Detienen en #Acapulco a niño de 12 años que cobraba “cuota”

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Policías ministeriales de Acapulco detuvieron a un menor en el momento en que recibía dinero producto de una extorsión a los encargados de un sitio de taxis localizado en la costera “Miguel Alemán”, a la altura de Galerías Diana informó el portal Guerrero Digital

El día de ayer se informó que la detención se realizó el pasado miércoles, aproximadamente a las 10:00 horas.

Señalaron que el martes de esta semana ya había recibido parte del dinero que exigieron a los trabajadores del volante, por lo que las autoridades estaban avisadas de que volvería al día siguiente por la suma restante.

Tras detenerlo el miércoles, reportaron que en la representación social dijo tener 12 años de edad, y de manera extraoficial se dijo que habría sido uno de los sujetos que participó en el ataque armado en contra de la funeraria “Salgado”, en la avenida Ejido de Acapulco, el pasado viernes.

Opacidad de la Contraloría estatal contrasta con el discurso del gobernador

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Astudillo, muchas palabras pero pocas acciones

Gobierno de Guerrero “desconoce” quién desvió recursos del fondo para seguridad

La Secretaría de Contraloría y Transparencia del gobierno de Héctor Astudillo Flores afirmó desconocer los nombres de funcionarios o exfuncionarios de las administraciones de sus antecesores Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez involucrados en una compra irregular de armamento al Ejército y acusados de desviar más de 19 millones de pesos del programa federal Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

A principios de marzo pasado la agencia Apro dio a conocer los resultados de una revisión realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los 235 millones 902 mil 100 pesos del FASP transferidos por la federación en 2014 para la capacitación, certificación y equipamiento de las fuerzas policiacas, así como las estrategias de prevención de delito y la implementación del nuevo sistema penal acusatorio.

El informe de la ASF emitido a finales de noviembre pasado detectó “un probable daño” a la Hacienda Pública Federal por un monto de 19 millones 802 mil pesos ejercidos durante los gobiernos de Aguirre Rivero y Ortega Martínez.

La revisión federal detectó la adjudicación directa de contratos millonarios a empresas sin licitar; una compra irregular de armamento que involucra al Ejército, así como la adquisición de un sistema de espionaje telefónico para la Fiscalía estatal y una camioneta blindada destinada a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, entre otras irregularidades.

Por ello, la ASF concluyó que los presuntos actos de corrupción, así como el manejo deficiente y sin transparencia de los recursos públicos del fondo federal, provocaron “el incumplimiento de las metas” de la estrategia contra el combate a la delincuencia en Guerrero y emitió 20 observaciones que generaron tres recomendaciones; una solicitud de aclaración y 17 promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Este pliego fue remitido a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental estatal mediante el oficio A1/332/2015 fechado el 27 de noviembre de 2015 para que se investigue y sancione los actos u omisiones de los servidores públicos que administraron de forma irregular los recursos del FASP.

A través de un oficio por el titular de la unidad de transparencia y acceso a la información pública de la Contraloría estatal Jesús Hernández Alonso se indica que apenas iniciaron una investigación sobre este caso.

Es decir, casi cinco meses después de que la ASF emitió el informe donde advierte sobre el millonario desvío de recursos destinados a la Seguridad Pública en esta entidad que ocupa los primeros lugares en incidencia delictiva.

La opacidad de la Contraloría estatal que dirige Mario Ramos del Carmen contrasta con el discurso del gobernador Héctor Astudillo, quien en días pasados anunció un decálogo de compromisos en materia de transparencia y medidas para revertir la corrupción en la administración pública.

Publicado en Proceso.

Elvira Santibáñez Margarito, la mujer torturada por Militares en Guerrero.

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Andaba en malos pasos la victima

Elvira Santibáñez Margarito es el nombre de la mujer torturada por una cabo, un capitán del Ejército Mexicano y por una policía federal.

El video fue mostrado ayer en diarios y redes sociales sobre los hechos ocurridos el 4 de febrero de 2015, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.

Elvira Santibáñez Margarito, de 22 años, está presa en el penal federal de Nayarit desde hace un año y dos meses, acusada de secuestro y portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, por lo cual está sujeta a proceso.

Elvira Santibáñez Margarito, originaria de Ajuchitlán del Progreso, fue detenida en un operativo conjunto, porque supuestamente es considerada parte de una célula de La Familia Michoacana.

Santibáñez Margarito fue detenida junto con otros dos sujetos, cuatro armas largas (3 AK-47 y una AR15); una arma corta calibre 22; nueve cargadores (ocho para arma larga, una para arma corta); 189 cartuchos útiles calibre 7.62 x 39; 10 cartuchos útiles calibre .223; 10 cartuchos útiles calibre 22.

Soldado de EU narra agresiones de la policía de #Taxco

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El pleito del soldado Wooden con la policía de Taxco y Guerreros Unidos.

Por Pablo Ferri – El País.

El 28 de abril de 2013, hacia las cinco y media de la tarde, dos patrullas de la policía municipal de Taxco, en el estado de Guerrero, llegaron al taller del artesano James Wooden. Seis agentes bajaron de una de las camionetas, irrumpieron en el taller, golpearon a Wooden, lo esposaron y se lo llevaron a la comandancia. En sus declaraciones a la Comisión de Derechos Humanos del estado, Wooden, nacido en Florida en 1969, dijo días más tarde que los agentes le patearon con saña durante horas en las instalaciones de la corporación.

Wooden contaba su historia en Taxco hace unas semanas, en la cabaña en que vive arriba del cerro El Huixteco, a casi una hora del centro urbano. Wooden es alto, parlanchín y atropellado. Igual hablaba de lo sucedido con la policía, que mencionaba su pasado militar, sus conocimientos de esoterismo o de joyería. La historia de la policía parecía aburrirle, como si ya la hubiera asimilado, pero recordaba cada detalle y exigía justicia.

Todo eso, cuenta el artesano, ocurrió por culpa de sus vecinos. Wooden y su mujer, Carmen, alquilaban el local desde hacía un tiempo. Ambos se habían conocido en 2007 en Estados Unidos. Carmen Carranza, mexicana, atendía un puesto de tacos a las afueras de Houston. Wooden, veterano del Ejército, trabajaba de herrero. El artesano era un asiduo al puesto de tacos de Carmen y una cosa llevó a la otra y… Cuando llegaron a Taxco, Wooden y Carmen empezaron a trabajar la plata, la cera, buscaban minerales en el Huixteco. Enseguida encontraron el local del taller. Fue en la comunidad El Arroyo, alejada del centro, un espacio adecuado a su economía. Wooden pagó más de 1.000 dólares por dos años de alquiler. La mala suerte, explica, es que sus vecinos eran de los Guerreros Unidos, la banda delictiva señalada por la justicia mexicana, de estar detrás de la desaparición y la muerte de 43 estudiantes en el cercano pueblo de Iguala, en septiembre de 2014.

En su relato ante la comisión de Derechos Humanos, Wooden narra que aquella tarde una de sus vecinas le gritó que quitara el carro de la puerta de su casa. Luego, dice, salió el hermano de ella, Raúl Flores Arizmendi, con un machete en la mano. Según Wooden, Flores Arizmendi gritó: “te vamos a mandar de regreso a Estados Unidos en pedazos si no mueves el coche”. En ese momento, cuenta el artesano, su vecino añadió que ellos eran de la banda “Guerreros Unidos” además de “los dueños de la calle”.

El pleito venía de lejos. Wooden y Carmen habían atestiguado durante años las actividades de sus vecinos y a veces, incluso, los grababan con su celular. “No sabía que al lado era una casa de seguridad de Guerreros Unidos”, cuenta Wooden. ¿Cómo y cuándo supiste eso? “Porque ellos mismo lo dijeron varias veces, no sólo la última. A los seis meses de llegar, cuando ya había invertido 100.000 pesos, empecé a ver lo de la ambulancia”. Wooden cuenta que vio varias veces cómo una ambulancia de la Cruz Roja de Taxco llegaba a la casa, entraba marcha atrás en la cochera y luego, entre todos, conductores e inquilinos, bajaban a golpes a los pasajeros. “Eran jóvenes, venían a las dos o las tres de la mañana y los bajaban a golpes. Yo escuché sus voces”.

Aunque pueda parecer extraño, el relato de Wooden coincide con el modus operandi de Guerreros Unidos en la región, de acuerdo a los datos que maneja el Gobierno mexicano. En febrero de este año, el periodista Héctor De Mauleón, uno de los pocos que ha tenido acceso a la versión completa de la investigación del caso Iguala, explicaba que el jefe de halcones de Guerreros Unidos en Iguala trabajaba para Protección Civil. David Cruz Hernández, El Chino, era quien conducía la camioneta de la institución. “La camioneta de Protección civil”, escribe De Mauleón, “era empleada para transportar cocaína, armas, personas”… En la región centro de Guerrero, cuenta el reportero, Guerreros Unidos tenían acuerdos con las autoridades locales como las de Taxco, cuando el ahora diputado Salomón Majul era el alcalde.

Con los gritos de sus vecinos, Wooden y Carmen se metieron al taller. Al rato llegaron las camionetas de la policía, allanaron el local sin permiso y se llevaron a Wooden. En la comandancia, cuenta, lo golpearon desde que llegaron hasta que lo pasaron a una celda. Le dieron, recuerda, cachazos con sus pistolas, le apuntaron en la cabeza, le golpearon con unas llaves, le dieron puntapiés en la entrepierna y las costillas. Hoy, tres años después, Wooden se levanta la camisa y muestra un bulto en el costado izquierdo, como si le hubieran quebrado una cañería y la pieza, suelta, empujase la piel.

Aquella tarde, Carmen acudió a la comandancia y no se fue hasta que liberaron a su pareja. Los policías decían que habían detenido a Wooden porque estaba borracho, así que Carmen aún hubo de pagar 15 dólares de multa. De ahí marcharon al hospital y dos días más tarde presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero.

Un año más tarde, en abril de 2014, la dependencia emitió una recomendación en favor de James Wooden, que indicaba que la policía de Taxco había “conculcado” sus “derechos humanos a la inviolabilidad del domicilio y a libertad e integridad personal”.

Han pasado dos años. Wooden vive solo en el cerro del Huixteco, sin luz eléctrica ni agua corriente, apenas con el apoyo de su mujer y la fundación Idheas, que le ayuda en su caso. El gobierno municipal de Taxco obvió la recomendación de la comisión y aunque la policía municipal ya no exista, su vida, cuenta, está en peligro. Pero no se va. Dice que aquí en Taxco todo el mundo acepta esta tragedia –el narco, los desaparecidos, los muertos-, pero él, zanja, piensa plantar cara hasta el final.

Publicado en El País.

LATAM Airlines firma convenio con Interjet que incluye conectividad con Acapulco

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LATAM Airlines, el mayor grupo de transporte aéreo de América Latina, informo que este viernes  suscribió un convenio con Interjet para fortalecer la red de conexión y el acceso a nuevos destinos entre México y Sudamérica.

LATAM -que incluye a la chilena LAN y la brasileña TAM- implementará con la mexicana Interjet un acuerdo de código compartido, para un acceso más rápido a 25 destinos en México, entre los que se incluye al puerto de Acapulco.

La alianza suscrita por LATAM se suma a los convenios que el conglomerado firmó en enero con las aerolíneas British Airways e Iberia, del holding IAG, y con American Airlines para mejorar su red de conexiones y destinos en Estados Unidos, Canadá y Europa.