La guerra sucia en Guerrero en los 70s

Lucio Cabañas.

Por José Antonio Román.

Durante la llamada guerra sucia de los años 70, se tienen documentados alrededor de 600 desapariciones forzadas, tan solo en el estado de Guerrero, donde el gobierno ejerció una “represión indiscriminada” contra las bases de apoyo de la guerrilla y la población civil en general.

Hubo un “estado de excepción”, la comisión de crímenes de lesa humanidad, e incluso se tienen documentados “15 crímenes de guerra”. Todo, en medio de una “impunidad crónica” que llega todavía a nuestros días.

Para las profesoras-investigadoras Claudia Rangel Lozano, de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero (UAEG), y Evangelina Sánchez Serrano, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), además de Florencia Ruiz Mendoza, de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus siglas en inglés), el término de guerra sucia, acuñado en Argentina, se trasladó a nuestro país de manera errónea.

Desde su visión, las especialistas en el tema, lo ocurrido en México entre los años 1968 y 1975 fue, en términos de rigurosidad teórica, un “terrorismo de Estado”.

En el libro México en los Setenta. ¿Guerra sucia o terrorismo de Estado?, las investigadoras hacen un intenso y amplio trabajo por “recuperar la memoria histórica” de lo ocurrido esos años en el estado de Guerrero, particularmente en Atoyac de Álvarez, municipio de la Costa Grande de esa entidad. Se recogen testimonios de los familiares de quienes fueron víctimas de desaparición forzadas por el Ejército y las fuerzas federales y de las “atrocidades” que vivió la población civil durante esa época de represión.

La población civil, relatan y documentan en el libro recién editado, fueron sometidos a una “represión indiscriminada y sistemática”, donde prevalecieron actos de tortura, ejecuciones arbitrarias, cárceles clandestinas, “casas de seguridad” a lo largo de la sierra, cercos militares y los salvoconductos para que la población pudiera ir de una comunidad a otra o dirigirse a sus parcelas a sembrar, así como detenciones ilegales y eventualmente desapariciones.

Además, los pobladores vivieron cosas terribles como las “aldeas vietnamitas”, una táctica contrainsurgente utilizada por Estados Unidos en el sudeste asiático, y aplicado aquí por el Ejército mexicano, que consistía en bombardear poblados enteros, donde el gobierno creía que se ocultaban los guerrilleros de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. “Todo esto ocurrió, está en documentos oficiales y testimonios. No estamos inventando nada”, señala Evangelina Sánchez.

Claudia Rangel, quien desde hace 25 años vive en el estado de Guerrero, señala que en los testimonios recogidos, tanto de los familiares de las víctimas como de los sobrevivientes, narran que fueron militares los que se los llevaron, unos al Campo Militar número Uno, en la Ciudad de México, otros a la base aérea de Acapulco, otros más a las “casas de seguridad” que el Ejército tenía a lo largo de la sierra.

Explica que al llevar a los detenidos a cárceles clandestinas, la gente fue sustraída del ámbito jurídico, sin ningún derecho para ser procesados bajo la ley en caso de que se les pudiera comprobar algún delito. “No tenían esa oportunidad, por lo que se puede afirmar que había un estado de excepción, cuando menos ese territorio de Atoyac”, señala la investigadora Rangel.

Insistió en que lo ocurrido durante esos años, no fue una guerra sucia, sino un “terrorismo de Estado” y un “estado de excepción”, porque nunca se trató de dos fuerzas equiparables, ni en adiestramiento ni logística militar. “Los combatientes de Lucio Cabañas, en sus mejores momentos eran unos cien, mientras que el gobierno envío a 27 mil efectivos militares a la sierra. Eso no fue una guerra sucia, porque además se fueron directamente contra la población civil, contra las bases de apoyo de la guerrilla”, dijo.

De manera particular, la investigadora Evangelina Sánchez narra lo ocurrido en la comunidad de “El Quemado”, también en Atoyac de Álvarez, zona que era el paso obligado del grupo guerrillero hacia la sierra. Por ello, el Ejército mexicano sustrajo a todos los pobladores hombres, mayores de 15 años hasta los de edad avanzada -una investigación universitaria señala que fueron casi cien personas-, y los recluyeron en cárceles clandestinas, sometidos a “torturas inenarrables”. Pero al cabo del tiempo los dejaron salir.

Este es un ejemplo evidente, añade la especialista, de que se quería dar un “castigo ejemplar” a los habitantes de ese lugar, pero también que sirviera de advertencia a otras comunidades para que no apoyaran a los grupos guerrilleros, pues eventualmente se pensaba que ellos, los hombres y muchas comunidades, eran simpatizantes de la guerrilla o formaban parte de ella.

Y es que, añade Claudia Rangel, los testimonios recabados de los sobrevivientes son “verdaderamente aterradores”, pues eran sometidos a una tremenda tortura, no sólo sicológica, violencia física y sexual. “No hay palabras para describir las atrocidades cometidas, las palabras son insuficientes. Eso evidencia también que se trató de un terrorismo de Estado”, señala.

En tanto, Florencia Ruiz Mendoza, quien también fue investigadora en la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), y tuvo acceso a documentación de archivos oficiales, destacó que fueron 800 los casos de desaparición forzada documentados por esta instancia, 600 de los cuales ocurrieron en Guerrero. Estas cifras concuerdan con las señaladas por la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos de México.

Pero identifica que el año más álgido de estas desapariciones en Atoyac de Álvarez fue 1974, tras el secuestro y liberación de Rubén Figueroa Figueroa, entonces candidato al gobierno de Guerrero, por el Partido de los Pobres, liderado por Lucio Cabañas.

Incluso, señala que la Fiscalía Especial pudo documentar “15 crímenes de guerra”, con pruebas y documentos oficiales, “donde el Estado está directamente involucrado en estas acciones de lesa humanidad”.

En la entrevista, la Florencia Ruiz explicó que la Fiscalía tuvo acceso a dos acervos que estaban en el Archivo General de la Nación, que el entonces presidente Vicente Fox desclasificó, pero que ahora, otra vez, no están disponibles a consulta. Uno, de la extinta Dirección Federal de Seguridad, y el otro de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Revela que hay reportes oficiales con nombres de personas detenidas y sometidas a “exhaustivos interrogatorios”, es decir, que fueron sometidos a tortura. “Hay fotografías de personas con terribles huellas de tortura, hay fichas dactiloscópicas de personas que hoy están en la lista de desaparecidos. Además, se detectaron cientos de radiogramas militares, que aunque escuetos y en clave, hoy sabemos de que se trataba, a que se referían. Todo era informado al secretario de la Defensa Nacional”.

La investigadora de la Universidad de la Ciudad de Nueva York señaló que hay algunas claves y lenguaje utilizado en aquellos radiogramas militares encontrados en los archivos, los cuales hacen pensar también en el presente.

De manera concreta, recuerda que a las personas detenidas en los retenes militares eran identificadas con la palabra “paquete”. Esta es la misma palabra contenida en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en referencia a las declaraciones de integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, pues cuando reciben a los estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa los identifican también como “paquetes”, “tecnicismo” utilizado por los militares desde aquella época de represión.

Las tres investigadoras lamentan la incapacidad y fuerte resistencia de los gobiernos y del Estado mexicano mismo para reconocer lo ocurrido en esa época, como lo han hecho otros países. Aquí se intentó hacer con Fiscalía de Delitos del Pasado, en época de Fox, pero se fracasó. Tampoco hubo una Comisión de la Verdad.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizó una investigación entre 1990 y 1992, durante la gestión del ombudsmanJorge Carpizo, pero sin explicación alguna se dio a conocer casi 10 años después, en 2001. Sin embargo, en ese informe se hablan solo de 207 desaparecidos, algunos de ellos muertos en enfrentamientos con militares.

Después vino la Fiscalía Especial, que reportó 800 desapariciones a nivel nacional, pero el informe y las cifras quedaron “sepultadas”, y el Estado mexicano se ha quedado con las cifras y el informe de la CNDH.

Para Claudia Rangel la grave crisis de derechos humanos que vive actualmente el país es, en parte, consecuencia de que este tema de lo ocurrido en los 70 no fue atendido por el Estado, por la sociedad mexicana en su conjunto. “Esto significó mantenerlo en la impunidad, una impunidad que ya es crónica”.

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