Por Francisco Garfias.
La noticia que dio ayer el procurador Jesús Murillo Karam cimbró a más de uno. Los cuerpos calcinados que se encontraron en las primeras fosas de Iguala no son de los normalistas desaparecidos.
La revelación la hizo el titular de la PGR, luego de declaraciones oficiales que, hace días, aseguraban que policías municipales involucrados en las balaceras del 26 de septiembre en Iguala habían guiado hasta las fosas clandestinas a las autoridades.
Tardaron 18 días en informarlo. La creciente presión social los obligó a soltar los primeros resultados de la investigación.
Esa es la buena.
La mala es que encontraron más fosas clandestinas y que ya se confirmó que los policías del municipio priísta de Cocula, al sur de Guerrero, fueron los que entregaron los 43 normalistas desaparecidos a los narcos del cártel Guerreros Unidos.
Ya están presos.
Lo de ayer es la enésima ratificación de una dolorosa realidad: la descomposición a la que ha hemos llegado desde que el crimen organizado se apropió de parte del territorio nacional, sin que la famosa “fuerza del estado” haya podido impedirlo desde que se declaró la guerra al narco a principios del 2007.
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El primer impacto de la noticia de que no son los desaparecidos fue positivo para los familiares de los 43 normalistas. Alimentó la esperanza de que aún estén con vida.
Pero surgen preguntas y más preguntas: ¿De quien son entonces los 28 cuerpos encontrados? ¿Cuántos muertos más en fosas clandestinas de la entidad? ¿Ante que carajos estamos?
Un misterio más que se agrega a la ya de por si macabra historia que ha destapado las cañerías más apestosas de la política y ha balconeado los nulos escrúpulos de las dirigencias partidarias que, sin el menor cuidado, pone candidatos a puestos de elección popular a cambio de favores y financiamiento para sus campañas.
Los muertos de la primeras fosas de iguala son un enigma adicional que resolver para autoridades ausentes que se acusan unas a otras de ser omisas.
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Escuchamos ayer al gobernador Ángel Aguirre decirle a la periodista Carmen Artistegui que alertó al procurador Murillo de los nexos del alcalde de Iguala, José Luís Abarca, con el crimen organizado, antes de la tragedia. Jura que hasta le pasó una lista de los municipios controlados por el narco.
Pero ni caso le hizo, hasta que se pudrió el asunto, según el mandatario estatal.
“Ahí te va otra”, nos dijo el senador del PRD, Alejandro Encinas, presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad que investiga el caso de Ayotzinapa. “acaban de detener al presidente municipal priista del municipio de Cocula, César Peñaloza Santana, por presuntos vínculos con el crimen organizado”.
Encinas no sabía aún que junto con Peñaloza Santana fueron detenidos los policías de ese municipio que, aseguran las autoridades, entregaron los normalistas desaparecidos a los narcos.
Alejandro fue autocritico con el PRD por haber postulado a la presidencia municipal de Iguala a un individuo con los antecedentes del alcalde de iguala con licencia, José Luis Abarca.
“No basta con pedir perdón –como lo hizo Navarrete —hay que averiguar con firmeza que tanta es la penetración en los órganos de dirección, a que dirigentes estatales y nacionales financió (Abarca). Es necesario deslindar responsabilidades”, nos dijo.
Encinas es favorable a la salida de Aguirre, pero hace preguntas muy validas: ¿A quien pones en su lugar? ¿Nos van a dar un nuevo centralazo como en Michoacán?
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Ángel Aguirre Rivero vivió un nuevo “martes negro”. Los 38 senadores del PAN solicitaron unánimemente la desaparición de poderes en Guerrero. Fundamentan su petición en el hecho de que ni el gobernador del estado, ni los diputados y ni los jueces estatales están en condiciones de ejercer la función.
“Hay un mensaje muy claro en esta petición del PAN: Una institución federal va a sustituir a los gobernadores que no quieran o no puedan”, advirtió el senador azul, Robert Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia.
Una vez radicada la solicitud de desaparición de poderes en la “comisión correspondiente”, hay un plazo de cinco días para dictaminarla y “bajarla” al pleno para su discusión y votación.
El PRD parece abandonar a Aguirre a su suerte. Carlos Navarrete, presidente de ese partido, dejó en manos de la cámara alta su permanencia en el cargo.
En la conferencia de prensa conjunta que ofreció con su homologo del PAN, Ricardo Anaya, dijo que ya instruyó a su coordinador en el Senado, Miguel Barbosa, para que analice, junto con su homólogo del PAN, Jorge Luis Preciado, la posibilidad de la desaparición de poderes.
Tiempo de México 