Gobierno de Guerrero rechaza transparentar gasto en publicidad oficial

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Erika Lührs, una mujer cero transparente.

Por Ezequiel Flores.

La administración del gobernador priista Héctor Astudillo Flores se negó a hacer público el gasto de publicidad oficial en medios de comunicación a pesar de que por ley se trata de información pública de oficio.

Desde agosto pasado, las organizaciones civiles Artículo 19 y Fundar han advertido que existe una preocupación particular por la opacidad que existe en Guerrero y Tamaulipas, debido a que durante cuatro años las autoridades de ambas entidades no han transparentado la información sobre su gasto en publicidad en medios de comunicación.

En el informe denominado “Libertad de expresión en venta”, las ONG consideran que estos recursos públicos se distribuyen conforme a criterios políticos e intereses privados, y se convierte en el medio idóneo para controlar las líneas editoriales de los medios, una práctica definida como “censura sutil o indirecta”.

En el análisis refiere que el gobierno de Guerrero ha venido ocupando los principales lugares de opacidad a escala nacional ante la resistencia de las autoridades estatales para transparentar el gasto de la publicidad oficial en medios de comunicación.

El pasado jueves 7 de abril, Apro solicitó a la dirección de Comunicación Social información sobre el presupuesto a ejercer en este año, así como el desglose de gasto destinado a medios de comunicación que incluya copia de contratos y convenios con representantes de empresas que difunden la publicidad oficial.

No obstante, la oficina que dirige Erika Lührs Cortés, alfil del exalcalde de Acapulco presuntamente vinculado al narco, Manuel Añorve Baños, se negó a responder en el periodo que marca la ley sin argumentar motivo alguno.

Ello a pesar de que este tipo de información se considera pública de oficio por estar relacionada con la erogación de recursos públicos, como lo señala el artículo 13 de la Ley número 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.

Desde la pasada administración, las autoridades estatales han desacatado un ordenamiento jurídico emitido en septiembre pasado por el pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero (ITAIG), donde exige transparentar el gasto de la publicidad oficial y publicar los datos en el portal oficial del gobierno estatal.

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