Existe otro tipo de violencia… invisible, oculta, aseguran: la que surge de la ausencia del Estado de derecho, un concepto del que ya nadie se acuerda hoy en Acapulco.

POR Tomás Tenorio Galindo.

Los Rojos, Los Ardillos y el Cártel Independiente de Acapulco son en la actualidad los grupos delictivos dominantes en Acapulco y en Guerrero, dio a conocer un reportaje publicado el viernes pasado en un diario de la Ciudad de México. (“Disputan tres cárteles control de Acapulco”, El Universal, 29 de abril de 2016).

El reportaje se sustenta en un informe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, fechado el pasado 8 de marzo. De acuerdo con ese documento, otros cinco grupos tienen presencia en Guerrero y originan la violencia en el estado. Son Los Granados, La Familia Michoacana, Guerreros Unidos, La Empresa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Ese es el nuevo contexto del narcotráfico en Guerrero, y sorprende que la PGR haya reclasificado el estatus de Los Rojos y Los Ardillos, grupos que solían desarrollar sus actividades en la zona que va de Chilpancingo a Chilapa, municipio este último por el que en los años recientes habían sostenido una feroz disputa. Sorprende todavía más que la PGR conceda la categoría de cártel a Los Ardillos, pues su modus vivendi correspondía al de una banda que asolaba la región de Quechultenango, de donde son originarios sus cabecillas, los hermanos del ex diputado local del PRD, Bernardo Ortega Jiménez.

A diferencia de Los Rojos, que nacieron bajo el cobijo del cártel de los hermanos Beltrán Leyva y han tenido un mayor margen de acción en todo el estado, Los Ardillos parecían estar constreñidos a su territorio de origen, y si crecieron hasta aparecer en Acapulco, es porque la pasividad (o la complicidad) de las autoridades se los permitió. La responsabilidad de ello le corresponde principalmente a los gobiernos de Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez, en cuyos periodos podríamos fechar la migración y mutación de Los Ardillos a cártel.

Pero no es del todo seguro que la radiografía de la PGR esté completa, pues el fiscal del estado, Xavier Olea Peláez, informó en enero de este año que en Guerrero operan unos 50 grupos delictivos, aunque sostuvo que ninguno de ellos es una organización grande sino más bien “pequeñas células” formadas por cinco o seis personas. Y además, el fiscal ha mencionado por lo menos a un grupo grande que no está incluido en el documento citado en el reportaje, el Cártel de la Sierra.

Hace cuatro años, en noviembre de 2012, el entonces comandante de la Octava Región Naval, Sergio Lara Montellanos –quien luego sería secretario de Seguridad Pública del estado–, dio a conocer un mapa de la estructura criminal de Guerrero que incluía hasta a las pandillas de los barrios de Acapulco. Ahí, en el primer nivel, estaban incluidos Los Zetas y el Cártel del Golfo. En un segundo nivel estaban grupos criminales regionales, a los que la Marina llamaba “pandillas callejeras superpoderosas o superpandillas”, entre los que enumeró a La Barredora y su brazo armado el Comando del Diablo, Los Rojos, Los Pelones, La Familia Michoacana y Guerreros Unidos. En ese nivel no estaban Los Ardillos. En un tercer nivel la Marina acomodó a las pandillas callejeras, a criminales con poco tiempo, oportunistas y grupos de menos de cinco integrantes. (El Sur, 23 de noviembre de 2012).

De concederse crédito al documento de la PGR, y no hay motivos para no hacerlo, en el curso de unos cuatro años cambió de manera importante la estructura criminal en Acapulco y el estado. Sin embargo, entre todos los cambios que puedan observarse a partir del mapa de la Marina, llama la atención el crecimiento que se le atribuye ahora a Los Ardillos, que de peligrosos bandoleros regionales pasaron a ser una amenaza de mayor escala en la criminalidad del estado.

Ese es el contexto en el que se produjeron el ataque contra la Policía Federal en Acapulco el domingo 24 de abril, y luego el extraño bloqueo de más de diez horas en la Autopista del Sol en Chilpancingo el jueves 28, bloqueo que el gobernador Héctor Astudillo Flores atribuyó a la delincuencia organizada.

El viernes anterior dijimos aquí que seguramente existía un vínculo entre los dos hechos, aunque hacia la noche del jueves no estuviera todavía clara esa relación. Pero con la evidencia de las armas decomisadas, los vehículos robados utilizados en el bloqueo y el comportamiento errático de los dirigentes de la movilización, que cerraron la carretera por demandas inexistentes, que nunca precisaron o que de plano eran ostensiblemente menores para la desmesura de la obstrucción, es evidente que el vínculo que une a ambas acciones es su origen en el crimen organizado.

Héctor Astudillo aseguró sin rodeos que el bloqueo fue organizado por la delincuencia y que eso motivó su decisión de no recibir en audiencia a sus promotores, que entre otras cosas le mandaron pedir que gestionara ante el Ejército la suspensión de la destrucción de los sembradíos de mariguana y amapola en la sierra. Por esa razón, a pesar de que el uso de la policía para desalojar a manifestantes es reprobable y ha tenido consecuencias funestas en otras ocasiones, en este caso el gobierno tomó la decisión correcta.

Se ignora cuál haya sido el objetivo concreto del crimen organizado al atacar a la Policía Federal en Acapulco, o al impedir el tránsito en la autopista y desquiciar la capital del estado como lo hizo, acciones rutinarias y más violentas en Tamaulipas, o frecuentes en Michoacán, pero que no se habían visto en Guerrero. Si es una reacción a la propuesta de legalizar la siembra de amapola, hecha por Astudillo Flores hace dos meses, es prematura, pues ese es un proyecto para el mediano plazo y aún no hay nada en el horizonte. Las autoridades han atribuido el rudo ataque a la Policía Federal como una respuesta por la captura de un jefe del Cártel Independiente de Acapulco, realizada la semana antepasada en Los Cabos, lo que puede ser cierto.

Pero como haya sido, lo real es que esas dos acciones –sobre todo el bloqueo de la autopista– parecen la notificación de que hay un cambio de actitud y estrategia en el crimen organizado. Eso significa que las tácticas delincuenciales podrían michoacanizarse, posibilidad que las autoridades no pueden ignorar.

En el caso de Acapulco, conviene preguntarse además si el reacomodo de fuerzas criminales y la llegada de la banda de Los Ardillos está del todo desvinculada de la situación política creada por la derrota del PRD en las elecciones de gobernador. Debe recordarse que tras la pérdida de la gubernatura, el PRD y los perredistas hicieron del ayuntamiento de Acapulco su trinchera. Y lo siguiente parecerá una especulación, pero los acontecimientos permiten sospechar que el reacomodo político tiene un fenómeno paralelo en el reacomodo criminal, y que el traslado del cártel de Los Ardillos al puerto podría deberse a que allí encuentra un terreno fértil para sus actividades.

Dicho de otra manera, ¿alguien en Acapulco ha brindado facilidades a Los Ardillos? ¿Es simple casualidad que el grupo delictivo jefaturado por los hermanos del prominente perredista Bernardo Ortega Jiménez resurja fortalecido en la principal ciudad gobernada por el PRD? Son preguntas incómodas que, sin embargo, tienen que ser formuladas. No podemos olvidar que antes de la tragedia provocada en Iguala por un alcalde del PRD, empezaron a manifestarse síntomas y hechos raros como los que empiezan a desarrollarse y a ser visibles ahora en Acapulco, y fueron ignorados.

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FUENTE: http://suracapulco.mx/9/la-novedad-los-ardillos-llegaron-a-acapulco/