En Guerrero las cosas no han cambiado: la producción de drogas sintéticas, el poder criminal y la violencia siguen creciendo.

Objeción: Nueve horas, el reto de Iguala Por María Idalia Gomez.

Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal Isidro Burgos no saben qué pasó con sus hijos y ni siquiera tienen una explicación de por qué ocurrió.

Por si fuera poco, en Guerrero las cosas no han cambiado: la producción de drogas sintéticas, el poder criminal y la violencia siguen creciendo. En cambio, sobre la desaparición de los normalistas, organizaciones, políticos, periodistas, algunas autoridades y grupos de poder, bajo el argumento de la búsqueda por la verdad han emitido juicios y teorías; han generado confusión, la mayoría de las veces con información errónea, y reducido el caso a Estado malo y gente buena o viceversa.

Pero el caso de Ayotzinapa se ha convertido en el punto de reconciliación o no, de una sociedad con sus autoridades. Será el icono de la pacificación y reconstrucción del tejido social.

Limpiar toda la basura de especulaciones que los grupos de interés han añadido al caso en estos años será una de las primeras tareas de Omar Gómez Trejo, el titular de la recién creada Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa.

Aunque la primera tarea de Gómez Trejo, quien nunca ha litigado en órganos jurisdiccionales mexicanos, será asumirse realmente como autoridad, revisar no sólo el expediente de Ayotzinapa para ampliar las investigaciones y probar ante los jueces cada una de sus hipótesis, sino también las casi 130 acusaciones y más de una veintena de órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar de personajes colaterales en la trama de la desaparición de estudiantes y que fueron sólo acusados de pertenecer al grupo criminal de Guerreros Unidos o al de Los Rojos.

Una tercera misión, que será capital para resolver el caso, será encontrar la forma de obtener del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de la DEA, todos los registros vinculados a Guerreros Unidos, especialmente las intercepciones de por lo menos 11 teléfonos de integrantes de ese grupo y que permiten conocer, prácticamente en tiempo real, lo que ocurrió ese 26 de septiembre de 2014.

Será una tarea muy difícil, porque desde 2015, la entonces PGR les envió la primera petición de asistencia, pero no respondieron. Se hicieron dos nuevos requerimientos, entre mayo y septiembre de 2017, y la primera respuesta llegó hasta noviembre de ese año y la segunda en febrero de 2018. Pero omitieron información vital que hasta ahora no han querido compartir.

La información que entregaron, cerca de mil mensajes escritos entre los capos y unas 10 personas, revelan cómo los criminales desplegaron una operación que se volvió por momentos caótica durante el ataque a los estudiantes. Pero horas después planificaron cómo responsabilizar al gobierno estatal de lo que había sucedido, y comenzaron por movilizar a transportistas, policías comunitarias y familias de policías para presionar por la liberación de los 22 agentes detenidos en la madrugada, como primeros responsables.

Parte de esos mensajes fueron ya utilizados en un juicio en tribunales de ese país y demostraron la capacidad criminal de Guerreros Unidos, productores y transportistas de la droga llamada china-white, que ha metido en una crisis de salud a Estados Unidos.

Al revisar y vincular cada una de las frases, hechos y horarios, queda en evidencia el control institucional y social que tenía entonces (y quizá ahora) ese grupo, lo que le permitió, desde por lo menos 2010, decidir quién vivía o moría, quién era presidente municipal, a qué partido político se apoyaba en una elección, quién era policía, rescatista de Cruz Roja o de Protección Civil; así como integrar un grupo armado bien uniformado y artillado a la policía municipal y, en general, controlar los municipios de Iguala, Huitzuco, Cocula, Teloloapan y otros más de Guerrero, Morelos y estado de México.

Pero faltan casi nueve horas, de las 19:44 horas del 26 de septiembre y 04:16 horas del día siguiente, justo el momento en que ocurrió el ataque a los normalistas. Ni la DEA ni el Departamento de Justicia han querido entregar ese material que resolvería el caso Iguala y los padres de los normalistas sabrían qué pasó y por qué.

@Gosimai

Publicado en Eje Central

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