Gasolina y mentiras presupuestales del presidente

Por: Leonardo Núñez González (@leonugo)


Después de una oleada de protestas, violencia y de indignación nacional por el inicio del proceso para liberalizar el precio de los combustibles, el presidente Enrique Peña regresó de sus vacaciones golfísticas para explicar esta medida. Haciendo uso de varios datos, su lógica fue contundente: “mantener un precio artificial de la gasolina en 2017, como el que teníamos en diciembre, habría significado un gasto adicional de más de 200 mil millones de pesos”. Para pagar esta cantidad, habríamos tenido que, explicó, “paralizar por cuatro meses todos los servicios del Seguro Social” o “suspender tres años el Seguro Popular”. Ante la certeza de que “los datos duros hablan por sí mismos”, el presidente nos lanzó una pregunta: “¿qué hubieran hecho ustedes?”.

Puestas así las cosas, pareciera que lo más sensato, aunque doloroso, era hacer el ajuste en el precio de los combustibles. Además, el presidente nos dio otro dato: el gobierno ya había comenzado a apretarse el cinturón porque “lo primero que hicimos antes de tomar esta medida fue recortar el gasto del propio gobierno de la República en casi 190 mil millones de pesos”. Cuando escuché esa parte del mensaje, simplemente perdí el control y enfurecí. ¿Por qué? Porque el presidente miente.

Antes de explicar con cifras e investigación académica el porqué de mi afirmación, debo hacer un paréntesis: entiendo que subsidiar a los combustibles con los impuestos de todos es un gasto absolutamente regresivo, es decir, beneficia más a los más ricos; igualmente, sé que lo opuesto al subsidio, y que es la situación que vivimos desde 2014, es que el gobierno no gasta, sino que obtiene ingresos de la venta de combustibles, lo que lo hace un impuesto progresivo en el que los más pobres se ven menos afectados. 

Pero, como ayer escribiera Carlos Elizondo en su columna, incrementar la presión fiscal sobre los mexicanos sin antes haber hecho un ejercicio profundo de recorte del gasto público es políticamente explosivo y, dados los casos de corrupción impune, hasta parece una provocación. Hecha esta anotación, los datos que presento a continuación no pretenden ser un argumento en favor del subsidio a los combustibles, sino en contra del uso inadecuado de los recursos públicos y de los falsos argumentos que sostiene el Ejecutivo cuando se trata de las finanzas públicas.
Comenzaré con la última cifra: el presidente señala que el gobierno ha reducido su gasto en casi 190 mil millones de pesos, por lo que el ajuste se hizo en casa antes de acudir al bolsillo de los ciudadanos. 

Cuando revisamos la Cuenta Pública, que es el documento en el que el gobierno muestra cuánto gastó en realidad a diferencia de lo que planeaba en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), vemos que en 2015 el gobierno federal no ejerció los 4.694 billones de pesos presupuestados, sino que gastó 4.917 billones de pesos. Es decir, gastó 222 mil 570 millones de pesos más de los que originalmente la Cámara de Diputados le había asignado. Hay que recordar que en 2015 el hoy secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, nos dijo que habría un recorte por 124 mil millones de pesos. El recorte no sólo fue inexistente, sino que el gasto fue superior en una cantidad aún mayor a los 200 mil millones que el presidente señaló que costaría mantener el precio subsidiado de la gasolina.

La cifra total del gasto real del gobierno en 2016 no la conoceremos, desafortunadamente, sino hasta el 30 de abril, cuando se presente la siguiente Cuenta Pública. Sin embargo, que el gobierno gaste más de lo presupuestado no es una anomalía, sino una constante. Este es uno de los señalamientos que he repetido casi hasta el cansancio desde hace unos meses, cuando publiqué el trabajo “Presupuesto de Egresos ficticio: el gasto real del gobierno en la Cuenta Pública” (disponible aquí). De hecho, si se suma lo que el gobierno federal ha gastado de manera adicional a lo presupuestado entre 2000 y 2015 en pesos constantes de este año, el resultado es que ha habido 3.37 billones de pesos de gasto adicional. Para ponerlo en perspectiva, esto equivale a más de 18 puntos del PIB. 

Una cifra simplemente monstruosa.
A pesar de no conocer el gasto total en 2016, podemos darnos una idea de cómo será el gasto real de 2016 revisando el último informe trimestral que Hacienda envío a la Cámara de Diputados: hasta septiembre, el gasto neto del gobierno debería haber sido, de acuerdo al PEF, de 3.54 billones de pesos. En la realidad, ya se habían gastado 3.76 billones. Es decir, había una diferencia de 220 mil 262 millones de pesos, una cifra incluso superior a la reportada en la última Cuenta Pública. El cacareado “recorte” anunciado por el presidente es inexistente. En unos meses tendremos los números exactos para recordárselo, pero el hecho es innegable.

Concluido ese punto, regreso a la pregunta del presidente: ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Cuando nos señala que el tamaño del gasto necesario para mantener el subsidio hubiera implicado eliminar el Seguro Popular o quedarnos sin servicios de salud, nos enfrenta a un dilema que parece ser “o se subsidia la gasolina o hubiéramos cerrado los hospitales”, como si el presupuesto de ninguna otra área hubiera sido susceptible de ser reasignado.
Sin embargo, cuando revisamos una vez más la Cuenta Pública, veremos algunos fenómenos interesantes, como que hay rubros de gasto que incrementan de manera drástica sin que por eso tengamos que cancelar Prospera. Por ejemplo, en 2015 el gasto presupuestado en comunicación social y publicidad para todo el gobierno federal era de 2 mil 695 millones de pesos, pero en la realidad se gastaron 7 mil 618 millones, es decir, casi se triplicó el gasto. Otro rubro con una diferencia porcentual similar, aunque más dramático en términos absolutos, es el de transferencias a fideicomisos (una de las áreas más opacas del gasto público), que pasó de 36 mil millones presupuestados a 109 mil millones gastados en la realidad, un incremento de 72 mil millones de pesos. El presupuesto se redirecciona día con día a rubros muy diferentes a los originalmente aprobados por los diputados y, en muchos casos, las explicaciones detrás de estos movimientos son extremadamente opacas.

Por lo tanto, lo que un gobierno sensible y realmente preocupado por las finanzas públicas debería haber hecho sería disminuir su gasto de verdad, modificar los procesos de redireccionamiento del presupuesto que hacen que el erario termine en rubros tan ociosos como la publicidad y no engañar a la población con falsos argumentos de necesidad fiscal. Después de haber hecho todo esto, aún se hubiera requerido eliminar el subsidio a la gasolina, pero se podría haber hecho de una manera menos drástica o, idealmente, no tendríamos motivos para protestar porque sabríamos que el gobierno realmente habría mejorado la calidad de su gasto apretándose el cinturón y, entonces, tendría la legitimidad para pedirnos acompañarlo en su esfuerzo. Pero, como nos recordó el presidente, los datos duros hablan por sí mismos: ante un gobierno que gasta cuanto y como quiere y una clase política que prefiere darse bonos navideños millonarios a preocuparse por las finanzas públicas, el aumento en el precio de la gasolina y los falsos argumentos que presenta el presidente hieren y enfurecen a la ciudadanía.

* Leonardo Núñez González, es politólogo, internacionalista y maestro en Administración y Políticas Públicas por el CIDE.

 

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