La soledad de Elvira

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Por Manuel Nava / POR LOS CAMINOS DEL SUR.

A diferencia de lo que ocurrió en medios nacionales, el caso de Elvira Santibáñez Margarito, la joven de 21 años que fue torturada por militares como se mostró en video que se viralizó en redes sociales; para los medios de la localidad, el tema mereció un tratamiento discreto.

Ni siquiera las organizaciones estatales de defensa de los derechos humanos, han hecho un pronunciamiento formal al respecto y los antecedentes de Elvira no tuvieron la misma viralización que el video en el cual fue objeto de torturas y vejaciones.

Curiosamente se han vertido más comentarios sobre la policía mostrando sus senos dentro de una patrulla.

Sin referirse directamente al caso el arzobispado de Acapulco condenó el uso de la tortura como método la obtención de declaraciones y aunque calificó como positiva la disculpa ofrecida por la Sedena, afirmó que debe erradicarse esa práctica.

En el contexto Eduardo López Betancourt, abogado, ha comentado de manera tangencial que la declaración es parte del ejercicio de un derecho que tiene un imputado a decidir si desea manifestarse o no sobre los hechos que se le imputan. En ningún caso estará obligado a declarar, y de hacerlo, su dicho será tratado como un elemento probatorio más.

La fracción II, apartado B, del artículo 20 constitucional provee diversos derechos del imputado: el primero que se enuncia es precisamente el derecho a declarar o a guardar silencio.

El 4 de febrero de 2015, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, fue presentada como detenida Santibáñez Margarito, (a) La Pala, junto a ella fueron detenidos además José Villalobos Díaz, de 32 años y Juan Hernández Villa, de 35 años, ambos originarios de la localidad de Arcelia y presumiblemente también pertenecen a la misma célula criminal.

Además se les aseguraron 4 armas largas (tres AK-47 y unAR-5); un arma corta calibre .22; nueve cargadores (ocho para arma larga y uno para arma corta); 189 cartuchos útiles calibre 7.62 x 39; 10 cartuchos útiles calibre .223 y 10 cartuchos útiles calibre 22., una motoneta y 11 mil pesos en efectivo.

Según se sabe ahora, en su declaración dijo ser sicaria y pertenecer a la organización criminal La Familia Michoacana, se encuentra recluida en el penal federal de Nayarit.

Por estar vinculada relacionada con uno de los cárteles considerados más peligrosos se encuentra recluida en el Penal Federal “El Rincón” Número 4, en Tepic, Nayarit.

Este hecho, en su momento, no tuvo mayores repercusiones. El Ministerio Público tardó 48 horas para pasar la consignación a un juez, y desde entonces Elvira se encuentra presa en un penal federal y solo algunos medios de comunicación locales difundieron una fotografía de ella cuando fue detenida, en la cual se le puede ver con la misma ropa que en el video, con una blusa morada y jeans.

Al conocer el video, tampoco se suscitaron reacciones significativas de los grupos defensores de derechos humanos, luego de que se dio a conocer el video.

Ajuchitlán del Progreso es un municipio que forma parte de la región de la Tierra caliente de Guerrero que desde el 2014 estaba siendo objeto de confrontaciones entre la Familia y Guerreros Unidos. Previó a ese año, el municipio estuvo bajo control absoluto de La Familia.

Se trataba de conformar un corredor junto a los municipios de San Miguel Totoloapan, Apaxtla, Cuetzala, Teloloapan y Cocula.

El enervante adicional en dicha zona es el opio y la guerra por el control geográfico y económico de la zona ha sido encarnizada.

Durante el 2014, por ejemplo destacaron los siguientes hechos:

El 19 de febrero se denunció la desaparición de seis personas luego de violentos enfrentamientos entre los que figuraron fueron Sósimo Corona de calles del barrio La Cruz Verde, en la entrada de la cabecera municipal y no se conoce su paradero; Leonor Morales y la señora María Santamaría, las dos son amas de alrededor de 35 años, también se llevaron a Lino Sánchez Carrillo, quien se dedica a la venta de frutas; Armando Caballero, quien es hijo de la señora Leonor y quien presuntamente se entregó pidiendo la liberación de su mamá.

El 22 de febrero, Leopoldo Soberanis, presidente de la Alianza de Derechos Humanos de Guerrero, denunció que sujetos armados arribaron la madrugada a la localidad de Lindavista, municipio de San Miguel Totolapan, y dispararon contra los habitantes, dejando al menos 20 muertos.

El 23 de septiembre pasado, Ascensión Acuña Osorio, sacerdote de San Miguel Totolapan, apareció muerto en un río del poblado de La Tinaja, tras varios días de estar desaparecido, confirmado por la diócesis de Altamirano.

El 17 de junio, María Félix Jaimes, ex regidora de Participación Social del ayuntamiento de San Miguel Totolapan, fue asesinada, su cuerpo fue tirado en la carretera con una cartulina intimidatoria.

En agosto, la Fiscalía General del estado de Guerrero inició la averiguación previa por el delito de homicidio de cinco personas que fueron encontrados junto a la gasolinera de la carretera San José Poliutla–San Miguel Totolapan, región de la Tierra Caliente.

Apenas el 1 de septiembre, unos 2 mil 300 hombres y 380 mujeres de 12 pueblos de la Sierra de San Miguel Totolapan organizaron su grupo de autodefensa de la delincuencia organizada que opera en la zona, cansados de los secuestros, asaltos, amenazas, presiones, hostigamiento, asesinatos y violaciones.

El 12 de octubre habitantes del municipio de Ajuchitlan del Progreso salieron de su comunidad y abandonaron sus casas por temor a sufrir ataques de grupos armados que se han asentado en la zona.

En enero de este año, se encontró el cadáver de Joaquín Real Toledo, director de la secundaria 114 de la comunidad de Santana del Águila, del municipio de Ajuchitlán del Progreso, quien fue secuestrado junto a otros cuatro maestros en ese municipio y que posteriormente recuperaron su libertad.

También mediante dos mantas, presuntamente de la sociedad de Arcelia, se pidió apoyo al líder de la Familia Michoacana, conocido como El Pez, para que interviniera en la liberación de personas secuestradas de El Salitre.

A pesar de los reclamos, todavía no se ha dado a conocer ninguna información sobre la identidad de quien grabó el video de la tortura y los motivos de su divulgación ya que la Sedena aseguró que, el 10 de diciembre 2015, se enteró de las acciones que se muestran en el video, dándole inmediatamente vista al Agente del Ministerio Público Militar.

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