Alerta en #Acapulco: Prevén olas de 2 metros por mar de fondo

Mar-de-Fondo-Acapulco

Vertebras de tiburón primo… que la boca se nos haga chicharron ijuesiete… pero así como se va poniendo de bravo este Mar de Fondo cada año… algunos dicen que pal 2020 va ser así de cabrón… va ser un pinche tsunami pues… así que mejor ya no tires basura primo… ya no contamines el agua… a lo mejor el mar está bravo por eso. http://frasesacapulquenas.com/mar-de-fondo-en-acapulco-2020/

Se prevén olas de hasta 2 metros este día en las playas del puerto debido al fenómeno mar de fondo, informó el Centro de Comunicaciones y Monitoreo C-31. 

De acuerdo con el portal Quadratín, dicho evento meteorológico provocará marejada fuerte desde Lázaro Cárdenas, Michoacán, hasta Acapulco, con olas que oscilarán entre 1.5 y 2 metros de altura.

Así como vientos del Noroeste de 5 a 10 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 15 a 20 km/h. Se prevén las mismas condiciones desde Acapulco hasta la localidad de Punta Maldonado, ubicada en el municipio de Cuajinicuilapa.

Por lo anterior se recomienda a la población costera extremar precauciones por el incremento de la altura de las olas, así como por corrientes de arrastre.

Fuente: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/02/1090106

PGR indaga llamadas de esposa de Abarca: Existió arreglo con presidentes de Taxco y Cocula

En el caso Iguala se han integrado tres tomos con declaraciones que identifican a Pineda como intermediaria con el grupo “Guerreros unidos”.

México.- La Procuraduría General de la República (PGR) no quita la mira de la familia Abarca Pineda, en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.

Y en este sentido, la dependencia indaga las llamadas durante y en horas posteriores a los ataques que integrantes de la organización criminal “Guerreros unidos”realizaron contra los normalistas, entre María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y “El Chuky”,  sujeto que presuntamente encabezó a policías y sicarios durante las agresiones a los estudiantes.

En el caso Iguala se han integrado tres tomos con declaraciones que identifican a Pineda como intermediaria con el grupo “Guerreros unidos”.

Además, que se hallaron varias computadoras y tablets, así como dispositivos portátiles de almacenamiento electrónico permitieron al Ministerio Público dar seguimiento a sus cuentas y con base en ello se le acusa de la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El 18 de octubre de 2014, Sidronio Casarrubias, presunto líder de “Guerreros unidos”, declaró a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), que en los municipios de Iguala, Taxco, Cocula, Buenavista de Cuéllar y Tepecua, “existe arreglo con los presidentes municipales, y principalmente los directores de seguridad pública”. 

Fuente: http://www.sdpnoticias.com/nacional/2016/05/02/pgr-indaga-llamadas-de-la-esposa-de-jose-luis-abarca

La deplorable situación del periodismo en México

”Es triste y lamentable que hoy tengamos más periodistas caídos en México que soldados en Irak”.

Por: Hannia Novell

Soy la autora de esa frase. La pronuncié ante un joven y entusiasta auditorio en agosto del año pasado cuando presenté “Bitácora de guerra. Experiencias de una reportera”, en la Feria Universitaria del Libro que organizó la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Por más triste y lamentable que sea, la cita está vigente y refleja la realidad que cotidianamente enfrenta nuestro gremio. Un ejemplo, el pasado lunes 25 de abril nos despertamos con la noticia del asesinato de Francisco Pacheco, editor del periódico “El Foro de Taxco” y corresponsal de Radio Capital Máxima, con sede en Chilpancingo.

De acuerdo con las primeras pesquisas, alrededor de las 6:30 a. m. de ese día, Pacheco Beltrán fue atacado por sujetos armados a las afueras de su domicilio en Taxco.

Horas antes estuvo muy activo en redes sociales para difundir pormenores de los tiroteos registrados la noche del domingo en Acapulco contra un hotel donde se hospedaban agentes federales y las oficinas de la Policía Federal (PF), hechos que provocaron pánico y terror entre la ciudadanía en la Costera Miguel Alemán.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la ejecución y manifestó su repudio por el “doble silenciamiento” contra los periodistas: “Por las balas y por el sistema legal que permite la impunidad y la desprotección de los informadores”.

La SIP expresó un “¡basta ya!” e hizo un llamado a las autoridades mexicanas para que “de manera urgente” realicen las acciones necesarias para esclarecer el crimen, ubicar a los responsables y llevarlos ante la justicia, así como para buscar herramientas concretas y rápidas que acaben con la violencia hacia los periodistas.

Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la organización, comentó: “Este clima insoportable de impunidad incentiva a los violentos a cometer los mismos homicidios una y otra vez, ya que cualquier delincuente o pendenciero puede silenciar a un periodista para siempre sin ninguna consecuencia”.

En lo que va del año, la trágica lista de los periodistas asesinados incluye a Moisés Dagdug Lutzow (20 de febrero, Tabasco); Anabel Flores Salazar (8 de febrero, Veracruz); Marcos Hernández Bautista (21 de enero, Oaxaca), y Reinel Martínez Cerqueda (22 de enero, Oaxaca).

Pero aún más triste y lamentable es el recuento de los compañeros ejecutados en los últimos años y que, por desgracia, se cuentan por decenas.

LAS CIFRAS DE LA VERGÜENZA

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó a principios de abril en Punta Cana, República Dominicana, en la más reciente reunión de la SIP, un informe en el que establece que desde el año 2000 hasta el 31 de enero de 2016, 109 periodistas habían sido asesinados en territorio nacional.

“Lamentablemente, las agresiones contra periodistas y medios de comunicación son una realidad cotidiana indignante”, advertía en ese texto con el que justificaba la Recomendación General 24 Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México.

En ella, el organismo que preside Luis Raúl González Pérez señala que los estados más letales para el ejercicio del periodismo son Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca.

Pero lo que ocurre en el país no es ajeno al contexto internacional. Según un informe de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), en los últimos 25 años, al menos 2297 periodistas (112 sólo en 2015) han sido asesinados en el planeta.

Desde 1990 se han registrado 309 asesinatos de profesionales de la información en Irak; 146 en Filipinas; 120 en México; 115 en Pakistán; 109 en Rusia; 106 en Argelia; 95 en India; 75 en Somalia; 67 en Siria, y 62 en Brasil, los países con más homicidios de periodistas.

En 2015, las naciones con el mayor número de comunicadores asesinados fueron Francia, Irak y Yemen con diez muertos. Por primera vez se señaló a la nación europea, debido al ataque terrorista a la revista satírica “Charlie Hebdo”.

Un dato relevante de la FIP es que estos crímenes no sólo se dan en lugares en guerra o bajo conflictos violentos. “Había otros motivos, a menudo fuera del clima de guerra, para atacar a los periodistas, muchos de los cuales son víctimas de oficiales corruptos o líderes criminales”, afirmó el secretario general de la Federación, Anthony Bellanger, quien recalcó que “hubo más asesinados en situaciones de paz que en países en guerra”.

El informe critica que sólo una de cada diez muertes ha sido investigada y, al respecto, denuncia que “la falta de acción para erradicar la impunidad hacia los asesinatos y ataques a los profesionales de los medios aviva la violencia contra ellos”.

A su vez, el pasado 22 de abril se reveló que México ocupa el séptimo lugar a escala mundial, y el primero en Latinoamérica, de 13 países donde los homicidas o autores intelectuales del asesinato de comunicadores no han sido capturados o procesados legalmente.

Las cifras corresponden al Índice Global de Impunidad elaborado por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), que tomó como referente las ejecuciones ocurridas entre 2004 y finales de 2013, y a aquellas naciones con al menos cinco casos sin resolver.

En abril de 2013 se aprobó en México una ley para perseguir los crímenes contra periodistas; sin embargo, la organización con sede en Nueva York detalló que, aun siendo un paso importante para mejorar la libertad de prensa, aún existen 16 casos no esclarecidos en México.

Pero lo triste y lamentable es que nuestro país sea el único de ese listado que no tiene o que no ha vivido en los últimos años un conflicto armado o una guerra civil. El índice lo encabezan Irak, Somalia y Filipinas.

El CPJ detalló que el 96 por ciento de las víctimas son periodistas nacionales, y en su mayoría se dedicaban a la cobertura informativa de la política, la corrupción y la guerra en sus respectivos países; casi el 33 por ciento fueron capturados o torturados antes de su muerte.

Funcionarios de los gobiernos y militares son considerados los principales sospechosos en el 26 por ciento de los casos, y en menos del 5 por ciento, los asesinos o autores intelectuales son capturados o procesados legalmente.

Más datos, ahora de Reporteros Sin Fronteras (RSF), denuncian que la libertad de prensa en todo el continente se deterioró en 2015 “por las crecientes tensiones políticas ocurridas en numerosos países, alimentadas por la recesión económica, la incertidumbre sobre el futuro y los repliegues comunitarios”.

En el caso de México, afirmó que “está marcado por una larga serie de asesinatos de periodistas, crímenes relacionados con la corrupción y el narcotráfico”.

México perdió un puesto en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF para situarse en el lugar 149 de 180 naciones evaluadas, manteniéndose así entre los países que afrontan una “situación difícil” para la libertad de prensa por los estragos del crimen organizado, de cárteles del narcotráfico y de grupos paramilitares.

“Patria de los cárteles de la droga, México sigue siendo el país más mortífero de América Latina para los medios de comunicación. Los periodistas asesinados a menudo son ejecutados a sangre fría y la mayoría de los crímenes permanecen impunes”, de acuerdo con la organización.

PERIODISMO A LA ORILLA DEL PRECIPICIO

Parte de esa triste realidad la retrato en mi libro “Bitácora de guerra. Experiencias de una reportera”. En él recupero el informe anual 2013 de Artículo 195, en el que se establece que ese año documentó 330 casos (cuatro de ellos, homicidios), lo que significa que cada 26 horas y media fue agredido un periodista en México. Estas cifras representan un incremento del 59 por ciento respecto a las de 2012, cuando hubo 207 hechos.

“Así de cotidiana y sistemática se ha convertido esta práctica (…) Secuestros, asesinatos, golpes, amenazas y ataques a medios de comunicación amagan la libertad de expresión. Pero hay más: seis de cada diez agresiones fueron ejecutadas por funcionarios públicos”.

Durante el mismo año, 39 medios de comunicación fueron objeto de ataques a sus instalaciones. Estas cifras colocan a nuestro país en una situación incluso peor a la de Irak, que no se ha podido frenar ni a través de la Fiscalía Especializada de la PGR o del Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación.

No obstante, nuestra respuesta como gremio expresada en marchas y protestas tiene una gran carencia: no es unánime, ni estructurada. Es más, demuestra nuestro fracaso. No hemos sido capaces de hacer que la sociedad para la que trabajamos, a la que nos hemos comprometido a dar voz, y ante la que nos instituimos como intermediarios con el poder, esté de nuestro lado.

En otros países del continente como Colombia o Brasil, el asesinato de un periodista es asumido como un agravio a la comunidad en su conjunto. Cuando un reportero es callado con las balas, la sociedad es herida en uno de sus derechos fundamentales: el de saber y conocer.

Algo estamos haciendo mal, muy mal, y este caso es una oportunidad para corregir el rumbo, para hacer esas investigaciones que nos exigen lectores, televidentes y radioescuchas. Nunca es demasiado tarde. De otra forma, nuestra única salida será ejercer el periodismo a la orilla del precipicio.

Triste y lamentable, pero real. Yo por lo menos seguiré pensando como el maestro Márquez: “Este es el oficio más bonito del mundo”, aunque aquí dejemos nuestra vida.

#Acapulco: Llega Osorio Chong a ¿poner orden?

Alrededor de las 11:15 horas, arribó el funcionario a las instalaciones del centro de convenciones del Forum Mundo Imperial donde sostendrá dos reuniones privadas, una con empresarios y la segunda con los integrantes del grupo coordinación Guerrero.

Más de 70 empresarios y dirigentes de cámaras empresariales participan en la reunión de seguridad y también asisten el gobernador del estado, Héctor Astudillo y el alcalde Evodio Velázquez.

Publicado en El Universal http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/05/2/se­reune­osorio­chong­con­empresarios­en­acapulco 2/8

¿Te acuerdas de #Acapulco?

Algo que  llama la atención, son las cifras que se dan a conocer en el “Ranking de la Violencia en los Municipios 2015”, elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C. realizado con las averiguaciones previas de los Ministerios Públicos del Fuero Común del todo el país. Dichas estadísticas se encuentran en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En este informe se señala que los 229 municipios, Acapulco de Juárez obtuvo el índice de violencia más elevado entre los municipios de más de 100 mil habitantes. Chilpancingo ocupa el segundo lugar.

“Los principales hallazgos del estudio 2015 son los siguientes: En 2015 Acapulco, Guerrero, tuvo el índice de violencia más elevado entre los municipios de más 100 habitantes del país, 229 para ese año, con 72.70 puntos. Desplazó así a Cuernavaca, Morelos, del primer sitio que había tenido en 2014, al tercero. En 2015 Cuernavaca obtuvo 50:68 punto. Acapulco ya había ocupado el primer sitio en 2012 y 2013. El segundo lugar correspondió a Chilpancingo con 55.02 puntos”.

Algo más que revelan las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los 20 municipios con el mayor índice de violencia cuatro corresponden a Guerrero, Cuatro a Morelos, tres al Estado de México, dos a Baja California, dos a Tabasco, uno a la Ciudad de México, Baja California Sur, Sinaloa y Zacatecas.

Por: David Espino

En los primeros meses del pasado año 2015, en el puerto de Acapulco, Guerrero, comenzó a circular un mensaje en cadena a través de la aplicación Whatsapp.

El texto, plagado de faltas de ortografía y firmado por los Guerreros del CJNG (Cártel de Jalisco Nueva Generación), está dirigido a la ciudadanía de Acapulco, así como al CIDA (Cártel Independiente de Acapulco), al que señalaba como responsable de la violencia que habia tenido lugar en el puerto en esos meses.

Dicho mensaje fue entregado, a través de un tercero, a dos periodistas extranjeros que viven en esa ciudad desde el 2015 y trabajan en un libro de historias acerca de la violencia y sus efectos en la sociedad.

La española Elisabet Sabartés, corresponsal del periódico La Vanguardia para México, Centroamérica y el Caribe, y el italiano Giulio Petrocco, periodista freelance de varios medios europeos, observan que las advertencias y amenazas desplegadas en dicho texto comenzaron a cumplirse hace tiempo.

Por ejemplo, el jefe de la Policía Municipal, Daniel Pérez Crisóstomo, mencionado en el narcomensaje, fue asesinado la mañana del 4 de abril del 2015 mientras conducía su automóvil sobre la muy transitada avenida Cuauhtémoc; con él viajaban su esposa, que resultó ilesa, y su hijo, que fue herido. Dos chicos que transitaban en una motocicleta aprovecharon la luz roja del semáforo para acercarse y descargar sobre el rostro del comandante la carga de una pistola .38 súper.

Ese mismo mes, durante una serie de protestas en el penal Las Cruces, de Acapulco, personas que se identificaron como familiares de algunos internos señalaron que varios de sus compañeros mantenían el control en la cárcel mediante diversas formas de intimidación, entre ellos un tal Jhoni, tal y como se menciona en el mensaje. Poco después, tres hombres fueron ejecutados dentro del penal, si bien no se informó nada de manera oficial. Al mismo tiempo, en los barrios La Laja y Renacimiento comenzaron a tener lugar crímenes en pleno día.

Ese abril del 2015 terminaría con 83 asesinatos violentos más. Y un mes después, en mayo, la ciudad concluiría su conteo de muertos con 105 “homicidios dolosos”; el más elevado desde principios del 2015. Pero, por más que aumentasen, no parecía algo novedoso. Desde que comenzó el 2015 y 2016, Acapulco presentó una elevada tasa de asesinatos, los cuales tenían lugar lo mismo en barrios de la periferia propensos a la delincuencia que en la zona de playa del llamado Acapulco Dorado.

Pero las cifras oficiales de la violencia en este puerto, se resguardan como si se tratara de un secreto de Estado. Ni el gobierno estatal ni el federal las proporcionan cuando se les solicita. Lo que se obtiene, apenas, son filtraciones, números sueltos sin fuentes precisas. Y generalidades. Por ejemplo, hasta mayo de 2015, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana mantenía un registro de 336 “homicidios dolosos” en Acapulco, 162.9 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, en el que ocurrieron 237.

Asimismo, la Fiscalía General del Estado manejaba cifras de 946 “asesinatos dolosos” en todo el estado. Randy Suástegui Cebrero, vocero de esta, proporcionó dichas cifras a cuentagotas, tras dos semanas de insistencia. Cuando se le inquirió si disponían de los datos segmentados por municipios, respondió que no.

Con todo y esta opacidad, el año pasado, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, Acapulco se posicionó como la tercera ciudad más violenta del mundo; sólo atrás de la ciudad centroamericana San Pedro Sula, en Honduras, que se ubicó en primer lugar, y abajo de Caracas, Venezuela, que se hallaba en segundo sitio. San Pedro Sula cerró 2014 con 171.20 homicidios por cada 100 000 habitantes y Caracas con 115.98.

El anterios fiscal general del estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz, hoy por cierto detenido por actos de corrupción, tenia una explicación a todos esos crímenes: “No pasa nada”, decia, y basaba su dicho en dos cosas: quienes mueren son gente, “al parecer”, ligada al crimen organizado y a que los índices de violencia que se registran no han rebasado los números anteriores. Por eso, insistía, “no pasa nada diferente a lo que estaba ocurriendo antes”.

Lo que decía Godínez tenioa cierta lógica dentro de la lógica de este gobierno. No muchos días antes, el pasado 26 de junio, el gobernador Rogelio Ortega Martínez declaró a reporteros que entregaría al gobernador electo, Héctor Astudillo Flores, un estado “en paz y armonía” el pasado 27 de octubre. Lo dijo cuando los números de homicidios violentos ya rebasaban la cifra de 350, sólo en Acapulco, y cerca del millar en todo el estado, esto de acuerdo con las cifras oficiales del 2015.

No hay mayores registros en Acapulco para explicar lo que pasa. La generalidad, el lugar común, es que los cárteles de todos los nombres se pelean el territorio. Lo cierto es que estos grupos están reclutando jóvenes de diferentes colonias. Chicos cada vez más chicos.

Y aunque también es un lugar común, el fiscal Godínez lo reconocía en una entrevista. “La media (sic) —dijo desde la Ciudad de México, adonde acudió en aquella ocasión a una reunión nacional de seguridad— es que quienes cometen este tipo de delitos en Acapulco son muchachos de menos de veinte años”.

—¿A qué grupos pertenecen? —se le preguntó.

—Al CIDA, a los Ardillos, a los Rojos, a la Familia Michoacana, al Cártel Jalisco Nueva Generación.

—¿Quiénes mueren, quiénes son las víctimas?

—Al parecer son gente vinculada al crimen organizado.

—¿Cuál es el tipo de arma que más utilizan los homicidas?

—Armas cortas. 38, 9 milímetros o calibre 45.

—¿Qué está pasando?

—No pasa nada diferente a lo que estaba ocurriendo antes.

—¿Por qué dice eso?

—Los índices actuales no han rebasado los números anteriores (sic).

Del modo que sea, las actuales cifras de la violencia siguen poniendo nerviosos a los empresarios del ramo turístico.

Elisabet y Giulio, los dos periodistas extranjeros que radican en Acapulco, tienen la certeza de que la descomposición del puerto va más allá de una simple pugna entre cárteles, y la polémica de las redes sociales, porque existe otro tipo de violencia… invisible, oculta, aseguran: la que surge de la ausencia del Estado de derecho, un concepto del que ya nadie se acuerda hoy en Acapulco.

OTRO PAÍS – La novedad: Los Ardillos llegaron a Acapulco

Existe otro tipo de violencia… invisible, oculta, aseguran: la que surge de la ausencia del Estado de derecho, un concepto del que ya nadie se acuerda hoy en Acapulco.

POR Tomás Tenorio Galindo.

Los Rojos, Los Ardillos y el Cártel Independiente de Acapulco son en la actualidad los grupos delictivos dominantes en Acapulco y en Guerrero, dio a conocer un reportaje publicado el viernes pasado en un diario de la Ciudad de México. (“Disputan tres cárteles control de Acapulco”, El Universal, 29 de abril de 2016).

El reportaje se sustenta en un informe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, fechado el pasado 8 de marzo. De acuerdo con ese documento, otros cinco grupos tienen presencia en Guerrero y originan la violencia en el estado. Son Los Granados, La Familia Michoacana, Guerreros Unidos, La Empresa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Ese es el nuevo contexto del narcotráfico en Guerrero, y sorprende que la PGR haya reclasificado el estatus de Los Rojos y Los Ardillos, grupos que solían desarrollar sus actividades en la zona que va de Chilpancingo a Chilapa, municipio este último por el que en los años recientes habían sostenido una feroz disputa. Sorprende todavía más que la PGR conceda la categoría de cártel a Los Ardillos, pues su modus vivendi correspondía al de una banda que asolaba la región de Quechultenango, de donde son originarios sus cabecillas, los hermanos del ex diputado local del PRD, Bernardo Ortega Jiménez.

A diferencia de Los Rojos, que nacieron bajo el cobijo del cártel de los hermanos Beltrán Leyva y han tenido un mayor margen de acción en todo el estado, Los Ardillos parecían estar constreñidos a su territorio de origen, y si crecieron hasta aparecer en Acapulco, es porque la pasividad (o la complicidad) de las autoridades se los permitió. La responsabilidad de ello le corresponde principalmente a los gobiernos de Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez, en cuyos periodos podríamos fechar la migración y mutación de Los Ardillos a cártel.

Pero no es del todo seguro que la radiografía de la PGR esté completa, pues el fiscal del estado, Xavier Olea Peláez, informó en enero de este año que en Guerrero operan unos 50 grupos delictivos, aunque sostuvo que ninguno de ellos es una organización grande sino más bien “pequeñas células” formadas por cinco o seis personas. Y además, el fiscal ha mencionado por lo menos a un grupo grande que no está incluido en el documento citado en el reportaje, el Cártel de la Sierra.

Hace cuatro años, en noviembre de 2012, el entonces comandante de la Octava Región Naval, Sergio Lara Montellanos –quien luego sería secretario de Seguridad Pública del estado–, dio a conocer un mapa de la estructura criminal de Guerrero que incluía hasta a las pandillas de los barrios de Acapulco. Ahí, en el primer nivel, estaban incluidos Los Zetas y el Cártel del Golfo. En un segundo nivel estaban grupos criminales regionales, a los que la Marina llamaba “pandillas callejeras superpoderosas o superpandillas”, entre los que enumeró a La Barredora y su brazo armado el Comando del Diablo, Los Rojos, Los Pelones, La Familia Michoacana y Guerreros Unidos. En ese nivel no estaban Los Ardillos. En un tercer nivel la Marina acomodó a las pandillas callejeras, a criminales con poco tiempo, oportunistas y grupos de menos de cinco integrantes. (El Sur, 23 de noviembre de 2012).

De concederse crédito al documento de la PGR, y no hay motivos para no hacerlo, en el curso de unos cuatro años cambió de manera importante la estructura criminal en Acapulco y el estado. Sin embargo, entre todos los cambios que puedan observarse a partir del mapa de la Marina, llama la atención el crecimiento que se le atribuye ahora a Los Ardillos, que de peligrosos bandoleros regionales pasaron a ser una amenaza de mayor escala en la criminalidad del estado.

Ese es el contexto en el que se produjeron el ataque contra la Policía Federal en Acapulco el domingo 24 de abril, y luego el extraño bloqueo de más de diez horas en la Autopista del Sol en Chilpancingo el jueves 28, bloqueo que el gobernador Héctor Astudillo Flores atribuyó a la delincuencia organizada.

El viernes anterior dijimos aquí que seguramente existía un vínculo entre los dos hechos, aunque hacia la noche del jueves no estuviera todavía clara esa relación. Pero con la evidencia de las armas decomisadas, los vehículos robados utilizados en el bloqueo y el comportamiento errático de los dirigentes de la movilización, que cerraron la carretera por demandas inexistentes, que nunca precisaron o que de plano eran ostensiblemente menores para la desmesura de la obstrucción, es evidente que el vínculo que une a ambas acciones es su origen en el crimen organizado.

Héctor Astudillo aseguró sin rodeos que el bloqueo fue organizado por la delincuencia y que eso motivó su decisión de no recibir en audiencia a sus promotores, que entre otras cosas le mandaron pedir que gestionara ante el Ejército la suspensión de la destrucción de los sembradíos de mariguana y amapola en la sierra. Por esa razón, a pesar de que el uso de la policía para desalojar a manifestantes es reprobable y ha tenido consecuencias funestas en otras ocasiones, en este caso el gobierno tomó la decisión correcta.

Se ignora cuál haya sido el objetivo concreto del crimen organizado al atacar a la Policía Federal en Acapulco, o al impedir el tránsito en la autopista y desquiciar la capital del estado como lo hizo, acciones rutinarias y más violentas en Tamaulipas, o frecuentes en Michoacán, pero que no se habían visto en Guerrero. Si es una reacción a la propuesta de legalizar la siembra de amapola, hecha por Astudillo Flores hace dos meses, es prematura, pues ese es un proyecto para el mediano plazo y aún no hay nada en el horizonte. Las autoridades han atribuido el rudo ataque a la Policía Federal como una respuesta por la captura de un jefe del Cártel Independiente de Acapulco, realizada la semana antepasada en Los Cabos, lo que puede ser cierto.

Pero como haya sido, lo real es que esas dos acciones –sobre todo el bloqueo de la autopista– parecen la notificación de que hay un cambio de actitud y estrategia en el crimen organizado. Eso significa que las tácticas delincuenciales podrían michoacanizarse, posibilidad que las autoridades no pueden ignorar.

En el caso de Acapulco, conviene preguntarse además si el reacomodo de fuerzas criminales y la llegada de la banda de Los Ardillos está del todo desvinculada de la situación política creada por la derrota del PRD en las elecciones de gobernador. Debe recordarse que tras la pérdida de la gubernatura, el PRD y los perredistas hicieron del ayuntamiento de Acapulco su trinchera. Y lo siguiente parecerá una especulación, pero los acontecimientos permiten sospechar que el reacomodo político tiene un fenómeno paralelo en el reacomodo criminal, y que el traslado del cártel de Los Ardillos al puerto podría deberse a que allí encuentra un terreno fértil para sus actividades.

Dicho de otra manera, ¿alguien en Acapulco ha brindado facilidades a Los Ardillos? ¿Es simple casualidad que el grupo delictivo jefaturado por los hermanos del prominente perredista Bernardo Ortega Jiménez resurja fortalecido en la principal ciudad gobernada por el PRD? Son preguntas incómodas que, sin embargo, tienen que ser formuladas. No podemos olvidar que antes de la tragedia provocada en Iguala por un alcalde del PRD, empezaron a manifestarse síntomas y hechos raros como los que empiezan a desarrollarse y a ser visibles ahora en Acapulco, y fueron ignorados.

otropais15@gmail.com

FUENTE: http://suracapulco.mx/9/la-novedad-los-ardillos-llegaron-a-acapulco/

Los Ardillos “Perredistas” llegaron a #Acapulco

Los Ardillos llegaron a Acapulco

Señalan incursión en Acapulco de cártel ligado a perredistas.

ACAPULCO, Gro., 2 de mayo de 2016.- El traslado del cártel de Los Ardillos al municipio de Acapulco es paralelo al reacomodo político en el que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) recuperó la alcaldía.

En el puerto se han ignorado síntomas y hechos raros como los suscitados en Iguala con José Luis Abarca antes de la tragedia, señala el subdirector editorial de El Sur, Tomás Tenorio Galindo. En su columna Otro País publicada este lunes en ese diario, y que tituló La novedad: Los Ardillos llegaron a Acapulco.

Tenorio Galindo dice que “los acontecimientos permiten sospechar que el reacomodo político tiene un fenómeno paralelo en el reacomodo criminal, y que el traslado del cártel de Los Ardillos al puerto podría deberse a que allí encuentra un terreno fértil para sus actividades”.

Más información en Quadratín Guerrero.

El texto original de este artículo fue publicado por la Agencia Quadratín en la siguiente dirección: https://www.quadratin.com.mx/justicia/Senalan-incursion-Acapulco-cartel-ligado-perredistas/

Ejército seguirá en la calle por incapacidad policial: Cienfuegos

El secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, afirmó que el Ejército no volverá a los cuarteles hasta que haya un mejor desempeño de las policías locales, y mostró su disconformidad por el exceso de críticas hacia el cuerpo militar.

“Mientras no estén las corporaciones de policía capacitadas y adiestradas para poder enfrentar estos delitos, tendremos que estar en las calles”, aseguró el general en una entrevista con el diario Milenio.

Dijo que diez años después de que se emprendiera la llamada “guerra contra el narcotráfico” del ex presidente Felipe Calderón, “el aprendizaje ha sido importante”, ya que los militares no tenían “las adaptaciones necesarias para enfrentar a la delincuencia”.

Cienfuegos reconoció que el Ejército ha sido “sujeto de críticas”, y no solo por el video que se difundió en las redes sociales el pasado mes, en el que se veía a miembros de las fuerzas federales encañonando a una mujer -quien está recluida actualmente en un penal mexicano- y poniéndole una bolsa en la cabeza.

Un video que le hizo pedir disculpas públicas, en las que aseguró: “No debemos ni podemos enfrentar la ilegalidad con más ilegalidad”.

“Desde hace un año y medio, casi dos años”, el general percibe críticas “todos los días”.

Sin embargo, defendió el trabajo de los militares, quienes están presentes en el “80, 90, 98 por ciento de todo lo que se ha hecho contra la delincuencia“.

Las quejas y recomendaciones de derechos humanos al Ejército han bajado “de manera extraordinaria”, y en 2015 fueron “poco más de 500”, remarcó.

También se refirió a la colaboración del Ejército en la investigación sobre los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala (Guerrero) el 26 de septiembre de 2014, presuntamente a manos de policías corruptos que les entregaron a miembros del crimen organizado.

Durante su mandato, que finalizó el pasado sábado, los expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para coadyuvar en la indagación no pudieron entrevistar a los militares del 27 batallón de infantería con sede en Iguala, una exigencia reiterada por los padres de los desaparecidos.

“En ningún momento hemos dejado de participar en todas las citas que nos ha hecho la PGR (Procuraduría General de la República). Lo que no sucedió es que fueran extranjeros y nos interrogaran a los soldados mexicanos”, porque así lo establece la ley, aseveró el general.

Aportó que a la fiscalía han acudido “todos los soldados que pudieran ser señalados y citados para esta cuestión” y que “hasta 40 militares han ido hasta cuatro veces a hacer declaraciones”.

Fuente: http://www.informador.com.mx/mexico/2016/658969/6/ejercito-seguira-en-la-calle-por-incapacidad-policial-cienfuegos.htm