El 25 de marzo de 2006 tuve un desencuentro con Andrés Manuel López Obrador en el aeropuerto de la Ciudad de México. Yo regresaba de viaje y me lo topé parado junto a la banda del equipaje. Estaba acompañado de Ricardo Monreal, quien diligentemente le cargaba el maletín a su jefe, oficio que, por cierto, ha perfeccionado con los años, y se aprestaba también a cargarle la maleta.

Me dirigí hacia Andrés Manuel y, al saludarlo por su apellido, me extendió la mano y me jaló para darme un beso. Así es que le sostuve la mano y con la otra lo sujeté del antebrazo. Le dije: “Soy la Consejera de Transparencia del Distrito Federal, y usted dejó el gobierno de la ciudad en la total oscuridad, jamás fue transparente”. Me respondió que sí lo había sido. Mi respuesta fue: “Déjese de frases de discurso, deje de mentir, la falta de transparencia y la corrupción serán sus sellos distintivos”. Solté su brazo y me fui. Monreal venía detrás de mí. Me volteé y le dije: “No te atrevas ni a acercarte, Ricardo”.

La renuencia de López Obrador por la transparencia empezó en 2002, siendo Jefe de Gobierno del Distrito Federal, cuando un grupo de aguerridos diputados panistas y priistas empujó la iniciativa de Ley de Transparencia en el Distrito Federal presentada por José Luis Buendía, y López Obrador la vetó. La batalla de estos diputados fue muy dura.

El entonces Jefe de Gobierno obstaculizaba que existiera un órgano autónomo que lo obligara a cumplir con la ley, por eso se negaba a publicar la ley aprobada, por lo que los diputados tuvieron que recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar su renuencia a hacerlo. Finalmente, se publicó el 8 de mayo de 2003 creando el Consejo de Información Pública del Distrito Federal. Los tres consejeros ciudadanos fuimos elegidos el 8 de julio de 2003 y ahí empezó otro viacrucis, impidiéndonos instalarnos y retrasando la entrega del presupuesto.

Hubo muchas otras batallas que librar. El caso más emblemático del ocultamiento en la gestión de López Obrador fue la clasificación que hicieron para entregar la información de la construcción de los segundos pisos, pero se contabilizaron muchos más. Yo resistí los embates y las amenazas, y denuncié el incumplimiento de la Ley de Transparencia y de cada una de las acciones para negar y reservar la información, siempre acompañada por dos diputados locales que hacían todo por protegerme de la persecución: el panista Obdulio Ávila y el priista Mauricio López, hasta que llegó la extinción del Consejo y mi destitución.

López Obrador renunció como Jefe de Gobierno del Distrito Federal el 26 de julio de 2005 para buscar la presidencia de la República, pero antes había ordenado a sus diputados en la Asamblea Legislativa la desaparición del Consejo, primer órgano autónomo garante de la Ley de Transparencia. Lo lograron el 28 de octubre de 2005, creando otro Instituto y, con eso, destituirme como Consejera ciudadana el 30 de marzo de 2006 eligiendo a cinco comisionados.

Los diputados de López Obrador ya tenían la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. Les advertí que buscaría la protección del Poder Judicial y solicité un amparo, me lo otorgó un juez, lo recurrieron y, finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ejercicio de su facultad de atracción, confirmó el amparo el 24 de noviembre de 2006 ordenando mi reinstalación, la cual ocurrió en enero de 2007; pero ya no estaba López Obrador como Jefe de Gobierno en la capital del país.

Ahora, siendo presidente de México, nuevamente amenaza a la democracia y a los derechos humanos. Ya manifestó su intención de desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y otros organismos constitucionales autónomos, mediante una reforma constitucional, porque dice que fueron creados en el periodo neoliberal para ocultar información, que cuestan mucho, que fueron “tapaderas”, entre otras mentiras. Incluye en este grupo al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Comisión Federal de Competencia, cuando estos organismos son reguladores y tienen otras funciones.

El presidente lo que exhibe es una gran confusión mental de los órganos constitucionales autónomos (Banxico, Cofece, CNDH, IFT, Inegi, INAI, INE, FGR), no es capaz de distinguirlos, tampoco a los órganos descentralizados, ni a los desconcentrados, vamos, ni los que sí dependen de él, en los cuales, incluso, ha nombrado a los titulares y ni siquiera sabía de su existencia. (Recordemos el vergonzoso capítulo de Conapred, al cual quería desaparecer porque se enfureció contra el youtuber Chumel Torres).

No entiende, ni sabe. No logra distinguir las funciones y atribuciones de las entidades y dependencias públicas, y desconoce hasta a quién nombra en los descentralizados. Lo único cierto es que los organismos constitucionales autónomos le sustraen poder al presidente porque lo tienen limitado y controlado. No puede manejarlos a su antojo.

Los embates contra el INAI se han intensificado porque, siendo la autoridad nacional en transparencia, le ha ordenado entregar la información a los ciudadanos cuando la han negado o reservado los entes públicos dependientes de él.

Día con día nos enteramos de los abusos en el uso de los recursos, de las violaciones a la Ley de Adquisiciones, ya que el 80% de los contratos en su gestión han sido adjudicaciones directas a sus allegados y parientes. Un ejemplo ha sido Pemex, con una cauda larga de irregularidades que huele a tufo de corrupción en la 4T.

Por todo lo anterior puedo afirmar que el presidente López Obrador no tiene vocación democrática, sólo autoritaria; prohíja y cobija la corrupción, nunca ha sido transparente ni lo será.

¿Otra vez, Andrés? No, esta vez no.
 

* La autora es Consultora y ex Comisionada del IFAI. 

Twitter @MElenaPerezJaen

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