Guerrero en llamas y el gobernador sin control



Por Ezquiel Flores

El asesinato del alcalde de Pungarabato, el perredista Ambrosio Soto Duarte, la noche del sábado 23 en Tierra Caliente, reavivó la animosidad en Guerrero. El gobernador Héctor Astudillo no puede controlar la violencia en la entidad –durante sus nueve meses de gestión ha habido alrededor de 2 mil asesinatos–, pero él insiste en que se trata de una guerra entre bandas delincuenciales. Lo cierto es que algunos personajes de su entorno están más que señalados por sus nexos con las bandas criminales.

La ejecución del alcalde perredista de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, la noche del sábado 23 en la convulsionada región de la Tierra Caliente de Guerrero y Michoacán, exhibió nuevamente el grado de infiltración de la delincuencia en los tres niveles del gobierno y del Ejército.

El priista Héctor Astudillo Flores lleva nueve meses en el gobierno, lapso en el cual se han registrado oficialmente casi 2 mil homicidios dolosos, incluido el de Soto Duarte, dos regidores y cinco funcionarios municipales en Acapulco, Tierra Caliente y Chilapa.

El domingo 17, un día después de la ejecución del regidor priista de Chilapa, Miguel Ángel Salmerón Nava, Grupo Autofin, que encabeza el empresario Juan Antonio Hernández, congregó a sus pares en la exclusiva zona Diamante del puerto de Acapulco. Ahí, el mandatario afirmó que Guerrero es una entidad segura porque la mayoría de personas asesinadas “no son turistas ni personas famosas”.

Astudillo promovió sus proyectos de desarrollo de la industria minera y portuaria que se enfocan en zonas controladas por el narcotráfico. Ahí, según informó este semanario hace varios meses, la sociedad padece la extrema inseguridad y violencia, el desplazamiento masivo de personas y el colapso de la economía local (Proceso 2054).

El gobernador atribuye la ola violenta a la guerra entre bandas delincuenciales en la entidad, mientras el fiscal estatal, Xavier Olea Peláez sostiene que los grupos criminales están matando políticos “por la cuestión de la amapola”.

Las bandas criminales respondieron el lunes 18 por la noche. Un comando disparó contra la sede de la Notaría 19, propiedad del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Robespierre Robles Hurtado, en el fraccionamiento Costa Azul, en Acapulco.

Los agresores dejaron dos cartulinas con mensajes en los que acusaron al gobernador, al fiscal y al propio notario de recibir dinero y “no cumplir con el acuerdo” de liberar a David Canek Palma Analco, El Deivid, presunto líder de una facción del Cártel Independiente de Acapulco (Cida).

El fiscal Olea comentó que el ataque se debió a que un juez federal había liberado al Deivid, quien había sido detenido en Morelos acusado por la Procuraduría General de la República de presuntos nexos con el narco, pero fue reaprehendido por agentes ministeriales y recluido en el penal porteño, acusado de homicidio por la Fiscalía General del Estado.

Asimismo anticipó un recrudecimiento de la violencia en Acapulco por los reacomodos de las mafias, pues el grupo del Deivid controla el trasiego y venta de cocaína y mariguana desde la zona exclusiva de Punta Diamante hasta los poblados del municipio de Marquelia, en la región de la Costa Chica.

En este contexto fue ejecutado el alcalde Soto Duarte y han sido detenidos presuntos operadores del Cártel de los Beltrán Leyva en Acapulco junto a jóvenes líderes priistas que exhiben el nivel de infiltración del crimen organizado entre la clase política en la entidad.

Esta situación confirma lo que Proceso ha documentado desde 2012. En el reportaje Guerrero: contagio narco de autoridades, informó sobre los presuntos nexos de los delincuentes con los entonces recién designados alcaldes, una historia que conocía el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien presuntamente tuvo contacto con los narcos de la Zona Norte y la región de Tierra Caliente.

Omisiones informativas

El miércoles 27, integrantes del Grupo Coordinación Guerrero organizaron una conferencia en Acapulco para anunciar la captura del empresario Joaquín Alonso Piedra, presunto operador financiero de los Beltrán Leyva en el puerto.

Según el coordinador de la División de Investigación de la Policía Federal, Omar García Harfuch, la detención se realizó el día anterior durante el cateo a una de las propiedades de Alonso Piedra, señalado públicamente como financiador de campañas de políticos priistas y perredistas, incluida la de Astudillo.

No obstante, las autoridades estatales y federales omitieron informar que en la misma operación fue detenido uno de los hijos de Alonso Piedra: Iván David Alonso Bustamante, un priista distinguido en la entidad y activo promotor del voto en la campaña de Astudillo.

En Guerrero, Iván David es coordinador de vinculación empresarial de la fundación Colosio del PRI, que preside el notario Robles Hurtado, quien a su vez es hijo de José Rubén Robles Catalán, secretario de Gobierno durante la administración de Rubén Figueroa Alcocer, y quien fue ejecutado en 2005.

Al morir Robles Catalán, a su hijo le otorgaron la patente notarial que hoy ostenta. Antes del ataque a su notaría, Robles Hurtado fue vinculado directamente con Alonso Piedra.

El jueves 28 la agencia Apro, con base en documentos del Poder Judicial de la Federación, informó que otro hijo de Alonso Piedra, Joaquín Alonso Bustamante, interpuso dos amparos ante el Juzgado Tercero de Distrito del Vigésimo Primer Circuito con sede en el puerto a favor de su hermano Iván David y su padre (expedientes 767 y 766).

El 18 de noviembre de 2015, la revista de sociales La Costa difundió una publinota sobre la toma de protesta del Comité Ejecutivo de Vinculación Empresarial de la fundación Colosio en Guerrero. Una de las imágenes captó el momento en que Iván David asumió como coordinador de vinculación empresarial de la organización priista.

En ese acto, en el exclusivo restaurante Tony’s Asian Bistro –propiedad del empresario Tony Rullán, quien también ha sido señalado por sus presuntos nexos con el narco y conocido por financiar campañas del PRI–, Iván David agradeció directamente al presidente de la fundación Colosio en la entidad, Robespierre Robles, y al presidente estatal del partido, José Parcero, “por tomar en consideración” su proyecto.

En ese convivio también estuvieron algunos diputados locales priistas, como Samuel Reséndiz, pupilo de Manuel Añorve Baños, el exalcalde porteño señalado también por sus presuntos nexos con el narco.

El ocultamiento de la captura de Iván David por parte de las autoridades es similar al de Ximena Bernal Vargas, líder del sector juvenil priista en la entidad y media hermana de Gabriela Bernal, titular de la Secretaría de la Mujer en el gobierno de Astudillo.

Bernal Vargas fue capturada junto con Carlos Alberto Navarrete Sorian, El Ruso, en una casa ubicada en la exclusiva zona Diamante del puerto.

El viernes 23, el vocero estatal Roberto Álvarez anunció la captura del Ruso, acusado de ser el brazo armado de los Beltrán Leyva, quien mantenía una confrontación armada con la pandilla del Cida por el control de Acapulco, pero no mencionó a Bernal Vargas.

Actualmente, El Ruso, Bernal Vargas, Alonso Bustamante, así como otra joven de origen colombiano y tres hombres más enfrentan un proceso penal por el delito de delincuencia organizada, así como portación de armas y droga, según el expediente 29/2016.

Otra “omisión informativa” es la de Carlos Vargas Escobar, hijo del notario público 2 de Zihuatanejo, Carlos Francisco Vargas Nájera, abatido por militares en un enfrentamiento armado durante la madrugada del domingo 24.

De acuerdo con reportes oficiales, Carlos era hermano de Julio Vargas, exdirector del Registro Público de la Propiedad y actual delegado del gobierno de Astudillo en la región de la Costa Grande.

El asesinato de Soto Duarte

De acuerdo con reportes oficiales, la emboscada al alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte –en la que también murió su chofer y resultaron heridos dos agentes federales que lo escoltaban– ocurrió a las 23:00 horas del sábado 23 en el tramo carretero San Lucas, Michoacán-Ciudad Altamirano, en los límites de Guerrero con Michoacán.­

Desde noviembre pasado Soto habló de la violencia que se vive en Tierra Caliente, donde la delincuencia controla territorios completos y actúa bajo el manto protector de autoridades de los tres niveles y del Ejército. En esa ocasión se pronunció a favor del movimiento de autodefensa impulsado por los ganaderos de la región ante la falta de apoyo oficial.

Al siguiente día, Astudillo condenó el crimen y aseguró que todas las peticiones de seguridad de Soto “fueron atendidas” por el gobierno estatal. Dijo que desde octubre pasado incluso se mantiene un operativo policiaco-militar en la región de Tierra Caliente.

Asimismo, sus colaboradores filtraron a periodistas una “tarjeta informativa” en la que se asegura que Soto Duarte fue ejecutado por el líder de Los Caballeros Templarios en la región de Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero, porque supuestamente había pactado con el grupo antagónico de La Familia, que dirige Johnny Hurtado Olascoaga, El Fish, afincado en el municipio de Arcelia y el sur del Estado de México.

La cúpula perredista criticó la maniobra del gobernador. El martes 26 el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, en nombre de los presidentes municipales del PRD urgió a la federación el esclarecimiento del crimen de Soto Duarte, que fue, dijo, un golpe directo a la institucionalidad del país.

En conferencia en la Ciudad de México, Velázquez pidió una reunión de trabajo de los alcaldes con el secretario de Gobernación para pedirle una “real coordinación” entre autoridades de los tres niveles.

El jueves 28 el secretario de Gobierno de Guerrero, Florencio Salazar Adame, responsabilizó a las administraciones pasadas del PRD por el grave problema de impunidad, inseguridad, violencia y falta de recursos para atender las demandas sociales que se viven en la entidad.

Y justificó a su jefe Astudillo. Dijo que la inacción gubernamental se debe a que el gobierno interino de Rogelio Ortega Martínez, así como los de Ángel Aguirre Rivero y Zeferino Torreblanca, dejaron una administración quebrada y adeudos que superan los 25 mil millones.

“En otras palabras”, expuso Salazar Adame, “Guerrero vive las consecuencias de las administraciones del PRD en esos años”.

Hasta la fecha ningún exfuncionario ha sido sancionado a pesar de las irregularidades y desvíos que han sido exhibidos públicamente –al igual que los casos documentados por Proceso–. Según un informe de la Auditoría Superior de la Federación, hubo un desvío de 19 millones de pesos del Fondo Federal para Combatir la Violencia, ejercido en 2014 y 2015.

El gobierno de Astudillo acusó directamente al presidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez, de evadir sus obligaciones en materia de seguridad, y le pidió asumir “con plenitud” sus responsabilidades.­

“Ojalá pronto Acapulco deje de ocupar el primer lugar nacional en el índice de violencia”, le dijo.
Publicado en Expresión Libre

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