43 normalistas es una de las peores expresiones de ello.

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La candidatura de Félix Salgado está cuestionada. Inició como grilla interna y escaló a conflicto contra el presidente de la República.

En 2018 una denuncia por violación fue escalada y al final frenada en la Fiscalía estatal guerrerense. Félix Salgado era entonces candidato a senador. La denuncia iba a ser utilizada para descarrilarlo en aquella candidatura pero por una decisión política no prosperó.

Lleva 33 años en la política en medio de escándalos pero nunca en el ámbito legal había enfrentado acusaciones graves como las que tiene ahora. En el PRD y en Morena lo conocen bien. Es sin duda el político local más popular en Guerrero. Parte de su arraigo en la entidad proviene de su conducta desenfadada y retadora. “Toro sin cerca” le dicen porque también el cinismo da votos. Le redituó como opositor pero le pesa como proyecto de gobierno.

Las denuncias de agresión sexual en su contra son precisas, no desmentidas; siguen un curso en instancias penales e independientemente de su posible prescripción legal pesan como losa en la credibilidad del político y su partido hoy instalado en el gobierno federal. Un violador no puede ser gobernador.

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Machismo y balazos. La cultura política guerrerense es particularmente agresiva con las mujeres. Los feminicidios van al alza; en algunas comunidades de Guerrero prevalece la venta de niñas y adolescentes para casarlas forzadamente; la violencia doméstica es tolerada; la violación admitida; y la impunidad en los delitos contra mujeres prevalece.

Los problemas de la entidad, que no han sido resueltos, sino agravados por gobiernos tanto del PRI como de la izquierda partidista, son profundos.

La impunidad campea, gobierna. Los alcaldes son impuestos por el crimen y los gobernadores son condicionados a actuar al ritmo de las ráfagas. Los asuntos públicos se dirimen a balazos. Debajo de ello, de esa impunidad mayor, ocurren todos los otros delitos posibles incluso cometidos por figuras públicas, en medio de una pobreza lacerante.

La tragedia de Guerrero no se resuelve con un tuitazo; menos con un dedazo o un manotazo.

Por Roberto Zamarripa – El Norte.

robertozamarripa2017@gmail.com