Guerrero: lastre de corrupción y crimen organizado de PRD

Por Carlos Ramírez 

Nada mejor para ilustrar la verdadera crisis en Guerrero que el regreso a la política guerrerense, con impunidad y arrogancia, del expriista-neoperredista-ebradista Ángel Aguirre Rivero, obligado a abandonar el cargo de gobernador perredista en 2014 por su involucramiento en el problema de los normalistas de Ayotzinapa.

El primer año de gobierno del priísta Héctor Astudillo Flores la próxima semana ha tenido que lidiar con el abandono federal en materia de seguridad e inversiones para el desarrollo, el activismo del PRD a través de sus estructuras de poder y corrupción y la decisión gubernamental de cargar con el caso de los 43 normalistas que le estalló a autoridades municipales y estatales perredistas.

Lo que no se entiende en Guerrero es la falta de decisión del gobierno federal para prorratear las culpas por el caso de los 43 que llevan al PRD: la investigación primera del procurador Jesús Murillo Karam se desmoronó por irregularidades en las indagatorias, pero la responsabilidad directa en el suceso fue del PRD: el alcalde perredista José Luis Abarca, su esposa como precandidata perredista a sucederlo en el cargo, el entonces gobernador perredista Aguirre Rivero y la dirección nacional del PRD controlada por Los Chuchos vía Carlos Navarrete. El secuestro, asesinato y desaparición de los restos de los 43 normalistas ha sido el Tlatelolco del PRD.

La reactivación del crimen organizado en Guerrero y sobre todo en Acapulco es una derivación de las relaciones políticas de gobiernos perredistas con los cárteles. Y mientras el gobierno federal no tome la decisión de desmantelar esas relaciones indiciando a figuras perredistas, la crisis de seguridad en Guerrero carecerá de una solución en el corto plazo.

Con el apoyo de Manuel Camacho Solís y Marcelo Ebrard Casaubón, el PRD hizo candidato a gobernador al priista Aguirre Rivero en el 2011 (renunció al PRI hasta después de tener amarrada la nominación). Y para colmo, el priista Astudillo compitió por la gubernatura contra la candidata perredista Beatriz Mojica, del gabinete de Aguirre y hoy flamante secretaria general del PRD nacional.

Las acciones de seguridad en el primer año de Astudillo se han reducido a vigilancia; hasta ahora, los servicios de inteligencia parecen no haber detectado las relaciones políticas y de poder del crimen organizado con las estructuras perredistas. O si los han detectado, es la hora en que el gobierno federal elude la decisión política de desmantelar la estructura de poder narco-grupos políticos similar a la relación entre narco y guerrilla de las FARC en Colombia.

Si el gobierno federal le sigue regateando apoyos reales al gobierno de Astudillo, Guerrero seguirá no sólo hundiéndose en la espiral de la violencia, sino que continuará ahuyentando al turismo internacional. 

El gobierno priista de Astudillo podría ser el laboratorio de reconstrucción del sistema político en zonas controladas por el crimen organizado. Pero hasta ahora ha faltado voluntad federal real. 

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