En Guerrero se esfuman fondos contra la violencia

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CHILPANCINGO, Gro. (Proceso).- El pasado 11 de marzo la agencia de noticias Apro dio a conocer que, a finales de noviembre anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió un informe en el que advierte de “un probable daño” al erario por 19 millones 802 mil pesos ejercidos durante 2014, último año de gestión del gobernador Ángel Aguirre Rivero, y 2015, en que gobernaron el mandatario interino Rogelio Ortega y, a partir de octubre, Héctor Astudillo.

Según el informe, las autoridades estatales no presentaron documentos para comprobar esos gastos, incurrieron en diversas irregularidades en materia de adquisiciones y violaron indicaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal.

Espionaje y uniformes

El 22 de abril Apro informó que el 4 de junio de 2014 el gobierno de Aguirre Rivero compró a la empresa Neolinx de México un equipo de espionaje que utiliza la FGE.

A través del sistema de transparencia, Proceso obtuvo el contrato de compraventa. La transacción fue realizada por Víctor Hughes Alcocer, quien fue subsecretario de Administración de Aguirre Rivero y ahora enfrenta en libertad un proceso penal por desvío de recursos públicos con otros seis miembros de su familia.

A decir de la ASF, Hughes destinó de manera irregular 17.5 millones de pesos del FASP para beneficiar a Neolinx, que también provee de equipo y software de comunicaciones a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que dirige Tomás Zerón de Lucio en la PGR.

En julio pasado, este semanario dio a conocer que Neolinx, propiedad de Gilberto Enríquez, le comunicó a la empresa italiana Hacking Team –especializada en software para hackear computadoras y teléfonos– el proyecto del gobierno federal de establecer una red nacional de intervención de comunicaciones a través de la AIC.

En cuanto a la fuerza policiaca, tan sólo el 28 de diciembre de 2015, el gobernador priista Héctor Astudillo Flores entregó 265 contratos por un total superior a 96 millones de pesos que beneficiaron a nueve empresas, cinco asociaciones civiles y seis personas físicas, a fin de que aplicaran programas de prevención social de la violencia y delincuencia en la entidad.

Aunque esta información se encuentra en la relación de “Contratos y pedidos realizados” de la Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina) del estado, el gobierno de Astudillo no ofrece datos para verificar que los beneficiados cumplieron los compromisos.

La empresa que acaparó más contratos en la actual administración es Rest Sun, domiciliada en Acapulco. Recibió 62 encargos que suman 22 millones 250 mil pesos y debió aplicar programas de atención psicosocial a niños víctimas de maltrato y abuso.

La administración de Astudillo también favoreció a Gerson Telix Calderón, también con domicilio en Acapulco, quien recibió 34 contratos por un total de 14 millones 12 mil 386 pesos por brindar atención psicológica y legal a agresores y sus familias.

El gobierno de Astudillo otorgó el 22 de diciembre pasado un contrato de casi 1 millón de pesos a Claudia Montserrat López Matías.

La autoridad guerrerense tuvo que hacer públicos esos datos por la Ley de Transparencia, pero se negó a entregar las actas constitutivas de los proveedores y a explicar sus opacos procedimientos de adjudicación.

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