Los “paraísos” que se perdieron por la narcoviolencia en México en 2016

Por décadas permanecieron en calma, incluso ajenos a la guerra contra el narcotráfico queha causado miles de muertos en los últimos años en México.

En algunos casos ocuparon los primeros lugares en el Índice Nacional de Calidad de Vida, realizado cada dos años por la consultora Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE).

La medición se basaba en la opinión de los habitantes de esos lugares, así como en datos oficiales. Los que tenían una evaluación más positiva se consideraban “los mejores lugares para vivir en México”.

Muchos eran más conocidos por el turismo en sus playas o pueblos coloniales, pero ahora han cambiado.

Son estados y ciudades de México en los que en 2016 aumentó la violencia a niveles que nunca habían padecido.

En algunos casos la inseguridad se debe a la disputa de cárteles denarcotráfico por nuevos territorios.

Pero en otros el problema son bandas de secuestradores o de robo de combustible.

Los casos más notorios son Colima, Guanajuato, Zacatecas, Oaxaca o Puebla,algunos de los principales centros turísticos del país y que además tuvieron un buen puntaje en la encuesta de la consultora GCE.

Hoy, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y organizaciones civiles, en esos lugares aumentó el número de homicidios y otros delitos.

Ante el repunte de la violencia en esas regiones la reacción de las autoridades resulta insuficiente, le dice a BBC Mundo el especialista en seguridad Alejandro Hope.

“Han seguido en la negación, la respuesta ha sido poco vigorosa. No fue sino hasta agosto que el presidente (Enrique Peña) reconoció la alerta”.

Pero las autoridades piensan distinto.

En la sesión más reciente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el pasado 20 de diciembre, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que la delincuencia en el país bajó en los últimos años.

Colima es trinchera de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
Colima es trinchera de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. AFP

“Pusimos en marcha una política de seguridad basada en la coordinación, la corresponsabilidad y el uso intensivo de sistemas de inteligencia”, señaló.

“Las cifras muestran que esta estrategia ha funcionado”.

Guerra de cárteles

La capital de Colima, del mismo nombre, obtuvo el primer lugar en el estudio de GCE elaborado en 2014.

En la encuesta el primer elemento a evaluar es la percepción de seguridad de los ciudadanos, en el que la ciudad obtuvo el mejor puntaje.

Pero su realidad cambió en poco tiempo. Ahora los datos del SNSP indican que su tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes es de 52,4.

Es la más alta del país, incluso mayor a la que hasta el año pasado se consideró la población más peligrosa de México, Acapulco.

Detrás de estas cifras existe una disputa territorial de los cárteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, explica Hope.

En Guanajuato aumentó la violencia por los carteles de narcotráfico.
En Guanajuato aumentó la violencia por los carteles de narcotráfico. AFP

Los grupos pretenden controlar el puerto de Manzanillo, Colima, uno de los sitios de entrada de precursores para drogas químicas según la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR).

Por ese lugar el desaparecido cartel de los Caballeros Templarios envió ilegalmente a China miles de toneladas de mineral de hierro.

La batalla por la zona es la razón central en el incremento de las muertes violentas en el estado.

Guerrero, una guerra sin fin

Guerrero: Diez años de violencia sin freno

La misma entidad donde se han desplegado siete operativos policíacos y militares con diferentes nombres desde 2005 y sólo para ver expandirse a las células del narcotráfico, la extorsión y el secuestro. Del puerto de Acapulco a la capital del estado y de ahí al norte, a Iguala, Taxco, y a la costa y Tierra Caliente.

El ejército no ha podido controlar la violencia en Guerrero. Archivo
El ejército no ha podido controlar la violencia en Guerrero. Archivo

¿Por qué ninguno de los operativos ha funcionado?

“Nosotros en la organización no creemos que el Estado esté fallando en el combate al crimen organizado, sino que tiene una alianza estratégica con las empresas del narcotráfico y otros delitos que forman parte de la economía mexicana con el poder poder político y con el control social”, dice Monroy.

En ese entendido –explica- no hay un combate real sino una administración de la economía del narcotráfico y, por lo tanto, de la ley. “En siete años que tenemos como organización no ha habido un solo caso de sentencia por la desaparición de alguna persona”, precisa.

En cambio, sí han visto asesinatos, fosas y desapariciones de todo tipo, de las individuales a las colectivas como la de los estudiantes de Ayotzinapa, las de Chilapa y Chichihualco y el reciente caso de secuestro masivo en Totolapan.

Información obtenida a través de mecanismos de transparencia por medios de comunicación social le dan la razón: desde 2009 no hay una sola sentencia por este delito a pesar de que es el estado con mayor número de denuncias y un 98 % de cifras negras, o sea, crímenes sin levantar el acta ante el ministerio público.

Uno de los más recientes casos de negociación de la ley por parte de las autorizadas quedó en evidencia el pasado miércoles, cuando el gobernador Héctor Astudillo presumió ser mediador de una negociación entre un presunto secuestrador de la comunidad de Totolapan, Raybel Jacobo Del Monte “El Tequilero”, quien habría raptado a un empresario local y en represalia, un grupo de autodefensas tomó de rehén a la madre del presunto delincuente y a 16 personas más.

Para liberarlas finalmente exigieron presionar al gobierno con tres peticiones: una base formal de la Policía Federal, la detención de “El Tequilero” y la vigilancia del ejército a la entrada del pueblo

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