Por Manuel Nava.

Las empresas mineras que operan en Guerrero no solo enfrentan a la pandemia del Covid-19. Existen otros males que les aquejan desde hace más de media década y es el asedio del crimen organizado y la presión de organizaciones sociales que les consideran altamente contaminantes e indeseables en este territorio.

La minera Torex Gold anunció el pasado 14 de mayo la reanudación de actividades el 18 de mayo en la mina de oro El Limón Guajes de Cocula, esto luego de que el gobierno federal les clasificó como actividades esenciales, sin embargo en el Diario Oficial de la Federación se precisó que la reapertura debe ser hasta el primero de junio, cuando se estima la terminación de la Fase 3 de la pandemia.

En la opinión de Torex Gold una posible expansión de la cuarentena en México, causaría que la minera parara su producción por más tiempo, la cual se encuentra inactiva desde el 2 de abril.

Apenas el 12 de mayo, Héctor Astudillo Flores, gobernador del estado, se pronunció por analizar la reactivación de la minería y el turismo pues ambos segmentos económicos dan empleo a diferentes sectores de la población guerrerense y fiscalmente benefician a la entidad.

En efecto hasta finales del 2019 la actividad minera colocó una inversión de más de 40 mil millones de pesos y generó 60 mil empleos directos e indirectos, en ese periodo se logró un crecimiento notable en la actividad minera, colocando a al estado guerrerense en tercer lugar a nivel nacional en la producción de oro y el sexto en la producción metalúrgica del país.

En el estado se tiene entre 8 a 10 empresas mineras, que producen una variedad de metales y piedras preciosas, que aportan el 20 por ciento de derrama económica a las 273 empresas e igualmente hay una importante participación fiscal.

Sin embargo el 15 de abril del 2019 Astudillo Flores, y Antonio Jaimes Herrera, Presidente Municipal de Iguala por Morena, firmaron un convenio con empresarios para exentar del pago de impuestos hasta en un 80 por ciento a empresas mineras canadienses asentadas en la entidad en las cláusulas se consideran descuentos de impuestos en los rubros de predial, licencias de todo tipo y tarifa de agua entubada, indican documentos oficiales.

En ese entonces Antonio Helguera Jiménez, presidente del Congreso y diputado local por Morena, expresó su rechazo “al uso de las instituciones para que las empresas eludan el pago de impuestos” como todos estamos obligados.

El legislador lamentó que Antonio Jaimes, primer edil igualteco, haya sido el impulsor del convenio que calificó como injusto, argumentando que de esta forma “los empresarios que tienen más, van a pagar menos”.

La necesidad de la reanudación en las actividades de explotación de los metales preciosos y ferrosos se explica porque China, donde se originó la pandemia del coronavirus, constituye una fuerte fuente de demanda de diversos metales como el oro y la plata y está reanudando las actividades económicas. Una caída en la demanda del país asiático, podría tener un efecto adverso en la demanda y el precio de los productos mineros.

Pero la paralización de actividades ante la expansión del Covid 19 en la entidad no es el único factor. El secuestro de sus trabajadores, la exposición a actividades criminales relacionadas al tráfico de drogas, el robo y la extorsión constituyen peligros adicionales que se han estado viviendo desde años atrás, con algunos periodos en donde el asedio resulta asfixiante. De hecho así lo reconoce la propia firma canadiense.

“Las actividades criminales en la región, o la percepción de actividades similares, podrían perturbar las operaciones de la compañía, obstaculizar la habilidad de la compañía de contratar y mantener a personal calificado y afectar el acceso a fuentes de capital” indica un documento de la empresa canadiense.

Agrega que “estos riesgos podrían causar lesiones, muertes, robo, limitar o interrumpir las operaciones, restringir el movimiento de fondos, afectar los derechos contractuales y causar que la compañía pare sus operaciones, todo esto podría exponer a la compañía a costos y responsabilidades potenciales”.

Torex Gold dispone de personal de seguridad y un contrato con el Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero (IPAE), a pesar de ello “no hay garantía de que los esfuerzos de la compañía sean capaces de mitigar efectivamente estos riesgos”.

Otro de los factores de riesgo lo constituyen los bloqueos efectuados por el personal sindicalizado los cuales han sido dos en 2016 y el más largo fue a partir de abril de 2017 hasta el siguiente año.

Pero también están los protagonizados por “comunidades locales podrían estar influenciadas por entes externos, grupos u organizaciones opositoras a las actividades mineras o buscando de obtener ilegalmente ganancias de la extracción”.

Las circunstancias descritas “podrían materialmente afectar el futuro de la compañía” indicó Torex Gold. La compañía con sede en Toronto informó de una producción y venta récord de 449 mil 337 onzas de oro, de las cuales obtuvo 632.5 millones de dólares.

Otro proyecto minero en puerta se ubica en el municipio de San Marcos, donde se realiza estudios de los metales preciosos que podría sustraerse, ya que Guerrero tiene una diversidad de minerales como oro, plata, zinc, plomo y cobre.

El 20 de mayo, la minera Media Luna que pertenece a Torex Gold, anunció la aportación de dos millones de pesos para la instalación, operación y mantenimiento de la planta de luz de una unidad médica de atención al Covid 19 en Iguala. La firma minera también dio a conocer que planea reanudar producción completa en su complejo minero El Limón Guajes, localizado en Guerrero a fines de este mes.

Publicado en Siempre!