#Acapulco un polvorín por la ola de violencia plagios y extorsiones

Por Sergio Carlos Nuño.

Acapulco, Gro.- Ante la ola de crímenes presuntamente entre grupos rivales que han tomado las calles y colonias de Acapulco, como escenario para ajuste de cuentas, en donde aparecen los cuerpos de taxistas, o vendedores ambulantes asesinados a balazos con carteles a un lado de sus cuerpos con mensajes para las autoridades que están coludidas con los delincuentes y esto demuestra que está fallando el operativo de seguridad, puesto en acción recientemente por los gobiernos federales, estatal y municipal, nada más en este inicio de semana hay un saldo de tres personas muertas en diversas partes de la ciudad así como la aparición de tres mantas colocadas en la madrugada en los puentes peatonales de la colonia la laja, la cima y boulevard de ciudad renacimiento, mismas que fueron retiradas por elementos de la SEDENA.

Por su parte el jurista Gonzalo Rodríguez Castro, integrante del colegio de abogados Ignacio Manuel Altamirano, señala que este fenómeno del aumento de la violencia en esta ciudad, se debe más que nada a la falta de liquidez que ha originado esta crisis económica entre la clase media baja y trabajadores eventuales del ramo hotelero y gastronómico y que si continua esta violencia con el aumento de los crímenes en Acapulco, ya hay varias organizaciones de empresarios que están pidiendo más garantías a las autoridades para que se dé un mejor servicio de seguridad para sus empresas y que en caso contrario van optar por armarse y de esta forma proteger sus inversiones.

Por su parte el presidente de aheta que aglutina a hoteles y empresas turísticas del puerto Jorge Laurel, señalo que , el tema de la inseguridad en este destino de playa no se ha acabado y que estos hechos lamentables de “ajustes de cuentas entre bandas de delincuenciales” si nos afectan en el interés de los posibles visitantes del interior del país, que prefieren acudir a otro destino más seguro como el nuestro y comento que por fortuna en el pasado puente vacacional del aniversario de la constitución mexicana, se registró una ocupación hotelera del 79 al 80 por ciento y esto dejo una derrama económica aceptable para aliviar la crisis económica que aun a pesar de los anuncios del gobierno de la república es un pastilla de mejoral para la cruda realidad que vivimos los empresarios que estamos operando aun en Acapulco.

El empresario hotelero Jorge laurel, manifestó que en la pasada temporada previa de navidad y año nuevo, los índices de ocupación estuvieron entre un 80 y 95 por ciento y esto fue gracias a que la franja turística que comprende la zona hotelera y negocios estuvo blindada por las fuerzas federales de la SEDENA , marina armada de México y la gendarmería, pero se ha dejado desprotegida la zona de la periferia, que comprende las colonias populares de la zapata, sabana y ciudad renacimiento y es ahí donde en estos días ha aumentado los crímenes contra taxistas y trabajadores del sector hotelero.

D.R. unomásuno, unomásuno Televisión 2016

A las 22:30 del 26 de septiembre me enteré de los hechos en Iguala: Aguirre

El gobernador de Guerrero durante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Ángel Aguirre Rivero supo de los hechos de Iguala a las 22:30 de la noche del 26 de septiembre y ordenó acciones de contención.

Lo anterior está asentado en la declaración de Aguirre ante la PGR, del 27 de agosto del 2015, a casi un año de la desaparición de los estudiantes.

En el espacio de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, se dio a conocer la declaración donde el exgobernador agregó que ante las acciones tomadas frente a las actividades de los alumnos de la normal de Ayotzinapa, fuera de la escuela, fueron acciones en todo momento de contención para prevenir conductas delictivas.

Los estudiantes realizaban actividades de boteo previo a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México.

Normalistas se conducen con absoluta independencia

“Que diga el compareciente si le fue informado el recorrido de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos el 26 de septiembre del 2014, si fue así ¿Quién le informó? En caso negativo, refiera quien era el encargado de hacerlo”.

A la cuestión, Ángel Aguirre responde: “Los jóvenes de Ayotzinapa siempre se han conducido con completa independencia, ninguna autoridad es informada cuando realizan cualquier tipo de movimiento o actividades por tanto conocí de su traslado por conducto del entonces secretario de Seguridad Pública del gobierno del estado de Guerrero, Leonardo Vázquez Pérez en el transcurso de la noche, sin que pueda precisar la hora del 26 de septiembre de 2014.

“Además, cabe señalar que como ya se refirió en líneas anteriores las acciones tomadas en torno a las actividades desempeñadas por los alumnos de la escuela normal lo fueron en todo momento como labores de contención para la prevenciónde la comisión de otras conductas delictivas derivadas de esta actividad, más no de seguimiento a los estudiantes ya que como lo referí, las actividades de estos, desde hace más de 20 años, han versado en manifestaciones y bloqueos carreteros, entre otras consecuencias, las acciones preventivas se instruyeron en consecuencia, lo que fue la planeación de rutas alternas para el tránsito de vehículos, cancelación de eventos públicos que pudieran correr riesgo ante la inminente manifestación de los estudiantes.

“Cabe destacar que las acciones preventivas y de vigilancia para salvaguardar el orden y la seguridad pública se implementan en todo el estado de manera constante pero principalmente en estas fechas que estaba la cercanía con la rendición de cuentas de informes por parte de autoridades municipales”, señala el documento.

Instruí dar el apoyo necesario

Posteriormente, se le pide a Aguirre que diga si recibió informes de la Secretaría de Gobierno, Seguridad Pública o la Procuraduría de Justicia del estado sobre lo que sucedía en Iguala el 26 de septiembre.

Y responde: “Fui enterado aproximadamente a las 22:30 horas por el secretario de Seguridad Pública y por el secretario de Gobierno de los hechos ocurridos por lo que de inmediato instruí al secretario de Gobierno, al procurador de Justicia, así como al secretario de Seguridad Pública y al de Salud para que se trasladaran al lugar de los hechos, brindarán el apoyo necesario a los afectados y preservar la seguridad del municipio.

“Asimismo solicité la colaboración del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, licenciado Ramón Navarrete para que vigilara y coadyuvara en la presentación y garantía de los derechos humanos en estos lamentables acontecimientos, siempre en estrecha coordinación con autoridades federales y particularmente con el Ejército mexicano, así como con la Policía Federal destacamentada en el estado de Guerrero.

“De las primeras acciones emprendidas me informó el procurador del estado, se procedió al desarme de la Policía Preventiva Municipal de Iguala, lo que derivó en la consignación de varios de los elementos previa identificación de algunos jóvenes que los señalaron como posibles agresores de estos hechos. Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Ministerial del estado emprendieron la búsqueda y auxilio de los estudiantes afectados y con el apoyo del Ejército mexicano y de la Secretaría de Marina localizando y rescatando a 68 jóvenes, de los cuales 30 declararon ante la autoridad ministerial, el resto, 38 se negó a hacerlo.

“Continuando con el informe de la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública se ofreció el apoyo y auxilio para el traslado de los jóvenes a las instalaciones de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, mismo que fue brindado de acuerdo al reporte que me fuera proporcionado por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública.

Se revisaron las instalaciones policiacas

En cuanto a lo ocurrido el 27 de septiembre del 2014, Aguirre abundó: “Por otra parte, se procedió a realizar una revisión minuciosa a las instalaciones de la Policía Estatal, Policía Federal en donde con base en el informe de la Procuraduría estatal no se encontraron personas detenidas en las áreas de encarcelamiento”.

En las ocho páginas de la declaración rendida por el exgobernador el pasado 27 de agosto del 2015, comentó que “en este mismo tenor se hizo un reconocimiento a las instalaciones de la Policía Preventiva municipal de Iguala no encontrando a ninguno de los jóvenes desaparecidos, según los reportes que me fueron expuestos, así como de acuerdo con el reporte de las diligencias practicadas dentro de la indagatoria iniciada por la Procuraduría estatal con motivo de los hechos.

“Se realizaron labores de búsqueda de los estudiantes desaparecidos con el acompañamiento de los propios estudiantes normalistas, incluso se acudió a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería ubicado en la ciudad de Iguala donde personal militar se entrevistó con el entonces vicefiscal de Derechos Humanos, doctorRicardo Martínez Chávez, acompañado de personal ministerial y estudiantes, tal y como consta, según me reportó el titular de la entonces Procuraduría de Justicia del estado y en actuaciones practicadas por el agente del Ministerio Público.

“Por otra parte, el entonces secretario de Salud, en doctor Lázaro Mazón se dio a la tarea de brindar el auxilio médico a los agraviados designándolo el gobierno del estado de Guerrero para tales recursos materiales, económicos y humanos que fuesen necesarios”, declaró.

A Aguirre también se pidió que dijera si fue informado del traslado de los estudiantes en dos camiones a la ciudad de Iguala y que refiera las instrucciones que dio al respecto, pero el hoy exgobernador repite exactamente lo que ya había declarado.

En cuanto a cuáles fueron las acciones para proveer la tranquilidad y seguridad de los habitantes de Guerrero, en concreto de los habitantes del municipio de Iguala y de sus visitantes los días 26 y 27 de septiembre, respondió: “Como lo referí anteriormente instruí a los funcionarios competentes se trasladaran a la ciudad de Iguala para brindar el apoyo necesario y garantizar la seguridad de la ciudadanía”.

Puntualiza: “las instrucciones giradas a las instituciones a mi cargo fueron las de actuar en consecuencia y con estricto apego a disposiciones claras”.

Reprueban a #Guerrero en transparencia

Taxco

Las pasadas administraciones de los 81 ayuntamientos y del Gobierno de Guerrero incumplieron sus obligaciones de transparencia, reportó el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de la entidad (ITAIG).

Los consejeros del ITAIG Roberto Rodríguez Saldaña, Elizabeth Patrón y Joaquín Morales dijeron que en el caso de los 81 ayuntamientos, el 51.8 por ciento incumplió con publicar a través de sus páginas electrónicas los temas del quehacer gubernamental.

La evaluación fue presentada por el Instituto, pero fue realizada por una agencia externa.

En Guerrero, si muere un criminal nacen otros cuatro: Xavier Olea

Fue capturado Geovanni Anastacio Parra, “El Chivo”, presunto jefe de sicarios y segundo en mando de la organización criminal de “Los Rojos”, que opera en el estado de Guerrero.

En entrevista con Adela Micha, Xavier Olea, Fiscal General de Guerrero mencionó que tras la detención de estos criminales, “Esperamos detener a integrantes del otro grupo delictivo que opera aquí esta misma semana”.

Pediré al Grupo de Coordinación Guerrero que se extienda a Tierra Caliente y Acapulco”, dijo el fiscal.

Hay que tomar una aspiradora y tragárselos (a los delincuentes); es difícil cuando hay tanta gente dedicada al crimen (…) Desafortunadamente esta gente, si muere uno, nacen cuatro”, puntualizó Javier Olea.

El Fiscal de Guerrero aseguró que hay avances muy importantes; logrando detenciones y auto de formal prisión a muchos delincuentes.

Ola de violencia en Guerrero es causada por un “Estado delincuente” en México, dice ONG

Un nuevo plan para pacificar el estado de Guerrero, sur de México, donde la tasa de homicidios por el crimen organizado cuadruplica la media nacional, debería reconocer que existe un “Estado delincuente”, dijo a Sputnik Nóvosti el abogado de víctimas desaparecidas, Vidulfo Rosales.

Guerrero, donde la pobreza endémica abre la puerta al narcotráfico —que controla regiones montañosas sembradas de amapola para la producción de heroína que se exporta a EEUU-, amerita un análisis aparte, donde “la violencia y las desapariciones forzadas que comete la delincuencia organizada son un patrón generalizado con complicidad de autoridades”, afirma el defensor humanitario.

Violencia en México
© AFP 2016/ RONALDO SCHEMIDT

Una nueva operación policial y militar es “una iniciativa sin rumbo, que no ayuda a revertir el problema de inseguridad, eso se puede palpar cuando a pesar de las miles de fuerzas federales que han ocupado el municipio de Chilapa, —donde está la escuela de Ayotzinapa-, en otra región de Guerrero, en la llamada Tierra Caliente, asesinan a una familia completa”.

El fin de semana, nueve personas murieron en a manos de una banda armada, cuando se encontraban en una fiesta en Coyuca de Catalán, Guerrero, entre ellas una mujer que viajaba con su esposo a su luna de miel.

“La violencia en Guerrero es histórica”, en todo 2015 los registros indican 51 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuatro veces el promedio de México que marca 13 por cada 100.000 personas, uno de los más altos índices de violencia en América.

Agente de policía esta en el lugar de crimen en Xolapa, estado de Guerrero
© AFP 2016/ PEDRO PARDO

Pero la crisis por desapariciones forzada, con participación de agentes del Estado en la etapa reciente, surge a partir del caso de 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, con autoridades municipales cómplices del narcotráfico, dice Rosales, abogado de las familias de los jóvenes, quienes aspiraban a convertirse en maestros rurales.

Antes de esa tragedia, la atención del público ignoraba la gravedad de las desapariciones forzadas, se sabía muy poco y ahora están documentados más de 600 desaparecidos en Guerrero, “a pesar del amplio margen que no denuncia por miedo”, dice Rosales, responsable jurídico del Centro de DDHH de la Montaña, Tlachinollan, nombre aborigen de Guerrero.

Las zonas del puerto de Acapulco y de la llamada Tierra Caliente, donde ocurren desapariciones en números muy altos, “ni siquiera hay datos actualizados de homicidios, pero las propias estadísticas oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública colocan a Guerrero en los primeros lugares en violencia y homicidios”, se lamenta.

La huella del narco

La explicación del Gobierno de México es que la violencia en Guerrero “se debe a las pugnas entre agrupaciones criminales que buscan retomar el control del territorio”, dijo el lunes el comisionado Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales.

Zeid Ra'ad Al Hussein, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos
© REUTERS/ HENRY ROMERO

El narcotráfico ha colocado a Guerrero como un estado de tránsito por su localización con costas al Pacífico, con puertos rodeados de montañas como Acapulco y Zihuatanejo que “son parte de rutas del narco, pero también las montañas han sido sembradas para la producción de amapola y de marihuana”, explica Rosales.

Ese cuadro del crimen sin control ha sido empeorado por la colusión de los cuerpos de seguridad, que participan del negocio del crimen y ahora la clase política local en los municipios lo hace más violento, sostiene el abogado de víctimas.

“Los asesinatos se cometen con impunidad a la luz del día con la protección de las instituciones del Estado, no solo los políticos, es un Estado cómplice que hace negocios con la delincuencia”, denuncia el abogado del centro que ha sido galardonado por Amnistía Internacional.

La solución no procederá de los despliegues militares y policíacos masivos, “sino de la refundación de las instituciones arrasadas por la corrupción, que no se ha podido extirpar y debe combatirse de manera abierta y responsable”, enfatiza.

Demostración en memoria de desaparición de estudiantes en Iguala
© AFP 2016/ YURI CORTEZ

La otra parte de la solución es erradicar la pobreza y marginación ancestral de Guerrero: “es una de las zonas más rezagadas a los últimos lugares del subdesarrollo que orillan a su juventud y a la gente a engancharse a las redes del delito”, dice el abogado.

Guerrero ha padecido el mayor nivel de homicidios en México en 2015, que se incrementaron más de 30 por ciento el año pasado, pese al despliegue de fuerzas federales en más de doce municipios y la nueva estrategia de seguridad.

En todo 2014, Guerrero registró unos 1.380 homicidios dolosos de un total de 14.380 en todo el país, mientras que de enero noviembre de 2015 ocurrieron más de 1.800 asesinatos, casi 500 personas más asesinadas en un año, de un saldo violento de 15.540 muertes dolosas en ese mismo lapso de 11 meses en todo México.

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Movimiento Ciudadano pone a Evodio contra las cuerdas

Dígame Licenciado por favor…

Diputados de Movimiento Ciudadano en Guerrero interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del aprendiz de alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez, por el nombramiento de mandos policiacos sin certificación.

La tarde del martes, los legisladores presentaron la denuncia que señala a Velázquez como responsable de nombrar a 667 policías municipales que no aprobaron los exámenes de control y confianza de la evaluación federal de 2014, y por lo tanto tampoco están certificados.

“La denuncia (es) por el delito contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, además de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública en contra del presidente municipal”, dice la denuncia ante la PGR.

“Con las designaciones violó las disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que en su artículo 139 fracción IV sanciona hasta con ocho años de prisión a quien asigne nombramiento de policía, ministerio público o perito oficial a persona que no haya sido certificada y registrada”, añade.

Dentro de las violaciones, de acuerdo con los diputados locales, el alcalde de Acapulco viola también la ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y a la Ley Orgánica del Municipio Libre.

Sobre dicha denuncia el alcalde de Acapulco, principal destino turístico del estado de Guerrero, no dio ningún señalamiento después de que se diera a conocer la noticia. Velázquez es también vocero de los alcaldes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a nivel nacional.

Las violaciones

Dentro de los hechos que provocaron dicha denuncia ante el Ministerio Público Federal está la designación de cuatro funcionarios en la Secretaría de Seguridad Pública que no están certificados, o haber presentado los exámenes de control y confianza.

Dichos nombramientos son: Francisco Sandoval, como secretario de Seguridad (quien ya fue dado de baja); Manuel Flores, director de la Policía Turística (ahora es el encargado de la Secretaría); Israel González, coordinador de Movilidad y Transporte (ya dado de baja); y Christian Patiño, director operativo de la Policía Vial.

Defiende su actuar

La mañana del miércoles, el alcalde rechazó que haya incurrido en una violación al Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues dijo que desde octubre pasado está en proceso la certificación.

Aseguró que el 50% de la policía está acreditada y es la que labora en las calles, y el restante sigue el proceso del gobierno federal.

“Mi compromiso es certificar a todos los activos de la Policía Municipal, trabajar, haremos la solicitud a las instancias pertinentes para poder tener los recursos necesarios para liquidar, ya empezamos, hemos determinado una partida presupuestal para empezar a liquidar a los elementos que no están aptos”, dijo.

El alcalde de Acapulco explicó que será en este mes y marzo cuando los policías municipales presenten el proceso de certificación, y los que no aprueben no serán tomados en cuenta y se les liquidará.

Reiteró que no existe conflicto con el gobierno federal, a quien le solicitó dar propuesta para nombrar al secretario de Seguridad Pública Municipal, en particular al secretario de Gobernación.

Osorio Chong evidenció el tema

El nombramiento de Francisco Sandoval como secretario de Seguridad Pública Municipal se dio 7 de noviembre del año pasado, sin que hubiera alguna observación por el cabildo de Acapulco.

Sin embargo, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fue quien señaló que Sandoval no había presentado el examen de control y confianza y que había presentado un título profesional apócrifo.

Dos días después de esa declaración, el alcalde Velázquez separó del cargo a Francisco Sandoval, y rechazó haber sido “omiso” o “irresponsable” en su tarea al frente del gobierno local.

Según el edil porteño, esa acción la hizo como una forma de “cooperación” con la federación y el estado, mientras se realiza una investigación en torno a quien fuera el titular de la Secretaría de Seguridad Pública.

Velázquez insistió que su ahora exfuncionario cumplió la certificación hace dos años, pero reconoció que también tuvo problemas administrativos y que no sé recertificó.

‘Mandos infiltrados’

El presidente de la fracción de diputados de MC, Ricardo Mejía, afirmó que es grave el caso de los policías municipales sin certificar en Acapulco, pero que son muchos los ayuntamientos que están en esas mismas condiciones, en donde sus fuerzas de seguridad están “infiltradas” por el crimen.

En entrevista con CNNExpansión, alertó que ante ese panorama existe un “verdadero riesgo” de que se pudiera presentar un hecho violento como el de Ayotzinapa, en donde policías municipales de Iguala y Cocula participaron en la desaparición de 43 estudiantes.

“Un caso particularmente grave es el caso de Acapulco, porque ahí el presidente municipal, Evodio Velázquez, tenía la notificación en sus manos de que a quien puso como funcionario no estaba acreditado y alteró documentos de estudios y lo nombró”, dijo Mejía.

“Además puso a trabajar en las calles a elementos no certificados. Aquí hay más de 667 elementos reprobados y están trabajando, entonces se pueden repetir hechos graves y se sigue perpetrando este esquema corrompido de seguridad”, señaló.

Mejía calificó como una “tomada de pelo” que el alcalde de Acapulco insista en que no conocía del documento que emitió la Comisión Nacional de Seguridad, e insistió que eso no lo exime de responsabilidad.

Policía de Acapulco reprobada

El 18 de abril de 2014, al menos 1,200 efectivos municipales —desde agentes de tránsito y turísticos— iniciaron un paro de labores que duró al menos 11 meses, por rechazar el proceso de evaluación para la conformación del mando único.

Fue el 11 de marzo de 2015 que dicho movimiento concluyó, bajo acuerdos de que los elementos no saldrían a trabajar con armamento, sino que estarían apoyando en operativos a las fuerzas federales, esto hasta que se iniciara el proceso de depuración.

La crisis financiera que enfrena del municipio de Acapulco impidió que la pasada administración, que salió de funciones en octubre pasado, liquidara a los policías reprobados en los exámenes de control y confianza.

Las cifras de pasado gobierno indicaban que de los 1,299 policías 100 elementos superan los 60 años de edad y 719 reprobaron los exámenes de control y confianza.

Cifra, que de acuerdo con los diputados locales, ahora se elevó a 766 efectivos, y se requieren más de 115 millones de pesos para liquidarlos.