Coparmex: “La delincuencia tiene prácticamente estancada la economía de Chilpancingo”

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La delincuencia organizada en Guerrero no sólo tiene amenazados a los comerciantes de Chilpancingo, sino que ahora mantiene también bajo presión a la industria de la construcción, a la que exige el pago de un derecho de piso de hasta 15 por ciento para permitirles realizar obras en el municipio.

Tan sólo durante el primer mes de este año, al menos 15 empresarios, entre ellos constructores, cerraron sus negocios por temor a ser extorsionados o atacados y se fueron con sus familias de esta ciudad, reveló Adrián Alarcón Ríos, presidente en el Estado de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“La delincuencia tiene prácticamente estancada la economía de Chilpancingo”, denunció.

Según el dirigente empresarial, debido a esta nueva oleada de violencia que se desató desde hace poco más de cuatro meses en la capital de Guerrero, sólo el 30 por ciento de los comercios de todos los giros se encuentran trabajando en el municipio.

Indicó que debido a esta situación de inseguridad, más de media docena de los 400 afiliados a la organización ha recibido la autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para portar armas de bajo calibre para cuidar su patrimonio y a sus familias.

“No queríamos armarnos pero ante la omisión del Gobierno para garantizarnos seguridad decidimos protegernos”, señaló.

El empresario de camiones materialistas relató que en su caso, ha sido extorsionado varias veces por un grupo delictivo.

“Por temor a que los delincuentes cumplieran sus amenazas de hacerle daño a mi familia accedí a la extorsión y pensé que me iban a dejar trabajar, pero no fue así, ya que me siguieron exigiendo más dinero”, explicó.

Por su parte, miembros del Colegio de Ingenieros Civiles de la región centro del Estado denunciaron que debido a la ola de violencia en Chilpancingo, la rama de la industria de la construcción se ha visto frenada desde el año pasado con caídas de hasta un 50 por ciento.

Integrantes de esta organización conformada por 123 socios, quienes pidieron el anonimato por temor a sufrir una agresión de la delincuencia, aseguraron que los grupos delictivos les exigen un porcentaje de entre 10 y 15 por ciento del total de lo que cobran por realizar una obra, por lo que han decidido suspender algunos trabajos.

Twitter @TiempoGro

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