En Michoacán, niños y jóvenes jornaleros trabajan por sólo 50 pesos al día. Foto: Cuartoscuro
Guerrero ocupa el primer lugar a nivel nacional de migración interna. De más de 500 comunidades indígenas del estado salen cada año el grueso de la mano de obra de los campos y fincas de estados como Sinaloa.

El 90% de los municipios de Guerrero tienen niveles que van de alta a muy alta marginación y eso propicia que el estado ocupe el primer lugar a nivel nacional de migración interna, pues el 74% de las localidades con habitantes indígenas no tienen la capacidad para brindarles alternativas de empleo en su lugar de origen, lo que los orilla a buscar opciones en otras entidades.

En la última temporada de cosecha en campos de cultivo agrícolas del norte del país –de septiembre a enero de 2015, considerada por la Secretaría de Desarrollo Social como la de más alta migración– de Guerrero salieron 8,200 personas para trabajar en campos y fincas, según el conteo de jornaleros realizado por el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.

Del total, el 45% fueron mujeres y el 38% niños menores de 15 años. Pero además, en este último registro también se identificó a 435 menores de un año y que el 85% del grupo viajó en familia.

Los destinos de los jornaleros agrícolas de Guerrero también se tienen identificados: el 73% fueron tras una oportunidades de empleo en Sinaloa; 13% lo hizo en Baja California, 5% a Sonora y el mismo porcentaje a Chihuahua.

Hubo otro 3% que migró hacia Morelos para trabajar en el corte de caña y un 7% más que viajó hacia lugares como Jalisco, Nayarit, Hidalgo, San Luis Potosí, Michoacán y Guanajuato.

Lo grave de esta migración interna es que los jornaleros agrícolas de Guerrero nunca han contado con condiciones óptimas de trabajo, denuncia Tlachinollan, que detalla cómo los contratos de empleo en realidad son acuerdos verbales hechos con reclutadores en los que se pacta el salario y supuestas facilidades como alimentación, transporte, servicios médicos, vivienda, educación para los hijos de los jornaleros, indemnizaciones por riesgos o accidentes y otras prestaciones que en la práctica nunca se cumplen.

“Ante la falta de un contrato de trabajo, los jornaleros agrícolas difícilmente pueden exigir el cumplimiento de esos acuerdos, ya que en varias de las ocasiones representan una ventaja para el agricultor el argumentar que dichos acuerdos los hicieron con los contratistas y no con ellos, con lo que se deslindan automáticamente de cualquier responsabilidad, que imposibilita a las y los trabajadores para interponer una denuncia, demanda o queja laboral, careciendo con ello de cualquier formalidad contractual y regulada a través de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social”, denuncia el Centro de Derechos Humanos de la Montaña.

Según datos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), desde mediados de la década de los noventa de Guerrero emigraron 388 mil jornaleros agrícolas de las zonas indígenas y rurales del estado.

De éstos, se documentó que el 90% realizó su trabajo sin un contrato formal y el 72% ganó por día de trabajo salarios inferiores a los cien pesos por jornadas de 16 horas.

Sedesol identifica a Guerrero como el estado con más migración laboral que afecta particularmente a indígenas.

Datos del Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña de 2011 muestran que el 21% de los jornaleros agrícolas del estado provienen del municipio de Tlapa, 17% de Metlatónoc, 14% de Atlictac, 12% de Copanatoyac, 9% de Cochoapa el Grande, y 5% del municipio de Xalpatláhuac. Mientras que municipios como Alcozauca, Atlamajalcingo del Monte, Malinaltepec y Olinalá, representan cada una, un 4% de localidades expulsoras de migrantes agrícolas, pero en todos los casos se trata de zonas con alta y muy alta marginación.

Tlachinollan y otras organizaciones civiles denuncian que los jornaleros agrícolas que salen de sus comunidades en Guerrero en busca de trabajo saben que, en muchos casos, no tendrán garantizados sus derechos labores, pero la falta de empleo en sus sitios de origen los lleva a optar por los bajos salarios en las fincas del norte del país y con ello la explotación laboral.

Fuente: http://www.animalpolitico.com

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