Cinismo y complicidad de la clase política mexicana ante el gasolinazo

REUTERS/HENRY ROMERO
El senador priísta Carlos Romero Deschamps, quien además es líder sindical de Pemex, en una conferencia el 3 de noviembre de 2016.
Por  Edmar Ariel Lezama

El inicio de 2017 ha significado para México pagar combustibles más caros y observar cómo alguna parte de la población ha salido a manifestarse debido al descontento ocasionado por la medida.

Ante tal escenario, el gobierno federal ha mostrado poca sensibilidad y una mala política de comunicación, ya que del aumento a la gasolina se sabía desde el mes de noviembre de 2016 y nada se hizo para explicar a los consumidores cómo se fijaría el nuevo precio y de qué manera se usarían los recursos generados por el impuesto.

El gobierno federal, a través de sus canales de comunicación, fue incapaz de explicar que el aumento no solo se debe a la reforma energética, sino también a una miscelánea fiscal que aplica a todo México a partir del primer día del nuevo año y que fue aprobada por miembros de todos los partidos políticos, salvo Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

El gobierno federal, a través de sus canales de comunicación, fue incapaz de explicar que el aumento no solo se debe a la reforma energética, sino también a una miscelánea fiscal que aplica a todo México.

Ante tal vacío en comunicación, distintos actores de los partidos políticos han salido a la calle a protestar como si fueran uno más en la multitud, olvidando que ellos, al ser parte del estado, pueden regular y proponer los cambios necesarios a cualquier ley o miscelánea fiscal.

El abuso y absurdo de la clase política viene no solo por legislar sin pensar en escenarios de mediano plazo provocados por su acción, sino en votar a favor una ley y salir a protestar contra ella meses después.

Se dice que poco medita la clase política mexicana sobre lo que puede ocasionar si se mira con detenimiento quién ha votado en un primer momento la reforma energética y después a la miscelánea fiscal del año 2017, que en combinación son las causantes del aumento de los combustibles.

Carlos Romero Deschamps, en su calidad de senador, votó a favor de la reforma energética, causando sorpresa, ya que él no solo es congresista sino también líder del sindicato de trabajadores petroleros de la república mexicana.

En ningún momento Romero Deschamps consultó a los trabajadores petroleros al ser ellos los principales interesados en el tema en el corto plazo, o propuso algún punto de acuerdo para beneficiar a su gremio ante la apertura del sector. Al día de hoy Carlos Romero no aparece en medios, guarda silencio sobre los efectos de la reforma energética y no es auditado por la vida de excesos económicos que lleva.

Un caso extraño es el referente a Humberto Mayans Canabal como senador, ya que al ser tabasqueño, sabía que una apertura del ramo energético sin antes haber consolidado un plan económico para ese estado, resultaría en algo terrible para la región. Hoy ese estado tiene la tasa de desempleo más alta del país, en parte explicada por la desregulación.

En lo que se refiere a la Cámara de Diputados y la aprobación a la miscelánea fiscal de 2017, la cual incluye el cobro de impuestos a la gasolina, la votación concluyó con 411 votos a favor y solo 42 en contra, todos de la bancada de MORENA.

Increíblemente hoy vemos protestas de congresistas y líderes de partidos políticos que han votado a favor de tal medida. Por ejemplo, Ricardo Anaya en su calidad de presidente del Partido Acción Nacional (PAN) ha salido a pedir al gobierno federal que reduzca en dos pesos el impuesto a la gasolina o que busque otras alternativas recaudatorias.

Distintos actores de los partidos políticos han salido a la calle a protestar como si fueran uno más en la multitud, olvidando que ellos, al ser parte del estado, pueden regular y proponer los cambios necesarios a cualquier ley o miscelánea fiscal.

Lo realmente increíble es que él en su calidad de presidente del PAN no planteó esas alternativas a su bancada. Anaya sabe que sus nuevos gobernadores en Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo necesitan de los recursos federales para solventar el boquete fiscal heredado por sus antecesores.

En este punto, Anaya tiene claro que una reducción del precio de las gasolinas significa menos dinero para los estados mencionados, pero que en el horizonte de las elecciones de 2018 es ganar votos en el ámbito local y federal.

Alejandra Barrales como presidenta del Partido de la Revolución Democrática (PRD) llama a marchas de carácter pacífico contra el aumento al precio de los combustibles, pero con el objetivo de generar una atracción mediática hacia ella, lo cual le permita superar a Patricia Mercado en la disputa interna de su partido por la candidatura a la jefatura de gobierno de la ciudad de México. Para después vencer al candidato elegido por MORENA.

Barrales sabe que el PRD ha perdido presencia en la Ciudad de México y que la disputa por la presidencia de la república en 2018 está fuera de su alcance, pero intentar mantener la capital del país es una opción a mano y que ayudaría al partido a mantenerse vigente. Pues de lo contrario podrían encontrarse a las puertas de ser la cuarta o quinta fuerza política de la nación.

Los líderes del PAN y PRD así como sus diputados y senadores saben que no es viable dar marcha atrás al alza de las gasolinas, pues ellos y los gobernadores son los principales beneficiados de los ingresos recaudados. Aun así, la clase política mexicana aprovecha la coyuntura con una visión de corto plazo para mantener beneficios y no generarlos al grueso de la población.

*Este texto representa la opinión del autor y no necesariamente la de The Huffington Post México

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